Históricas
son las discusiones sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la
economía, desde los que apoyan que ha de controlar toda la actividad económica
como los que defienden que no debe tener ninguna participación (a nuestro
entender ambos enfoques son inapropiados).
Una tercera visión que lo sitúa
como un árbitro regulador de la actividad económica que se desarrolla en el
marco de un modelo económico que le facilita cumplir con dos funciones
primordiales: (1) corregir las fallas del mercado, y (2) redistribuir la
riqueza nacional; manteniendo un rol secundario ante la iniciativa privada e
interviniendo sólo en aquellas actividades económicas donde el Estado sea más
eficiente, dentro de un marco institucional que garantice una independencia e
interrelación adecuada entre los poderes.
Sea oportuno indicar dos aspectos:
(A) un modelo económico es un proceso impulsado por el Gobierno en función de
organizar la economía sustentado en un juicio de valor sobre el país que se
puede desear (qué debe ser, qué debe hacerse) para lo cual se formulan
políticas económicas; y (B) en una economía de mercado (distinto a libre mercado)
el Estado suele intervenir (con precario éxito) de varias formas en materia,
por una parte, de precios entre ellas la regulación (basada, suponemos, en
algún criterio racional compartido y aceptado entre las partes), y la
congelación (fijación unilateral por parte del Gobierno); y por otra parte
interviene en la fijación del margen de ganancia teniendo como premisa
(volvemos a suponer) que dicho margen permita cubrir los costos de operación
(gastos y costos de la actividad) y donde la fijación del precio se determine
según el costo marginal (costo de la última unidad producida-vendida-) o según
el costo medio (costo total dividido por el número de unidades
producidas-vendidas-).
Es claro que estas tres formas de intervención
gubernamental deben tener un límite en el tiempo, a menos que se esté aspirando
una transición hacia una economía planificada y dirigida (economía socialista)
donde la actividad económica está basada en la propiedad social de los medios
de producción en procura de alcanzar el comunismo (año 2013 representan el
0,01% del total de países); en actuación contraria a la tendencia mundial donde
el Estado no interviene directamente en los mercados ni compite con el sector
privado.
En referencia al costo de oportunidad, lo podemos entender (de forma
sencilla) como que escoger implica renunciar, es decir, al hacer una cosa no
podemos concurrentemente hacer otra cosa, habida cuenta que no podemos
satisfacer simultáneamente todas nuestras necesidades.
Esta realidad cobra
mayor sensibilidad cuando se trata del costo de oportunidad del Estado ya que
cuando un Gobierno participa en actividades inherentes al sector privado
importador/comerciante) se está desviando de su papel básico en cuanto a la
atención de la salud, educación, justicia, seguridad (personal y jurídica),
agroindustria (alimentación), infraestructura, y un largo etcétera; con
implícita renuncia a propiciar y crear las condiciones para alcanzar el
bienestar general de la población observado como renunciar al valor de la mejor
opción no realizada: la suprema felicidad.
Mención
aparte merece la presencia del Estado-regulador (básicamente del sector
privado), ante lo fácil que resulta controlar las empresas que no son propiedad
del Estado ya que sus efectos no recaen sobre el Gobierno (ni los gastos), pero
subyacentemente puede estimular confrontaciones ideológicas y hostil
enfrentamiento entre bloques sociales; escenario distinto a intervenir para
corregir fallas del mercado.
La regulación, materializada como restricciones
impuestas por el Gobierno sobre el poder de decisión de las empresas en materia
de precios, cantidades, margen de ganancia, limitación de beneficios, y otros,
tomadas en ambiente inflacionario (manteniendo los precios congelados y
regulados) han de ser revisadas periódicamente ( en razón al incremento en los
costos) so pena de desestimular la producción como consecuencia a las
expectativas de potenciales pérdidas, lo cual obviamente se traduce en una
escasez que tiene efecto multiplicador sobre sí misma.
La intervención del
Estado en el campo económico, se hace deseable cuando se orienta a mejorar la
prestación de los servicios públicos y a superar desequilibrios
macroeconómicos, impulsar el crecimiento de la economía y fomentar la
competencia. A manera de conclusión en relación al costo de oportunidad del
Gobierno, vale la pena citar un viejo eslogan: no realizar intervención alguna
si dicha solución es más costosa que la falla que se pretende resolver.
Economista
Jesús Alexis González
@jessalexis11
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