En el presente artículo asumimos que las
políticas reflejan hipótesis basadas en ideas y tienen una finalidad, un
diagnóstico de la realidad y con
estrategias concretas para transformarla en función al país que se
aspire.
De igual modo compartimos enfoques como: “El Estado es la ley de la
razón” (Federico Hegel) y “El político se convierte en estadista cuando
comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”
(Wiston Churchill).
De nuestra parte complementamos: usualmente los gobiernos
establecen planes y objetivos que no trascienden sus administraciones
(desmontando inclusive logros alcanzados); hecho que se traduce en la
“necesidad de reinventar” (en cada gobierno) los objetivos fundamentales del
Estado, subordinando sus intereses a favor de particularidades que niegan el
beneficio de la Nación dándole más importancia a la cuestión electoral
(políticas de Estado versus políticas de Gobierno), soslayando—en lo específico
del hecho económico—que los inversionistas buscan un ambiente que les permita
una visión de largo plazo alejada de la incertidumbre habida cuenta del efecto
negativo que se genera sobre la propensión a invertir en un país donde “no se
sabe lo que va pasar después de las elecciones”, y no se cumplen las políticas
de mayor alcance temporal.
Las políticas de Estado nacen en respuesta a los
intereses del pueblo y han de entenderse como el norte estratégico de la
Nación, las cuales son definidas e instrumentadas por consenso ciudadano y
partidista en aras de evitar que varíen ante cambios ideológicos de nuevos
gobiernos; siendo así y ante la actual crisis de la economía venezolana se
requiere del esfuerzo y colaboración de todos los segmentos de la sociedad en
el marco de una política de Estado para el campo económico, apartadas temporalmente
de las divergencias inherentes al partidismo político y apoyadas en la
evidencia científica traducidas en medidas económicas transparentes para todos
los actores sociales, al hacerles conocer en forma clara los detalles,
fundamentos y consecuencias mediante el fomento de una “pedagogía económica”
que les permita comprender los términos y las cifras económicas más
elementales.
El consenso nacional sobre políticas de Estado ha de
contextualizase en torno a ejes temáticos transversales, uno de los cuales debe
corresponderse, por ejemplo, con “Economía y equilibrio social” teniendo entre
otros objetivos una política económica (básicamente fiscal y monetaria), una
política industrial con nuevo enfoque de la sustitución de importaciones, un
control de la inflación, una descentralización económica, una generación de
empleo digno, una elevación de la productividad económica, y un modelo de
desarrollo sostenible; en el entendido que dichas políticas han de sustentarse en principios
constitucionales.
La economía como política de Estado, debe
armonizarse con aspectos tales como un crecimiento persistente del PIB (valor
monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un
período determinado), un control de la inflación (aumento progresivo y
generalizado de los precios), un equilibrio fiscal (diferencia entre los
ingresos y gastos del Gobierno), un equilibrio monetario (reducir la emisión de
dinero inorgánico), un adecuado nivel de reservas internacionales (para
respaldar la moneda y el fluir de las importaciones), un mejoramiento de los
términos de intercambio (relación entre los precios medios de importación y de
exportación), y de un fortalecimiento del PIB per cápita (PIB total dividido
por la cantidad de habitantes).
En aras del funcionamiento de tal escenario, es
prioritaria la definición de un modelo económico que incluya como motor de crecimiento y
generador de empleos de calidad una apertura económica para alimentar
dinámicamente el mercado interno (doméstico), así como una reformulación de la
política industrial no petrolera que de inmediato ha de enfrentar una
globalización de los mercados reales y financieros dentro de un contexto de
elevada competencia en el comercio internacional (incluidos los bloques de
integración regional) y donde Venezuela debe con urgencia subsanar tanto sus
deficiencias microeconómicas ( número de empresas y nivel de especialización),
como sus desequilibrios macroeconómicos (fundamentalmente en los temas fiscal y
monetario), en pro de nuevas formas de participación
articuladas con una política industrial concebida como política de Estado.
Inferimos que estamos en el momento preciso (y necesario) para hacer un punto
de inflexión para abandonar el cortoplacismo en favor de asumir la economía
como una política de Estado.
@jagp611
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