No
todo a lo que se adjetive de poder popular y de mayorías soberanas es
democracia. Así quedó como conclusión del fallo de inconstitucionalidad que
dictó la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre una ley promovida por
Cristina Kirchner para que los jueces fueran elegidos por voto popular.
Rompiendo
con las intenciones políticas del gobierno de reformar y “democratizar a la
justicia”, la Corte fue tajante al sentenciar que la democracia exige un Poder
Judicial independiente, educando que la Constitución es un documento que no da
derechos al gobierno, sino que le impone deberes, que busca “equilibrar el
poder, para limitarlo”.
El
fallo explica que la pretendida elección popular de los miembros del Consejo de
la Magistratura, el órgano que selecciona y destituye jueces – instaurado hace
décadas para despolitizar el proceso de elección de jueces - implicaría que los
jueces comprometerían sus valores extraordinarios, imparcialidad, independencia
y apariencia de neutralidad, al tener que someterse a campañas electorales y
competir en luchas partidarias.
La
relevancia de la sentencia trasciende a la clase política argentina. Se impone
como enseñanza para otros gobiernos populistas latinoamericanos que, bajo la
excusa de la “democratización” y de la voluntad de las mayorías, han sometido y
dominado a los poderes judiciales. En Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela
los mismos procesos apuntaron a reformar a la justicia no para hacerla menos
corrupta y corporativista o más rápida y eficiente como argumentaron, sino para
someterla y convertirla en aliada política.
Es
fácil advertir como en estos países, donde existe esa comodidad conveniente
entre los poderes del Estado y donde muchas veces las mayorías son alcanzadas
mediante un clientelismo que no escatima en subsidiar y comprar votos en las
urnas o entre los curules de parlamentarios, las democracias son débiles e
imperfectas.
El
fallo de la Corte Suprema infiere, además, que la fuerza de las mayorías y el
voto popular, así como también pueden ser las concentraciones masivas o las
protestas legítimas de la ciudadanía, no son absolutas en una democracia. El
sistema de participación e inclusión política, por el contrario, requiere de
garantías y de un respeto inconmensurable para las minorías y las
instituciones, las que no pueden ignorarse por la sola fuerza de las mayorías.
“No
es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda
propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraria
más los intereses del pueblo que la propia trasgresión constitucional”,
sentenció la Corte. Especificó que la ley aprobada por la mayoría kirchnerista
viola el artículo 114 de la Constitución, referente al equilibrio que el
Consejo de la Magistratura debe tener entre sus 13 representantes,
legisladores, jueces, abogados y académicos.
En
una situación normal, este fallo sentaría un precedente extraordinario ante los
avances del gobierno. Sin embargo, en la Argentina actual, nadie duda que el
gobierno, mientras maneje las mayorías electorales y parlamentarias, perseverará
en su arrogancia para alcanzar sus fines. Se trata de un estilo muy similar al
utilizado por Hugo Chávez y Rafael Correa cuando emprendieron sus luchas contra
la justicia, la prensa independiente y a favor de la eternización en el poder,
sobre la base de decretos, leyes, referendos populares y reformas
constitucionales.
Tal
vez, la única ventana que dejó la Corte – “los poderes son limitados; si se
quiere modificar eso, hay que modificar la Constitución” – sea el camino que
buscará el gobierno para que el sometimiento de la justicia a los designios de
las mayorías políticas y populares, tenga apariencias de legalidad.
El
kirchnerismo ya formó el avispero y se espera el contrataque. Los funcionarios
atacan a la justicia por actuar de “espaldas al pueblo” y Cristina defiende
ahora el debate público sobre el tema, actitud que no tuvo antes de que se
aprobara la ley entre gallos y medianoche, cuando la oposición, académicos y
organizaciones de la sociedad civil lo exigían.
El
fallo judicial estableció los límites del gobierno. Infirió que el halago
constante de las mayorías, del voto popular, a expensas de la independencia de
poderes, no construye democracia.
Ricardo
Trotti
@RicardoTrotti
trottiart@gmail.com
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