El desequilibrio macroeconómico en la
Venezuela actual con efecto notorio en escasez, desabastecimiento, carestía,
inflación y dependencia alimentaria (entre otros), tiene un origen holístico de
tipo político, ideológico, económico y tecnológico; y en este artículo sólo
abordaremos el aspecto económico.
Los ingresos petroleros bajo la figura de un
monopolio de Estado han constituido un eje transversal del historial económico
nacional cuya administración se canalizó, a partir de 1958, a la luz de un
particular Capitalismo de Estado (capitales privados y estatales) donde se
consagró una alianza estratégica con el sector privado (“pequeños monopolios”),
con vigencia (con sus bondades y defectos) hasta 1998 (40 años) cuando se
inicia la instauración de un Socialismo de Estado (propiedad estatal y trabajo
estatal asalariado) en procura de establecer un único monopolio controlado por
el Estado ejercido mediante la planificación central de la economía para
dirigirla y administrarla en función de acabar con el sistema capitalista de
producción en lo más relevante: empresa privada, mercado y formación de los
precios; alumbrando con claridad que ese socialismo negaría la propiedad
privada; pero contradictoriamente asumieron y agudizaron las contradicciones de
las relaciones de de producción del sistema capitalista relativas al
tratamiento de la fuerza de trabajo asalariada y la forma de propiedad. La
subordinación del hecho económico a los ingresos petroleros (no por si “malvada”) ha sido una característica
inalterable desde iniciada la Segunda República Liberal Democrática (1958) hoy
vigente; y si alguna variante podemos observar en el presente es la animadversión
hacia el sector privado de la economía, apuntalado por la pretensión de
transición (sin base Constitucional) del modelo productivo tradicional hacia un
modelo de economía socialista. A tales fines, el gobierno instrumentó el Plan
Nacional Simón Bolívar (1999-2007) con la intención de construir “su”
socialismo (agregándole un indefinido “siglo XXI”), para posteriormente crear
en 2007 la Comisión Presidencial de Planificación y formular un Segundo Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 en aras de desmontar el sistema capitalista para
facilitar la construcción de una sociedad socialista apoyada por un Sistema
Económico Socialista que pondría énfasis en la soberanía alimentaria. En el
mismo norte, el “proceso” aspira que el Sistema Económico Comunal constituya la
nueva estructura de producción, distribución y consumo impulsada por el Poder
Popular; para lo cual desde hace más de 7 años se encuentra en marcha como
propósito ideológico el Estado Comunal.
Con base a lo expresado, asumimos (sin negar
sus bondades inmediatas) que el reciente acercamiento del gobierno (de estilo
keynesiano) con el empresariado privado (y la Misión dólares) es una salida de
emergencia y transitoria ante el déficit de producción (de carácter intrínseco)
que refleja hoy la economía planificada durante 14 años; dejando
suficientemente claro que la calificación de un sistema se logra no por los
fines enunciados sino por los medios para conseguir esos fines; e igualmente
que procurar la justicia social es más viable a través de las relaciones de
producción que por intermedio de la distribución y el consumo rígidamente
controlados.
@jagp611
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