La definición
del proceso electoral se extiende en México. Casi un mes después de la elección
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha dado su
veredicto final respecto de quién será el próximo presidente de los mexicanos,
que deberá asumir su mandato en diciembre próximo. El TEPJF tendrá hasta el 31
de agosto para resolver. Para explicar esta situación podemos repasar lo ocurrido
en este tiempo postelectoral, que no ha transcurrido precisamente en calma.
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| Enrique Peña Nieto |
En la opinión
del analista Lisandro Devoto, se confirmó lo que se venía previendo en la recta
final de las campañas, y más allá del Pacto de Civilidad firmado por los
candidatos ante el Instituto Federal Electoral (IFE), el candidato del
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, no aceptó el resultado de
los comicios y fue condicionando su posición a las distintas instancias que la
legislación establece, aunque siempre desconociendo el resultado que lo dejaba
en segundo lugar por casi 7 puntos. En primer lugar solicitó el recuento de
prácticamente todas las casillas del país por supuestas irregularidades, lo que
derivó en la apertura y recuento voto por voto del poco menos de la mitad de
las mismas. Sin embargo el recuento confirmó el resultado del PREP (Programa de
Resultados Electorales Preliminares), lo que implicaba la ratificación del
triunfo del candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique
Peña Nieto, con más del 38% de los votos contra el 31.5% de López Obrador.
Pero una vez
realizado el recuento, el Movimiento Progresista continuó con su estrategia de
desconocer los resultados, siempre por la vía pacífica y haciendo uso de los
derechos que la legislación le otorga. Acompañado del Partido Acción Nacional
(PAN), tercero en la elección y cuya candidata sí reconoció el triunfo de Peña
Nieto, presentaron quejas para que se investigara un supuesto uso irregular de
recursos, presumiblemente ilícitos, para la compra y coacción del voto por
parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Movimiento Progresista
fue incluso más allá, solicitando la anulación de la elección presidencial del
pasado 1 de julio. A su vez, también ha presentado quejas en distintas
elecciones a nivel estatal y local.
A esta
estrategia de desconocimiento de los resultados electorales, y uso de todos los
carriles legales para lograr la anulación de los mismos, se sumó la de
propiciar manifestaciones callejeras en contra del candidato virtualmente
ganador, Peña Nieto. Algunas de estas protestas se dicen “apolíticas” aunque
ante los hechos resulta muy difícil no vincularlas a la coalición de las
izquierdas y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El repertorio ha
incluido marchas fuera del IFE y del TEPJF, que podrían interpretarse como un
mecanismo de presión ante las instituciones intervinientes en el proceso de
validación de la elección.
En los últimos
días, y ante las continuas y diversas quejas y recursos impuestos en su contra,
el PRI parece haber cambiado su estrategia de defensa por una de contraataque.
La primera, utilizada hasta hace pocos días, consistía en defenderse de los
dichos de las izquierdas negando cualquier acto ilícito que se le imputara haber
realizado durante la campaña; en tanto que la segunda va más allá y busca poner
los ojos sobre posibles irregularidades en la campaña de sus adversarios y
denunciantes. El PRI, a través de sus dirigentes, ha presentado denuncias
contra el Movimiento Progresista y el PRD por supuesto financiamiento ilegal de
su campaña canalizando recursos a través de diversas asociaciones civiles, que
habrían celebrado convenios con gobiernos perredistas y cuyos fondos
supuestamente se habrían desviado hacia la campaña de López Obrador.
La escalada de
acusaciones mutuas parece intensificarse en la recta final de este
controvertido proceso postelectoral. Ante esta situación algunos de los
magistrados del TEPJF ya se han manifestado en el sentido de no sentirse
presionados por manifestaciones y marchas, ya que sólo se limitarán a resolver
las impugnaciones y denuncias presentadas conforme a derecho con miras a
presentar su veredicto a más tardar los primeros días de septiembre (aunque
podría resolverse antes). Por estos días el TEPJF ha comenzado a descartar
algunas de las impugnaciones presentadas por las izquierdas, pero queda mucha
tela por cortar.
Todo parece
indicar que en poco más de un mes el TEPJF ratificará el triunfo de Enrique
Peña Nieto, a quien se entregaría la correspondiente constancia de mayoría que
lo acreditaría como el próximo presidente de México. Sin embargo, y a pesar de
los marcados avances que la democracia mexicana ha mostrado, principalmente en
materia electoral, en los últimos quince años, nuevas tormentas se presentan en
el horizonte. En el futuro cercano las discusiones girarán en torno a la
eficiencia del IFE, sobre todo para investigar irregularidades, al rol de los
grandes medios de comunicación y su incidencia en las campañas, y a las
prácticas vinculadas a la compra y coacción del voto y cómo limitarlas y, de
ser posible, erradicarlas.
Aquí parece
estar en juego un principio básico de la democracia, aunque más no sea en su
vertiente puramente instrumental, como es la posibilidad de elegir libremente a
los representantes a través del voto secreto. Además, también parecen jugarse
su reputación y confiabilidad instituciones como el IFE y el TEPJF, que habían
dado continuos pasos adelante desde la reforma de 1996. Hoy una buena parte de
la ciudadanía duda de la legitimidad de los resultados de los comicios, lo que
responde tanto a factores históricos y de cultura política vinculadas a
experiencias pasadas, como a la fuerte campaña de descrédito emprendida por las
izquierdas.
Seguramente
deberán darse pasos firmes en las reformas necesarias para consolidar el
sistema político. Sin embargo detrás de todo esto aparecen los mismos actores:
los partidos políticos y sus dirigencias. Ellos son responsables tanto de la
conformación del IFE como del margen de maniobra que dicho Instituto pueda
tener para actuar y sancionar las prácticas de los mismos partidos. De ellos
dependen los avances que puedan presentarse tanto en la legislación como en las
prácticas políticas, y deberán mostrarse a la altura de una democracia que, aunque
basada en la desconfianza, busca mayor estabilidad y certidumbre en las
instituciones que la rigen.
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