Cuando las divisas ya no llegan en el chorro de estos años, por la crisis internacional ante la que estábamos “blindados” y por el daño hecho por el gobierno a las exportaciones, petroleras y no petroleras, 70% de los productos agrícolas que consumimos son importados. En 2008 la proporción, que ya era bastante alta porque no somos Singapur ni Hong Kong, era venticinco por ciento menor. No es nada más carne argentina y brasileña, afuera estamos comprando arroz, café, maíz, girasol, soya, leguminosas y granos, hortalizas, leguminosas y sorgo. La información la da a El Universal, el Presidente de Fedeagro Pedro Rivas.
Planes rimbombantes, retórica, desaparición y reaparición del Ministerio de Agricultura, estatización de millones de hectáreas de tierra que por supuesto producen mucho menos en manos gubernamentales, miles de millones de bolívares gastados desde los gallineros verticales y los cultivos de pimentones en el centro de Caracas hasta el Complejo Azucarero Ezequiel Zamora en Barinas, han empobrecido la tierra en vez de enriquecerla y al cabo de once años, en nombre de la soberanía agroalimentaria somos más dependientes de la producción extranjera.
El PIB agropecuario se vino abajo de 2005, año en el cual creció sustancialmente, para acá. En el tercer trimestre de 2009 está en el mismo nivel que hace nueve años. Pero en lugar de rectificar el gobierno acentúa el error. Las acciones sobre haciendas en el estado Guárico, estado que aporta más de la mitad del maíz de Venezuela, que reproducen lo vivido en otras regiones de Venezuela, ponen de manifiesto una contumacia a prueba de bala. Hay protestas en el gran estado llanero, también en Táchira y Zulia, dos estados azotados con ensañamiento por la arbitrariedad oficial. En Lara la situación no es mejor. Es seis estados se incautan tierras para conmemorar la batalla de Santa Inés en la Guerra Federal que se libraba al grito de “Muera el ganao”. Dieciseis fincas entre los Andes y el Zulia. Nueve en Guárico. Seis en Barinas Nada detiene una “revolución agrícola” que produce menos comida y menos propietarios, porque las tierras estatizadas y las unidades de producción fragmentadas irracionalmente, son entregadas a “ocupantes”, no repartidas en propiedad.
El Ministro Jaua de Agricultura dice que “El Estado no invade ni expropia tierras, sólo las rescata”. Así justifica que el gobierno se meta en fincas productivas, las tome sin indemnizar a sus dueños, no haga caso a títulos ni a la posesión pacífica pública y no equívoca por largas décadas.
A veces la motivación no es ni siquiera ideológica, sino mezquinamente política. La finca de Eduardo Gómez Sigala en Lara, según testimonio del mismo expresidente de Conindustria, sirve para entrenamiento militar o paramilitar de un centenar de personas. La de Manuel Rosales en el Zulia producía más de mil litros diarios de leche, entre 50 y 60 novillos por trimestre y 15.000 kilos de plátano quincenales. ¿Cómo no pensar que las intervinieron porque les dio la gana?
En la Venezuela predominantemente urbana estos problemas se sienten indirectamente, pero tienen impacto real en el deterioro de la calidad de vida. La destrucción del aparato productivo del un país no es una gracia sin mayores consecuencias. Se pierden puestos de trabajo, se deja de producir alimentos e insumos importantes, se atemoriza a otros inversionistas que no arriesgarán su dinero en actividades productivas y se gastan divisas que hacen falta para otras cosas necesarias, en comprar comida afuera. Puro retroceso, en nombre del avance. ¿Cómo llamar a eso “paso de vencedores”?
IMPUNIDAD E INJUSTICIA
La impunidad es injusta con los ciudadanos honestos y trabajadores que sufren el hampa. La Fiscal General de la República la ubica en una abrumadora proporción superior al noventa por ciento. En Venezuela, casi ningún delito se castiga. Mientras tanto, suceden casos como el del Prefecto de Caracas y Presidente de Alianza Bravo Pueblo Richard Blanco y varias decenas de personas más, mantenidos injustamente en prisión por motivos políticos. Sus procesos judiciales están plagados de irregularidades, para ellos no existen las garantías constitucionales ni los beneficios del COPP.
Esta semana, el caso de Blanco ganó titulares por su iniquidad. Paralelamente transcurren, unos más conocidos que otros, unos más recordados que otros, muchos casos más de venezolanos a quienes la justicia les es negada, de familias angustiadas que no tienen vida. La impunidad del delito real agrava la injusticia contra estas personas. La injusticia contra estas personas agrava el significado social de la impunidad.
LOS HILOS DE LA CORRUPCIÓN
Las recientes intervenciones bancarias y los procesos penales asociadas a ellas entreabren la ventana hacia un paisaje oscuro del que hasta ahora se conocía por rumores y trascendidos. Empiezan a asomar tramas de corrupción, conexiones hijas de la crisis y la especulación, en un clima de desenfreno, ausencia de controles morales o legales.
Planes rimbombantes, retórica, desaparición y reaparición del Ministerio de Agricultura, estatización de millones de hectáreas de tierra que por supuesto producen mucho menos en manos gubernamentales, miles de millones de bolívares gastados desde los gallineros verticales y los cultivos de pimentones en el centro de Caracas hasta el Complejo Azucarero Ezequiel Zamora en Barinas, han empobrecido la tierra en vez de enriquecerla y al cabo de once años, en nombre de la soberanía agroalimentaria somos más dependientes de la producción extranjera.El PIB agropecuario se vino abajo de 2005, año en el cual creció sustancialmente, para acá. En el tercer trimestre de 2009 está en el mismo nivel que hace nueve años. Pero en lugar de rectificar el gobierno acentúa el error. Las acciones sobre haciendas en el estado Guárico, estado que aporta más de la mitad del maíz de Venezuela, que reproducen lo vivido en otras regiones de Venezuela, ponen de manifiesto una contumacia a prueba de bala. Hay protestas en el gran estado llanero, también en Táchira y Zulia, dos estados azotados con ensañamiento por la arbitrariedad oficial. En Lara la situación no es mejor. Es seis estados se incautan tierras para conmemorar la batalla de Santa Inés en la Guerra Federal que se libraba al grito de “Muera el ganao”. Dieciseis fincas entre los Andes y el Zulia. Nueve en Guárico. Seis en Barinas Nada detiene una “revolución agrícola” que produce menos comida y menos propietarios, porque las tierras estatizadas y las unidades de producción fragmentadas irracionalmente, son entregadas a “ocupantes”, no repartidas en propiedad.
El Ministro Jaua de Agricultura dice que “El Estado no invade ni expropia tierras, sólo las rescata”. Así justifica que el gobierno se meta en fincas productivas, las tome sin indemnizar a sus dueños, no haga caso a títulos ni a la posesión pacífica pública y no equívoca por largas décadas.
A veces la motivación no es ni siquiera ideológica, sino mezquinamente política. La finca de Eduardo Gómez Sigala en Lara, según testimonio del mismo expresidente de Conindustria, sirve para entrenamiento militar o paramilitar de un centenar de personas. La de Manuel Rosales en el Zulia producía más de mil litros diarios de leche, entre 50 y 60 novillos por trimestre y 15.000 kilos de plátano quincenales. ¿Cómo no pensar que las intervinieron porque les dio la gana?
En la Venezuela predominantemente urbana estos problemas se sienten indirectamente, pero tienen impacto real en el deterioro de la calidad de vida. La destrucción del aparato productivo del un país no es una gracia sin mayores consecuencias. Se pierden puestos de trabajo, se deja de producir alimentos e insumos importantes, se atemoriza a otros inversionistas que no arriesgarán su dinero en actividades productivas y se gastan divisas que hacen falta para otras cosas necesarias, en comprar comida afuera. Puro retroceso, en nombre del avance. ¿Cómo llamar a eso “paso de vencedores”?
IMPUNIDAD E INJUSTICIA
La impunidad es injusta con los ciudadanos honestos y trabajadores que sufren el hampa. La Fiscal General de la República la ubica en una abrumadora proporción superior al noventa por ciento. En Venezuela, casi ningún delito se castiga. Mientras tanto, suceden casos como el del Prefecto de Caracas y Presidente de Alianza Bravo Pueblo Richard Blanco y varias decenas de personas más, mantenidos injustamente en prisión por motivos políticos. Sus procesos judiciales están plagados de irregularidades, para ellos no existen las garantías constitucionales ni los beneficios del COPP.
Esta semana, el caso de Blanco ganó titulares por su iniquidad. Paralelamente transcurren, unos más conocidos que otros, unos más recordados que otros, muchos casos más de venezolanos a quienes la justicia les es negada, de familias angustiadas que no tienen vida. La impunidad del delito real agrava la injusticia contra estas personas. La injusticia contra estas personas agrava el significado social de la impunidad.
LOS HILOS DE LA CORRUPCIÓN
Las recientes intervenciones bancarias y los procesos penales asociadas a ellas entreabren la ventana hacia un paisaje oscuro del que hasta ahora se conocía por rumores y trascendidos. Empiezan a asomar tramas de corrupción, conexiones hijas de la crisis y la especulación, en un clima de desenfreno, ausencia de controles morales o legales.
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