El acuerdo alcanzado, por mediación del Gobierno de los Estados Unidos, para asegurar la normalidad del proceso electoral de Honduras y con ello procurar el reconocimiento de la legitimidad internacional de sus resultados, en buena hora y para bien de la democracia no llega de manos de Hugo Chávez Frías, padre de la crisis política que vive esa hermana nación centroamericana. De allí que el inquilino de Miraflores hable de “victoria moral”, en reacción que trae a la mente la imagen del jugador derrotado en una justa, quien arguye su calidad de subcampeón.
Veamos, pues, las particularidades de este acuerdo, para que hechos aislados y carentes de significación no nos impidan ver el bosque. Y para que no suceda otra vez una manipulación mediática, como la que se origina en Caracas y que presenta a la crisis hondureña como un golpe militar contra el señor Manuel Zelaya, a quien sacan de su cama y despachan a Costa Rica en pijamas.
A la altura de los acontecimientos – no olvidemos que las elecciones para un nuevo gobernante hondureño se realizarán en apenas 27 días – que Zelaya vuelva o no a ejercer la presidencia, de manos y pies atados, poca relevancia tiene. El acuerdo al que se aviene el presidente interino, Roberto Michelletti, devuelve la pelota a la fuente constitucional que determina la salida de Zelaya: el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, Michelleti no resigna el mando que ejerce, pues, en efecto, él no tumba ni le da un golpe a Zelaya, haciéndose del gobierno por la vía de facto. En pocas palabras, es la misma soberanía popular – depositada en la legislatura y en los jueces – quien quita a este ciudadano y la única que puede restituirlo.
La restitución, si acaso ha lugar, empero llega condicionada. A un punto tal que Zelaya no tendrá gobierno propio. El gobierno “transitorio” que ejercería es de unidad y reconciliación nacional y no de los suyos; de donde lo que importa es Honduras y no los actores de este capítulo trágico de su historia reciente, Zelaya o Michelletti. Este, en lo particular, al anunciar el acuerdo e invitar a Zelaya a que cumpla firmándolo, insiste en la idea a cuyo tenor “ningún individuo está por encima del bienestar y futuro de Honduras”. Algo distinto, por cierto, al culto personal y a la prédica confrontacional y divisora de voluntades – amigos/enemigos, patriotas/antipatriotas, revolucionarios/contrarrevolucionarios – que le vende Chávez a Zelaya como catecismo, y que por obra del acuerdo queda enterrado.
Por si fuese poco, la Fuerza Armada queda sujeta en lo adelante y hasta tanto cuente Honduras con su nuevo mandatario electo, bajo dependencia del Tribunal Supremo Electoral.
El pacto, por ende, apunta al hecho electoral. Su esencia no es la restitución, ahora insignificante, de un Zelaya disminuido y sujeto a procesos penales que ha de afrontar una vez cuente Honduras con su nuevo y legítimo Presidente, electo por todos los hondureños y bajo vigilancia internacional, en primer término, de la Unión Europea.
Se trata, por lo demás, de un acuerdo cuya realización queda sujeta, como lo apuntamos con anterioridad, a las disposiciones constitucionales del país centroamericano; esas mismas que no toman en cuenta ni se toman el trabajo de revisarlas con cuidado y a tiempo la OEA y su secretario, José Miguel Insulza. Antes bien, éstos, en comandita con Chávez Frías, simplifican la verdad histórica y ocultan lo central de los acontecimientos: Zelaya sale del poder por violentar el orden constitucional y lo que es más grave, por permitir que un mandatario extranjero, el señalado Chávez, haga y deshaga con el destino político y electoral de una nación ajena.
La democracia, cabe observarlo, no es respeto a cuando deciden por razones políticas y de conveniencia los gobiernos que ocupan puestos en el Consejo Permanente o en la Asamblea General de la OEA. Menos es servicio a una idea abstracta y manipulada de la Carta Democrática Interamericana, que al paso no respetan en la actualidad la mayoría de los indicados gobiernos. La democracia es cuando dice, textualmente, la señalada Carta, es decir, respeto al Estado de Derecho, acatamiento a la Constitución y al principio de separación e independencia de los poderes públicos.
No habrá, pues, amnistía política.
Por respeto a la misma constitucionalidad puesta en marcha desde cuando sale del poder el señor Zelaya, le corresponde a la ley determinar la responsabilidades administrativas y penales individuales por la crisis institucional a que se ve sometida Honduras desde cuando el mandatario depuesto decide, a sus anchas y en acuerdo con Chávez, ponerle una bomba de profundidad a las elecciones presidenciales pendientes.
Aludimos a la célebre cuarta urna, que en réplica de la acción puesta por el propio Chávez en 1999 y que copia su par ecuatoriano, lleva por intención deslegitimar a priori a la representación popular – Presidente y demás miembros de los poderes públicos – a ser elegida y procurar así un cambio de orden que le otorgue todo el poder al primer mandatario.
Lo significativo del acuerdo, al respecto, es, justamente, la encomienda que se hace a una Comisión de la Verdad de investigar y poner en claro todos los hechos y actos realizados “antes, durante y después del 28 de junio”, cuando es despojado de sus poderes el señor Zelaya.
No se trata, pues, como lo hacen Chávez, la OEA, Insulza, y el resto de los miembros del eje marxista cubano-venezolano, a saber, la Kirchner, Ortega, Castro, Morales, Lula, Correa, y hasta Escoto, de mostrar el final del diabólico teatro construido por ellos para desprestigiar a los demócratas hondureños y a su democracia. El objetivo es, en lo adelante, despejar las primeras impresiones que llevan a las declaraciones intempestivas y apresuradas de distintos gobiernos y organismos internacionales al decidir, al rompe, aislar a Honduras y condenar como golpista al presidente interino Michelletti, quien ejerce su autoridad por autoridad de un Congreso soberano.
La Comisión de la Verdad, a buen seguro, constará lo que luego de los primeros sucesos es informado al gobierno de los Estados Unidos y a la propia ONU por sus oficinas de asesoría jurídica: Zelaya sale del poder por mandato de la Constitución y por violar a la Constitución. Así de simple.
Lo maravilloso del acuerdo es que al final vence la democracia y todo regresa a su fuente original, al pueblo, quien mediante el voto universal, directo y secreto, permitirá que Honduras y la comunidad internacional abandonen su foco de actualidad: Michelletti vs. Zelaya. En modo tal que hondureños y el resto del mundo podamos dirigir nuestras miradas al nuevo gobernante, cuyo nombre conoceremos luego del próximo 28 de noviembre, a la vuelta de la esquina.
Lo trágico para la OEA y Chávez, con sus políticas de camorra y prostitución del lenguaje – que acusa de gorila al demócrata Michelletti y saluda como demócrata a Raúl Castro, en su vuelta al Sistema Interamericano – es que no pudieron darle un giro a la realidad hondureña hasta tanto pone una pica en Flandes el denostado Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Asdrubal Aguiar
correoaustral@gmail.com
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ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, MOVIMIENTO REPUBLICANO MR, REPUBLICANO, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO,POLÍTICA, INTERNACIONAL,
Veamos, pues, las particularidades de este acuerdo, para que hechos aislados y carentes de significación no nos impidan ver el bosque. Y para que no suceda otra vez una manipulación mediática, como la que se origina en Caracas y que presenta a la crisis hondureña como un golpe militar contra el señor Manuel Zelaya, a quien sacan de su cama y despachan a Costa Rica en pijamas.A la altura de los acontecimientos – no olvidemos que las elecciones para un nuevo gobernante hondureño se realizarán en apenas 27 días – que Zelaya vuelva o no a ejercer la presidencia, de manos y pies atados, poca relevancia tiene. El acuerdo al que se aviene el presidente interino, Roberto Michelletti, devuelve la pelota a la fuente constitucional que determina la salida de Zelaya: el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, Michelleti no resigna el mando que ejerce, pues, en efecto, él no tumba ni le da un golpe a Zelaya, haciéndose del gobierno por la vía de facto. En pocas palabras, es la misma soberanía popular – depositada en la legislatura y en los jueces – quien quita a este ciudadano y la única que puede restituirlo.
La restitución, si acaso ha lugar, empero llega condicionada. A un punto tal que Zelaya no tendrá gobierno propio. El gobierno “transitorio” que ejercería es de unidad y reconciliación nacional y no de los suyos; de donde lo que importa es Honduras y no los actores de este capítulo trágico de su historia reciente, Zelaya o Michelletti. Este, en lo particular, al anunciar el acuerdo e invitar a Zelaya a que cumpla firmándolo, insiste en la idea a cuyo tenor “ningún individuo está por encima del bienestar y futuro de Honduras”. Algo distinto, por cierto, al culto personal y a la prédica confrontacional y divisora de voluntades – amigos/enemigos, patriotas/antipatriotas, revolucionarios/contrarrevolucionarios – que le vende Chávez a Zelaya como catecismo, y que por obra del acuerdo queda enterrado.
Por si fuese poco, la Fuerza Armada queda sujeta en lo adelante y hasta tanto cuente Honduras con su nuevo mandatario electo, bajo dependencia del Tribunal Supremo Electoral.
El pacto, por ende, apunta al hecho electoral. Su esencia no es la restitución, ahora insignificante, de un Zelaya disminuido y sujeto a procesos penales que ha de afrontar una vez cuente Honduras con su nuevo y legítimo Presidente, electo por todos los hondureños y bajo vigilancia internacional, en primer término, de la Unión Europea.
Se trata, por lo demás, de un acuerdo cuya realización queda sujeta, como lo apuntamos con anterioridad, a las disposiciones constitucionales del país centroamericano; esas mismas que no toman en cuenta ni se toman el trabajo de revisarlas con cuidado y a tiempo la OEA y su secretario, José Miguel Insulza. Antes bien, éstos, en comandita con Chávez Frías, simplifican la verdad histórica y ocultan lo central de los acontecimientos: Zelaya sale del poder por violentar el orden constitucional y lo que es más grave, por permitir que un mandatario extranjero, el señalado Chávez, haga y deshaga con el destino político y electoral de una nación ajena.
La democracia, cabe observarlo, no es respeto a cuando deciden por razones políticas y de conveniencia los gobiernos que ocupan puestos en el Consejo Permanente o en la Asamblea General de la OEA. Menos es servicio a una idea abstracta y manipulada de la Carta Democrática Interamericana, que al paso no respetan en la actualidad la mayoría de los indicados gobiernos. La democracia es cuando dice, textualmente, la señalada Carta, es decir, respeto al Estado de Derecho, acatamiento a la Constitución y al principio de separación e independencia de los poderes públicos.
No habrá, pues, amnistía política.
Por respeto a la misma constitucionalidad puesta en marcha desde cuando sale del poder el señor Zelaya, le corresponde a la ley determinar la responsabilidades administrativas y penales individuales por la crisis institucional a que se ve sometida Honduras desde cuando el mandatario depuesto decide, a sus anchas y en acuerdo con Chávez, ponerle una bomba de profundidad a las elecciones presidenciales pendientes.
Aludimos a la célebre cuarta urna, que en réplica de la acción puesta por el propio Chávez en 1999 y que copia su par ecuatoriano, lleva por intención deslegitimar a priori a la representación popular – Presidente y demás miembros de los poderes públicos – a ser elegida y procurar así un cambio de orden que le otorgue todo el poder al primer mandatario.
Lo significativo del acuerdo, al respecto, es, justamente, la encomienda que se hace a una Comisión de la Verdad de investigar y poner en claro todos los hechos y actos realizados “antes, durante y después del 28 de junio”, cuando es despojado de sus poderes el señor Zelaya.
No se trata, pues, como lo hacen Chávez, la OEA, Insulza, y el resto de los miembros del eje marxista cubano-venezolano, a saber, la Kirchner, Ortega, Castro, Morales, Lula, Correa, y hasta Escoto, de mostrar el final del diabólico teatro construido por ellos para desprestigiar a los demócratas hondureños y a su democracia. El objetivo es, en lo adelante, despejar las primeras impresiones que llevan a las declaraciones intempestivas y apresuradas de distintos gobiernos y organismos internacionales al decidir, al rompe, aislar a Honduras y condenar como golpista al presidente interino Michelletti, quien ejerce su autoridad por autoridad de un Congreso soberano.
La Comisión de la Verdad, a buen seguro, constará lo que luego de los primeros sucesos es informado al gobierno de los Estados Unidos y a la propia ONU por sus oficinas de asesoría jurídica: Zelaya sale del poder por mandato de la Constitución y por violar a la Constitución. Así de simple.
Lo maravilloso del acuerdo es que al final vence la democracia y todo regresa a su fuente original, al pueblo, quien mediante el voto universal, directo y secreto, permitirá que Honduras y la comunidad internacional abandonen su foco de actualidad: Michelletti vs. Zelaya. En modo tal que hondureños y el resto del mundo podamos dirigir nuestras miradas al nuevo gobernante, cuyo nombre conoceremos luego del próximo 28 de noviembre, a la vuelta de la esquina.
Lo trágico para la OEA y Chávez, con sus políticas de camorra y prostitución del lenguaje – que acusa de gorila al demócrata Michelletti y saluda como demócrata a Raúl Castro, en su vuelta al Sistema Interamericano – es que no pudieron darle un giro a la realidad hondureña hasta tanto pone una pica en Flandes el denostado Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
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