A pedido de Manuel Zelaya, el presidente hondureño depuesto el pasado 28 de junio por un golpe de Estado, el canciller Jorge Taiana decidió expulsar a la embajadora de Honduras en la Argentina por apoyar al gobierno de facto de su país. Taiana justificó esta actitud señalando que la Argentina sólo mantiene vínculos con el gobierno democrático del destituido Manuel Zelaya, al único que considera legítimo pues surgió de elecciones libres.
De esta manera, la política exterior argentina realiza un paso muy importante al cuestionar el principio de no intervención en los asuntos internos, un criterio ya obsoleto al tener los Derechos Humanos carácter universal. El problema es que esta posición adoptada frente a Honduras no puede ser utilizada por el Canciller argentino como una excepción, sino como la regla. Es decir, el gobierno nacional tiene que ser consecuente con el planteo que utiliza frente a la embajadora hondureña en la Argentina y la situación política interna que atraviesa esa nación centroamericana, haciendo lo propio con otros países largamente gobernados por una dictadura.
Al respecto, en la Argentina existen actualmente representaciones diplomáticas de 13 países con gobiernos ilegítimos, pues no surgieron de elecciones libres y multipartidarias. En algunos casos, hasta su carácter dictatorial está expresamente institucionalizado como régimen de partido único y las violaciones a las libertades democráticas en los mismos son denunciadas por las más prestigiosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
Por ello, siguiendo el criterio que Taiana tomó respecto a Honduras, ¿la Argentina debería expulsar a los embajadores de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Belarús, China, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Vietnam?
A la luz de las relaciones cómplices que la Argentina mantiene con varias dictaduras, a muchas de las cuales la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incluso visitó frívolamente en gira oficial, es que resulta poco creíble la convicción democrática en Taiana y el gobierno que representa. Y la sensación es que, respecto a Honduras, el gobierno nacional simplemente se está alineando donde más le conviene desde el punto de vista de sus intereses regionales sin que ello responda a una política exterior de promoción y defensa de los valores democráticos.
En todo caso, está claro que el gobierno nacional hace demagogia con los derechos humanos y uno de los ejemplos más claros es su falta de compromiso internacional con los mismos, pues ha estado más alineado con las dictaduras que con los demócratas que internamente luchan pacíficamente para enfrentarlas. Esto ha sido la regla, con muy pocas excepciones, como la crítica pública de la presidenta al dictador de Guinea Ecuatorial en su visita a la Casa Rosada o, recientemente, deplorando el veredicto contra Aung San Suu Kyi.
El caso de la disidente birmana es muy interesante, pues la Cancillería acaba de denunciar que en este caso se “extiende de manera injusta y arbitraria su arresto domiciliario” y por lo cual “la Argentina urge a las autoridades de Myanmar a poner fin de manera inmediata al arresto de Aung San Suu Kyi, en concordancia con los numerosos pedidos internacionales en tal sentido, así como a liberar a todos los prisioneros políticos y otros prisioneros de conciencia y a tomar las medidas necesarias a fin de asegurar que las elecciones previstas para 2010 gocen de legitimidad”.
Esta firmeza de la Cancillería, frente a la situación de la valiente opositora birmana, debería replicarse con reclamos similares frente al resto de los países gobernados por dictaduras, los cuales representan a un quinto de las naciones del mundo. Pero así como el gobierno argentino no ayuda a que se respeten en América Latina los principios suscriptos en la Carta Democrática Interamericana, siendo el de Venezuela el caso más notorio, tampoco es imaginable que adopten al menos una actitud más decorosa frente a dictaduras influyentes como las de China y Cuba.
En definitiva, más allá del gobierno de turno, como país que vivió una dictadura muy cruel y habiendo recibido en esos años de plomo muchas muestras de solidaridad internacional, la Argentina debería tener una política exterior muy activa en la promoción de los Derechos Humanos, denunciando públicamente a los dictadores, respaldando a sus víctimas e incluyendo la implementación de prácticas de diplomacia comprometida.
Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y Director del Proyecto Puente Democrático.
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ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, MOVIMIENTO REPUBLICANO MR, REPUBLICANO, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO,POLÍTICA, INTERNACIONAL,
De esta manera, la política exterior argentina realiza un paso muy importante al cuestionar el principio de no intervención en los asuntos internos, un criterio ya obsoleto al tener los Derechos Humanos carácter universal. El problema es que esta posición adoptada frente a Honduras no puede ser utilizada por el Canciller argentino como una excepción, sino como la regla. Es decir, el gobierno nacional tiene que ser consecuente con el planteo que utiliza frente a la embajadora hondureña en la Argentina y la situación política interna que atraviesa esa nación centroamericana, haciendo lo propio con otros países largamente gobernados por una dictadura.
Al respecto, en la Argentina existen actualmente representaciones diplomáticas de 13 países con gobiernos ilegítimos, pues no surgieron de elecciones libres y multipartidarias. En algunos casos, hasta su carácter dictatorial está expresamente institucionalizado como régimen de partido único y las violaciones a las libertades democráticas en los mismos son denunciadas por las más prestigiosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos.Por ello, siguiendo el criterio que Taiana tomó respecto a Honduras, ¿la Argentina debería expulsar a los embajadores de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Belarús, China, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Vietnam?
A la luz de las relaciones cómplices que la Argentina mantiene con varias dictaduras, a muchas de las cuales la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incluso visitó frívolamente en gira oficial, es que resulta poco creíble la convicción democrática en Taiana y el gobierno que representa. Y la sensación es que, respecto a Honduras, el gobierno nacional simplemente se está alineando donde más le conviene desde el punto de vista de sus intereses regionales sin que ello responda a una política exterior de promoción y defensa de los valores democráticos.
En todo caso, está claro que el gobierno nacional hace demagogia con los derechos humanos y uno de los ejemplos más claros es su falta de compromiso internacional con los mismos, pues ha estado más alineado con las dictaduras que con los demócratas que internamente luchan pacíficamente para enfrentarlas. Esto ha sido la regla, con muy pocas excepciones, como la crítica pública de la presidenta al dictador de Guinea Ecuatorial en su visita a la Casa Rosada o, recientemente, deplorando el veredicto contra Aung San Suu Kyi.
El caso de la disidente birmana es muy interesante, pues la Cancillería acaba de denunciar que en este caso se “extiende de manera injusta y arbitraria su arresto domiciliario” y por lo cual “la Argentina urge a las autoridades de Myanmar a poner fin de manera inmediata al arresto de Aung San Suu Kyi, en concordancia con los numerosos pedidos internacionales en tal sentido, así como a liberar a todos los prisioneros políticos y otros prisioneros de conciencia y a tomar las medidas necesarias a fin de asegurar que las elecciones previstas para 2010 gocen de legitimidad”.
Esta firmeza de la Cancillería, frente a la situación de la valiente opositora birmana, debería replicarse con reclamos similares frente al resto de los países gobernados por dictaduras, los cuales representan a un quinto de las naciones del mundo. Pero así como el gobierno argentino no ayuda a que se respeten en América Latina los principios suscriptos en la Carta Democrática Interamericana, siendo el de Venezuela el caso más notorio, tampoco es imaginable que adopten al menos una actitud más decorosa frente a dictaduras influyentes como las de China y Cuba.
En definitiva, más allá del gobierno de turno, como país que vivió una dictadura muy cruel y habiendo recibido en esos años de plomo muchas muestras de solidaridad internacional, la Argentina debería tener una política exterior muy activa en la promoción de los Derechos Humanos, denunciando públicamente a los dictadores, respaldando a sus víctimas e incluyendo la implementación de prácticas de diplomacia comprometida.
Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y Director del Proyecto Puente Democrático.ENVIADO A NUESTROS CORREOS RECOMENDANDO PUBLICACION
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