FAPUV SOLICITA CONVOCAR ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

ANTE LA REFORMA INCONSTITUCIONAL Y LA CRISIS NACIONAL,
CONVOCAMOS UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
APUCV APULA APUZ APUCLA APUDO APUSB APUC APUNET APUNELLEZ APUNESR
APAUNA APUNELLARG APUNEFM APUNERMB APUNEG APROUPEL APUNEXPO APUNESUR

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA


El 6 de diciembre de 1998, el pueblo de Venezuela, en comicios democráticos, eligió como Presidente a Hugo Chávez. Los distintos sectores que participaron en la contienda aceptaron los resultados, como una esperanza para abrir caminos a la situación de crisis política, social y económica que vivía el país, la cual se manifestó con particular crudeza, el 27 de febrero de 1989, cuando se produjo un movimiento de insurgencia popular que estremeció al país, y evidenció la fractura institucional y la profunda crisis de la nación en todos sus ámbitos. Los levantamientos militares del 4 febrero y del 27 de noviembre corroboraron que Venezuela requería cambios importantes. Sin embargo, estos cambios no se produjeron en lo inmediato y se agudizó la situación con la crisis financiera y la baja de los precios del petróleo entre 1993 y 1998.
La llegada de Hugo Chávez al gobierno, a pesar de las confrontaciones, significó una nueva posibilidad para la población, que intentó convertir sus frustraciones históricas en esperanzas para redimir sus carencias, sufrimientos y exclusiones. Se tomó la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que abriera las compuertas hacia un cambio de rumbo, para redactar una nueva Constitución que actualizara o sustituyera la de 1961, que tuvo una vigencia de treinta y ocho años, la más larga de la historia de Venezuela, seguida por la Constitución de 1830, que duró veinte siete años.

La Constitución de 1999
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es producto de una Asamblea Nacional Constituyente, convocada en febrero de 1999, la cual incorpora derechos en los ámbitos político, económico, social, cultural, ambiental y de los pueblos indígenas, reflejando aspectos importantes del nuevo pensamiento del derecho constitucional comparado y las luchas del pueblo venezolano en las últimas décadas a través de sus distintas organizaciones, así como aportes institucionales e individuales. La descentralización y la idea de la federación, fueron plasmadas en el nuevo texto y el concepto de la democracia participativa. A los derechos humanos se les otorgó el máximo rango, a la par de los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

Hoy, a nueve años de la aprobación de la Constitución, el 15 de diciembre de 1999, los grandes problemas económicos, sociales, ambientales y políticos del país no se han solucionado. Por el contrario, se han profundizadoo. El país no ha logrado diversificar su economía, somos hoy más dependientes de los ingresos petroleros y la industria propiamente dicha, en gran parte descapitalizada profesionalmente, no vive su mejor momento. Los ingresos ordinarios y extraordinarios del petróleo se han convertido en un factor de profundización de la corrupción, alcanzando a los altos niveles gubernamentales. Las inversiones que garantizan la permanencia de nuestra principal industria no se han realizado, poniendo en peligro nuestro futuro económico. Por otra parte, el Presidente de la República y un pequeño grupo que lo acompaña, han desatado una política de transferencia de los recursos petroleros, que son del pueblo venezolano, para usufructo de otros países y de un proyecto político personal. Se puede decir que existe una oligarquía petrolera nacida en los últimos nueve años a la luz de los negocios vinculados a la actividad petrolífera, en detrimento del desarrollo nacional.

La agricultura, la ganadería y otros rubros de la economía nacional, se encuentran en bancarrota. Esto se expresa, entre otras cosas, en el grave desabastecimiento de alimentos que hoy sufre la población. La industria nacional, en su gran mayoría, ha desaparecido o mermado a niveles extremos, por políticas incorrectas, por la violación a los derechos a la propiedad, el despilfarro, el auspicio de invasiones a tierras, haciendas y establecimientos industriales, comerciales, medios de comunicación y hasta inmuebles urbanos, acciones que, en conjunto, promueven la inseguridad jurídica, social, económica y humana. Los servicios públicos en las ciudades y barrios han colapsado y la inseguridad personal es alarmante por la proliferación de la delincuencia, ante la desidia del Presidente y sus ministros, quienes han abandonado en la práctica sus funciones constitucionales para dedicarse a viajar y promover, incluso, la intervención en otros países como Ecuador y Bolivia, violando su soberanía y poniendo en peligro la nuestra. Pretenden convertir a Venezuela en una colonia de Cuba, al mismo tiempo que entregan a las transnacionales la plataforma Deltana y promueven la minería en áreas ecológicamente sensibles. Los Parques Nacionales son invadidos con la complicidad del gobierno y la Asamblea Nacional. Las fronteras y límites de Venezuela, se encuentran desguarnecidas, tomadas por grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y hampa común, proliferando el secuestro, la extorsión y los asesinatos.

El proyecto de Reforma Constitucional del Presidente
El 15 de agosto, el Presidente de la República Hugo Chávez, presentó un Proyecto de Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recibida ese mismo día por la Asamblea Nacional. Dicho proyecto constituye, en realidad, una nueva propuesta de Constitución, ya que pretende modificar aspectos esenciales de la Carta Magna de 1999, con consecuencias profundas en la estructura jurídica, política, económica y social. El proyecto se propone alterar, modificar y cambiar radicalmente la División Política de la República, producto de su evolución histórica sociocultural y del pacto federal que dio origen a la misma. Se propone una denominada “geometría del poder”, con la creación de otras entidades llamadas Provincias Federales, Regiones Insulares, Regiones Marítimas, Distritos Funcionales, Territorios Federales, Municipios Federales, Distritos Insulares, además de ciudades comunales, comunas, todos creados y dirigidos directamente por el Presidente de la República. Los Estados y los municipios históricos quedan relegados o subyugados por la voluntad de unos “vice presidentes” designados, directamente, por el Presidente de la República, lo cual los coloca en una situación de minusvalía, eliminando la descentralización, con una determinación centralista extrema, que niega la esencia de la democracia y las conquistas históricas del pueblo venezolano. Ello se ve reforzado con la creación de “Regiones Militares” cuando el Presidente lo decida en cualquier parte del país por tiempo indeterminado.

El proyecto de Reforma Constitucional del Parlamento
La Reforma o Proyecto de nueva Constitución, de treinta y tres artículos, ha sido profundizada por la decisión de la Asamblea Nacional, en acuerdo con el Presidente de la República, de agregarle 36 artículos, que representan otro Proyecto de Reforma, pero asumido como uno solo, en abierta violación de la Constitución, de elementales procedimientos del derecho parlamentario de aceptación universal y del derecho a la participación política y a la información de los ciudadanos.

La teoría del gendarme necesario
El Presidente y la Asamblea, pretenden legitimar una teoría del poder popular, en el artículo 16, párrafo 2 que dice textualmente del poder popular: “éste no nace del sufragio ni elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.

Con este solo planteamiento, el Presidente y la Asamblea, niegan, sin justificación teórica alguna, ni criterio científico o social, todas las conquistas del pensamiento político y constitucional desde la Revolución Francesa hasta nuestros días y, por supuesto, desde la primera Constitución venezolana de 1811 y del propio pensamiento y doctrina del Libertador Simón Bolívar. Pretender que el poder no nace del sufragio significa un regreso a las teorías del gendarme necesario, del derecho divino de los reyes y de otras distorsiones inaceptables en el pensamiento humanista y republicano, y menos en una democracia participativa y protagónica, tal como la define la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Proyecto de Reforma manifiesta su costura, como esencialmente antidemocrático, al querer restringir el derecho a la participación colocando obstáculos para la realización de los referendos, e incluso para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para lo cual pretenden aumentar el número de firmas y hacer imposible, o extremadamente difícil, el ejercicio de estos derechos.

El Presidente de la República y la Asamblea Nacional, en el Proyecto de Reforma o de nueva Constitución, pretenden eliminar la autonomía del Banco Central, con incidencia negativa, en el uso de nuestras reservas monetarias y el peligro sobre su estabilidad; convertir a la Escuela en centro de adoctrinamiento de los niños y jóvenes; y eliminar la autonomía universitaria.

En el artículo 109, relativo a la autonomía de las universidades, se incorporan modificaciones a las normas legales que rigen la elección de sus autoridades lo que no ha sido discutido con los distintos sectores de la comunidad universitaria, ni es materia constitucional; se agrega que el auto gobierno se ejercerá “de acuerdo con los principios constitucionales de la democracia participativa y protagónica”. El verdadero impedimento al ejercicio democrático del gobierno universitario es la escalada intervencionista en contra de la autonomía de las Universidades que, entre otros males, durante los últimos ocho (8) años, ha mantenido a 4 universidades (UNELLARG, UNEFM, UNESR y UNELLEZ) intervenidas y sin elecciones, y a sus comunidades sometidas al asalto de sus espacios académicos, a la violación de leyes y reglamentos, al atropello de sus gremios y a la opresión de sus comunidades por parte de autoridades puestas por el dedo, algunos no reúnen los méritos académicos que exige la Ley.

La libertad de expresión y el carácter plural del sistema político venezolano, son distorsionados al intentar obligar a los venezolanos a definirse como un Estado autocrático y militarista-personalista. Se llega al colmo de pretender eliminar el derecho al debido proceso y a la información, siendo estos principios irrenunciables, progresivos, que no pueden ser restringidos, ni siquiera por una Constituyente, ni referéndum alguno. Son conquistas de la humanidad, ya que de ellas dependen la vida y la dignidad personal. Las competencias en la Reforma son extremas, irrespetando el carácter profesional de la Fuerza Armada, promoviendo milicias irregulares que atentan contra nuestra soberanía. Asimismo, se promueve la intervención y el espionaje de nuestros militares y sus familias por fuerzas de otros países.

El Proyecto de Reforma Inconstitucional, puede conducir a un desmembramiento territorial, a graves impactos ambientales sobre los Parques Nacionales, Zonas Protectoras, Reservas de Biósfera, Reservas Hidráulicas, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna, incluso en las zonas donde conviven pueblos campesinos e indígenas, y hasta en las propias ciudades históricas, dada la naturaleza compulsiva, inconsulta y arbitraria de la Reforma Inconstitucional.

La soberanía nacional en apuros
Además de los Proyectos de Reforma Inconstitucional, el Presidente de la República, ha emitido graves opiniones que ponen en peligro la soberanía del país, sin consultar con el pueblo, con la Fuerzas Armada, las universidades y los distintos sectores del país, entre las que resalta la tesis del condominio (explotación conjunta) de Colombia y Guyana sobre el Golfo de Venezuela y el Territorio Esequibo, respectivamente. Destaca igualmente la declaración inaceptable de que Venezuela tiene dos Presidentes de la República, formulda el domingo 14 - 10 - 2007, en Cuba, en el programa “Aló Presidente”, y recogida por todos los medios de comunicación. Estas expresiones conforman un delito de cesión y renuncia a nuestra soberanía como país.
Asamblea Nacional Constituyente
En virtud del conjunto de consideraciones anteriores invocamos el artículo 1 de nuestra “Carta Magna” que dice textualmente:

“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”

El Presidente de la República y la Asamblea Nacional, a través de su proyecto de Reforma y de conductas antinacionales, vienen contrariando los valores, principios y garantías democráticos, con menoscabo de los derechos humanos. En consecuencia, invocando nuestros derechos, fieles a la tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz, la libertad, la solidaridad, la convivencia y la necesidad de promover la reconciliación entre todos los venezolanos, sin discriminación política, social, étnica, de género, económica o de cualquier naturaleza, convocamos a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice textualmente:

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución

La Asamblea Constituyente que convocamos, decidirá, con base en una consulta, si mantiene la Constitución actual o la modifica, pero en todo caso respetará los derechos humanos, la libertad, la descentralización y el federalismo, la Fuerza Armada profesional, la industria petrolera nacionalizada al servicio y en provecho de los venezolanos, particularmente para la seguridad social, la defensa del patrimonio económico, social, cultural y ambiental común. Se propone rescatar al país, del estado de ingobernabilidad y corrupción, profundizando los derechos ya consagrados en la Constitución de 1999 para lograr una sociedad sustentable con dignidad, justicia y democracia social, para lo cual son indispensables: la reconciliación, la inclusión y la paz entre los habitantes del país.

Con base en lo establecido en el artículo 348 de la Constitución vigente, tomamos esta iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que se activaría con el 15% de las electoras y los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. Solicitamos al Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, la apertura del procedimiento constitucional respectivo, en ejercicio de nuestro derecho a la participación política, y a los efectos de proceder a la recolección de las firmas de rigor según el formato de las planillas, para lo cual demandamos también, se incluya el lugar de la firma y huella dactilar de cada ciudadano, en espacios separados, para de esta forma asumir plenamente nuestra responsabilidad con el país y las futuras generaciones.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA FAPUV

ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS