“La burla y el ridículo son, entre todas las injurias, las que menos se perdonan”. Platón (427-347 a. C.), filósofo griego.
La
ONU estima en casi 10.000 el número de colombianos que han abandonado
“voluntariamente” territorio venezolano ante el cierre de la frontera, la
implantación de un estado de excepción y el riesgo cierto de perder todas sus
posesiones ante una fuerza militar que tractor por delante derriba lo marcado
con la terrible letra D: deportados.
Organismos
internacionales como la OEA, la Unión Europea y la ONU han reaccionado para
detener una situación violatoria de derechos humanos. Pero un gobierno como el
venezolano, acostumbrado a atropellar a todo lo que se le opone, no podía
actuar de otra manera. En medio de una oleada de insultos hacia el ex
Presidente Álvaro Uribe, el mandatario venezolano ordenó el cierre de la
frontera más viva de Suramérica, donde unos metros separan dos pueblos hermanos
que conviven entremezclados desde hace siglos.
Indudablemente hay contrabando: lo hay siempre cuando una de las economías es más débil que la otra. Pero el gobierno venezolano tiene 16 años haciéndose el loco ante quiénes son los capos del contrabando de gasolina y ahora de productos. También ha ignorado olímpicamente el clamor de productores y comerciantes extorsionados y “vacunados” por individuos que se pueden llamar guerrilleros o paramilitares pero que al final son solo delincuentes que no han sido detenidos por la numerosa masa militar que supuestamente cuida la seguridad en la frontera colombo venezolana.
Desesperado,
no precisamente por no poder dar agua, electricidad, infraestructura,
seguridad, alimentos, a la población, sino porque esta crisis amenaza con
sacarlos del poder que quieren acaparar a perpetuidad, el gobierno opta por
echar la culpa a una tal guerra económica promovida por el imperio, los
pelucones, la oposición, los contrabandistas, los paramilitares, el eje
Bogotá-Miami o a cualquier otra bobería propia de bobos. Según Datanálisis,
solo el 9% de los venezolanos cree estos cuentos, mientras que el 83% está
clarísimo que la culpa es de las erradas políticas económicas, si es que pueden
llamarse así a los erráticos planes de control totalitario llamados “de la
patria”.
El
gobierno venezolano detuvo las deportaciones cuando el escándalo de violación
de derechos humanos fue asumido por el gobierno de Colombia como una agresión
directa a sus conciudadanos. Entonces fue que comenzó un censo para, según
Maduro, saber quién es quién en la frontera. O sea, que deportaron
indiscriminadamente sin saber si realmente eran paramilitares, contrabandistas
o criminales, incumpliendo así los pasos establecidos internacionalmente por
los países civilizados.
En
medio de esta locura, como siempre echaron mano del abuso de poder, decretando
un insólito estado de excepción, que han extendido a 10 municipios del Táchira.
Consecomercio declara pérdidas inestimables y cierre de comercios por la
interrupción del flujo de importación legal a través de la frontera. El río
Táchira es testigo de una huida de colombianos cargando neveras, gallinas,
televisores, para salvar algo de la hora loca del gobierno venezolano.
Mientras
tanto, la canciller Delcy Rodríguez acudía muy sonreída a Cartagena a reunirse
con la canciller colombiana María Ángela Holguín, reunión fracasada porque el gobierno
venezolano no aceptó el diálogo bilateral de los dos presidentes. Pitada en
Colombia retornó Delcy, para emitir una respuesta de cancillería a la Unión
Europea, llamando a la organización “inmoral” y “burocrática”. También se peleó
con otro comunicado con The New York Times, acusando al periódico de ignorar
cuántos paramilitares había entre los deportados, algo que evidentemente el
gobierno de Venezuela tampoco sabe.
Como
es usual, el gobierno convocó a sus partidarios a una concentración llamada
“Amamos a Colombia”. Mientras miles de
colombianos lloraban el país, el trabajo, los bienes y hasta la familia
perdidos, la pareja presidencial venezolana parecía burlarse del dolor bailando
en cadena nacional la cumbia “La pollera colorá”. La portada de la revista
colombiana Semana revelaba con el titular “Colombia se respeta” la furia
desatada.
Santos,
el antiguo “nuevo mejor amigo”, no estaba dispuesto a tolerar lo que ya se
estaba convirtiendo en una crisis humanitaria y pidió a la OEA convocar una
sesión extraordinaria para solicitarle una urgente reunión de cancilleres.
Colombia no alcanzó los 18 votos requeridos para lograr tal reunión, pero la
votación es reveladora de las posiciones latinoamericanas ante un temido
conflicto fronterizo en el continente. Colombia obtuvo 17 votos, logrando
quebrar el bloque caribeño, molesto con Venezuela por el conflicto Esequibo.
Votaron a favor Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay,
Bahamas, Barbados, Canadá y Chile. Por la posición venezolana de no reunir los
cancilleres votaron apenas 5: Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
Se abstuvieron Granada, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda,
Belice, Brasil y Argentina. Panamá, que había comprometido su voto con
Colombia, al final se abstuvo: Venezuela le debe 1.000 millones de dólares y al
parecer, ofreció pagarle. Dominica decidió ni siquiera presentarse.
Para
el jueves 3 de septiembre estaba prevista una reunión de Unasur, la cual fue
suspendida porque la canciller venezolana está en un sorpresivo y sorprendente
viaje del presidente Maduro a Vietnam y China, para firmar 60 acuerdos para que
los vietnamitas nos enseñen a sembrar arroz y criar ganado y para estar en los
festejos chinos por los 70 años del fin de la II Guerra Mundial. En el avión de
Cubana de Aviación viaja una comitiva de casi 100 personas, entre los cuales
están Nicolasito el hijo y varias ministras, que como Delcy e Iris Varela,
tienen el rancho ardiendo.
A Colombia no le han gustado nada ni la burla de la pollera colorá ni este viaje que demuestra lo poco que le importa al venezolano la crisis fronteriza. La canciller Holguín dijo que si no se realizaba esta semana la reunión de Unasur, a Colombia ya no le interesaba ir a esa instancia, mientras que el Presidente Santos en cadena nacional ha amenazado con denunciar al gobierno y autoridades militares de Venezuela en la Corte Penal Internacional.
Un
conflicto internacional sería excelente excusa para suspender elecciones, para
decretar estado de excepción nacional y hasta para cambiar a los reyes del
ajedrez. Ya ni se sabe hasta dónde se atreverá esta gallera colorá.
Charito
Rojas
Charitorojas2010@hotmail.com
@charitorojas
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