Luigi
Ferrajoli es reconocido mundialmente como una autoridad en lo que se refiere al
estado de derecho y los derechos humanos.
Vale
la pena destacar lo que dice el eminente jurista italiano, Luigi Ferrajoli, en
un libro publicado en el 2011:
Luigi
Ferrajoli
Poderes
salvajes. La crisis de la democracia constitucional
Editorial
Trotta, Madrid, 2011
p.21
Está
en curso un proceso de desconstitucionalización del sistema político italiano.
Este proceso se ha manifestado en la construcción de un régimen antiliberal
basado en el consenso o, cuando menos, en la aquiescencia pasiva de una parte
relevante de la sociedad italiana a una amplia serie de violaciones de la letra
y el espíritu de la Constitución. Con todo, su aspecto más grave radica en el
rechazo por parte del actual grupo del gobierno, más que de la Constitución de
1948, del propio constitucionalismo, es decir, de los límites y los vínculos
constitucionales impuestos a las instituciones representativas. Ello ha dado
como resultado la progresiva transformación de hecho de nuestro sistema
político en una forma de democracia plebiscitaria, fundada en la explícita
pretensión de la omnipotencia de la mayoría y la neutralización de ese complejo sistema de reglas, separaciones
y contrapesos, garantías y funciones e instituciones de garantía que constituye
la sustancia de la democracia constitucional. La idea elemental que está en la
base de esta pretensión es que el consenso popular es la única fuente de
legitimación del poder político y, por ello, serviría para legitimar todo abuso
y para deslegitimar críticas y controles. Así, el edificio de la democracia
constitucional resulta minado de raíz en su totalidad: porque no se soporta el
pluralismo político y constitucional, por la desvalorización de las reglas; por
los ataques a la separación de poderes, a las instituciones de garantía, a la
oposición parlamentaria, a la crítica y la prensa libre; en definitiva, por el
rechazo al paradigma del estado constitucional de derecho como sistema de
vínculos legales impuestos a cualquier poder.
Por
otra parte, el proceso desconstituyente se ha desarrollado también en el plano
social y cultural, con la eliminación de valores constitucionales en las
consciencias de una gran parte del electorado: por indiferencia, por falta de
sentido cívico o por el cambio de la propia concepción de la democracia en el
imaginario colectivo. Veinte años de intentos de contrarreformas
constitucionales y de agresiones a la carta de 1948 —sistemáticamente descalificada
como vieja y superada, e incluso como responsable de la ineficiencia del
sistema político— han producido la caída del valor de la Constitución en el
sentido común. Es este, como veremos, el daño más profundo. Una democracia
puede quebrar aun sin golpes de estado en sentido propio, si sus principios son
de hecho violados o contestados sin que sus violaciones susciten rebelión o, al
menos, disenso. Recuérdese el último artículo de la Constitución francesa del
año III: “El pueblo francés encomienda la presente constitución a la lealtad de
los poderes públicos y a la vigilancia
de los padres de familia, las esposas y las madres, al afecto de los jóvenes
ciudadanos, al coraje de todos los franceses”. En estas dos garantías, de
carácter político y social —la garantía política de la “lealtad” de los poderes
públicos y la garantía social de la “vigilancia” de los ciudadanos—, descansa
la efectividad de las garantías jurídicas y, con ellas, del estado de derecho
de la democracia. Hoy no es posible confiar en la lealtad de los titulares de
los poderes de gobierno, al ser ellos mismos los promotores de la deformación
constitucional. Y la vigilancia de una parte relevante de la opinión pública
decrece progresivamente, anestesiada por la propaganda.
Este debilitamiento de la dimensión
constitucional de nuestra democracia se interpreta habitualmente en el debate
público como el precio pagado por el reforzamientos de su dimensión política,
debido a la atribución a los electores del poder de elegir en cada ocasión la
coalición gobernante. En otras palabras, como reducción y una desvalorización
de la dimensión legal de la democracia en beneficio de la valorización de su
dimensión política y representativa, concebida, por lo demás, como el único
fundamento de la legitimidad de los poderes públicos.
p.50
Cuando
la identificación entre jefe y pueblo no es solo un tesis propagandística sino
que se propone como un rasgo constitucional y como una fuente de legitimación
de los poderes públicos. El populismo equivale a un nuevo y específico modelo
de sistema político. Corresponde a esa forma degenerada de democracia que
Aristóteles llamó “demagogia” y definió, con extraordinaria lucidez, como el
régimen en el que “el soberano es el pueblo y no la ley […] los muchos tienen
el poder no como individuos, sino en conjunto”.8 En tal concepción del pueblo
como “conjunto” y en la identificación del jefe con él reside el rasgo
característico del fascismo.
p.
51
La
existencia de un jefe carismático es siempre incompatible con la democracia, o
cuando menos indica un debilitamiento de su dimensión política y representativa
y no solo de su dimensión constitucional.
p.
60
…los
elevados sueldos de que gozan los “elegidos” –en el parlamento nacional como en
todas las instituciones electivas— sus privilegios, el consiguiente cambio de
estatus económico, unido su nombramiento
desde arriba generan en todos ellos un interés personal en la conservación del
cargo y, con ello, la sumisión a quien los ha nombrado y podría volver a
hacerlo o revocarlos, que deforman radicalmente su función pública de
representación política.
p.
62
Cuando,
además, como sucede en Italia, tal propiedad [de los medios] está en la mayor
medida en manos de quien es titular del máximo poder político y tiene el
control de gran parte de la televisión pública, el destino del que produce
información y, por ello, de la
información misma está a merced de ambos poderes, el privado y el público,
sólidamente entrelazados. [N. del t.: se refiere a Berlusconi].
p.
63
Controlando
la información, escribió Condorcet, el poder político persigue la homologación
ideológica y política, haciendo que “los ciudadanos no aprendan nada que no
sirva para confirmarles en las opiniones que sus gobernantes quieren suscitar
en ellos17
8
Este bello pasaje de Aristóteles (Política, traducción de J. Marías y M.
Araujo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989m 1292ª, p, 176) ha
sido recordado por V. Pazé. “Democrazia e populismo”, Nuvole 40 (2010). En el
mismo pasaje, Aristóteles añade: “En las democracias de acuerdo con la ley no
hay demagogos sino que son los mejores
ciudadanos los que tienen la preeminencia, pero donde las leyes no tienen la
supremacía surgen los demagogos” y “los aduladores son honrados”. Y más
adelante: “•Donde las leyes no tienen autoridad no hay república”, (En la
versión italiana se dice “no hay constitución”. [N. del t.]”
17
M. Condorcet, Rapport sur l’instruction publique, Edlig, 1989, p. 95 (traducción castellana de
T, del Amo Martín, Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros
escritos, Morata, Madrid, 2000).
Carlos
Armando Figueredo
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