LUIS DANIEL ÁLVAREZ V., PRIORIDADES REPUBLICANAS, CASOS GUATEMALA, BRASIL, COLOMBIA, VENEZUELA,

La institucionalidad en Latinoamérica, desafortunadamente, atraviesa su peor momento. Presidentes que usan medios de comunicación para agredir opositores, una estructura electoral que no regula los ventajismos de las alas oficialistas y tribunales cuya misión pareciera no ser otra que perseguir a los disidentes, se han hecho elementos comunes en gran parte de la región.

Sin embargo, todavía quedan algunos indicios que parecieran mostrar que la justicia y la transparencia están presentes, como por ejemplo, lo que ocurrió en Guatemala cuando el Parlamento, incluyendo a partido del presidente Pérez Molina, votó a favor de retirarle al primer mandatario la inmunidad presidencial, dejándolo en una situación de indefensión que lo obligó a renunciar.

En Brasil, el gobierno también afronta una situación compleja ya que distintas instancias del Estado señalaron en un informe que la presidenta Dilma Rousseff  había incurrido en irregularidades administrativas que podrían costarle el cargo. Desafortunadamente, la reacción de la jefa de Estado brasileño no fue la mejor y decidió responder a las acusaciones alegando que ciertos sectores trataban de darle un golpe como el ejecutado contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo, sin entender que se trata de una investigación constitucional por irregularidades cometidas, tal como ocurrió en Paraguay.

Tal vez el caso más emblemático es el de Colombia donde el partido de gobierno del presidente Santos y el Partido Liberal (como uno de los principales aliados del mandatario) conminaron al jefe de Estado para que exija al vicepresidente Germán Vargas Lleras que deje de realizar acciones oficiales en las que de forma indirecta trata de beneficiar a su tolda política. En ese caso se evidencia como impera la noción de Estado (más allá de las diferencias partidistas) que la unión y la absoluta lealtad hacía un gobierno determinado.

En otros países de la región se anhela que la institucionalidad se haga palpable y logre concretarse. En muchos la tarea es difícil, pero en otros como Venezuela están dadas las condiciones para que a partir de enero del próximo año asuma una Asamblea Nacional que si bien no provocará cambios automáticos en la conducción del país, empezará a ejercer una labor de fiscalización y vigilancia que establezca controles al ejecutivo, adelante la transparencia judicial y haga leyes que ayuden a que los cuantiosos ingresos a las arcas del Estado sean transferidos a una población necesitada y que clama por soluciones ante los gigantescos problemas que aquejan a la República.

Luis D. Alvarez V

luis.daniel.alvarez.v@gmail.com

@luisdalvarezva

Venezuela

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JESÚS GONZÁLEZ BRICEÑO, EL POSIBLE ACUERDO DE PAZ ENTRE EL PRESIDENTE SANTOS Y LAS FARC-EP: ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA, CON GRAVES REPERCUSIONES EN VENEZUELA?

Como dice el experto y estudioso colombiano  David Baracaldo  Orjuela,  en “ La Mala Suerte  de los diez intentos  de solución de  paz  que ha tenido Colombia” ( KIENYKE, febrero, 2014),  no se ha podido recomponer este maleficio de la pugna de sus dirigentes y su población,  desde antes del asesinato de Gaitán en 1948, El Bogotazo del  9 de abril , que no han traído  paz ni tranquilidad a esta nación hermana. Posteriormente el dictador  Rojas Pinilla,  y antes  Laureano Gómez, no pudieron lograrla. El   Frente Nacional, 1958-74, conservadores y liberales irreconciliables. López Michelsen,  seguidamente,  y Turbay Ayala, Belisario Betancourt, 1982, y Virgilio Barco y  César Gaviria  que  desmovilizó EL M-19, y el Movimiento Quintín Lame,  con resultados parciales positivos. La nueva constitución de 1990-98, dio muy buenas garantías para acabar con las guerrillas pero las modificaciones reglamentarias y los engaños  terminaron  por desvirtuarla. El Plan Colombia tampoco fue una buena solución  de Pastrana, y  el intento  de Cajuan  fortaleció los subversivos y después Uribe, con dos mandatos consecutivos, adoptó  la Paz Democrática con la desmovilización de los  paramilitares, tampoco  consiguieron la anhelada  paz colombiana. Entre tanto fueron creciendo  las bandas criminales, el bandolerismo, el fraccionalismo político,  los  falsos positivos,  nuevos grupos armados y los carteles de drogas que  profundizaron el conflicto interno. Y hoy en día, desde   noviembre del 2012, Santos busca de nuevo la reconciliación con las  guerrillas  y comunistas de un conflicto originado desde 1946. Antes las hubo con miles de muertos y desplazados.

Así se firmó entre las FARC-EP y el presidente Santos,  EL Acuerdo General  para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Duradera, con   Cuba y Noruega como garantes, diálogo iniciado en Oslo y transferido a  la Habana, Cuba,  y los gobiernos de Venezuela y Chile como  acompañantes, por decisión mutua de acabar definitivamente con el conflicto armado, el flagelo de Colombia, firmado el  20 de agosto de 2012.

Los puntos centrales de la agenda de las conversaciones de paz  realizadas en  Oslo, Noruega,  y La Habana, comprende los siguientes puntos con diferentes y complejos subtítulos,  a saber:   el Desarrollo Agrario Integral, Participación Política,  Fin del Conflicto,   Solución al Problema de las Drogas   Ilícitas,   Víctimas;  Implementación, Verificación y Refrendación, y  Las  Reglas de Funcionamiento.

Por ahora no vamos a evaluar  en detalle, lo que se ha  acordado hasta hoy,   entre ambas partes, pero si es  válido destacar que ninguno de los cinco puntos primeros puntos  de la agenda han sido  discutidos totalmente y quedan puntos congelados o pendientes para negociar en la mesa de las conversaciones  en forma continuada, aun cuando el  presidente Santos había anunciado  concluir este proceso de conversaciones para fines del  2014,pero no fue así y se prolongaron por decisión  en forma consensuada con las FARC-EP.

Lo que llama la atención es que sin haber concluido la agenda de los cinco puntos anteriores, cada uno con diversos  y trascendentales aspectos temáticos, de forma imprevista, el presidente  Santos,  el miércoles 23 de septiembre, anuncia  en La Habana, el acuerdo logrado con las FARC para poner Fin al Conflicto, el   23 de marzo del próximo año, y un  Comunicado  Conjunto  Nº 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para La Paz         que contiene a grandes rasgos  los  acuerdos logrados hasta el presente:

 1. Reafirmación  de los compromisos en los acuerdos logrados hasta la fecha, sobre  reforma Agraria Integral, Participación Política: “Apertura  Democrática para Construir la Paz,” y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

2. Reafirmación del compromiso  de justicia  que satisfaga los derechos  de las víctimas,  con reparación, justicia  y  no repetición de los eventos criminales para los millones de afectados...

3.Creación de una  Jurisdicción Especial  para la Paz  constituida por Salas de Justicia  y Tribunal de Paz  para acabar con la impunidad que   abarque a todos los responsables, incluyendo a las FARC-EP  y los agentes de seguridad  del estado, en  casos muy graves y representativos para  satisfacer los derechos de las víctimas. Para los delitos calificados como muy graves se establecen tres procedimientos para los que reconozcan la verdad y responsabilidad  con una sanción tendrá un mínimo de cinco y un máximo de 8 años con restricciones de libertad especiales,  con labores de reparación y resocialización; para los que la reconozcan tardíamente    serán sancionados  de cinco a 8 años  en condiciones ordinarias  ;  y para  los que no  reconozcan su responsabilidad   y resulten   culpables,  serán condenados con penas hasta   20 años.

4.Terminación de  las hostilidades, de acuerdo al DIH, El estado otorgará la amnistía  MÁS ÁMPLIA para delitos políticos y conexos, con la salvedad  de los crímenes tipificados  de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, tortura, desaparición y desplazamiento forzados,  ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

5.La participaran de las FARC-EP en el    sistema integral de Justicia Especial estará sujeta a la  DEJACIÓN DE LAS ARMAS  que comenzará a más tardar a los 60 días del Acuerdo Final y  podrá  convertirse en un movimiento político, criterio compartido por ambas partes.

Para comprender el alcance y significado de estos acuerdos del comunicado conjunto FARC-EP Gobierno de Colombia del 23  de septiembre reciente,  es necesario analizar el  documento LA PAZ DE TODOS , FARC-EP,  1964-2015,  Línea del tiempo del Proceso de  Paz,  en que la agrupación guerrillera explica detalladamente todo este proceso de negociación con  el gobierno colombiano, sus argumentos y posición sobre los puntos de la agenda convenida,  en  el  siguiente Índice:

-Presentación. ¿Por qué dialogar con Santos? Un vistazo general al proceso. Acuerdo y salvedades resultantes  del primer punto de la agenda. Acuerdo y salvedades resultantes  del segundo punto de la agenda. El cuarto punto de La Agenda, acuerdo parcial  y salvedades.  Lo que resta del proceso-

Para concluir  cabalmente lo acordado y las salvedades,    puntos  o aspectos que han sido diferidos  para una discusión posterior, es necesario analizar con mucho detenimiento  tanto el Comunicado Conjunto N0 60 del 23/9/2015, en el que se menciona los acuerdos hasta ahora logrados, y el  arriba mencionado  documento de las FARC-EP, 1964-2015.

Sobre ambos documentos posteriormente  haré un resumen lógico y significativo de lo acordado y pendiente de discusiones posteriores, pero resulta  pertinente adelantar que  lo hasta ahora discutido y convenido, es sumamente complejo y difícil de aceptar por parte de los negociadores colombiano al platearse cuestiones  controversiales sobre las zonas de reservas campesinas, y su empoderamiento, el significado de “ la Apertura Democrática”, la drogas lícitas, la dejación de las armas (¿ entrega ?, los tratados de libre comercio de Colombia, la  realización de una Constituyente, y la aplicación de las sanciones por delitos  de lesa humanidad. Son temas muy álgidos y complejos que aparentemente ya han sido  aceptados por  los negociadores  gubernamentales. Pero no se menciona absolutamente nada sobre  la ocupación de  las fronteras venezolanas de parte de las guerrillas, la  explotación ilegal de nuestros recursos, el narcotráfico, extracción de alimentos e insumos,  hostigamiento a nuestros indígenas etc. que constituyen un grave problema para ambos países. Cabría preguntarse,  en caso de aprobarse  o no, un acuerdo definitivo de paz entre ambos bandos y otros grupos guerrilleros, paramilitares, y  el bandolerismo difuso y profuso, si ¿ ELLO SIGNIFICARÁ  UN NUEVO FRAUDE DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, FRACCIONAMIENTO DE COLOMBIA Y SUS CONSECUENCIAS SEGURAS EN NUESTRO PAÍS A MERCED DE LAS GUERRILLAS Y LA CONNIVENCIA O PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS POR RAZONES PRAGMÁTICAS,  IDEOLÓGICAS  O  EN  DEFENSA  DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA? La persecución contra el expresidente Uribe, sus familiares y partidarios, es una señal inequívoca de que el proceso es discriminatorio. En entregas posteriores trataremos estos asuntos  pendientes. Y las ambigüedades o dudas existentes y, por supuesto la repercusión segura del proceso de paz en nuestro país.

Jesús Rafael González Briceño

jesusrafael768@gmail.com

@jesusgonzalezbr

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JULIO CESAR MORENO LEON, COLOMBIA, CUANDO EL ESTADO SE RINDE

En el acto realizado en la Habana el día 24 de septiembre, con ocasión de la firma de los acuerdos que suscribieron el gobierno colombiano y las FARC, el Presidente Santos definió a la guerrilla y al Estado como “adversarios que ahora marchan juntos hacia la paz. Y el día  30 afirmó, en declaraciones concedidas a Stephen Adler de la agencia Reuter que “no se puede castigar a  los guerrilleros responsables de los crímenes de guerra tan severamente, como algunos pretenden, si el país quiere un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha causado 250.000 muertes”.

En esas declaraciones el primer mandatario colombiano justifica “sacrificar algo de justicia, como un precio razonable, porque la alternativa es seguir con 30 años más de guerra”. Dijo además que sólo un pequeño sector de la sociedad se opone a los acuerdos, y que está absolutamente convencido del compromiso de las FARC con la paz.

Estos pronunciamientos han encontrado el más amplio respaldo de los gobiernos, y de los poderes internacionales. El Presidente Obama, en medio de expresiones de optimismo, comprometió el apoyo de Estados Unidos a la etapa del posconflicto.  El Secretario de Estado John Kerry anunció la necesidad de ir más allá del combate contra la criminalidad y el narcotráfico. Y junto a Santos, en Nueva York, declaró el 2 de octubre a favor de la sustitución de los cultivos de coca, y planteó la necesidad de llevar adelante planes que permitan la reconstrucción del tejido social. En esa misma oportunidad el mandatario colombiano aseguro que “los guerrilleros que hoy  protegen carteles y cultivos de coca cambiarán de bando”.

El Secretario General de Naciones Unidas manifestó  su complacencia por el encuentro de la Habana entre Santos y Timochenko, y agradeció personalmente a Raúl Castro el aporte dado a las negociaciones. La OEA, ALBA,UNASUR, CELAC, UNION EUROPEA, así como las cancillerías de prácticamente todos los países han apoyado sin reservas las iniciativas llevadas adelante. El Papa Francisco durante la misa celebrada en la plaza de la revolución cubana, llamó a no permitir otro fracaso y confesó a los periodistas que le acompañaron en su gira por la isla que ha intervenido activamente estimulando el desarrollo de los complejos debates.

Sin embargo, a pesar de los importantes factores que concurren a apoyar los términos pactados para desmontar la confrontación armada, sectores significativos de la sociedad colombiana han condenado lo que consideran la rendición del Estado ante el chantaje armado de un grupo criminal que hasta el último momento continuó ejecutando sus abominables actos terroristas, y no parece dispuesto a arrepentirse de ellos.

 La Defensoría  del Pueblo contabilizó de mayo a junio de este año, mientras se realizaban las reuniones en la capital cubana, la comisión de 64 actos criminales materializados en ataques a infraestructura eléctrica y a  oleoductos que dejaron sin agua y sin luz a cientos de miles de personas, causaron graves daños al medio ambiente y  ocasionaron millonarias pérdidas económicas y de infraestructura. En esas acciones fueron asesinados  9 policías, se interceptaron y atacaron con explosivos a vehículos particulares, ambulancias y transportes colectivos que circulaban en las carreteras, se interceptaron camiones cargados con crudo, se derramó su contenido en las vías por donde circulaban estos transportes, y se continuó el reclutamiento forzado de adolescentes.  

Los críticos del proceso de paz indican, entre  otros cuestionamientos, que ninguno de los lideres de las FARC ha admitido su condición de victimarios. Iván Márquez uno de sus principales cabecillas sobre quien pesan una sentencia de 40 años de cárcel, 117 órdenes de captura por secuestros,  rebelión, homicidio agravado y desapariciones forzadas ha señalado que no hay víctimas de las FARC sino  “victimas del conflicto”.

 Márquez, por cierto, aparece ante los ojos del Departamento de Estado como  peligroso capo de la droga, a quien se le atribuye ser el encargado de supervisar la carga de aviones que transportan cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, a cambio de dinero y armas de guerra como parte de pago.

Recientemente Timochenko declaró a Piedad Córdova en entrevista realizada a través de TELESUR, que no pide perdón por sus delitos, y confesó con toda naturalidad ante las cámaras de televisión que se preparaba un plan para matar a Santos el 4 de noviembre de 2011 “pero que Alfonso Cano ordenó suspender el atentado por los acuerdos de paz”.  En ese mismo programa, el comandante de las FARC pone en evidencia las secretas y turbias relaciones de Santos y Chávez en su trato con las guerrillas refugiadas y protegidas detrás de la frontera venezolana. Dice que la  primera de  tres reuniones que  tuvo con Chávez ocurrió en Miraflores, luego de la muerte de Alfonso Cano. Timochenko, entonces recién designado jefe del grupo armado,  acudió a esa cita propuesta por Santos, para coordinar el traslado a sitio seguro del guerrillero Mauricio Jaramillo.

“Santos le pide a Chávez que hable conmigo, tras la muerte de Alfonso Cano, buscando  garantías para movilizar a Mauricio Jaramillo de un lugar cercado por el ejército”, reveló Timochenko en el programa de TELESUR moderado por Piedad Córdoba. De esa manera, el hoy máximo jefe de la guerrilla reconoce públicamente lo que Uribe denunció en la OEA al final de su mandato, la existencia de campamentos terroristas en suelo venezolano. Campamentos en los que, con la protección de nuestro ejército y el visto bueno del gobierno colombiano, se garantizó  la seguridad de los narco subversivos mientras se cocinaba la salida al conflicto armado. Entre tanto la FARC continuó,  y  continúa utilizando nuestro territorio para el tráfico de drogas y otras acciones delictivas en abierta violación de nuestra soberanía.

Mientras el gobierno de Colombia, sus aliados internacionales y la FARC manifiestan su confianza en  el camino emprendido, importantes sectores políticos y sociales advierten sobre la terrible consecuencia que traería la decisión de pagar con impunidad la desmovilización de la guerrilla. Este es sin duda el punto más conflictivo que  enturbia el horizonte.

Uno de los aspectos más cuestionados es la llamada “justicia transicional”. Según el ex magistrado  de la Corte Constitucional Nilson Pinilla “no se pueden crear tribunales de juzgamiento después de ocurridos los hechos materia de investigación, porque violarían acuerdos internacionales y principios fundamentales del Derecho”. Y sobre la designación de estos tribunales, se advierte que sus integrantes  serán escogidos mediante acuerdo del gobierno y las FARC. Es decir, los criminales tendrán la potestad de participar en la escogencia de sus jueces.

Además, el anuncio de la “amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos” planteada en el documento dado a conocer luego de la reunión Santos Timochenko,  deja abierta la posibilidad de considerar delitos conexos perdonables el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, por ser éstas las actividades utilizadas como medios para financiar la guerrilla.

Otro de los temas controversiales es el relacionado con las sentencias a ser aplicadas por los tribunales especiales. El documento de la Habana menciona penas entre 5 a 8 años para quienes reconozcan los crímenes cometidos. El Procurador Alejandro Ordóñez en desacuerdo con tal propuesta ha declarado que “las penas deben ser proporcionales al crimen y a las condiciones personales de los responsables”, y ha señalado que el texto suscrito es ambiguo en lo que se  refiere a la restricción efectiva de la libertad, por lo que graves delitos pueden terminar sancionados simplemente con la prohibición de salida del país, o la realización de trabajos comunitarios. 

Por su parte la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda advirtió a las autoridades colombianas, que las penas que se apliquen “no pueden ser simbólicas o inexistentes”.

En lo que algunos analistas han considerado “un campanazo” al proceso de paz, la fiscal Bensouda ha informado a las instituciones neogranadinas que “una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los hechos cometidos y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aún en el caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”. En estos casos, advierte, la Corte Penal Internacional se activaría “si no se aplica la justicia en un país frente a graves violaciones del derecho internacional”.

 Vistos los hechos, pareciera que en el delicado y complejo proceso que comienza a transitar Colombia lejos de promoverse consensos, por el contrario se profundizan  graves desencuentros entre las instituciones y partidos que actúan en la vida democrática. Mientras que a nivel internacional no serán pocas las voces dispuestas a oponerse al perdón que se pretende otorgar a los líderes de la FARC.

 Con suficientes razones los críticos de Juan Manuel Santos le acusan de haber detenido la derrota progresiva que la narco guerrilla venía sufriendo bajo los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las victorias logradas por el ejército a partir de 2002 y hasta el 2010,  acompañadas por el amplio respaldo de la opinión pública, devolvieron la seguridad a la ciudadanía, redujeron la violencia, y colocaron a la defensiva a todas las  organizaciones alzadas en armas.  Sin duda, a partir de entonces el Estado derrotaba a la insurrección  y le conducía a una rendición inevitable. La exitosa política de seguridad democrática convirtió a Álvaro Uribe en el líder de mayor respaldo popular de  Colombia en las últimas décadas. Gracias a él comienza a cambiar positivamente la violenta historia del  país, y sobre esa plataforma su Delfín Juan Manuel Santos logró la Presidencia de la República.

Hoy, las encuestas de opinión ponen de manifiesto algunos elementos que reflejan los sentimientos de la ciudadanía en relación con los términos en los que deberá concretarse  la anhelada paz y la desmovilización de las guerrillas. Son datos sobre los cuales gravitará el rechazo o el respaldo a las medidas que finalmente se decidan implementar. El 24 de septiembre fueron dados a conocer los resultados de la medición realizadas por la empresa DATEXCO contratada por el diario ELTIEMPO, en la que el 63,2 por ciento es contrario a que los involucrados en delitos de lesa humanidad, reciban penas tan sólo de 5 a 8 años a cambio de verdad y reparación, mientras el 69 por ciento no cree que los acuerdos suscritos garanticen la justicia ni la reparación de las víctimas.

 Esos indicadores señalan claramente que la opinión pública no aprueba cambiar impunidad por paz. Por lo tanto, está por verse de que manera el gobierno de Juan Manuel Santos será capaz de lograr un consenso suficientemente amplio en los sectores democráticos del país que le de piso estable a los acuerdos. O si, por el contrario impondrá los pactos de la Habana, suscritos bajo el amparo de la dictadura castrista y la complacencia del señor Obama. Pactos que implican la rendición del Estado  y la victoria política de los responsables fundamentales  de la tragedia colombiana.

Julio Cesar Moreno Leon

juliocesarmorenoleon6@gmail.com

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CARLOS E. AGUILERA A., LAS FARC Y SU CONCUBINATO CON EL CHAVISMO

 “Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos […] que ocupan espacio en Colombia, por lo que mi gobierno reconoce a esos grupos como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”  Hugo Chávez

Un día después de la liberación de Clara Rojas y de Consuelo González Perdomo, en julio del año 2008, el extinto presidente, Hugo Chávez, exigió a los países del continente y a Europa que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no sean más calificados como "terroristas" sino como "fuerzas insurgentes".

La solicitud de Chávez abrió una nueva polémica con el gobierno colombiano, que a pesar de haber agradecido al mandatario venezolano su papel en la liberación de los rehenes, afirmó que "por ningún motivo" aceptaba la posibilidad de que se le levante a las FARC el calificativo de "grupo terrorista".

"Señor presidente de Colombia [Álvaro Uribe], quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas", afirmó Chávez en un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional, en el que agregó: "Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos [...] que ocupan espacio en Colombia, destacó, por lo que su gobierno reconoce a esos grupos "como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado" y que la calificación de terroristas se debe a "la presión de Estados Unidos".

Esta aproximación ideológica, que lo podríamos calificar como un vulgar concubinato político entre las FARC y el régimen chavista, se había hecho latente desde el mismo momento cuando el entonces Ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, quien había coordinado el rescate del grupo de rehenes, saludó con voz entrecortada por la emoción a los guerrilleros colombianos, con una frase que quedó impregnada en la mente de los venezolanos: “Que tal camaradas, suerte y éxitos”.

Rodríguez Chacín, es un capitán de navío retirado y fue estrecho colaborador de Hugo Chávez desde los tiempos en que el extinto encabezó, siendo teniente coronel del Ejército, un fallido golpe, en 1992. Durante su carrera militar, Rodríguez Chacín se desempeñó en el área de inteligencia. A pocos días de la liberación de los rehenes colombianos renunció al cargo y al ser preguntado sobre su nuevo destino, dijo que "un revolucionario no es revolucionario temporalmente, lo es siempre. "Yo sigo a la orden y al servicio de este proceso. Voy ahora donde me mande la revolución".

Pero la revolución no lo mandó para otro cargo en el gobierno de Chávez ni en el de Maduro, sino a su bien acondicionada hacienda en los predios llaneros de Barinas, en donde según vecinos y moradores del lugar, suele celebrar periódicas reuniones con altos jerarcas de la guerrilla colombiana, entre otros, el máximo comandante de las FARC, Timoleón Jimenez alias ‘Timochenko’, quien al parecer habita en dicha propiedad y desde donde se habría trasladado hasta una pista en el vecino estado Apure, para tomar el avión de la empresa estatal PDVSA que los llevaría hasta la Habana, a  la reunión por la paz que acordó las FARC con el gobierno de Colombia.

Cabe recordar que durante los últimos años, Rodríguez Chacín se desempeñó como enlace del gobierno venezolano con los grupos insurgentes colombianos y que también fue uno de los promotores de un polémico decreto-ley de inteligencia y contrainteligencia, que obligaba a la población a actuar como informante de los cuerpos de seguridad, el cual Chávez derogó, pocos días después de sancionarla, argumentando que violaba la Constitución.

La relación o aproximación que ya era evidente entre las FARC y el gobierno venezolano, causaba encendidos comentarios en el seno de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo confusión, por lo que a las primeras de cambio aquellas palabras que condenaban las pretensiones del gobierno -de acuerdo a como lo manifestó en su momento Baduel- de usurpar un modelo socialista y convertir a Venezuela en un capitalismo de Estado, sirvieran para que se especulara que su salida del despacho de Defensa, obedecía a su disgusto con el poder ejecutivo de imponer en los cuarteles el lema: “Patria, socialismo o muerte”

Este cronista autor de la columna “Toque de Diana” que por espacio de 37 años mantuvo estrecha relación con el mundo castrense, logró conocer de fuente fidedigna en aquel momento, que el principal detonante de estas diferencias entre Chávez y Baduel, viejos compañeros de armas que juraron ante el Samán de Güere, se debía la negativa del Presidente de la República a enfrentar el problema de la violencia fronteriza, que era propiciada por la guerrilla colombiana de las FARC. Ello se pudo comprobar días después por declaraciones de Baduel publicadas en el diario El Tiempo de Bogotá, en las que siendo aún ministro de la Defensa expresaba tácitamente: “Las fuerzas militares de Venezuela no son proclives a las FARC”.

Sin embargo, la presencia de guerrilleros de las FARC y del ELN en Venezuela es de vieja data, con el agravante de que en los últimos años desde que detenta el poder el llamado socialismo bolivariano y marxista, estos ocupan extensas zonas de los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Cabe significar que las FARC llegaron a tener en la década 2000-2010, más de 7o personas para canjearlas, cifra que se ha ido reduciendo por posteriores liberaciones, fallecimientos,  asesinatos y fugas hasta los actuales momentos.

En el año 2002 la guerrilla colombiana elaboró una lista de “canjeables” de aproximadamente 60 personas, en las que figuraban seis congresistas, doce diputados regionales, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara Rojas, tres estadounidenses y decenas de soldados y policías, pero el canje no llego a producirse.

Cinco años después, en el 2007, hubo un intento de mediación por parte del extinto Hugo Chávez, que fue cancelado por el presidente Álvaro Uribe en noviembre, pero los guerrilleros como gesto de “desagravio” hacia Chávez, liberaron a dos rehenes en el año 2008. Es a partir de entonces cuando se comenzaron a realizar nuevas mediaciones hasta el año 2010, cuando anunciaron la liberación de otros cinco secuestrados, como gesto de desagravio, en esta ocasión, hacia Piedad Córdoba, destituía de su cargo de Senadora, quien por cierto suele visitar Venezuela con mucha frecuencia, y para cuyo fin el gobierno venezolano le facilita aviones de PDVSA y del Ministerio del Interior, amén de una tarjeta de crédito de monto ilimitado.

En la "operación Jaque" (2008) fueron rescatados Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once militares y policías, y la "operación Camaleón" (2010) devolvió la libertad al general de la Policía Luis Mendieta y tres uniformados más.

En las zonas fronterizas, la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano es virtualmente notoria, y así lo han denunciado por años comerciantes y empresarios a quienes amenazan  si se niegan a pagar las denominadas vacunas de protección. Un mal que parece no tener fin, por la poca importancia que el régimen le asigna a esta situación que cada día tiende a empeorar, al extremo de que hasta poseen una emisora “Antorcha Estéreo”,  que a juicio de los tachirenses, constituye una prueba más de que los guerrilleros hacen lo que quieren en nuestro país.

Acordados los términos de la paz firmada entre las FARC y el gobierno colombiano, el presidente Santos afirmó que los subversivos no serán extraditados a EE.UU., y podrán aspirar a cargos públicos en Colombia, como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno y que al completarse el proceso de dichas negociaciones, en marzo del 2016, cualquier guerrillero podría optar por un cargo público, al argumentar que el proceso busca que dejen las armas y continúen su lucha por la vía legal. Incluso, aseguró que el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con quien logró el acuerdo tras llevarse a cabo intensas negociaciones en Cuba, donde aún continúan, podría aspirar a la presidencia.

¿Y qué garantía tenemos los venezolanos de que una vez firmada la paz, la guerrilla colombiana no siga usurpando nuestra soberanía y deje de hacer de las suyas, ante la complaciente mirada de un régimen que detrás de bambalinas, la apoya abiertamente, por haber sido reconocida por Chávez como “una fuerza insurgente que tiene un proyecto político, que tiene un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”?

Carlos E. Aguilera A.,

careduagui@yahoo.com

@_toquedediana

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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BEATRIZ DE MAJO, LA MERIENDA ANTES DEL RECREO, COLOMBIA EN CÁPSULAS

Los triunfalismos en torno al proceso de paz de Colombia están de más en esta hora y punto. Todavía le queda mucho por remar al actual Presidente de la nación neogranadina antes de cantar “victoria” y él lo sabe mejor que nadie. 

Le dijo Santos a Christiane Amanpour de CNN que la hora de las aplausos todavía no había llegado y, sin embargo, en las declaraciones oficiales sobre el proceso lo que se transmite es que no hay vuelta atrás y que la cuenta regresiva ya comenzó. Ojala así sea, pero la confianza no es algo que se compre en botica. La realidad es que todos estos se están comiendo la merienda antes que llegue la hora del recreo.

Haría falta que lo mismo pensara quien se sienta del otro lado de la mesa negociadora y que actuara en consecuencia. Que el tronar de sus fusiles se detenga de inmediato y que ni una sola vida colombiana más caiga. Cuando hayan pasado semanas y una verdadera disposición a detener los ataque a humanos y a la infraestructura de Colombia se haga material, cuando no se derrame una sola lagrima más por un caído por el fuego de las FARC, ni se use un peso más de fuentes públicas o privadas en reparar los destrozos, podremos reactivar la confianza en el accionar guerrrillero.

Aun en el terreno de lo legal e institucional quedan por superar muchos escollos por las modificaciones al entramado jurídico colombiano que deben tener lugar para que la “justicia transcicional” vea la luz. El tema es harto complicado y tiene de cabeza a los juristas del país vecino de manera de producir textos que le den cabida al conjunto de penas retributivas que serán aplicadas dentro de un nuevo esquema ad-hoc de justicia. Opinarán tirios y troyanos, además de cuanto articulista y editorialista desee hacer un aporte. El gobierno atacará frontalmente a todo aquel que se muestre en contra del nuevo ordenamiento.  El Procurador Genera tendrá una palabra vital que decir porque a él le corresponde defender constitucionalmente y hasta la muerte los derechos de los agraviados y de la población en general.

Queda también por dirimir el género de participación política que se concederá a los criminales y es natural pensar que no será cómodo otorgarle derechos políticos sin cortapisas a quienes no han tenido más doctrina que el crimen en contra de la población de a pie para acceder al poder, y ninguna otra forma de financiarse que el asqueroso negocio de la droga. Decir, como los negociadores lo han hecho, que las FARC se involucrarán en la batalla contra el flagelo del narcotráfico, es un comentario falaz y pueril y un engaño inaceptable. Más bien toca anticipar que ese es otro de los temas que se les endosarán por entero a los vecinos venezolanos.

Los recursos financieros que será preciso recabar para hacerle frente a la reparación y a todas las tareas envueltas en la instrumentación de los acuerdos de paz aún no están cuantificados, pero alguien con cerebro matemático ya ha adelantado una cifra que puede alcanzar a más de un punto del PIB colombiano. Habrá que argumentar mucho para conseguirlos de fuentes internacionales y será preciso contar igualmente con la aquiescencia de los ciudadanos para el endeudamiento y su repago con el dinero de los contribuyentes.

Así pues, el más de medio siglo de guerra se habrá terminado cuando todas las tareas anteriores hayan cogido impulso y buena parte del país las abrace. Sí están los colombianos en este momento y gracias a Juan Manuel Santos más cerca que nunca de la paz que anhelan, no hay duda,  pero no es aun hora de abrir la lonchera.

Beatriz De Majo

bdemajo@gmail.com

@beatrizdemajo

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DARIO ACEVEDO CARMONA, EL GOLPE DE ESTADO Y LA TRANSICIÓN, DESDE COLOMBIA

Para entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder en los próximos meses y años es indispensable echarle una mirada a la conferencia pronunciada por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, pronunciada en mayo de 2013 en la Universidad Externado.

Desde su propio título “La transición en Colombia”, que resume la concepción, el método y los pasos a dar durante las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y el “posconflicto”, queda abierto el espacio a la incertidumbre y a la duda.

Según el Alto Comisionado, se dieron cinco pasos para aclimatar la negociación: 1. Reconocimiento  de la existencia de “un conflicto armado interno”. 2. Expedición de la Ley de Víctimas, que ubicó el centro de la reparación de millones de víctimas en el Estado. 3. Creación de “un entorno internacional favorable” desde el que se justificó la presencia de Venezuela como garante y a Cuba como sede de los diálogos. 4. Creación de un espacio legal para la aplicación de la Justicia Transicional y 5. “Armar un proceso metódico para llegar a la paz” pues la terminación del conflicto dará lugar a “a una fase de construcción de paz, es decir a una fase de transición.” Ya que “Una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de la paz”.

Desde el comienzo, pues, la filosofía gubernamental para la negociación entregó, sin ni siquiera un cese unilateral del fuego como contrapartida, una serie de posiciones de gran trascendencia: estatus de igualdad, reconocimiento de un conflicto armado, países amigos de las guerrillas, una ley marco previa a acuerdos que les permitió, sin discusión, saber hasta dónde podría ser laxo el gobierno, y, la adopción de la idea determinista y mecanicista, pregonada por las guerrillas, que explica “el alzamiento armado” como consecuencia de injusticias sociales y de la exclusión política, que deben ser enmendadas a través de reformas profundas (hay que “refundar el Estado” dijo Timochenko). Y como esas reformas se toman su tiempo, la paz, solo podrá ser tal, cuando hayan tenido resultados positivos. Eso es factible en un marco temporal al que nuestro generoso filósofo, denominó “la transición”.

Todos los acuerdos firmados hasta ahora y los que han quedado pendientes para ser abordados por el “congresito” o “comisión legislativa”, se corresponden con la Agenda de cinco puntos que se firmó con las FARC. El gobierno pretendió, inútilmente, convencernos de que en ese temario no cabrían asuntos de la Agenda Nacional ni cambios a la Constitución Nacional. Los hechos son tozudos y nos demuestran que mientras el Presidente y sus negociadores  se desgañitan aclarando que nada extraordinario ni anómalo se va a firmar, lo cierto del caso es que sí se está procediendo desde una lógica peligrosa que va en contra de la institucionalidad y de la sistemática expresión mayoritaria de los colombianos.

De manera que, la filosofía de la negociación se desveló como una filosofía de la concesión, del entreguismo y de la complacencia con las guerrillas, a partir del hecho discursivo más trascendental y arriesgado de todo el proceso: igualarnos con una guerrilla a punto de ser derrotada que no representa los intereses de ningún sector de la sociedad, y, otorgarle legitimidad, razón moral y validez al discurso guerrillero de las “causas objetivas” y por ende a que el Estado “pague la deuda social” con el agro , como si las guerrillas fuesen la voz del campesinado.

El pueblo colombiano, pues, según Jaramillo, está pagando una culpa, nos merecemos la suerte que corremos y hay que estar dispuestos a hacer sacrificios inenarrables para darles gusto a las guerrillas y poder convivir en paz. Es lo que se desprende de considerar que su lucha armada, con sus crímenes atroces, ha tenido y tiene razón de ser.

La noción de transición, se refiere a un periodo de tiempo -“10 años”- cedido, regalado, es decir, una década bajo el ojo escrutador de los jefes de las guerrillas ocupando puestos en el Congreso, movilizando las masas, estimulando las protestas sociales y exigiéndole a la “oligarquía” el cumplimiento de los acuerdos y que la transición se extienda otros 10 años.

Pero, el aspecto más inquietante de esta filosofía es el espíritu golpista que subyace en la idea de la “excepcionalidad”. Según esta perturbadora noción “Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad”. Y, ¡OJO!: “Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas… que trabajen intensamente en el terreno para lograr las metas de la transición”. Aquí está pues, el núcleo de una filosofía golpista que hace trizas nuestro ordenamiento legal, que arrasa con la convivencia alcanzada por las más importantes fuerzas políticas y sociales del país y que ofrece la Constitución como postre.

Abran sus ojos señores empresarios, tomen nota dirigentes de los partidos que aún sienten algo de estima por lo que nos rige y recapacite el alto clero que traga sapos sin vomitarlos. No es cosa nimia decir que no se puede “reversar el conflicto funcionando en la normalidad”. ¿Acaso no es clara la relación directa y estrecha entre este esperpento inconstitucional y el proyecto de ley que otorgaría poderes excepcionales al presidente Santos?

Diez años funcionando en la “excepcionalidad”, con “instituciones nuevas” y “recursos extraordinarios” y “medidas jurídicas” ¿no es la manera taimada de esconder que la Constitución de Colombia va a ser sustituida? ¿No es el “Congresito” o “Comisión Legislativa” una institución “nueva” que suplanta al lento y dudoso Congreso de la República que “trabajará intensamente” sin trabas ni tropiezos, con mayoría simple en pro de hacer reales los acuerdos de La Habana?

¿No giran los acuerdos de La Habana sobre temas de orden constitucional que dejan bajo la esfera presidencial asuntos cruciales como por ejemplo: cárcel para responsables de delitos atroces, la entrega de armas, reformas a la propiedad agraria, amnistía e indulto a comandantes, reparación a las víctimas de sus crímenes, creación de las mil y una comisiones que enredarán el país en una maraña burocrática, participación y elegibilidad política de los autores de crímenes atroces y otorgamiento de curules en el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales?

A la sombra de esos parámetros es que el Fiscal desliza sus exabruptos jurídicos, los congresistas enmermelados justifican el golpe de estado y el nuevo minDefensa nos asusta con silencios que huelen a cobardía.

Inspirado en la filosofía de la “transición” el proyecto de “poderes especiales” para el Presidente se asemeja a tener un cuchillo en la yugular. Ese poderosísimo instrumento, en manos de un presidente que deshonra la promesa de someter los acuerdos a refrendación popular al afirmar que eso “sería un suicidio”, es una auténtica amenaza contra la democracia.

Si quieren imaginar la situación que nos espera si no hacemos algo por evitar que se produzca este Golpe de Estado en ciernes, no hay que hacer mayor esfuerzo, miremos la caótica y deplorable situación de Venezuela.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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CLAUDIO FERMÍN, LA TRETA DE MADURO

El curso diplomático que Venezuela tomó en 1962, cuando Betancourt reclamó ante Naciones Unidas los límites con Gran Bretaña en el Esequibo, ha ido perdiendo vigor en virtud de la conducta negligente de Chávez y Maduro en los últimos dieciséis años.

Asumieron las tesis de Fidel Castro, quien con amargura ha sostenido que el reclamo de Venezuela es una acción imperialista contra un pequeño país.

Chávez, para agradar a su jefe y para dárselas de líder de naciones caribeñas cercanas a Guyana, fue permisivo y el país vecino desarrolló actividades económicas en la región esequiba hasta llegar a lo de hoy, cuando desconocen el reclamo venezolano.

Dado que la altanería guyanesa era ya de conocimiento general, poniendo en evidencia el abandono de nuestras fronteras y el entreguismo de una clase política que prefirió hacerle carantoñas al régimen cubano y al brasileño Lula, factores que torpedean el reclamo venezolano del Esequibo, Maduro intentó mostrarse como nacionalista.

Insultó a las autoridades guyanesas. Alardeó. Encadenó televisoras y radios para venderse como defensor de la integridad territorial.

Creía que lograría distraernos del penoso desabastecimiento que padecemos, consecuencia de tres lustros de graves errores en la conducción de la economía, el desmantelamiento del aparato productivo y la corrupción. No hay comestibles. No hay cauchos ni repuestos para automóviles. No hay medicinas. No hay ni real en los cajeros.

Maduro y sus ministros, asiduos visitantes a Cuba, fueron frenados. Había que dejar de fastidiar a Guyana porque eso contrariaba la tesis de Castro y creaba antipatías a Cuba en los gobiernos caribeños miembros de la Commonwealth británica.

No se les ocurrió otra cosa que mirar hacia la otra frontera. Tenían que inventar algo lo suficientemente dramático para desviar la atención de las decenas de asesinatos semanales que ocurren en el país. Algo que amainara los reclamos que millones de amas de casa y vecinos hacen en las colas. Colas para el aceite, para la harina, para la leche. Colas para todo.

Y así fue como empezó la expulsión, maltrato y violación de Derechos Humanos de miles de colombianos inocentes que ahora son acusados de ser culpables del desabastecimiento, de la delincuencia y de todo cuanto el cogollo chavista ha sido incapaz de resolver.

Claudio Fermin

claudioefm@gmail.com

@claudioefermin

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GIOCONDA SAN BLAS, HIJOS DE LA PATRIA

La imagen no me abandona, me asalta una y otra vez como una de las representaciones más vergonzosas de la infamia. Una joven madre es deportada a Colombia, mientras su bebé de 4 meses queda en este lado de la frontera al cuidado del padre. “Ahora ella y su pareja se encuentran en la mitad del río Táchira para que ella amamante a su bebé. Lo hacen casi a diario, pero en ocasiones deben interrumpir la rutina debido a los cierres de las trochas”, nos cuenta Maolis Castro en un desgarrador reportaje (La frontera a media asta, http://bit.ly/1NH0IwD).  Sujeta al discrecional juicio de los guardias nacionales, la bebita es “hija de la patria” y por lo tanto, no puede seguir a la madre. Hija del estado todopoderoso, pues.

Al momento de escribir estas líneas, la Defensoría colombiana contabiliza más de milniños víctimas de la ruptura familiar, porque padre, madre y hermanos nacidos a uno u otro lado de la frontera han quedado separados. Esto en oposición al art. 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que explícitamente indica que los Estados Partes (Venezuela uno de ellos) velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos. Un principio que la ONU refuerza al insistir en la necesidad de reunificar a los niños y jóvenes separados de su familia.

Según Amnistía Internacional, la Defensoría colombiana ha registrado cientos de quejas de abandono de familiares, maltrato físico y verbal de militares venezolanos, destrucción de viviendas, despojo de pertenencias en los desalojos y retención de documentos. Un claro contraste con las declaraciones del defensor del pueblo a este lado de la frontera, quien dice vigilar la actuación respetuosa de la Guardia Nacional en materia de derechos fundamentales, a pesar de evidencias en contrario. Si de capturar malhechores, paramilitares y guerrilleros se trata, hay fórmulas legales para ello que resguardan a la población inocente.

Pareciera que el régimen se regodea en acciones de asalto militar contra la población civil, amparado en la nocturnidad. Ya en 2003 pudimos ver una primera edición de esa conducta cuando una madrugada, unos 350 efectivos de la Guardia Nacional venezolana y de la policía del estado Falcón tomaron por asalto la urbanización Los Semerucos, arremetiendo contra 100 familias cuyos titulares habían sido expulsados de la nómina de PDVSA aunque conservaban al momento el arriendo de las viviendas.

Más recientemente, las operaciones de liberación del pueblo (OLP) se han caracterizado por el irrespeto a los derechos humanos, allanamientos ilegales, abusos y maltratos. Llamadas por Provea “razzias contra los pobres”, en los 23 operativos del primer mes fueron detenidas 4.021 personas, algunas menores de edad, de las cuales sólo 368 (9%) fueron retenidas por presunción de hechos punibles. Estas tropas de asalto, con la aparente misión de apresar maleantes, usan la discrecionalidad del poder para arremeter contra todo y todos.

En medio de su tristeza por la separación familiar e inexperto en purismos legales sobre derechos humanos, Camilo reflexiona: “Somos desplazados del conflicto armado colombiano. Vinimos hace 25 años a Venezuela en búsqueda de paz, pero ahora atravesamos una de las peores pesadillas de nuestras vidas: somos otra vez desplazados” (http://bit.ly/1KpIlMf).

TUITEANDO

·         El presidente, la canciller y la ministra de asuntos penitenciarios, como parte de una prolífica comitiva, están de paseo por Vietnam y China mientras el primero crea un conflicto humano y político en la frontera con Colombia, que trata de despachar con una cumbia mal bailada; la segunda le dice a su homóloga colombiana que “ya veremos a mi regreso si tengo tiempo para reunirnos” y la tercera no toma nota de los 16 fallecidos y 17 heridos por incendio en la cárcel de Tocuyito. Mayor irresponsabilidad, imposible.

·         En el Tarjetón del 6D hay trampas “caza electores”: no menos de cuatro tarjetas llevan las palabras Unidad o Democrática http://bit.ly/1VuX4XQ. La tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática está ubicada abajo y a la izquierda, a no confundirse.

Gioconda San Blas

gioconda.sanblas@gmail.com

@daVinci1412

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LUIS JOSÉ SEMPRUM, REVELAR LA NACIONALIDAD DE MADURO PARA EVITAR UN CONFLICTO CON COLOMBIA

La manera más sencilla y expedita para desmontar el conflicto que Maduro ha creado entre Colombia y Venezuela es revelando cuál es su verdadera nacionalidad; porque esa información conllevaría a su destitución inmediata, sin disparar un solo tiro.

Nicolás Maduro Moros es “colombiano por nacimiento”; no porque haya nacido en Colombia, sino porque su madre, Teresa de Jesús Moros de Maduro, es de nacionalidad colombiana (cédula de ciudadanía 20.007.077);  y porque él se residenció en territorio colombiano (Cúcuta) durante su juventud.

El artículo 96 de la Constitución Política de Colombia establece que son “colombianos por nacimiento” quienes hayan nacido en territorio colombiano o “los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano” (http://goo.gl/XB9OV9). Más claro imposible.

En el presunto caso de que Maduro haya nacido en territorio venezolano –lo cual no consta porque no ha presentado una partida de nacimiento certificada– también sería venezolano; es decir, poseería doble nacionalidad, lo cual le impide ejercer la Presidencia de República, según lo ordena el artículo 41 de nuestra constitución.

En el acta de su primer matrimonio, llevado a cabo en 1988, Maduro declaró que él había nacido en la parroquia Santa Rosalía; pero en junio de 2013 afirmó públicamente que había nacido en Los Chaguaramos (https://goo.gl/3wzI32). Elías Jaua aseguró que Maduro nació en El Valle; mientras que el gobernador José Vielma Mora dijo que nació en El Palotal, cerca de San Antonio del Táchira. La partida de nacimiento de Maduro no aparece en ninguno de los registros de los cuatro lugares mencionados.

En 1994, para encubrir su verdadera nacionalidad, Maduro mintió ante un funcionario público sobre los orígenes de su propia madre. Declaró en su partida de defunción que ella había nacido en Rubio, cuando en realidad nació en Cúcuta (http://goo.gl/zXRc5Q).

El tema de la nacionalidad de Maduro no ha prosperado en Venezuela, en parte porque los poderes públicos y la mayoría de los medios de comunicación están secuestrados por el oficialismo, y en parte porque algunos dirigentes opositores han declarado que ese tema es irrelevante. Pero si por las razones arriba expuestas, alguna autoridad competente colombiana declara públicamente que Maduro es colombiano, entonces él se verá obligado a presentar pruebas de su nacionalidad o de lo contrario renunciar (o ser destituido).

No se  sabe por qué Maduro se empeña en llevarnos a una guerra con Colombia; unos piensan que para suspender las elecciones parlamentarias, otros creen que por órdenes de Cuba, yo personalmente opino que Maduro sigue órdenes de las FARC (o del narcotráfico, que es lo mismo). Pero no perdamos tiempo averiguando sus motivos. Si logramos su destitución el problema quedará resuelto, para bien de todos los colombianos y los venezolanos.

Luis Jose Semprum

l.semprum@gmail.com

@LuisSemprumH

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ANDRÉS HOYOS, ENSAYO DE GOLPE DE ESTADO, DESDE COLOMBIA

No soy el primero en señarlo, pero lo que pasa en la frontera colombo-venezolana tiene muy poco que ver con los colombianos deportados, cuya cifra escandalosa ya se acerca a los 10.000, víctimas todos de una actitud canalla del gobierno de Maduro.

Estamos, en realidad, ante un ensayo de golpe de Estado.

La cortina de humo es espesa. Es cierto, por ejemplo, que la disparidad demente entre las tasas de cambio, sumada al precio ridículo de la gasolina al otro lado de la frontera hacen que la zona se llene de malandros. ¿Riegan una montaña con alpiste y luego pretenden que no vengan los pájaros a comérselo? La culpa no es de los pájaros, sino de los que riegan el alpiste. La represión, claro, no afecta a estos malandros por la simple razón de que tienen relaciones privilegiadas con la Guardia Nacional venezolana y con el chavismo, cuando no son miembros de ambos. Vaya, entre otras, “paramilitares” esos, que no portan armas y viven el barriadas humildes, como Mi Pequeña Barinas. Han de ser paramilitares idiotas.

Un dato es esencial para entender la situación: según todas las encuestas, el chavismo tiene perdidas, por más de 20 puntos, las elecciones del 6 diciembre. Esto significa que ni siquiera un fraude electoral está al alcance del Gobierno, porque los chocorazos se vuelven inviables cuando hay que “remontar” a las malas más del 5 %, para no hablar del 20 %. Y la derrota que se le viene encima al chavismo es muchísimo más dramática que las que se ven a diario en otros países, pues ellos han justificado todos sus atropellos con la excusa de que son electoralmente invencibles.

Ahora resulta que las torpezas de Maduro no son solo económicas y de modelo de sociedad. En política está metiendo las patas hondo. Si la idea de las deportaciones era captar los votos chovinistas, sucede que esos ya los tiene, mientras que los abusos de la frontera se van a llevar a la gran mayoría de los de la comunidad colombiana, que suma cerca de dos millones de votantes potenciales. Los colombianos con doble nacionalidad serán pobres (en su mayoría), no masoquistas.

Maduro se envalentona con los colombianos de la frontera justamente porque no son unos peligrosos paramilitares, sino gente humilde y desarmada. Por fortuna —y casi no creo que tenga que escribir esto—, hasta Maduro sabe que una aventura bélica sería casi con seguridad un suicidio, de modo que no va a intentarla. Dirán algunos que podría reeditar la colosal repartición de mogolla que funcionó en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. Pero he ahí el dilema: el Gobierno venezolano está quebrado y no tiene mogolla para repartir. Los viejos mecanismos para sobornar al electorado se quedaron sin un real, como dicen allá. De modo que a repartir palo.

En últimas a Maduro no le va a quedar más que tragarse el dragón, porque no es un simple sapo, de un varapalo electoral en diciembre o suspender las elecciones, lo que equivale a dar un golpe de Estado. Aunque esta puede parecer una “solución” tentadora, lo más probable es que acelere el ya casi inevitable fin del régimen.

Como que la jaula con el pajarito que le conversaba don Nicolás se la llevó uno de los deportados para el otro lado del río Táchira. Ahora el pobre grandulón se quedó sin interlocutor y tendrá que conversar con doña Cilia, porque ya ni cumbias le quedan para bailar frente a su menguada audiencia.

Posdata: de la OEA y Unasur hablamos otro día.

Andrés Hoyos

andreshoyos@elmalpensante.com,

@andrewholes

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NELSON BOCARANDA SARDI, RUNRUNES, JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2015

ALTO

¿GUERRA UNIFORMADA?: La primera información -tras el cierre de la frontera con Colombia- que hizo referencia a las posibles causas del atentado contra tres efectivos militares venezolanos en Táchira apareció en la edición del pasado 24 del diario El Nuevo Herald. Allí el periodista Antonio María Delgado apuntaba a que había sido producto de un enfrentamiento entre bandas de contrabandistas militares que tienen años lucrando con negocios que irían desde comida hasta drogas. Hace apenas dos días, en esta columna, mencioné la denuncia del coronel activo (hoy dado de baja) José Raga Garavito referente a que todo el tráfico fronterizo y el resguardo territorial venezolano está en manos de militares y alertaba "mientras no aceptemos nuestra realidad, nuestra corrupción interna, nuestras debilidades... esto se va a convertir en un desastre". Ayer fue el diario español ABC con un reporte de su corresponsal Ludmila Vinogradoff donde, según un informe recibido, se detalla la escala de la tensión fronteriza: "El día 17 de agosto de 2015 una comisión del Ejército integrada por el Teniente (Ej.) Daniel Veloz Santaella y el Teniente (Ej.) Alexis Rodríguez Arias y otros efectivos del Ejército ambos plazas del GAC Vásquez ubicado en San Cristóbal detuvo en las inmediaciones de la alcabala de Peracal una camioneta tripulada por dos efectivos de la GNB. Los funcionarios de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) se identificaron, pero se negaron al registro del vehículo, pidiendo la presencia de un fiscal". Prosigue el reporte dando cuenta que de inmediato alertaron a los jefes de la GNB, el GAC y la REDI Los Andes. "Con la presencia de un fiscal del MP con competencia nacional el vehículo fue abierto, se incautaron drogas y dinero en efectivo en una cantidad cercana a los 47 millones de BsF. y tres millones de dólares, pertenecientes (según la versión de los funcionarios) al comandante regional de ese componente". Dos días después, el 19/8/15 "el Tte. Veloz Santaella, el Tte. Alexis Rodríguez Arias y el Cabo primero Miguel Núñez Martínez son emboscados por un motorizado durante un operativo de inteligencia en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira". Tras ese hecho y con base a un informe presentado por el MG (Ej.) Velasco Lugo, Maduro decretó el cierre de la frontera por 3 días mientras se controlaba la situación de orden público en la zona. Luego "el 21 de agosto a las 8 pm, se decreta un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia de Táchira por un lapso de 60 días con base a un informe de inteligencia presentado por el GJ (Ej.) Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa". Fin del informe. El diario cita otras fuentes que señalan que todo se debe a una guerra entre militares del Ejército y la GNB donde éstos últimos han sido quienes han controlado por años el paso fronterizo. ¿Cuál es la verdad del asunto? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿Qué ganamos con este ardid? ¿Como no prendió la matriz impulsada por la propaganda roja sobre el Esequibo, contra la Exxon Mobil y no contra Guyana ni Caricom voltearon hacia el occidente?. Necesitamos respuestas. Por cierto que cualquier grupo irregular, sean FARC, ELN o Paramilitares tienen por costumbre reivindicar sus acciones. ¿Qué grupo de "paras" se atribuye el bachaqueo, los atentados o el contrabando de extracción comenzando por la gasolina?. Recordemos el video que circula en las redes desde hace unos años donde el periodista Sinar Alvarado, de Soho, se infiltró en una caravana de contrabando de combustible (tienen más de 10 años haciéndolo diariamente) y donde se ven a guerrilleros y militares en ambos lados de la frontera cobrando el peaje y dando los permisos de circulación. Éste mismo colega alerta que el cierre decretado por Maduro en nada disminuirá ese mil millonario negocio...

MEDIO

¡AY LA FIFA!: EEUU remitió el pasado julio una petición a Suiza para extraditar a 7 funcionarios de la FIFA arrestados en Zurich el pasado mayo, entre los que se encuentra el máximo dirigente de la Federación de Venezuela, Rafael Esquivel. Hay temores en Caracas y Barcelona de que un traslado del venezolano ante la justicia estadounidense pudiera comprometerlo a intercambiar información sobre los supuestos hechos de corrupción en la FIFA a cambio de una disminución de la pena de ser hallado culpable de los delitos que se investigan en la FIFA, Concacaf y Conmebol. Supuestamente un exministro del deporte, varios contratistas rojitos de obras deportivas y de negocios de comercialización con las diferentes Copas, así como un gobernador en ejercicio podrían estar en la mira de las autoridades norteñas. Las alertas sobre el tema se han encendido cuando en el alto gobierno manifestaron voluntad de meter presos a los involucrados -si se comprueba su participación en dicha corrupción global y local- para así ganar puntos en medio de la campaña electoral por las parlamentarias.

BAJO

¿DÓNDE ESTÁN LOS $?: En 2013, la Unión Europea, que agrupa 28 naciones, invirtió en el desarrollo de otros países de todo el mundo la cantidad de 56.200 millones de euros, procedentes de sus propios fondos y de los presupuestos nacionales de sus miembros. En 2014 EEUU aportó 28.836.857 dólares en ayuda exterior. Todos ellos en presupuestos estructurados, contabilizados y aprobados por los parlamentos o congresos de esos países. Venezuela ha gastado en Petrocaribe mas de 19 Mil millones de dólares y sigue suministrando petróleo y acumulando deuda o vendiéndola a la mitad de su valor...

ROJOPINTAS: Un condiscípulo del ministro de Planificación Ricardo Menéndez me dice que se graduó con él de geógrafo en la UCV. Hoy funge de guardia en un hotel capitalino ante el deterioro de los empleos por causa de Chávez y Maduro. Me sugiere que escriba sobre la necesidad que el país tiene de gerentes y no de combatientes. Complacido... Me dicen que la revelación de Maduro en uno de sus shows televisivos donde confiesa no ser católico a pesar de haber visitado al Papa y fingir ser católico practicante y hasta pedirle la bendición obedece a su malestar por las presiones del Vaticano para que otorgue una Ley de Amnistía a los presos políticos y busque la reconciliación del país. Ayer el diputado Edgar Zambrano le entregó un proyecto... Los analistas y asesores políticos Edgard Gutiérrez y Ángel Oropeza han desarrollado el tema que planteé el martes sobre el miedo rojo a contarse el 6D...

Nelson Bocaranda S,

nbocaranda@aol.com

@NelsonBocaranda

http://runrun.es/

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