Artículo 347.
El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Artículo 348.
La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; el quince por ciento de los electores inscritos o electoras inscritas en el registro electoral.
DOCUMENTO
A LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA PLANTEANDO LA NECESIDAD DE CONVOCAR A UNA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE POR INICIATIVA POPULAR
Firmado
por: Julio César Moreno León. Enrique Colmenares Finol. Rafael María Casals.
Américo Martín. Oswaldo Alvarez Paz. Abdón Vivas Terán. Manuel Felipe Sierra.
Edi Ramírez. Ezequiel Zamora. Guehard Cartay. Julio Sosa Pietri. Jorge
Villegas. Carlos Diez. Andreina Martínez.
La
Mesa de la Unidad Democrática, venciendo múltiples contingencias ocurridas en
estos difíciles tiempos, ha logrado desarrollar una política unitaria positiva
y necesaria, y ha sido pieza fundamental en los indiscutibles avances de la
oposición venezolana. Ante este organismo acudimos a plantear nuestra posición
como ciudadanos decididos a impedir el naufragio de la república.
Quienes
suscribimos el presente documento nos proponemos Invocar el mecanismo
establecido en el artículo 347 de la Constitución, que permite por iniciativa
popular convocar a una Asamblea Constituyente legitimadora de los Poderes
Públicos.
Planteamos
la urgencia de restablecer el orden Jurídico y la democracia y estimamos que
para este propósito es necesario acudir a la fuente primaria de la soberanía
popular. Es esta a nuestro juicio, la única vía posible para detener la
consolidación de un sistema que pretende conculcar definitivamente las
libertades ciudadanas, destruir el orden
económico libre, solidario y productivo, y marcar con el signo de una dictadura
totalitaria el destino nacional.
El
país asiste a un grave deterioro en todos sus órdenes. Es tan severo este
flagelo, que ha logrado trastocar profundamente a la convivencia ciudadana, y a
las relaciones entre sus estratos socio-económicos. La desconfianza, el rencor,
el odio y la lucha de clases son los resultados de un plan cuyo objetivo es destruir
los históricos valores de nuestra integridad nacional. Este hecho impone a la
dirigencia democrática definiciones impostergables, luego que en los comicios
de abril quedó claramente establecido el
acelerado deterioro del llamado proyecto socialista del Siglo XXI.
El
régimen perdió la elección, y sólo las prácticas fraudulentas, la coacción, y
el ejercicio de la fuerza le mantienen de manera ilegítima en el poder. Nuestro
candidato y su comando afirmaron de manera inequívoca que los resultados de ese
proceso fueron adulterados, y en uso de un legítimo derecho pidieron su
revisión integral. El Consejo Nacional Electoral se negó a cumplir esa
solicitud, demostrándose de esta manera la verdad contenida en las denuncias
del Comando Simón Bolívar.
Eventos
previos a esas votaciones venían apuntalando una escalada de ilegitimidad, desarrollada
por el Gobierno y por las instituciones del Estado que se encuentran postradas
a su servicio. Recordemos como, la enfermedad y la muerte del Presidente fue
ocasión para ocultar la verdad a los ciudadanos, y para maniobrar en contravía
de las leyes, con el fin de imponer un arbitrario mecanismo de sucesión,
previamente concertado con el gobierno cubano. La Asamblea Nacional y el Tribunal
Supremo de Justicia tenían la obligación constitucional de evaluar
mediante certificación de Junta Médica el
estado de salud del Primer Mandatario y de ser necesario, proceder a separarlo
del cargo. No se cumplieron estos pasos establecidos en la Carta Magna, y en
medio de un hermético secretismo, se nos condujo a una elección presidencial en
la que las precarias condiciones de salud del aspirante a la reelección produjeron
el lamentable desenlace final que todos conocemos. Con el mismo desprecio por
el orden jurídico se encargó ilegalmente de la Presidencia de la República al
entonces Vicepresidente, y se le permitió presentarse en las nuevas votaciones como
candidato del oficialismo, en abierta violación de la Constitución.
Una
agresiva campaña sustentada en el culto a la personalidad del fallecido líder,
financiada groseramente con los dineros de todos los venezolanos, y orientada a
manipular a la población a través de continuas cadenas de radio y televisión,
sirvió de plataforma a la candidatura gubernamental. Militares, funcionarios públicos, y colectivos
oficialistas, así como presidentes, políticos, artistas y además asociados internacionales,
formaron parte de esa campaña fúnebre - electoral, en la que se utilizaron
todos los mecanismos posibles para inducir a los seguidores del extinto Comandante
a materializar en votos la herencia política ofrecida por éste, horas antes de
emprender su último viaje a la Habana.
Sin
embargo, a pesar del ventajismo llevado a los más descarados extremos, la
votación de abril sirvió para demostrar un cambio radical en las preferencias
populares. Y si bien el gobierno ha logrado hasta ahora escamotear la victoria,
no ha podido esconder su estrepitosa caída en el afecto de las gentes más
humildes, luego que centenares de miles de compatriotas de ese estrato de la
población se volcaron hacia la alternativa del cambio.
Estos
hechos recientes, unidos a otros que forman parte de la larga cadena de
violaciones al Estado de Derecho, como lo son: la transformación del estamento
castrense en brazo armado del PSUV; la violencia ocurrida en el seno de la
Asamblea Nacional y la amenaza permanente contra el fuero parlamentario; la
persecución a las universidades autónomas y a la educación libre; la violación
de los derechos y conquistas laborales, de la contratación colectiva, y del sindicalismo independiente; la descalificación
de la protesta cívica; el cerco cada día más intenso a los medios de
comunicación, y el uso de la televisión y radio oficiales como instrumentos de
terrorismo informativo; los juicios, anunciados o en curso, contra líderes de
oposición; la violación a los derechos fundamentales de quienes han sido
detenidos arbitrariamente, torturados, o sentenciados de manera ilegal e
injusta, y de quienes se encuentran exiliados; el espionaje convertido en
política oficial; la protección de la corrupción administrativa,la utilización
discrecional de los recursos públicos en la actividad proselitista de los
grupos gubernamentales; la liquidación del aparato productivo del sector empresarial,
la continua violación a la propiedad privada; y otras tantas acciones
contrarias a la vida democrática, marcan el paso de un sistema que transita el
camino de la dictadura a la sociedad totalitaria, con la activa participación
de los Poderes Públicos, complicados en tan nefasta empresa.
La
mención de estos, y muchos otros atropellos al ordenamiento legal son
suficientes para afirmar que en Venezuela la democracia ha entrado en etapa
agónica, y que es cierto lo dicho por importantes líderes de oposición: El régimen está viciado
en su origen y en su desempeño.
Junto
a esta grave situación que afecta directamente los derechos políticos de las
personas y de la sociedad en su conjunto, se nos impone además un rígido y
dogmático modelo económico que golpeaa todos los sectores del país en magnitud
cada día más intolerable. Modelo que se edulcora con la palabra socialismo para
esconder su verdadera naturaleza totalitaria. Modelo que coloca la economía en
manos del Estado para desde allí hacer depender todos los espacios de la vida
ciudadana. Modelo falsificador de la historia, que evocando las proclamas de la
cruenta guerra de la Federación, ha entronizado en cambio, el más férreo
centralismo liquidando las competencias y
funciones de Estados y Municipios.
Como
consecuencia de esas políticas, los fríos datos evidencian verdades que no se pueden camuflar tras la propaganda y los
desplantes demagógicos característicos de la prosopopeya gubernamental. Durante
los últimos catorce años la inflación ha
alcanzado niveles nunca vistos en nuestra historia, y hoy en día es la más alta
del planeta, mientras en paralelo, la bonanza petrolera se ha prolongado por el
más largo tiempo de nuestra vida económica, prodigándonos recursos durante casi tres lustros que
hubiesen podido solventar los problemas del país, y enrumbarnos exitosamente en el camino al desarrollo.
Los
índices oficiales dicen que desde 1999 a esta fecha la inflación ha superado el
900 por ciento. Y sobre la base de estas mismas fuentes, vemos como desde ese
año hasta hoy, de acuerdo con la falsa tasa de cambio oficial, la devaluación
monetaria se sitúa próxima al mil por ciento. Y si hacemos cálculos en base al valor
real de nuestra divisa, la devaluación se ubica cercana al 5 mil por ciento.
Así mismo, la quiebra del aparato productivo privado, las expropiaciones, y un control cambiario que ha sido fuente de las más grandes
corruptelas, han rezagado a nuestro país en el contexto económico
latinoamericano y mundial, y han frenando la iniciativa privada, el libre
comercio internacional, las inversiones y la producción, convirtiéndonos en un
país importador por excelencia, y en una economía más vulnerable que nunca,
dependiente casi exclusivamente del petróleo. Estos mismos índices son los que
no pueden esconder la realidad de una economía camino al colapso, a pesar de
las fervorosas proclamas nacionalistas contenidas en la tediosa publicidad
oficial. En su gestión este gobierno ha contraído el más alto endeudamiento en
la historia de la Venezuela petrolera. A veces cuesta creer que quienes ayer
denunciaban la deuda adquirida por los gobiernos civiles, y exigían su
desconocimiento por atentar contra la independencia del país, sean los mismos
que hoy encumbrados en la dirección del Estado, han llevado a niveles tan escandalosos
la hipoteca nacional.
La
deuda del país en 1998, cuando finalizaba el último de los gobiernos civiles
del siglo pasado, estaba cercana a los 31 mil millones de dólares (32% del PIB),
y el barril petrolero se situaba en menos de 10 dólares. Hoy con un barril por
encima de los 100 dólares, la deuda sobrepasa los 216 mil millones de dólares
(71% del PIB). El déficit de las finanzas públicas alcanza niveles colosales a
pesar de encontrarnos en medio del más grande y sostenido crecimiento del
mercado internacional de hidrocarburos en toda su historia. El año pasado el
déficit se colocó en un 18% del PIB y fue financiado mediante el expediente de
encender la máquina de hacer dinero por parte del BCV para entregarle al
gobierno miles de millones de bolívares.
Y agreguemos que la deuda de
PDVSA en los gobiernos democráticos, para 1998 era de 5 mil millones de dólares,
mientras que la actual, la de PVSA roja rojita, sobrepasa los 78 mil millones
de la divisa americana. Al revisar los objetivos perseguidos en los planes
económicos en estos catorce años, vemos como ellos han ido asociados a un desenfrenado
populismo cuya fuente financiera ha sido precisamente la renta petrolera. Estos
planes han tenido como objetivos retener el poder, ganar elecciones, y
proyectar la influencia de la revoluciónen el continente y el mundo. Ese mismo
sentido ha privado en la liquidación vertiginosa de nuestra industria privada,
para abrirle paso a las importaciones provenientes tanto de países vecinos como
de otros continentes, con los cuales se amarran vínculos de dependencia, a
cambio de una obligatoria solidaridad lograda gracias a pingües negocios que terminan
alimentando a esas economías en detrimento de la nuestra. Y en similar
dirección se orienta la presencia de nuestras representaciones en los
organismos internacionales. La OEA, MERCOSUR,
UNASUR y el ALBA, son para este gobierno, tan sólo foros de promoción
ideológica y propaganda política, e instrumentos que a un alto costo económico
permiten legitimidad, y garantizan el silencio cómplice de países mediatizados
o favorecidos por las prebendas de Caracas. Mientras tanto se liquida progresivamente a la
democracia venezolana.
A
propósito de los anteriores señalamientos, recordemos como hace algunos años el
fallecido Presidente afirmaba en una de
sus numerosas alocuciones al ser cuestionado, con muy válidas razones, el
ingreso en el Mercado Común del Sur, que para su gobierno la integración tenía
una prioridad política e ideológica por
encima del factor económico. El tiempo se ha encargado de demostrar el sentido
de aquellas palabras. Por eso, hoy, las llamadas Cláusulas Democráticas se
aplican sólo contra aquellos países que han resistido el intento de imponerles
un sistema similar al que impera en Venezuela. Honduras y Paraguay son innegables ejemplos.
A
estas consideraciones pudieran agregarse muchas otras que demuestran como se
han lesionado los intereses del país en casi todas las actividades de la vida
nacional. En materia de soberanía y seguridad, por ejemplo, es ya innegable la
presencia tolerada de grupos subversivos en las fronteras. En estas zonas la
narco-delincuencia política hace gobierno sobre la indefensa población, y
constituye una peligrosa reserva militar identificada con la revolución y
protegida por ella. Así mismo es conocido y es corriente constatar la
existencia de brigadas armadas que actúan ilegalmente a la orden del PSUV en
pueblos del interior, así como en numerosos barrios de las grandes capitales. Y
por supuesto a esto se une la llamada delincuencia común, que liquida
impunemente miles de vidas de venezolanos de todos los sectores. Esos factores
junto a los hechos políticos, económicos y sociales señalados anteriormente,
presionan y acorralan a la población mediante el miedo y la amenaza. Se busca
al final la aceptación pasiva del orden de cosas.
Hacemos
estas reflexiones, convencidos de que a los sectores de oposición nos
corresponde enfrentar con firmeza, no a un gobierno sino a un sistema. No a un
adversario, sino a un proyecto que
considera enemigo a todo el que disienta o pretenda ejercer y defender
sus derechos. Estamos convencidos que mientras
exista esta forma de gobierno no habrá
solución a la grave situación nacional, ni a los problemas cotidianos del
ciudadano. No habrá federalismo, ni poder municipal, ni sistema de salud de
calidad, ni educación libre, ni seguridad, ni viviendas dignas, ni empleo
estable y seguro; tampoco libertades democráticas efectivas, o progreso
económico o derecho a la libre iniciativa personal. En fin no habrá democracia
ni esperanza ni futuro.
Exhortamos
a la Mesa de La Unidad, a los partidos que la integran, y a la ciudadanía
democrática en general a consolidar un amplio y mayoritario movimiento constituyente, y a
conquistar para ese objetivo unas bases comiciales que garanticen la
representatividad de todos los sectores.
Estimamos que las elecciones
municipales deben ser ocasión propicia para organizarnos en función de estas
metas, y para acompañar la victoria en alcaldías y concejos, con la recolección
masiva de millones de firmas que respalden sólidamente esta iniciativa popular.
Es obvio que el plan de rescate
constitucional no resultará fácil. Pero creemos igualmente que los obstáculos
que van a surgir no pueden ser motivo de parálisis en nuestra acción. Quien
actúa con complejos de derrota nunca alcanzará la victoria. Además, es claro el
camino a seguir. La muchas veces violada
Constitución Bolivariana establece en el artículo 347, que es el pueblo
depositario del poder constituyente originario, y que tal poder le permite
convocar por su propia iniciativa a una Asamblea Constituyente a fin de
transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y si fuese necesario,
aprobar una nueva Constitución. El artículo 348 establece luego, de manera
precisa que este proceso puede iniciarse a partir del quince por ciento de los
electores inscritos en el REP. Y luego en el 349 se impone que ni el Presidente
de la República, ni ningún otro poder podrán objetar la nueva Constitución ni
impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente. Y finalmente el 350 obliga
a desconocer “cualquier régimen,
legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticas, o menoscabe los derechos humanos”.
Sabemos
que desde el gobierno se intentará detener esta iniciativa. Entendemos la
desnaturalización que signa al ente electoral y a los poderes públicos que han
falsificado la democracia durante estos años. Sin embargo es necesario recordar
que el camino escogido por la oposición democrática, es el camino electoral. Ello
ha sido válido al participar en todos los procesos de votación a los que hemos
concurrido. No vemos, por tanto, argumentos aceptables para hacer una excepción
con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez, la fuerza
de la calle y la conciencia del reto que tenemos, deberán imponer las reglas
que permitan unas votaciones libres y transparentes. Esto es parte de la lucha.
Entregamos
este documento a la Mesa de la Unidad Democrática con la esperanza de que lo
haga suyo, y para que en su condición de principal factor unitario de la
mayoría ciudadana, impulse la Asamblea Nacional Constituyente como la más noble
herramienta del cambio y la reconciliación nacional: Julio César Moreno León.
Enrique Colmenares Finol. Rafael María Casals. Américo Martín. Oswaldo Alvarez
Paz. Abdón Vivas Terán. Manuel Felipe Sierra. Edi Ramírez. Ezequiel Zamora. Guehard
Cartay. Julio Sosa Pietri. Jorge Villegas. Carlos Diez. Andreina Martínez.
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