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jueves, 17 de septiembre de 2015

PANCHO AGUILARTE, CAUSA Y EFECTO DE UNA SENTENCIA

Nadie en su sano juicio, que se ubique en el aquí y ahora de la situación política que vive la patria, podía esperar que el tribunal de juicio decretara la libertad de Leopoldo López, ni tan siquiera con eso que ha puesto de moda  este régimen de mandarte a tu casa con un tirro en la boca, sin poder expresar tus ideas, mucho menos publicarlas en los medios. Ahora contrariamente a lo que muchos piensan, sufren y sienten, esa ha sido la mejor decisión para este preso político, corrijo, para Leopoldo López, el político aunque muy dura para Leopoldo el humano, el Papá, el esposo, el ciudadano.

Esa sentencia ha convertido a López en una referencia universal. Desde la ONU, la OEA y hasta el Vaticano se han interesado por este caso. Los principales diarios del mundo han dedicado sus editoriales a este adefesio jurídico. Desde Europa y la América Latina se han realizado pronunciamientos de presidentes y expresidentes condenando la decisión. Parlamentos de distintos países han mostrado su solidaridad con el joven dirigente.

Esta vez y contrario a lo que dijo el otro; “Los objetivos fueron alcanzados”. El régimen con esta sentencia le ha puesto rostro al contendor electoral. Pero no crean ustedes amigos lectores que ha sido una decisión estudiada, no, es más bien caprichosa, y poco inteligente. Betancourt, que decía que el político inteligente, en funciones de gobierno se fabrica su oponente, debe estar impresionado.

Esa sentencia es un acto políticamente brutal. Ha sido la mayor y más eficaz publicidad que le han podido dar a un adversario. Ni recorriendo el mundo en persona hubiera logrado Leopoldo López conseguir tan buen escenario para sus posibilidades de ser candidato  y presidente de Venezuela.

Es como si Rómulo hubiera escogido como rival a Jobito Villalba y no a Caldera. Ahora tiene que  invertir el tiempo en prepararse conscientemente para regir los destinos del país pero no como cualquier presidente, no como uno más sino como un estadista, con sentido de grandeza y humildad, con sentido de historia y de progreso. Dedicarse a leer, a estudiar las formas de salir de esta crisis y presentar  sus estrategias, y el contenido programático.

No necesita oferta electoral, él es la oferta electoral, no necesita publicidad, ya la tiene. A la par también se le resuelve el problema candidatural a la oposición para cuando llegado el momento tengan que enfrentarlo a Cabello, Jorge Rodríguez, Arias Cárdenas o Tarek El Aissami.

Son ya dos los errores imperdonables que dejan al régimen de Maduro al desnudo, la apresurada medida de cierre de la frontera con Colombia y la sentencia contra Leopoldo López.

Jamás un gobierno se había deteriorado en tan corto tiempo tanto interna como internacionalmente, pero lo más grave es que no existe espíritu de enmienda. Es algo incomprensible, como es capaz un gobierno de seguir  haciéndolo tan disparatadamente mal.

Es como si una fuerza extraña se hubiera apoderado de la mente de los más conspicuos representantes del alto gobierno y los estuviera llevando a la derrota. La derrota se siente, es indisimulable. El desespero es el signo del equipo ministerial, tanto que están obligando a sus subordinados a reenviar sus mensajes en las redes sociales. Pero ya todo está decidido y es cuestión de tiempo para que Venezuela regrese por los senderos de la libertad y el progreso

Juan R. Aguilarte T.
panchoaguilarte@hotmail.com
@P_aguilarte

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domingo, 13 de septiembre de 2015

CARLOS VILCHEZ NAVAMUEL, LA SENTENCIA DE LEOPOLDO LÓPEZ ESTABA ESCRITA DESDE EL DÍA QUE LO APRESARON, DESDE COSTA RICA

La noticia no nos sorprendió, todos los medios de habla hispana la publicaron, (CNN Español) entre ellos publicó una nota sobre esta sentencia que dice así “El dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue hallado culpable y sentenciado a 13 años, 9 meses 7 días 12 horas años de prisión. López es acusado en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014. Fue encontrado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio. La sentencia la dio a conocer la jueza Susana Barreiros tras más de una hora de retraso”. 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/10/sentencian-a-leopoldo-lopez-a-13-anos-de-prision/

Esta sentencia estaba escrita desde el día que apresaron al líder de la oposición, quienes piensen lo contrario son ingenuos. El régimen venezolano lo tiene muy claro, nadie se salva de las directrices cubano-chavistas, la orden es acallar a los líderes de oposición de cualquier forma, a golpes, como lo vimos en el pasado en la misma Asamblea Nacional, con detenciones arbitrarias y sin fundamento, violando los derechos humanos un día sí y otro también, produciendo miedo en la población y con las constantes cortinas de humo como la última al provocar un problema muy serio en la frontera con Colombia.

Poco a poco el pueblo venezolano ha ido cediendo terreno a esta mafia que gobierna a Venezuela, se equivocan quienes piensan que después del 6 de diciembre empezarán a cambiar, estos malandros harán todo lo posible sin importar las consecuencias para quedarse en el poder.

Escuchando a Maduro por CNN un día de estos nos dimos cuenta que este siniestro personaje aconsejado por los Castro piensa que se quedará en Miraflores mucho rato.

La justicia venezolana es una cloaca al servicio de quienes gobiernan, los organismos regionales no sirven para nada, los pronunciamientos a favor de Leopoldo López de instituciones internacionales como la ONU o las intervenciones de expresidentes tanto latinoamericanos como de otros países no dieron los resultados que se esperaban, la presión internacional no fue suficiente.

Triste, muy triste, pero esa es la realidad venezolana, solo el pueblo unido en un solo bloque podrá derrocar a este gobierno chavista, y lo hará cuando decida de una vez por todas paralizar el país.

Carlos Vilchez Navamuel
carlosvilcheznavamuel@gmail.com
‏@carlosvilchezn


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jueves, 1 de mayo de 2014

ELINOR MONTES, PRONUNCIAMIENTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS SOBRE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE INTERPRETA EL DERECHO A MANIFESTAR

En esta decisión, la Sala Constitucional creó, fabricó en forma inconstitucional e ilegal una prohibición que impide ejercer el derecho a la manifestación sin autorización. Además, advirtió que obviar esa autorización implica un delito penal, lo cual a su vez es inconstitucional, por cuanto viola la reserva legal para los delitos al crear un delito que no existe en la legislación venezolana vigente. Es decir: los ciudadanos pueden ir presos por manifestar sin autorización de la Primera Autoridad Civil del Municipio.
En este sentido, es necesario afirmar y recalcar con firmeza,  que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, no exige autorización para ejercer el derecho a manifestar. Además, esta decisión de la Sala Constitucional debemos denunciarla como absolutamente contraria a los estándares internacionales de Derechos Humanos y de funcionamiento de la Democracia suscritos en  Convenios Internacionales, los cuales son constitucionalmente vinculantes para el Poder Público Venezolano, inclusive obviamente el Judicial.

SOBRE LA FALSA APLICACIÓN DEL DERECHO REALIZADA POR LA SALA CONSTITUCIONAL.
La Sala Constitucional afirma que dictó su sentencia para “interpretar” el derecho constitucional a la  manifestación.
Sin embargo en forma radicalmente inconstitucional, no interpretó nada, sino que terminó rescribiendo la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que es precisamente la norma que debía hacer cumplir y cuyo contenido y significado era clarísimo e indubitable.
En efecto, para la Sala Constitucional, tal y como se lee en su decisión, en esa Ley supuestamente se exige previa autorización para manifestar; y luego de ello  la autorización puede ser otorgada o negada, e incluso, puede la Administración cambiar el contenido de la solicitud formulada por quienes quieren manifestar, y lo que es más grave aún si cabe,  toda manifestación sin autorización es una desobediencia a la autoridad y por ende, un delito penal.
Como vemos, la Sala Constitucional deroga la Constitución y las Leyes, y so pretexto de interpretarla, de hecho desaplica el artículo 68 constitucional y condiciona los derechos políticos de manifestación de los ciudadanos de este país, llegando al extremo de consagrar un delito que no existe en el Derecho penal venezolano. Es una decisión gravísima, no solo por su abierta y manifiesta inconstitucionalidad, sino porque además tergiversa la ley en vez de interpretarla e incluso llega al extremo de crear un delito político mediante sentencia, lo cual retrotrae a nuestro país a la época de los totalitarismos jurídicos estadales, de tan nefasto recuerdo para la Historia de la Humanidad.
En este sentido, veamos la radical diferencia entre lo que expresa la Sala Constitucional y lo que dice la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en los artículos citados por la propia sentencia.
El artículo 43 de esa Ley señala que quienes quieran ejercer el derecho constitucional a la manifestación “deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos”.




Por lo tanto, la Ley claramente establece que quienes deseen manifestar deberán dar un anuncio o noticia a los Alcaldes, como primera autoridad civil. Y anunciar una manifestación no es lo mismo que pedir autorización para hacer una manifestación.
Es por eso que denunciamos que la Sala Constitucional inconstitucionalmente creó un trámite que no existe en la Ley para limitar el derecho a la participación: donde la Ley establece una participación, la Sala Constitucional impone ahora una autorización.
La derogatoria al Texto Constitucional no se detiene en lo comentado, sino que declara que “cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización” podrá “dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público (…) actúen dispersando dichas concentraciones con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico”.
Esa conclusión viola todos los estándares internacionales de protección de derechos humanos, que son vinculantes en Venezuela, por tener incluso jerarquía superior a la propia Constitución.
Para rematar es claro el intento derogatorio de la Constitución por parte de la Sala Constitucional, la sentencia afirma que los cuerpos de policía deben dispersar las manifestaciones no autorizadas, por cuanto las policías municipales “detentan una competencia compartida en materia del control del orden público”. Esto es falso, la policía municipal que disperse manifestaciones estará ejerciendo ilegítimamente su poder, pues la policía municipal tiene prohibido usar equipos para atender a manifestaciones.
En consecuencia, estamos en presencia de una sentencia radicalmente nula por mandato de los artículos 25 y 350 constitucionales, ya que entre otros graves vicios: a) conculca de hecho el derecho a la protesta cívica pacífica, b) suspende garantías constitucionales ad infinitum y viola convenios internacionales vinculantes c) crea un delito penal que no existe, d) somete a la libre voluntad del funcionario competente no solo el ejercicio del derecho a la protesta, sino también el lugar y tiempo para su realización,  además, e) ordena a las policías municipales a violar la propia constitución al imponerles el deber de disolver manifestaciones sin poder legalmente tener los equipos necesarios para ellos.
Sólo en regímenes totalitarios los jueces se atreven a derogar  y a violentar derechos humanos, desaplicar artículos de la Constitución y de los convenios y tratados de Derechos Humanos, tergiversar la Ley, legislar sin competencia para ello, crear delitos penales en contra del principio de la reserva legal- los delitos sólo pueden ser establecidos mediante leyes-, ordenar a órganos del poder público que ejecuten acciones contrarias a la Ley, como la orden a las policías municipales para que disuelvan las manifestaciones sin que legalmente puedan acceder a los equipos necesarios para ello, en fin, corromper el sistema de justicia para mantener al régimen en el poder.
 Caracas, a los 26 días del mes de abril de 2014
        La Junta Directiva      

Aviado a nuestros correos por
Elinor Montes
elmon35@gmail.com       
@Elinormontes

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viernes, 8 de noviembre de 2013

ENRIQUE GUILLERMO AVOGADRO, ENTRE EL VÉRTIGO Y LA NÁUSEA, CASO ARGENTINA,

“En la vida siempre es así. Las cosas buenas tienen siempre su ladito malo y las malas su ladito bueno”. Mario Vargas Llosa.
Me había comprometido, creyendo que las elecciones darían un respiro al vértigo en que vivimos, a escribir esta semana acerca de los ferrocarriles, pero el tema deberá esperar porque, como todos sabemos, han pasado algunas cosas que ameritan hablar sobre ellas. Los chinos, cuando se despiden de alguien al que aprecian, le desean “ojala vivas momentos interesantes”; evidentemente, si algo así nos fue augurado, el deseo se convirtió en realidad.

Parece mentira que hayan pasado sólo siete días desde que el Gobierno recibiera, con gesto contrariado y falsa alegría, la peor derrota en las urnas desde que el kirchnerismo, para desgracia de la Argentina, llegó al poder aupado por quienes, de buena fe, creyeron encontrar en el falso mesías que venía de la Patagonia, un nuevo salvador. Dado que, a partir de entonces, la muerte y la repulsa popular pusieron fecha de vencimiento al “modelo” de rapiña y acumulación y, consecuentemente, en breve deberemos volver a elegir, recomiendo a mis compatriotas un libro fundamental de Romina Manguel, “Yo les avisé”; la tesis de la autora, probada a lo largo de sus páginas, es que todos quienes llegaron a presidentes habían exhibido antes, en su lugar de origen y para quien quisiera verlo, sus vicios y pecados, pero nadie reparó en ellos.

Más allá del triunfalismo del ¿Frente para la Qué? y su vociferada conservación de mayorías en ambas cámaras del ex H° Congreso, sigo creyendo que, a partir de ahora, la real politik se impondrá a las matemáticas y que, sin olvidar el innegable triunfo político que la Corte brindó a la Casa Rosada el martes, se producirá una fuga de voluntades legislativas hacia el nuevo sol que comenzó a calentar la realidad desde Tigre. Y me lleva a ese convencimiento dos apotegmas que, invariablemente, han signado el devenir del Movimiento: “el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero no se entierra con vos” y, aún más, “el que gana gobierna, y los demás acompañan”.

Tengo para mí que muchos de quienes se enriquecieron aplaudiendo fervientemente los disparates de los Kirchner o votando sin siquiera leer los inicuos proyectos enviados al Legislativo están aterrados con el horizonte de cárcel y hasta pobreza que perciben en el futuro, no por la eventual voluntad de quienes se anoten en la grilla de candidatos sino por la presión y el ansia de venganza de una ciudadanía que ha sido humillada y saqueada hasta la extenuación. Basta, para comprobarlo, recordar que los funcionarios de las administraciones anteriores circulan libremente por la calle mientras que los actuales, aún en el poder, no pueden siquiera ir a comen afuera, tomar un avión o un barco o ir al cine, sin que truene el inevitable escrache.

La resolución de la Cámara de Casación Penal, que convalidó las pruebas colectadas contra Vandervroele y dejó cerca del procesamiento a Guita-rrita, habla muy a las claras del olfato de los jueces de Comodoro Py, que describiera en una nota que titulé “La Nariz” (http://tinyurl.com/kj373e2), y en la cual hablé, casualmente y por primera vez, del mal de Pick, que afecta tan gravemente a la Presidente.

Pero volvamos al fallo de la Corte que declaró la constitucionalidad de los cuestionados artículos de la Ley de Medios Audiovisuales. A priori, me permito recordarle que nunca he tenido simpatía alguna por el grupo Clarín, que ha lucrado con su poder a costa de todos, todos, los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, obviamente incluido el de don Néstor (q.e.p.d.); sin embargo, reivindico mi derecho a elegir libremente qué quiero leer, ver y escuchar. En el país del mundo con mayor número de señales de noticias por cable, resulta por completo absurdo hablar de monopolio y, menos todavía, pretender que ese multimedios influye decididamente sobre la voluntad de los ciudadanos.

La sentencia de la Corte, además de su nauseabundo olor a pacto espurio, reviste una inusitada gravedad institucional desde tres aspectos: subordina la vigencia del derecho de propiedad y de los derechos adquiridos a la voluntad de las circunstanciales mayorías parlamentarias; subvierte el rol del Poder Judicial que, de último custodio de las leyes y de las garantías individuales contra los avances del Estado, pasa a ser un mero articulador; y, sobre todo, determina la muerte de la libertad de prensa, que quedará restringida a Internet y los medios alternativos.

El primer tema se relaciona, más que directamente, con la seguridad jurídica, ese bien del que la Argentina carece y que hoy resulta en el mundo esencial para el arribo de inversiones. Nótese que ni siquiera los narcotraficantes o los funcionarios corruptos tienen confianza en la Argentina, a punto tal de hacer fracasar todos los esfuerzos de Patotín para dar vida a su blanqueo.

El segundo, por lo demás, no es nuevo. Ya en ocasión de hablar sobre los llamados crímenes de lesa humanidad, el Dr. Lorenzetti había explicado, urbi et orbe, que había consensuado con la Casa Rosada una política de Estado, desconociendo el rol constitucional de la Corte. Traté este tema en otra vieja nota, “La cortedad de la Corte” (http://tinyurl.com/maoaldx); dije entonces que, para asumir su nuevo y penoso papel, el Tribunal supremo había aplicado retroactivamente la ley penal, violado de los principios de legalidad y de inocencia e invertido la carga de la prueba, y permite que ancianos enfermos, imputados por hechos ocurridos hace más cuarenta años, muchos de ellos sin condena, sean mantenidos en cárceles comunes, sin atención médica adecuada y sin el beneficio de la prisión domiciliaria, habilitada para quienes superan los setenta años de edad, no corren riesgo de fuga y no pueden poner en peligro las pruebas de los delitos;  ni siquiera el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que concedió la libertad a los terroristas vascos, ha modificado esa posición.

En su resolución, desde otro ángulo, la Corte invoca situaciones ideales, olvidando qué dice la realidad: ratifica la vigencia total del texto de la ley, exige la independencia del AFCSA, reitera la obligación de distribuir equitativamente la publicidad oficial, pondera la pluralidad de voces que la norma dice propugnar, etc.

Al hacerlo, obviamente ignora –o finge hacerlo- que Sabatinella es un mero empleado de doña Cristina y que el Poder Ejecutivo ha desconocido los fallos a favor de Editorial Perfil, que Patotín ha impuesto un cepo publicitario que asfixia a los diarios díscolos, que Cristóbal Timba López compró los medios que Hadad no podía legalmente vender, que se ha agraviado y escupido a los periodistas que no coinciden con la visión oficial, que se llegó a imputar a la dueña de Clarín de apropiadora de hijos de desaparecidos, que el oficialismo en pleno –encabezado por la Soñadora Compartida- amenazó con tomar el Palacio de Justicia, que el organismo de control no ha exigido a ningún otro conglomerado mediático la adecuación a la ley y, sobre todo, que la Casa Rosada no reconoce autoridad alguna a la propia Corte, como lo ha demostrado en los casos del Procurador Sosa, de Santa Cruz, o Badaro, en las jubilaciones. Y desdeña cuánto ha hecho el kirchnerismo para convertir a esta década en el peor período para el ejercicio de la libertad de expresión.

En resumen, el fallo es una calamidad jurídica e institucional, pero en modo alguno significa que la Ley de Medios pueda ser aplicada de inmediato, puesto que ha dejado demasiados flancos abiertos a discusiones sobre plazos, modos y procedimientos, que recrearán nuevos escenarios conflictivos y requerirán de renovados pronunciamientos judiciales. Espero que los jueces inferiores pongan, al resolverlos, su sapiencia jurídica y, sobre todo, su coraje para deshacer tanto entuerto.

A la luz de la mirada de Olivos -¿quién es el que mira, ahora que Cristina no está y nada se sabe de su salud?- el Gobierno ya se encuentra habilitado para invadir las empresas de Clarín, lo cual es obviamente falso. Sin embargo, en este singular Macondo en que se ha convertido la Argentina, todo es imaginable y el mismo jueves Sabatinella se ocupó de probarlo con sus payasadas.

La victoria política del Gobierno con la Ley de Medios no soluciona ninguno de los graves problemas que afectan a nuestro país de modo creciente: el primero ya es el narcotráfico y la violencia que trae aparejada; la inflación; la pobreza y la miseria, tan negadas; el deterioro de la educación y de la salud; la crispación de la ciudadanía, cuya agotada paciencia la lleva a quemar comisarías y autos; la pérdida de las reservas; la fiesta del blue; la fuga de empresas extranjeras y la caída del mercado laboral. Cualquiera de ellos daría para escribir un libro y esto, lamentablemente, es sólo una nota; tan pronto el vértigo y la náusea me lo permitan, volveré sobre ellos.

ega1@avogadro.com.ar
Twitter: @egavogadro

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sábado, 20 de abril de 2013

ASAMBLEISTA Y DOS ACTIVISTAS SENTENCIADOS A PRISIÓN POR INJURIAS AL PRESIDENTE, ALERTA URGENTE ECUADOR:

El 16 de abril de 2013, la jueza nacional Lucy Blacio sentenció al asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y al exsindicalista Fernando Villavicencio a un año y medio de prisión por el delito de injurias contra el presidente de la República Rafael Correa, mientras que el activista Carlos Figueroa fue sentenciado a seis meses por el mismo delito. En los tres casos, los acusados también deberán ofrecer disculpas públicas al Jefe de Estado a través de los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales y pagar una indemnización calculada de acuerdo al sueldo actual del Mandatario (superior a $6000), a partir del 4 de agosto del 2011.
En la sentencia, la Jueza afirma que "se ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal;y que se encuentra probada la participación de loss eñores José Cléver Jiménez Cabrera (...) Carlos EduardoFigueroa Figueroa (...) y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, a quienes se declara culpables en calidad deautores materiales, y se les impone a cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha". Sin embargo, para Figueroa se establece una pena de seis meses de prisión por atenuantes.
Asímismo, en la sentencia "Se reconoce el derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los ciudadanos querellados (...) ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2 públicos y 2 privados) de mayor circulación de un extracto de la presente sentencia que contenga la parte considerativa y resolutiva de la misma, y como reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia".
Este juicio se originó en 2011, a raíz de la acusación que formularon los ahora sentenciados, respecto a que el Presidente supuestamente había ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Sin embargo, dicha demanda fue desechada y el mandatario los contrademandó por el delito de injurias.
En declaraciones a la prensa, el abogado Julio Sarango denunció que  la sentencia es nula porque la jueza Lucy Blacio incumplió disposiciones legales para sentenciar a su defendido Cléver Jiménez. Según Sarango, la Asamblea Nacional no se pronunció sobre si autorizaba o no el enjuiciamiento penal al asambleísta, por lo que esperan llevar el caso a cortes internacionales.
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miércoles, 26 de septiembre de 2012

MARINA BERMÚDEZ, EL PRESIDENTE ORDENO AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE NO PUBLIQUE LA SENTENCIA QUE FAVORECE A LOS EX–MIEMBROS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES Y MANDO A LA POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA A REPRIMIR A LOS PARROQUIANOS

El 28 de julio de 2012, después de 13 días de vigilia en la parte externa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como medida de protesta para exigir que la magistrada presidenta de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán, publicara la sentencia en torno al recurso de nulidad solicitado por el abogado José Alberto Urquía contra  la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que eliminó de manera inconstitucional las juntas parroquiales (Expediente Nº 11-0159), los parroquianos que realizábamos esta acción decidimos radicalizar la lucha. 


Nos encadenamos a las rejas del TSJ y a la vez iniciamos una huelga de hambre para presionar a la magistrada Zuleta con el fin de que publicara la sentencia, cansados de las reiteradas burlas de ésta, que ya con anterioridad nos había prometido en varias oportunidades que iba a publicar la decisión y nunca cumplió su palabra. Sin embargo los parroquianos desistimos de esta acción radical al llegar a un acuerdo con la secretaria de la magistrada Zuleta, quien se comprometió a publicar la sentencia el día 05 de septiembre de 2012.

Como esta última promesa tampoco se hizo efectiva, más de 300 parroquianos provenientes de casi todos los estados de Venezuela, nos concentraron frente al TSJ el día martes 18 de septiembre de 2012, en horas de la mañana, y comenzamos una nueva vigilia para exigirle otra vez a la magistrada Carmen Zuleta de Merchán que definitivamente publicara la sentencia. Una comisión de parroquianos solicitó entrevistarse con el secretario de la Sala Constitucional, José Leonardo Requena Cabello, pero este funcionario no se presentó a sus labores ese día. Quienes sí hicieron acto de presencia en ese momento en la Sala Constitucional fueron varios diputados de la Asamblea Nacional, que por encargo del diputado Diosdado Cabello expresaron que no debía publicarse la sentencia que restituiría a las juntas parroquiales, que eso tenía que quedar así, que eran las instrucciones que el diputado Cabello había recibido ese mismo día del Presidente Hugo Chávez. Que como una compensación se le entregaría a cada parroquiano afectado por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal la cantidad de 30.000 Bolívares Fuertes, siempre y cuando éstos firmaran un documento donde declararían que no se les adeudaba nada por concepto de sus cargos como ex–miembros de las juntas parroquiales. Ya para horas de la tarde de ese mismo día se recibió la información de que el monto definitivo ofrecido en la mañana para los parroquianos se reducía a 25.000 Bolívares Fuertes.
Al enterarnos los parroquianos que estábamos en la vigilia que el presidente Chávez había dado estas instrucciones, de inmediato la reacción fue una mezcla de indignación, decepción, humillación y tristeza al saber que quien se esperaba que nos apoyaría nos maltrataba sin ningún tipo de misericordia. Nunca pensamos que el presidente Chávez sería capaz de semejante bajeza con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que somos la casi totalidad de parroquianos en todo el país. La gran mayoría estamos apoyando al Presidente Chávez desde hace muchos años, desde la creación del Movimiento V República, y desde antes, cuando estuvimos en el MBR-200. Con mucha indignación de inmediato les informamos a los parroquianos del interior lo que nos estaba sucediendo en Caracas, y la respuesta fue una gran arrechera contra el presidente Chávez ante semejantes atropellos que él estaba haciéndonos a todos los parroquianos del país. Nos pidieron que nos radicalizáramos y trancáramos la avenida Baralt frente al TSJ para exigir la publicación de la sentencia.
Eso fue lo que hicimos. Al final de la tarde de ese mismo día procedimos a trancar la vía frente al TSJ, en ambos sentidos, gritando consignas y decididos a quedarnos allí hasta que se publicara la sentencia. Como a la hora se presentó un pelotón motorizado de la Policía Nacional Bolivariana, al mando del Comisario de este cuerpo de apellido Hernández, quien en alta voz y de forma altanera nos dijo a los parroquianos que él venía de parte del presidente Hugo Chávez, y que al concluir sus palabras, a partir de ese momento contábamos con diez minutos para desalojar la vía y terminar la tranca (uno de los acompañantes del Comisario Hernández era un funcionario de menor rango de apellido Castro). Fue así como estos funcionarios polinacionales de manera brutal nos desalojaron de la vía. Se llevaron detenidos a dos parroquianos, uno de nombre Nelson Romero, de Barquisimeto, Estado Lara, a quien arrastraron por el pavimento y lo golpearon.
Ahora la rabia de los parroquianos contra el presidente Chávez era mayor. En la mañana de ese día nos agredió al ordenarle al TSJ que no publicara la sentencia que nos restituiría en nuestros cargos en las juntas parroquiales y ahora al finalizar la tarde de ese mismo día el Presidente Chávez nos mandó a reprimir a los parroquianos con la Policía Nacional Bolivariana. Tendríamos que ser demasiado ingenuos, caídos de la mata y bobolongos para no entender que el Presidente Chávez no nos quiere a los parroquianos. Más claro no canta un gallo.
La verdad es que desde hace varios meses parroquianos en todos los estados han venido manifestando que el Presidente Chávez es el responsable de todo lo que nos está pasando a los ex–miembros de las juntas parroquiales, ya que si él firmó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, eliminando a las juntas parroquiales, es porque él, el presidente Chávez, está de acuerdo con el contenido y finalidad de esta reformada ley. Por eso promulgó la ley con su firma y le dio el ejecútese para que entrara en vigencia. Esto era así, pero una gran mayoría de parroquianos no lo queríamos entender. Pensábamos que el presidente Chávez, estaba mal informado y engañado por los diputados Darío Vivas, Cilia Flores, Aristóbulo Istúriz y otros promotores de la reformada ley. Ahora con estos nuevos atropellos, que nos golpean fuertemente en nuestra dignidad, no nos queda otra que aceptar la dura realidad: el presidente Chávez desprecia al pueblo, nosotros somos pueblo; y si eso es así, y no nos debe quedar ninguna duda sobre el particular ¿Por qué debemos seguir siendo fieles al Presidente Chávez si él nos maltrata y humilla?
Ahora los parroquianos en todo el país, junto a nuestros familiares, amigos y vecinos debemos iniciar un gran debate sobre esta gran traición contra los parroquianos por parte del Presidente Chávez, para tomar las decisiones que sean necesarias en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestros derechos violados.
Qué ironía, el presidente Chávez siempre repite: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada; se suponía que él debería ser el primero en defender la Constitución y no lo que finalmente resultó: quien diera la orden para violarla.
Una primera conclusión de todo esto es que el presidente Chávez es un traidor a la Patria, porque todo aquel que viola la Constitución, es eso: un traidor a la Patria. Y él la violó al promulgar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que eliminó de manera inconstitucional las juntas parroquiales. Por lo tanto el presidente Chávez no merece que sea reelecto como presidente de la República nuevamente. Ni un solo voto de los parroquianos y de sus familiares y vecinos cercanos debe ser para el presaliente Chávez el próximo 07 de octubre. Pongamos en marcha la Misión Voto Castigo a este traidor de la Patria.
PROPONEMOS:
Que se haga responsable al presidente Chávez y a los diputados del PSUV-Asamblea Nacional por la eliminación de las juntas parroquiales de forma inconstitucional con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal realizada el 28/12/2010 y declararlos traidores a la Patria.
Declararnos en campaña permanente por la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestros derechos como parroquianos, eliminados con la reforma de la LOPPM. Para lograr esto con eficiencia debemos crear una organización nacional de parroquianos. Pensar en la posibilidad y conveniencia de presentar candidaturas de parroquianos en las elecciones municipales, a los consejos legislativos y Asamblea Nacional cuando corresponda.
Hacer la denuncia de la violación de la Constitución mediante la eliminación de las juntas parroquiales de forma inconstitucional con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ante los organismos de defensa de derechos humanos pertinentes.
Realizar jornadas continuas de denuncias de estos atropellos desde los estados a lo largo del país: ruedas de prensa, visita a los medios de comunicación, uso de las redes sociales, reparto de volantes, colocación de cartelones, pegas de afiches y calcomanías.
Actos públicos de carácter nacional en Caracas frente a Miraflores y la Asamblea Nacional. Y en las capitales de los estados actos de carácter regional; igualmente en las localidades.
Promover el voto castigo a los candidatos chavistas a las gobernaciones de los estados en diciembre  2012. Hacerle lo mismo a los candidatos chavistas en las elecciones municipales y luego en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional.
Hacer renuncias colectivas de parroquianos al PSUV.
Ante lo que ya se percibe en las comunidades de toda Venezuela como una victoria indetenible del candidato Henrique Capriles Radonski el próximo 07 de octubre, solicitarle a este seguro futuro presidente de la República una entrevista donde los parroquianos le presentemos nuestro caso y le solicitemos un pronunciamiento público sobre el mismo.
PARROQUIANOS DE VENEZUELA         
Marina Bermúdez
bermudezm88@gmail.com

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martes, 22 de marzo de 2011

A LA DERECHA DE DIOS. JUAN CARLOS APITZ B.

En Venezuela todos son de izquierda, eso es lo chévere. Como mínimo, se autoproclaman socialdemócratas cuando el sentimiento de culpa y del ridículo los hace distanciarse del socialismo chavecista. Nadie es de derecha, a lo sumo ¿¡centro humanista!? Para otros, los más frívolos y sutiles, no hay ninguna distinción. Se trata de una discusión bizantina.

Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda: Razones y significados de una distinción política, critica la idea de que el distingo quedó obsoleto, y tiene razón. También tiene razón cuando critica la supuesta imposibilidad de distinguir lo bueno de lo malo para la sociedad. Pero son dos distingos diferentes, y, creemos, tiende a confundirlos. Trata de rescatar el concepto de la izquierda como protagonista de lo bueno para la sociedad. Es un error. Ni la izquierda ni la derecha son el bien (o el mal). Se puede estar bien o mal en esto o en aquello, pero no se puede ser el bien o el mal.

Así, ni la izquierda ni la derecha son el valor absoluto que se enfrenta al antivalor absoluto. Hay valores que defiende la izquierda, valores que defiende la derecha y valores que pasan de unas banderías a otras. Por eso, tanto absolutismo produce confusiones. Si todo lo bueno para la sociedad tiene que ser de izquierda y resulta que, en tal caso, lo bueno es lo que defendía la derecha, ¿lo reaccionario se convierte en revolucionario?

En nuestro país la derecha es inhabitable, un infierno de todos tan temido que nadie lo quiere voluntariamente ocupar; a donde hay que empujar a quien se deje, para tener la seguridad de que uno sí es de izquierda (puesto que allá está la derecha, señalada con dedo flamígero).

Pero, ¿quién va a dejarse hundir en el infierno para que los fariseos gocen de la gloria de juzgarnos desde el cielo? Nadie. Por eso, el infierno está vacío. Si la derecha no merece más que la muerte política, no puede haber derecha. Pero tampoco izquierda. Donde no hay derecha, la izquierda abarca todo, y por lo mismo no quiere decir nada. Donde la izquierda legitima, pero la derecha no, toda izquierda se vuelve sospechosa de ilegitimidad: todos acaban persiguiendo a todos. Donde hay que ser de izquierda para ser, ser de izquierda y nada es lo mismo.

En rigor, no se puede ser de izquierda (ni de derecha): no hay tal manera absoluta de ser. Se está a la izquierda o a la derecha, en tal punto, con respecto a tal otra posición. Por lo mismo, considerando todo el espectro de posiciones posibles, lo normal es estar simultáneamente a la izquierda y a la derecha: a la izquierda de unos y a la derecha de otros.

La idea convencional de izquierda/derecha se corresponde con otra polaridad espacial: arriba/abajo. Se supone que la izquierda está abajo, con el pueblo y que la derecha está arriba; sobre ese volcán: que la gente de arriba está por el statu quo y la de abajo por el cambio. Pero no hay que olvidar que izquierda, derecha, arriba y abajo, son conceptos relativos. Todo depende de qué tan abajo o tan arriba; dónde y cuándo.

En fin, todos los venezolanos queremos ser de izquierda, hasta los de derecha. A pesar de que, como los revelan los evangelios, "el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios (Padre)".

www.juancarlosapitz.com
justiciapitz@hotmail.com
@justiciapitz

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jueves, 16 de abril de 2009

*POSICION DEL COLEGIO DE ABOGADOS SECCIONAL CDAD GUAYANA ANTE EL ADEFESIO DE SENTENCIA EMITIDA POR LA ABOGADA MARJORIE CALDERON Y POR LAS OTRAS......

*POSICION DEL COLEGIO DE ABOGADOS SECCIONAL CDAD GUAYANA ANTE EL ADEFESIO DE SENTENCIA EMITIDA POR LA ABOGADA MARJORIE CALDERON Y POR LAS OTRAS DECISIONES DEL GOBIERNO DE CRIMINALIZAR A TODOS LOS QUE OPINAMOS DISTINTO Y A LOS DISIDENTES DE SU REGIMEN. ENVIADO A NUESTROS CORREOS RECOMENDANDO SU PUBLICACIÓN, 15.03.09


El Colegio de Abogados, una vez mas denuncia que en nuestro país las leyes no son respetadas y pueden ser manipuladas al antojo del gobierno para hacer culpable al inocente, disfrazar sus crímenes y fabricar procesos judiciales, con una aplicación incorrecta del estado de derecho. De ninguna manera pueden considerarse ajustadas a Derecho la decisión de la abogada Marjorie Calderón, que vulnera los Principios Constitucionales y la cual es una vergüenza, para los abogados y estudiosos del Derecho en este País, por cuanto carece de categoría institucional”.

Con tan irracional e injusta decisión, el poder judicial, se prestó una vez mas, a los juegos políticos, que generaron un sufrimiento innecesario a los familiares, que llevaron muchos años a la espera de una justa decisión. Sometieron a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovi y a los 4 policías Erasmo Bolívar, Luís Molina, Julio Rodríguez y de Héctor Robaín, todos funcionarios de la Policía Metropolitana a procesos judiciales tortuosos, con evidentes irregularidades, que desembocaron en sentencias de 30 años para cada uno de estos padres de familia a los cuales, nunca les pudieron demostrar durante la fase probatoria culpabilidad alguna. Un Juicio histórico, como lo llamo el Dr. Tamayo que se extendió por tres años, tiempo en que fueron evacuados en el Tribunal Cuarto de Aragua 265 experticias; asistieron 198 testigos; 48 declaraciones de expertos; 5.700 fotos y 20 videos. Ha sido considerado el juicio más largo del país.

Decisiones estas tomadas con la entrada de la semana santa, como los forajidos esperando que la población se descuidase para cometer tan abominables actos contrarios a derecho y violatorios de todo marco legal.

El desmadre institucional que hoy se sufre nuestro país, donde la Justicia esta sujeta a los caprichos de los políticos de turno, donde los valores esenciales que siempre nos distinguieron como una Nación ejemplar como es un Poder Judicial Sano, están totalmente resquebrajados.

En este país bajo este régimen por el cual los venezolanos no votamos, de esa gente que ha pasado por el poder nadie ha sido condenada por corrupción. Los presos de este Régimen son políticos, mas no por malversación de los dineros públicos, pues sino deberían estar presos:
Barreto por los 9000 activista que tenia en nomina abultada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
Debería estar preso el gobernador de Anzoátegui por la desidia con las carreteras de ese estado, donde todos los días mueren venezolanos por su mal estado.
Debería estar preso el exgobernador de Cojedes por el caso del maletín repleto de los 800 mil dólares de Antonini.
Y hasta el Gobernador de Bolívar, debería ser investigado por desviar partida de dinero producto de los dividendos o excedentes de caja de los trabajadores y extrabajadores Sidoristas y entregárselos a las misiones del régimen.
Debería estar perseguido Alvaray y tras las rejas, quien fue un alto magistrado de su corrupto Poder Judicial.
Debería estar investigado su General Trisoleado Lucas Rincón, que dijo que a todo el país, el 11 de Abril del 2002, que usted había renunciado a la Presidencia, y mas bien fue premiado con Consulados fuera del país y hoy ustedes ni lo nombran pero los venezolanos lo seguimos recordando.

Sr. Hugo Chávez, mientras usted, eleva a condición de revolucionario a guerrilleros al margen total del marco legal en nuestra hermana republica de Colombia, cuando reiteró su repudió al operativo militar que dio muerte a Raúl Reyes, a quien catalogó de “buen revolucionario”, y levanta estatuas en la capital de la República de Venezuela, a su patotero mayor, Marulanda. Gente que esta, considerada terrorista en el mundo y que hace turismo en nuestro país y es condecorada con honores, Usted mancha la institucionalidad del país, con sus inherencias en el Poder Judicial, tanto en el nombramiento de jueces como en la influencia que despliega con amenazas al emitir estos sus sentencias, usted pisotea y humilla al pueblo venezolano, incitando procesos judiciales y manipulándolos como en los siguientes casos:

En este estado Bolívar, el caso de los Trabajadores de la Empresa Edelca, a quienes mando a meter presos por un error humano y quienes todavía están bajo proceso judicial que se les sigue.
Al pueblo Zuliano a quien trata de humillar con su orden de meter preso a su Alcalde Manuel Rosales y su gran lider.
Al pueblo de Caracas a quien trata de someter, cuando pretende desconocer la autoridad de su Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, con la decisión de designar una autoridad con rango superior a la del Alcalde electo por su pueblo.
Y trata de humillar a todo el pueblo de Venezuela con esa aberración o adefesio de decisión, como mejor le suene, emitida por la abogada Marjorie Calderón, que hoy cubre de luto el sentimiento de nuestro país con el hundimiento absoluto de la Justicia y de vergüenza absoluta a nuestro gremio.

No se confié en que este noble pueblo venezolano, lo va a acompañar en su atropello y por eso este Colegio de Abogados, propone las siguientes acciones:

1. Declarar LUTO NACIONAL al ESTADO DE DERECHO en VENEZUELA.

2. Vestir durante el lapso de 30 días, en cada ciudad y poblado de Venezuela, una prenda negra o prender un lazo negro en la ropa, que signifique el luto al derecho y en solidaridad con cada uno de los presos políticos y sus familiares, que fueron sentenciados a tan injusta pena.

3. Instar a todos los Colegios de Abogados del país, a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, al Instituto de Previsión Social del Abogado, a las Asociaciones de Abogados Litigantes en cualquiera de sus foros ya sean Civil, Penales, Menores, Mercantiles o Constitucionales a debatir y a emitir pronunciamiento conjunto de todos. Asì como exigir al gobierno la rectificación de su violación al Estado de Derecho, con esta sentencia que esta al margen total de la Ley.

4. Instar a la Asociación de Jueces de Vzla, a que aborden una reflexión profunda y científica de la necesidad de recuperar la credibilidad de los jueces en Venezuela.

5. Acompañar la lucha civil que debamos dar todos los venezolanos, por el nombramiento de jueces probos. Que no respondan al llamado del partido de Gobierno. Que reúnan las condiciones mínimas de 4to nivel educativo. Que tengan mas de 5 años en el libre ejercicio, probado por el colegio de abogados al cual este adscrito. Que estén solventes con su Colegio de Abogados, ya que una persona que no tenga solvencia económica y moral, no puede seguir siendo nombrada Juez en este País.

6. Acompañar la lucha civil, en la marcha del 19 de Abril en Caracas.

7. Y convertirse cada abogado en este país, que se sienta humillado con esta decisión que pisotea los estudios del Derecho en Venezuela, desde hoy en participante activo en la campaña de concientización que debe arrancar en todo el país para despertar de su letargo los ciudadanos que desconocen lo que esta ocurriendo Venezuela a fin de que se unan en la defensa de sus derechos que a la final son los de todo los venezolanos.

SR. PRESIDENTE, SI USTED LO QUE QUERIA ERA UN TRAJE A SU MEDIDA, OJALA QUE SUS CONFECCIONISTAS: EL PODER MORAL, EL JUDICIAL, EL LEGISLATIVO, EL PODER ELECTORAL Y NI HABLAR DEL EJECUTIVO, NO SE LO HAYAN ELABORADO EXTRECHO Y NI USTED MISMO QUEPA EN EL.

POR QUE NO SON LAS REPETIDAS ELECCIONES LAS QUE LEGITIMAN UN GOBIERNO COMO DEMOCRÁTICO, SINO SU RESPETO A LA INDEPENDENCIA DE SUS PODERES E INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL ESTADO.

UN PAÍS SIN RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, NO ES UN PAIS DEMOCRATIVO.

Y A LOS CIUDADANOS DE ESTE PAIS LES RECUERDO EL PENSAMIENTO DEL POETA ALEMAN


DECLARACIONES EMITIDAS POR:
LUZ MARIA ALVAREZ
PRESIDENTA
COLEGIO DE ABOGADOS SECCIONAL CDAD. G

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domingo, 24 de agosto de 2008

*JUAN CARLOS APITZ: “LA SENTENCIA DE LA CIDH ES UN DURO GOLPE AL TSJ QUE NO ES AUTÓNOMO, INDEPENDIENTE NI IMPARCIAL”


*JUAN CARLOS APITZ: “LA SENTENCIA DE LA CIDH ES UN DURO GOLPE AL TSJ QUE NO ES AUTÓNOMO, INDEPENDIENTE NI IMPARCIAL”

Caracas 23/08/08. (PS).- Juan Carlos Apitz, magistrado destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que resultó beneficiado, junto a Ana María Ruggeri Cova y Perkins Rocha Conteras, con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado venezolano violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la convención regional en materia de DDHH, en la sentencia definitiva emitida ayer, dijo, en rueda de prensa, que “la decisión del organismo internacional es un duro golpe al Tribunal Supremo de Justicia que no muestra, de ninguna manera, ser independiente, autónomo e imparcial.”

El magistrado agregó, “quedó demostrado que por razones no jurídicas, sino políticas, en cumplimiento de nuestro deber y haciendo cumplir la Constitución y la ley, fuimos arbitrariamente e ilegítimamente destituidos, por lo que el tribunal debe ejecutar esa sentencia, en este sentido es bueno destacar que paradójicamente será la doctora Luisa Estela Morales destituida con nosotros, en la actualidad presidenta del máximo tribunal, quien deberá dar cumplimiento a esta decisión. Además debo decir que la ejecución de esta sentencia está garantizada, pues la CIDH, ha dicho que va a supervisarla”.

El fallo de la CIDH ordena al TSJ reintegrar a los magistrados destituidos al Poder Judicial. "Es importante destacar – señaló Apitz- que en este momento la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo está acéfala, no tiene integrantes. Es decir, desde hace ocho meses está cerrada, razón por la cual está más que justificado y procede nuestra reincorporación inmediata a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por lo que nosotros el próximo lunes a las 8 de la mañana estaremos en la Corte para ejecutar esta decisión”.

El magistrado dijo que “la decisión es un triunfo para la Venezuela democrática, para los que creen en la separación de poderes, en la justicia, en la igualdad ante la ley. Consideramos que esa es la importancia de la sentencia, que además les da sosiego a los jueces venezolanos para que puedan ejercer sus funciones de manera autónoma, objetiva, imparcial, pues en la sentencia se reconoce que todo juez en nuestro país debe tener estabilidad en sus cargos, que de ninguna manera debe ser presionado ni coartado en su libre ejercicio.”

Valentía de la Corte

Destacó Juan Carlos Apitz, al citar algunos antecedentes del caso, que en el caso de la sentencia de los médicos del Plan Barrio Adentro y la que reconoció la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria petrolera en la que fueron despedidos más de 18.000 trabajadores, estas “fueron interpretadas por el gobierno nacional como contrarias a sus intereses, y de allí la importancia de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que se reconoce que el máximo jerarca del gobierno nacional amedrentó a los magistrados de la Corte Primera, tratando de arredarlos en el desempeños de sus funciones, razón por la cual fuimos destituidos”.

Para Apitz,” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló de una manera valiente y con coraje. Esta sentencia abre una ventana de esperanza, es una luz de justicia en un país que muestra que internamente no hay justicia. Con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de alguna manera el Tribunal Supremo de Justicia queda inhabilitado por no mostrar imparcialidad”.

De igual forma, el magistrado Juan Carlos Apitz citó el párrafo 132 de la sentencia por considerarlo de gran relevancia, pues pone de manifiesto los excesos cometidos contra ellos.
"… la Corte, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal consideró como una “práctica común” la salida de un expediente de la Corte Primera que en ningún caso revestía los caracteres de delito, estima que el proceso penal, la investigación disciplinaria y la medida cautelar de suspensión en contra de los magistrados de la Corte Primera, resultaron excesivas. Aún más, las circunstancias del allanamiento de la Corte Primera durante seis a once horas, por aproximadamente cuarenta y seis efectivos de la DISIP provistos de armas largas, aparecen como desproporcionadas en relación al hecho investigado. Lo anterior, sumado a las declaraciones de la máxima autoridad del Gobierno vertidas tres días después de la decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ, permite advertir la existencia de una conducta amedrentadora sobre los jueces de la Corte Primera."
Por su parte, la magistrado Ana María Ruggieri, presente en la rueda de prensa, consideró que las decisiones tomadas por ellos en su calidad de magistrados en relación a lo que podrían definirse como casos emblemáticos para el gobierno, “en modo alguno fue asumido por la máxima autoridad de Venezuela como lo que efectivamente fue la sentencia”, en lugar de eso, “fue interpretado de manera arbitraria, injusta y amedrentadora en contra de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.

El magistrado Perkins Rocha señaló, “demostramos en la Corte Interamericana que los jueces en Venezuela son los funcionarios públicos más desamparados que hay en el país, sobre todo cuando sus decisiones afectan los intereses del poder. Esta decisión obliga en tiempos perentorios al Estado venezolano a que salde esa tarea con todos los jueces y funcionarios públicos del Poder judicial”.

Finalizó el magistrado Rocha diciendo “manifestamos hoy de manera enfática y clara nuestro deseo irrevocable de ingresar al Poder judicial, fuimos a la Corte Interamericana a solicitar justicia y la Corte nos dio justicia. Vamos a honrar la palabra de la Corte Interamericana hasta sus últimas consecuencias”.

Juan José Ojeda Díaz.- Prensa de Solidaridad