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lunes, 7 de septiembre de 2015

JOSÉ “CHEO” SALAZAR, LA ARBITRARIA PRISIÓN DE LEDEZMA

“Cuando veo la situación de los presos de conciencia, mi libertad me incomoda”. Abel Pérez Rojas (1970 - ). Educador mexicano.
Es indiscutible que el Alcalde Metropolitano es víctima de las desviaciones autoritarias y dictatoriales del régimen. No hay una sola razón para su detención y privación de libertad. La ilegalidad y arbitraria es tan evidente,  que luego de 6 meses, no han logrado hacer la audiencia preliminar, pero insólitamente,  lo mantienen en cautiverio. No hay juicio, no hay pruebas, no hay libertad, no hay justicia, tiene razón es inocente, pero sigue preso ¿Democracia? Dictadura pura y dura.

Los defensores de los derechos humanos del gobierno, se ufanan, vanaglorian y hasta fanfarronean,  que la Constitución Bolivariana de Venezuela, tiene el capítulo más avanzado, en materia de derechos humanos ¿Y? cuando vemos el caso del Alcalde Metropolitano, segunda autoridad, después del Presidente de la República, electo y reelecto, tenemos que concluir que lo establecido en la carta magna, lamentablemente, para el régimen es letra muerta. La Constitución sirve para todo, José Tadeo Monagas, dixit.

El régimen lanza potes de humo, pero el escándalo de la arbitraria e inconstitucional detención del Alcalde Metropolitano, retumba en todos los escenarios democráticos del mundo. Firmas para que Obama derogue un decreto, que no derogó. Campañas propagandísticas contra la Exxon Mobil que continúa explorando y explotando yacimientos petroleros en la zona en reclamación, cierre de fronteras y deportaciones masivas de colombianos, no logran silenciar la algazara que provoca en el mundo,  la acción antidemocrática del régimen contra Antonio Ledezma. El ruido es ensordecedor.

Los alcaldes del mundo democrático exigen la libertad del Alcalde Metropolitano. Los parlamentos del mundo se pronuncian en la misma dirección. Los expresidentes democráticos del mundo al unísono, algo nunca visto, rechazan la detención, firman un documento, visitan el país  y coinciden que estamos ante un vulgar atropello y una acción propia de dictaduras. La justicia que es la reina de todas las virtudes republicanas, está mancillada y ultrajada por el régimen. Lo que es obvio, no tiene discusión. Por sus ejecutorias os conoceréis.

Ledezma es un preso de conciencia. Un preso político en toda la extensión de la palabra y al cual le han violado todos sus derechos humanos. Eso no lo puede esconder, tapar, ni callar el régimen con los aquelarres que monta nacional e internacionalmente intentando ocultar sus ineficiencias y tropelías. La detención y prisión del Alcalde Metropolitano, es una certera puñalada al corazón democrático de la nación. El que tiene ojos lo ve clarito.

El 6 de diciembre los venezolanos haremos largas colas, serán colas de la dignidad, en todos los centros de votación, para votar por los candidatos de la oposición democrática, darle una lección al régimen y proveer de legitimidad a los diputados que elegiremos para que legislen y restituyan el estado de derecho, con la aprobación de una Ley de Amnistía General, que libere los presos políticos, regrese a los exiliados y elimine las inhabilitaciones. La salida es electoral y democrática. El inicio del fin está cerca.  No os desesperéis.

José “Cheo” Salazar
sjose307@gmail.com
@Cheotigre

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sábado, 20 de abril de 2013

ASAMBLEISTA Y DOS ACTIVISTAS SENTENCIADOS A PRISIÓN POR INJURIAS AL PRESIDENTE, ALERTA URGENTE ECUADOR:

El 16 de abril de 2013, la jueza nacional Lucy Blacio sentenció al asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y al exsindicalista Fernando Villavicencio a un año y medio de prisión por el delito de injurias contra el presidente de la República Rafael Correa, mientras que el activista Carlos Figueroa fue sentenciado a seis meses por el mismo delito. En los tres casos, los acusados también deberán ofrecer disculpas públicas al Jefe de Estado a través de los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales y pagar una indemnización calculada de acuerdo al sueldo actual del Mandatario (superior a $6000), a partir del 4 de agosto del 2011.
En la sentencia, la Jueza afirma que "se ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal;y que se encuentra probada la participación de loss eñores José Cléver Jiménez Cabrera (...) Carlos EduardoFigueroa Figueroa (...) y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, a quienes se declara culpables en calidad deautores materiales, y se les impone a cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha". Sin embargo, para Figueroa se establece una pena de seis meses de prisión por atenuantes.
Asímismo, en la sentencia "Se reconoce el derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los ciudadanos querellados (...) ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2 públicos y 2 privados) de mayor circulación de un extracto de la presente sentencia que contenga la parte considerativa y resolutiva de la misma, y como reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia".
Este juicio se originó en 2011, a raíz de la acusación que formularon los ahora sentenciados, respecto a que el Presidente supuestamente había ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Sin embargo, dicha demanda fue desechada y el mandatario los contrademandó por el delito de injurias.
En declaraciones a la prensa, el abogado Julio Sarango denunció que  la sentencia es nula porque la jueza Lucy Blacio incumplió disposiciones legales para sentenciar a su defendido Cléver Jiménez. Según Sarango, la Asamblea Nacional no se pronunció sobre si autorizaba o no el enjuiciamiento penal al asambleísta, por lo que esperan llevar el caso a cortes internacionales.
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