*JUAN CARLOS APITZ: “LA SENTENCIA DE LA CIDH ES UN DURO GOLPE AL TSJ QUE NO ES AUTÓNOMO, INDEPENDIENTE NI IMPARCIAL”
Caracas 23/08/08. (PS).- Juan Carlos Apitz, magistrado destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que resultó beneficiado, junto a Ana María Ruggeri Cova y Perkins Rocha Conteras, con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado venezolano violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la convención regional en materia de DDHH, en la sentencia definitiva emitida ayer, dijo, en rueda de prensa, que “la decisión del organismo internacional es un duro golpe al Tribunal Supremo de Justicia que no muestra, de ninguna manera, ser independiente, autónomo e imparcial.”
El magistrado agregó, “quedó demostrado que por razones no jurídicas, sino políticas, en cumplimiento de nuestro deber y haciendo cumplir la Constitución y la ley, fuimos arbitrariamente e ilegítimamente destituidos, por lo que el tribunal debe ejecutar esa sentencia, en este sentido es bueno destacar que paradójicamente será la doctora Luisa Estela Morales destituida con nosotros, en la actualidad presidenta del máximo tribunal, quien deberá dar cumplimiento a esta decisión. Además debo decir que la ejecución de esta sentencia está garantizada, pues la CIDH, ha dicho que va a supervisarla”.
El fallo de la CIDH ordena al TSJ reintegrar a los magistrados destituidos al Poder Judicial. "Es importante destacar – señaló Apitz- que en este momento la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo está acéfala, no tiene integrantes. Es decir, desde hace ocho meses está cerrada, razón por la cual está más que justificado y procede nuestra reincorporación inmediata a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por lo que nosotros el próximo lunes a las 8 de la mañana estaremos en la Corte para ejecutar esta decisión”.
El magistrado dijo que “la decisión es un triunfo para la Venezuela democrática, para los que creen en la separación de poderes, en la justicia, en la igualdad ante la ley. Consideramos que esa es la importancia de la sentencia, que además les da sosiego a los jueces venezolanos para que puedan ejercer sus funciones de manera autónoma, objetiva, imparcial, pues en la sentencia se reconoce que todo juez en nuestro país debe tener estabilidad en sus cargos, que de ninguna manera debe ser presionado ni coartado en su libre ejercicio.”
Valentía de la Corte
Destacó Juan Carlos Apitz, al citar algunos antecedentes del caso, que en el caso de la sentencia de los médicos del Plan Barrio Adentro y la que reconoció la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria petrolera en la que fueron despedidos más de 18.000 trabajadores, estas “fueron interpretadas por el gobierno nacional como contrarias a sus intereses, y de allí la importancia de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que se reconoce que el máximo jerarca del gobierno nacional amedrentó a los magistrados de la Corte Primera, tratando de arredarlos en el desempeños de sus funciones, razón por la cual fuimos destituidos”.
Para Apitz,” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló de una manera valiente y con coraje. Esta sentencia abre una ventana de esperanza, es una luz de justicia en un país que muestra que internamente no hay justicia. Con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de alguna manera el Tribunal Supremo de Justicia queda inhabilitado por no mostrar imparcialidad”.
De igual forma, el magistrado Juan Carlos Apitz citó el párrafo 132 de la sentencia por considerarlo de gran relevancia, pues pone de manifiesto los excesos cometidos contra ellos.
"… la Corte, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal consideró como una “práctica común” la salida de un expediente de la Corte Primera que en ningún caso revestía los caracteres de delito, estima que el proceso penal, la investigación disciplinaria y la medida cautelar de suspensión en contra de los magistrados de la Corte Primera, resultaron excesivas. Aún más, las circunstancias del allanamiento de la Corte Primera durante seis a once horas, por aproximadamente cuarenta y seis efectivos de la DISIP provistos de armas largas, aparecen como desproporcionadas en relación al hecho investigado. Lo anterior, sumado a las declaraciones de la máxima autoridad del Gobierno vertidas tres días después de la decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ, permite advertir la existencia de una conducta amedrentadora sobre los jueces de la Corte Primera."
Por su parte, la magistrado Ana María Ruggieri, presente en la rueda de prensa, consideró que las decisiones tomadas por ellos en su calidad de magistrados en relación a lo que podrían definirse como casos emblemáticos para el gobierno, “en modo alguno fue asumido por la máxima autoridad de Venezuela como lo que efectivamente fue la sentencia”, en lugar de eso, “fue interpretado de manera arbitraria, injusta y amedrentadora en contra de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.
El magistrado Perkins Rocha señaló, “demostramos en la Corte Interamericana que los jueces en Venezuela son los funcionarios públicos más desamparados que hay en el país, sobre todo cuando sus decisiones afectan los intereses del poder. Esta decisión obliga en tiempos perentorios al Estado venezolano a que salde esa tarea con todos los jueces y funcionarios públicos del Poder judicial”.
Finalizó el magistrado Rocha diciendo “manifestamos hoy de manera enfática y clara nuestro deseo irrevocable de ingresar al Poder judicial, fuimos a la Corte Interamericana a solicitar justicia y la Corte nos dio justicia. Vamos a honrar la palabra de la Corte Interamericana hasta sus últimas consecuencias”.
Juan José Ojeda Díaz.- Prensa de Solidaridad
Caracas 23/08/08. (PS).- Juan Carlos Apitz, magistrado destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que resultó beneficiado, junto a Ana María Ruggeri Cova y Perkins Rocha Conteras, con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado venezolano violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la convención regional en materia de DDHH, en la sentencia definitiva emitida ayer, dijo, en rueda de prensa, que “la decisión del organismo internacional es un duro golpe al Tribunal Supremo de Justicia que no muestra, de ninguna manera, ser independiente, autónomo e imparcial.”
El magistrado agregó, “quedó demostrado que por razones no jurídicas, sino políticas, en cumplimiento de nuestro deber y haciendo cumplir la Constitución y la ley, fuimos arbitrariamente e ilegítimamente destituidos, por lo que el tribunal debe ejecutar esa sentencia, en este sentido es bueno destacar que paradójicamente será la doctora Luisa Estela Morales destituida con nosotros, en la actualidad presidenta del máximo tribunal, quien deberá dar cumplimiento a esta decisión. Además debo decir que la ejecución de esta sentencia está garantizada, pues la CIDH, ha dicho que va a supervisarla”.
El fallo de la CIDH ordena al TSJ reintegrar a los magistrados destituidos al Poder Judicial. "Es importante destacar – señaló Apitz- que en este momento la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo está acéfala, no tiene integrantes. Es decir, desde hace ocho meses está cerrada, razón por la cual está más que justificado y procede nuestra reincorporación inmediata a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por lo que nosotros el próximo lunes a las 8 de la mañana estaremos en la Corte para ejecutar esta decisión”.
El magistrado dijo que “la decisión es un triunfo para la Venezuela democrática, para los que creen en la separación de poderes, en la justicia, en la igualdad ante la ley. Consideramos que esa es la importancia de la sentencia, que además les da sosiego a los jueces venezolanos para que puedan ejercer sus funciones de manera autónoma, objetiva, imparcial, pues en la sentencia se reconoce que todo juez en nuestro país debe tener estabilidad en sus cargos, que de ninguna manera debe ser presionado ni coartado en su libre ejercicio.”
Valentía de la Corte
Destacó Juan Carlos Apitz, al citar algunos antecedentes del caso, que en el caso de la sentencia de los médicos del Plan Barrio Adentro y la que reconoció la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria petrolera en la que fueron despedidos más de 18.000 trabajadores, estas “fueron interpretadas por el gobierno nacional como contrarias a sus intereses, y de allí la importancia de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que se reconoce que el máximo jerarca del gobierno nacional amedrentó a los magistrados de la Corte Primera, tratando de arredarlos en el desempeños de sus funciones, razón por la cual fuimos destituidos”.
Para Apitz,” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló de una manera valiente y con coraje. Esta sentencia abre una ventana de esperanza, es una luz de justicia en un país que muestra que internamente no hay justicia. Con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de alguna manera el Tribunal Supremo de Justicia queda inhabilitado por no mostrar imparcialidad”.
De igual forma, el magistrado Juan Carlos Apitz citó el párrafo 132 de la sentencia por considerarlo de gran relevancia, pues pone de manifiesto los excesos cometidos contra ellos.
"… la Corte, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal consideró como una “práctica común” la salida de un expediente de la Corte Primera que en ningún caso revestía los caracteres de delito, estima que el proceso penal, la investigación disciplinaria y la medida cautelar de suspensión en contra de los magistrados de la Corte Primera, resultaron excesivas. Aún más, las circunstancias del allanamiento de la Corte Primera durante seis a once horas, por aproximadamente cuarenta y seis efectivos de la DISIP provistos de armas largas, aparecen como desproporcionadas en relación al hecho investigado. Lo anterior, sumado a las declaraciones de la máxima autoridad del Gobierno vertidas tres días después de la decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ, permite advertir la existencia de una conducta amedrentadora sobre los jueces de la Corte Primera."
Por su parte, la magistrado Ana María Ruggieri, presente en la rueda de prensa, consideró que las decisiones tomadas por ellos en su calidad de magistrados en relación a lo que podrían definirse como casos emblemáticos para el gobierno, “en modo alguno fue asumido por la máxima autoridad de Venezuela como lo que efectivamente fue la sentencia”, en lugar de eso, “fue interpretado de manera arbitraria, injusta y amedrentadora en contra de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.
El magistrado Perkins Rocha señaló, “demostramos en la Corte Interamericana que los jueces en Venezuela son los funcionarios públicos más desamparados que hay en el país, sobre todo cuando sus decisiones afectan los intereses del poder. Esta decisión obliga en tiempos perentorios al Estado venezolano a que salde esa tarea con todos los jueces y funcionarios públicos del Poder judicial”.
Finalizó el magistrado Rocha diciendo “manifestamos hoy de manera enfática y clara nuestro deseo irrevocable de ingresar al Poder judicial, fuimos a la Corte Interamericana a solicitar justicia y la Corte nos dio justicia. Vamos a honrar la palabra de la Corte Interamericana hasta sus últimas consecuencias”.
Juan José Ojeda Díaz.- Prensa de Solidaridad
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentario: Firmar con su correo electrónico debajo del texto de su comentario para mantener contacto con usted. Los anónimos no serán aceptados. Serán borrados los comentarios que escondan publicidad spam. Los comentarios que no firmen autoría serán borrados.