THE ECONOMIST: HACIA EL SOCIALISMO DE ESTADO. OLA DE NACIONALIZACIÓN PRESAGIA ESCASEZ Y DECLIVE. EL UNIVERSAL. DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dueños de bienes inmuebles, grandes o pequeños, duermen intranquilos en Venezuela por estos días. Luego de que la oposición ganara estrechamente una mayoría del voto en las elecciones legislativas en septiembre, Hugo Chávez, el presidente izquierdista del país, ha emprendido una arremetida de nacionalización, al confiscar todo lo que se le atreviese, desde empresas en la industria siderúrgica pasando por embotelladoras hasta inmobiliarias. Cuando los trabajadores protestan, les lanza la Guardia Nacional. El gobierno ha justificado las confiscaciones con el argumento de que estaba rompiendo con monopolios o poniendo punto final al incumplimiento de reglas laborales o ambientales. Pero el objetivo pareciera enrumbarse contundentemente contra lo que Chávez denomina "la oligarquía" antes de que el nuevo parlamento, que tiene una marcada minoría de oposición, entre en sesiones en enero.

El 25 de octubre, la subsidiaria venezolana de la Owens-Illinois, fabricante estadounidense de envases de vidrio, pasó a ser la 200ª empresa nacionalizada en lo que va de año. Como es costumbre, los gerentes y trabajadores conocieron su destino durante una alocución televisada en vivo del presidente. Acusó a la empresa de explotar a sus trabajadores y causar grandes daños a los bosques. Pero el decreto de expropiación, publicado al día siguiente, no hizo mención de estos supuestos delitos, y en su lugar acusó a la empresa de aprovecharse de su posición dominante en el mercado.

Según los cálculos del mismo gobierno, se han confiscado unas 3.000 hectáreas de tierras y se propone confiscar otras 450.000 hectáreas el año entrante. Aunque la Constitución de 1999 garantiza los derechos de propiedad, los cambios sucesivos a la Ley de Tierras le han dado la potestad de apoderarse de la finca que le plazca, en muchos casos con poca o ninguna compensación.

No han salido mejor parados la industria y el comercio. Según la organización empresarial Fedecámaras, desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, casi 400 empresas han sido nacionalizadas, la vasta mayoría en los dos últimos años. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio informa que se pagó compensación a los dueños de apenas nueve de 44 compañías integrantes de la Cámara que fueron tomadas este año. La Constitución establece que no puede haber expropiación sin el veredicto final de los tribunales y sin una compensación justa. En la práctica, un plumazo del presidente es todo lo que hace falta.

En el transcurso de los años, ha cambiado la motivación oficial para la nacionalización. Las primeras adquisiciones forzosas se justificaron sobre la base de que la empresa (o finca) era improductiva. Luego el gobierno decidió que las áreas "estratégicas" de la economía debían pasar a manos del Estado. Así, en 2007 y 2008, asumió el control de empresas petroleras y eléctricas del sector privado, así como de compañías de telecomunicaciones, la industria del cemento y Sidor, la siderúrgica que fuera privatizada en la década de 1990.

Además, ahora el gobierno controla la cuarta parte del sistema bancario. Chávez señaló recientemente que cualquier banco que declinara "cooperar con el desarrollo nacional" al asignar créditos conforme a las prioridades gubernamentales también sería expropiado. Hoy día, los funcionarios declaran abiertamente que su objetivo consiste en implantar una economía socialista.

Paradójicamente, pese a las adquisiciones forzosas, la participación estatal en el PIB sigue estando alrededor del 30%, igual que en 1998. Esto se debe en parte a que el sector privado se expandió rápidamente durante el boom petrolero de 2004 a 2008. Pero también es porque muchas compañías nacionalizadas ahora producen menos de lo que producían cuando estaban en manos privadas. Gran parte de la industria alimentaria ha sido confiscada a fin de "garantizar la soberanía alimentaria". Pero el resultado ha sido un abrupto incremento en las importaciones. A principios de año, más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos importados por Pdval, un brazo de la compañía petrolera estatal, se hallaron en puertos y terrenos baldíos.

Hay una o dos excepciones. Los funcionarios alegan que la producción en Enlandes, una fábrica de lácteos nacionalizada, se ha elevado en 50% en dos años. El Ministro de Ciencias manifestó recientemente que la Cantv, la principal compañía de telecomunicaciones, cuenta con 65% más clientes desde su nacionalización, aunque no dio mayores detalles. Pero lo más típico es que una vez que las compañías pasan a manos del Estado, aumentan sus nóminas de empleados, los precios caen y se tornan más dependientes de los subsidios gubernamentales, a decir de Richard Obuchi del IESA, una escuela de negocios en Caracas. Adicionalmente, tienden a producir menos gama de productos.

La industria de la construcción ha sido duramente golpeada por la nacionalización. El cemento y las cabillas escasean (en ambas ha medrado el mercado negro). Sidor produjo 4,3 millones de toneladas de acero en su último año de administración privada; este año aspira alcanzar dos millones de toneladas. Otra razón por la que las constructoras se han ralentizado o detenido es que el gobierno les ha prohibido que ajusten los precios según la inflación, que está por encima de 30%. A principios de noviembre, Chávez expropió seis urbanizaciones en construcción, para el horror de la mayoría de los compradores. Los constructores, señala el presidente, son "bandidos" que no recibirán ninguna compensación por la medida.

La historia se repite en casi todas las áreas donde ha incursionado el gobierno. La nacionalización de la electricidad contribuyó a la escasez del suministro eléctrico, en presencia de un severo racionamiento a principios de año y constantes apagones en todo el país. La industria petrolera, gran parte de la cual ya era propiedad del Estado, ha visto decaer la producción del crudo y de los productos refinados (en cuánto, eso es materia objeto de debate).

Las encuestas sugieren que la mayoría de los venezolanos desaprueba las nacionalizaciones y respalda firmemente la propiedad privada. Pero Chávez al parecer sigue el consejo de Alan Woods, un trotskista galés devenido en asesor informal. Woods, más conocido en Caracas que Cardiff, la capital de Gales, exhortó públicamente al presidente a que respondiera ante su revés electoral "acelerando el proceso revolucionario", expropiando tierras, bancos y las principales industrias. Más les vale a los venezolanos prepararse para más nacionalización, escasez y declive económico.

Traducción: Conchita Delgado
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TRIBUNA LIBERTARIA., RAUL AMIEL - COMPENDIO OPINÁTICO.- 11-11-2010. OPINIONES DE TRINO MARQUEZ, IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ Y RAFAEL PIÑA PÉREZ

* EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ
* EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ
* LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ


EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ

El teniente coronel, tan dado a la demagogia y al populismo más ramplón, decidió atacar el problema de los supuestos ilícitos de los constructores con el peor de los métodos, ese que consiste en matar al paciente.

La industria de la construcción se tornó extremadamente compleja desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia. Los constructores privados, por los arraigados prejuicios de los comunistas, han sido tratados como criminales en potencia. Ya desde la famosa ley habiltante de 2001, desencadenante de los sucesos que culminaron con los episodios de abril de 2002, el comandante se las dio por atacar a los constructores privados. Luego vinieron la estatización de CEMEX, la reestatización de SIDOR y la expropiación, en días recientes, de SIDETUR, con el nada oculto propósito de controlar la columna central de la construcción de inmuebles: el cemento y la producción de acero y cabillas. A estas medidas hay que agregar la eliminación del IPC que disminuyó el atractivo de la construcción de complejos habitacionales.

Las tensiones permanentes que el régimen mantiene con el sector privado han llevado a que durante la docena de años que el Chávez tiene en el poder, haya sido el período en el cual menos viviendas se han construido y el déficit habitacional -medido por el hacinamiento, las viviendas en mal estado y las construidas en lugares precarios- más ha aumentado. Esa carencia ronda los dos millones de unidades. Esta cifra se incrementa a un ritmo cercano al crecimiento vegetativo de la población; esto es, alrededor de 2% por año. Es decir, que dentro de apenas diez años el déficit puede andar por el orden de las 2.400.000 viviendas. Un problema de estas magnitudes no puede resolverse peleando todo el tiempo con la gente que se dedica al exigente oficio de levantar casas y edificios residenciales. Este segmento de la población tiene que lidiar con los bancos que realizan los avalúos y desembolsan el dinero de los préstamos, con los numerosos organismos oficiales (nacionales, estatales y municipales) que conceden los permisos de habitabilidad, con la mano de obra y los sindicatos que no siempre entienden las exigencias de la construcción y la atmósfera pesada en la que ella opera. Construir está muy lejos de ser una actividad cómoda, sencilla y placentera, no importa cuán gratificante sea el resultado final.

La decisión de expropiar las urbanizadoras forma parte de los sainetes que el gobierno monta con el fin de atemorizar a los inversionistas y ganarse el aplauso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esa algarabía es pan para hoy y hambre para mañana. Funciona con la misma lógica de los controles de precio y de cambio: satisface el impulso inicial de los desesperados que se quejan del comportamiento de los precios y exigen la intervención del Estado para regular, pero en el mediano plazo provocan más inflación, mayor escasez y peor calidad de los productos que se ofrecen. El remedio resulta mucho más dañino que la enfermedad. Este será el efecto de las nuevas agresiones a los urbanizadores.

En un país tan descompuesto en el orden moral y material como es la Venezuela chavista, no resulta extraño conseguir empresarios inmorales que se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de la gente para abusar de ella. Si tales injusticias se cometen y se comprueban existen mecanismos para castigarlas. El artículo 114 de la Constitución señala que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. Ahora bien, nadie sabe cuáles son los delitos que se les están imputando a esas urbanizadoras. La decisión de atacarlas obedece más a un capricho, a la intención de demostrar que Chávez sigue teniendo el poder absoluto, a pesar de la derrota sufrida el 26-S, y al objetivo de sembrar terror, que al propósito de introducir orden y racionalidad en un grupo que supuestamente actúa en contra de los intereses de la clase media.

Si los constructores en cuestión hubiesen cometido alguna irregularidad, lo más conveniente habría sido aplicarles una penalidad ejemplarizante, que sirviera de modelo disuasivo para los demás empresarios, pero que no cercenara la iniciativa privada. Se les podría haber castigado con una severa multa (por cierto, si por cometer infracciones al gobierno se le cobraran multas, estaría arruinado). Pero la seriedad está reñida con este gobierno de quinta. En adelante si un empresario lo pensaba diez veces para acometer la edificación de un complejo residencial, ahora lo pensará mil, y, probablemente no lo hará.

Muchas gracias, comandante Presidente, por su valioso aporte.


EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ

I.
El Presidente Chávez ha decidido ignorar a la oposición, es decir, según la aritmética del pasado 26 de septiembre, a esa mitad del país que se permitió ejercer el democrático derecho de discrepar de su gobierno, y ha afirmado, palabras más palabras menos, que los que votaron en contra suya son traidores y oligarcas (o pendejos que se han dejado engañar). En el fondo, se trata, así pues, de la descalificación moral del adversario, como si la honradez política dependiera ahora del apoyo a gestión presidencial.

La realidad venezolana, en su interpretación oficial, muestra a un país cada vez mejor, en marcha indetenible hacia el socialismo, gústele o no a ese gentío de apátridas que sospecha, de pasada, que esa versión de la realidad, puesta en discursos y numeritos, muchas veces traídos por los pelos, ha sido elaborada con medias verdades y ficciones, tratando de disimular hechos inaceptables.

Pero la revolución, o sea, la realidad, no se discute, porque según la advertencia al uso, se ha comprobad que debatirla con el adversario es nocivo para la salud política del militante, a quien no le sientan bien los aires del debate. En fin, ya se sabe, el sectarismo es muy cómodo (reduce la necesidad de pensar), sobre todo si viene administrado sacramentalmente por el Presidente y se garantiza, culto a la personalidad de por medio, la infalibilidad de las ideas que se predican.

II.

Allí anda, por ejemplo, la política de nacionalizaciones, parte de un programa político que buena parte del país rechaza abiertamente. Exprópiese todo lo que se mueva, parece ser la consigna, expresión de un libreto que resulto históricamente insolvente, según ha contado, inclusive, la intelectualidad progresista del planeta. Exprópiese dice Chávez, persuadido de que siempre el interés público se encuentra mejor resguardado si el Estado es el dueño, no importa si, como es el caso, hablamos de un Estado mal equipado y de desempeño azaroso que diariamente da sobradas demostraciones de torpeza. Se trata, pues, de una política que no es la respuesta a un clamor nacional, un deseo colectivo de justicia, sino un acto personal del Presidente (exprópiese porque a mí me parece), haciendo uso de su derecho de caudillo, en nombre de la moral revolucionaria.

Por si acaso, no piense el lector, a leer estas cosas, que uno es de la estirpe de los neoliberales, salvajes o no, que promovían, al revés, la privatización de todo lo que se moviera y , por tanto, partidario dogmático de que el Estado no sea dueño de nada. Ni crea, por otro lado, que es simpatizante de las empresas constructoras de viviendas, siendo que, hace mil años, cuando era joven e indocumentado, una de ellas le expropio el pago inicial de un apartamento a cuenta de razones que nunca entendió y jamás tuvo la oportunidad para ventilarlas.

III.
A pesar de la manía política de las nacionalizaciones, Venezuela a sufre, paradójicamente, de un grave déficit de Estado. Este se ha vuelto un espejismo, se diluye cuando más lo necesitamos y hace rato que no sabemos lo que es vivir dentro de la tranquila normalidad de la ley. Así, para infinidad de efectos prácticos, el Estado Socialista es una simple desmesura ideológica, incapaz hasta de ejecutar lo que en beisbol se llaman las jugadas de rutina, siempre apostando por el jonrón, mientras falla con los roletazos al cuadro. Es difícil, por tanto, entender que ande tras la Polar mientras fracasa dolorosamente en la administración de las cárceles.

HARINA DE OTRO COSTAL

La tragedia de la inseguridad venezolana (de paso, en ella nuestro Estado parece un fantasma) se suaviza en ocasiones, volviéndose tragicomedia. Me cuenta mi sobrino Alejandro que cuatro ladrones robaron un apartamento a las tres de la tarde del martes antepasado. La víctima, una señora, madre de un amigo suyo, que en ese momento se encontraba sola, llamó a la policía una vez terminado el correspondiente saqueo. La patrulla llegó al poco rato e hizo el informe que daba cuenta del desfalco. Cuando estaban a punto de irse, la señora preguntó si no iban levantar las huellas digitales. Señora, usted cree que nosotros somos de la serie CSI, le soltó uno de los policías desde la puerta.


LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ

La construcción de viviendas enfrenta dos problemas vitales, techo para las familias y empleo, siendo el subsector de esta industria el que más genera trabajo por la cantidad de insumos que demanda: cemento, cabillas, madera, vidrios, etcétera. El déficit habitacional se estima en unos dos millones. Este gobierno es el que menos construye viviendas, unas 30 mil por año, lo que implica que en casi 12 años se hayan construido unas trescientos sesenta mil, más o menos la misma cantidad que construyó el gobierno de Caldera en cinco años.

El propio presidente Chávez ha reconocido públicamente que en materia de vivienda su gobierno está raspado, han pasado cerca de un ministro anual por el despacho de Vivienda y Hábitat. Se han traído inútilmente diseños de viviendas de Uruguay, Irán, China y ahora Bielorusia, teniendo nuestro país una larga experiencia y capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional.

El Ministerio de Salud ya no construye viviendas rurales para atender a la población del campo. Tanta ineptitud y con tanto dinero que ha ingresado al país.

El Gobierno en vez de dedicarse a la construcción de viviendas para atender a los segmentos pobres de la población, lo que está es entorpeciendo las construcciones del sector privado. A los especuladores con el precio de las viviendas, deben ser sancionados, pero no se debe generalizar, ocupando y expropiando urbanizadoras y constructoras. Muchos atrasos en la construcción de viviendas se deben a la escasez de cemento y cabillas a pesar de que el Gobierno prometió que con la estatización de las cementeras y Sidor se iba aumentar la producción de cemento y siderúrgicos, además de bajar el precio, ni lo uno ni lo otro, hay escasez de esos insumos y más caros.

El Gobierno no puede con las empresas que tiene, muchas están quebradas o funcionando deficientemente y sigue con una irracional política de estatizaciones que viene generando la caída del PIB en el 2009 y 2010. A excepción de Haití es el único país de América Latina cuya economía viene decayendo con la inflación más alta del mundo. La construcción de viviendas es dinamizadora de la economía, pero el Gobierno no tiene planes para este fin.

raulamiel@gmail.com
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LA DESTRUCCION DEL PAIS. EDITORIAL ANALITICA PREMIUM 10-11-2010

"Nos reprocháis, para decirlo de una vez, querer abolir vuestra propiedad. Pues sí, a eso es
a lo que aspiramos"
Marx/Engels, Manifiesto Comunista

Hay que multiplicar el capital politico del 26S y nuclearlo en torno a la defensa de un sistema de libertades públicas e individuales y hacer frente en todos los escenarios a la pretendida aniquilación del sector privado

Corren tiempos difíciles para todos los venezolanos. El proceso de destrucción que conduce el comandante presidente ha hecho caso omiso de los resultados electorales del 26S y fiel a sus dogmas, corre a la par de una feroz radicalización de tenor totalitario con la cual pretende dinamitar las bases del sector privado para implantar un modelo de afiliación comunista y ropaje democrático.

La ola de confiscaciones disfrazadas de expropiaciones que comenzó con las tierras agrícolas, y siguió con haciendas, televisoras, radios, cadenas de distribución de alimentos, bancos, comercios, supermercados, fábricas de envases de vidrio y ahora va por los conjuntos residenciales, no es otra cosa que la materialización de una vieja aspiración comunista, contenida en el propio Libro Rojo del PSUV, donde se define al partido: "como instrumento para ponerse al servicio del tránsito del capitalismo al socialismo, transformando progresivamente las relaciones de producción, de intercambio y de propiedad de los medios de producción para la liberación de la clase trabajadora, terminando con el control y monopolización de los medios de producción por la burguesía, transfiriéndolos al poder de los trabajadores y trabajadoras, a las comunidades y para sumarse a todos los pueblos del mundo en la tarea de enterrar al capitalismo y edificar un mundo nuevo, a la medida de una humanidad libre y plena. Esto implica la socialización de los medios de producción, la distribución racional de la tierra y de las riquezas, combatir la corrupción y el burocratismo".

No debe extrañanos que pronto la avanzada comunistoide arrase con otras instituciones. Lo peor de todo esto es la proverbial incapacidad que ha demostrado el Gobierno fagocitador, corrupto y botarate cuando asume tareas que antes estaban reservadas a los particulares: fundos y haciendas en el suelo, baja o nula producción, merma de la calidad de productos y servicios, subempleo, ineficiencia administrativa.

Datos de Conindustria indican "que el índice de escasez en los anaqueles de los mercados y supermercados sobrepasa 37%, debido al efecto de las expropiaciones". Carlos Machado Allison, experto en temas agrícolas, advierte que antes de esta arremetida expropiatoria Venezuela importaba 1.800 millones de dólares al año en alimentos, pero en el 2009 la cifra superó los 7.000 millones de dólares, lo que da una idea de la merma en la producción.

Frente a estas muy serias amenazas y el desconocimiento de la Constitución por la vía de los hechos, la oposición ha asumido un papel reactivo convocando una movilización contra las expropiaciones y en defensa de la propiedad privada. Bien por eso, aunque hay que ir más allá: hay que multiplicar el capital politico del 26S y nuclearlo en torno a la defensa de un sistema de libertades públicas e individuales y hacer frente en todos los escenarios a la pretendida aniquilación del sector privado porque es mucho lo que está en juego: no solo los derechos de las personas sino la propia integridad de la nación.

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INSEGURIDAD ROJA. NELSON MAICA C. POLÍTICA

¿El toque a su puerta del socialismo comunismo seria el producto de una insólita e inédita circunstancia de estupidez histórica colectiva o de la imbecilidad de los dirigentes y partidos políticos o la consecuencia de una acción coordinada internacional con insólita traición a la patria?

¿Cómo es eso de que una minoría socialista comunista domine a una mayoría, a la masa de un pueblo? ¿La instauración de una dictadura de militares golpistas que ahora dicen representar a los pobres y a los trabajadores rurales, sobre todo al pueblo rural, urbanos, etc., al pueblo en su totalidad, a las clases medias, a las menos favorecidas y pretenden acabar con la clase media, los ricos, burgueses, etc.?

¿Sobre quienes ejercen la dictadura los militares golpistas ahora comunistas? Sobre los pobres que según ellos mismos son mayoría, sobre los menos favorecidos, sobre los “pata en el suelo”.

Hablan de paz, pero hacen apología a la guerra y estimulan la supuesta “espontaneidad de las masas” para usarlas como agentes de la represión, el terror y el crimen y organizan un ejército propio que le sea obediente, “el brazo armado a su servicio”. ¿Recuerd

an el estribillo “esta revolución esta armada” del “boss”?

Confiscan, quitan, arrebatan, la tierra y toda propiedad “de mala lid”, para usufructo del gobierno y formas delegadas, engañando al pueblo con falsas y efímeras posesiones supuestamente colectivas. Para esto usan las fan a su servicio.

Se toman y atacan los medios de comunicación. Renombran y crean milicias de todo tipo y modalidad; controlan férreamente a los obreros y campesinos; derogan todo derecho e imponen sus tribunales y su “justicia”. Los antiguos soviet son denominados ahora “comunas”.

Desatan, internamente la violencia, una especie de “guerra civil interna” para justificar la implantación de la represión, el terror y el crimen rojo contra el pueblo, para someterlo a sus antojos.

La violencia interna, la criminalidad, la inseguridad que vivimos actualmente, reflejadas en varios informes públicos, medios de comunicación de todo tipo, estadísticas, fotos, índices, etc., es, para mi entender, sin dudas, una política del régimen, es una acción planificada, calculada, es una copia de la implantación del socialismo, comunismo, de la antigua Urss y de la actual Cuba, Gulag, Laogai. Primero la estimulan y luego, al convenirles, la restringen porque “manejan” sus relacionados, sus “mandaderos”, sus “ejecutores”.

Es un plan sustentado, en línea, con la supuesta nueva legalidad confeccionada a su medida, de intimidación masiva, represión, de terror, de crimen, de destrucción, de demolición de todo lo actual, dirigido por el régimen socialista comunista.

Retrocedimos. Parece que aquí, ahora, nos tropezamos con otro Feliks Dzerzhinsky, con otro CMRP (comité militar revolucionario de petrogrado), con otra Vecheka (Cheka), pasada por el toque tropical, la versión cubana. Oímos con frecuencia “esta revolución es pacifica pero armada”. Eso se parece mucho a lo otro, aquello de “el brazo armado de la dictadura del proletariado”. ¿Oh, no?

Señores, es bueno recordar las palabras de Dzerzhinsky: “la tarea actual es destrozar, demoler, el orden actual. Nosotros, los bolcheviques, no somos bastantes numerosos para realizar esa tarea histórica. Hay que dejar, por lo tanto, que actué la espontaneidad revolucionaria de las masas que luchan por su emancipación. En un segundo momento, nosotros, los bolcheviques, mostraremos a las masas el camino que deben seguir…Nosotros no estamos ahí mas que para canalizar y dirigir el odio y el deseo de venganza de los oprimidos contra los opresores”…

También recordamos que, de inmediato, se aplico la represión, el terror y el crimen contra los altos funcionarios públicos, bancos, medios de comunicación, transportes, profesionales, gente del campo, obreros, etc., etc., y se les comenzó a denominar “saboteadores” en contra de la revolución. Ahora aparecen hasta “iguanas” saboteadoras.

Toda persona sospechosa fue declarada enemiga, cierto o no. Se preparaban listas previas proporcionales a la población que eran utilizadas como “muestras” para aterrorizar. La prioridad: sabotaje, especulación y acaparamiento. Todo igual a cuanto estamos observando.

Da la impresión de que ya, como en la Urss, han elaborado todo un inventario de penas, castigos y amenazas y las usan y abusan para obligar al pueblo a seguir la voluntad del “boss”, a hacer cuanto le viene en ganas.

Además, quieren que el pueblo rojo piense que se le protege, se le privilegia con relación al resto de la población; pero lo cierto es que se le mira con suspicacia, se le vigila continuamente y se le inculca el espíritu de venganza, se les usa en su solo provecho, se les “manda” como esclavos, no se le estima en nada.

Toda injusticia cometida por el régimen rojo rojito pretende que no se le califique como tal, ni siquiera como exceso, en todo caso admiten, solo como un daño de aplicación de la revolución. Contradictorio ¿Si el socialismo comunismo es humanismo como justifican medidas brutales e injustas contra el ser humano? ¿Cómo justificar la inseguridad y la violencia y la cantidad de “malandros”, “matraqueros”, “secuestradores”, “grupos armados” en parroquias, “sobre dos ruedas”, en todas partes, etc., y armas en la calle?

Algunos tratadistas consideran al “terror rojo” socialista comunista, guardando las distancias, proporciones y demás, mayor o menor al “terror jacobino”, “termidoriana” (octubre 1796), durante la revolución francesa.

La inseguridad, en la época de la Urss, se le atribuía al “terror blanco”, a la resistencia, a la oposición, a la contra revolución, y así se pretendía justificar la aplicación del “terror rojo”, sin legalidad. Aquí se pretende lo mismo.

Todo el enjambre de organizaciones represivas, situadas de hecho, por encima de las instituciones legales, causó, en su oportunidad, en la Urss, problemas en el seno del régimen tales como oposiciones diversas, en el partido, en el gobierno y en la población.

Algunos, desde la alta dirigencia y los altos mandos, se oponían a la política continua del terror, al tratamiento y ejecución de todo sospechoso y/o acusado, por la vía administrativa y no por la vía judicial. También hubo oposición con argumentación humanista; pero desechadas por sentimentales.

Unos temían que la Cheka, independiente y poderosa, se convirtiera en un gobierno dentro del gobierno. Eran frecuentes los conflictos entre esta y los poderes locales.

Ante la evidencia, lo cotidiano, las cifras, los videos, las fotos, los testimonios, lo inocultable ya, los rojos rojitos tienen que asumir su responsabilidad y su política de represión, terror y crimen.

Dzerzhinsky, en su oportunidad, también expreso: “Representamos nosotros mismos el terror organizado —esto debe dejarse en claro— y este terror es hoy muy necesario en las condiciones en que estamos viviendo, en una época de revolución. Nuestra tarea es combatir a los enemigos del poder soviético, estamos aterrorizando a los enemigos del poder soviético con el objetivo de sofocar crímenes desde el principio (…). Es inútil culparnos de asesinatos anónimos. Nuestra comisión consiste en 18 expertos revolucionarios que representan al Comité Central del Partido y al Comité Ejecutivo Central (de los Soviets). Una ejecución sólo es posible después de la decisión unánime de todos los miembros de la comisión en reunión plenaria. Basta que un único miembro se exprese contrario a la ejecución para que la vida del acusado sea perdonada".

Para ciertos historiadores, entre ellos, Pierre Broué, el “terror rojo” aplico "represalias ciegas, tomas y ejecuciones de rehenes, a veces masacres en las prisiones… una violencia que era una respuesta al terror blanco, su correlato. Una orgía de sangre, ciertamente. Pero las víctimas fueron incomparablemente menos numerosas que las de la Guerra Civil". Hasta marzo de 1920, el número de víctimas fue oficialmente fijado en 8.620 personas; el contemporáneo Andre Morizet calcula un poco más de 10 mil. ¿Nos recuerda algo? ¿Cuántos son aquí? ¿Van 150.000?

Así estimados compatriotas que esto de la “inseguridad desatada” no es por casualidad, ni por descomposición de la sociedad, ni por tantas “razones” que se puedan esgrimir, es, simple y llanamente, una política del régimen para someter al ciudadano, a la gente, al pueblo.

Dos cosas están muy claras: una, de cuanto se trata es de suprimir todo intento u acto de resistencia, calificado por el régimen; dos, aplicar la nueva justicia implementada sobre la marcha y a capricho del régimen.

Lenin le decía, en una oportunidad, a Zinoviev: “…Estamos comprometidos: impulsamos el terror de masas en las resoluciones del soviet, pero cuando se trata de actuar, obstruiremos la iniciativa absolutamente correcta de las masas. ¡Es inadmisible! Los terroristas van a considerar que somos unos locos blandengues. La hora es extremadamente marcial. Resulta indispensable estimular la energía y el carácter de las masas del terror dirigido contra los contra revolucionarios, especialmente en Petrogrado, cuyo ejemplo es decisivo. Saludos. Lenin” (V.I.Lenin, Obras completas, Vol. L, Pág. 106.).

Afortunadamente la democracia plural ha derrotado al socialismo comunismo siempre. Aquí salio y quedo clarita la trampa ley electoral; quedo el testimonio y la gran esperanza de terminar, mas pronto que tarde, con tan nefasto capitulo.

“Las libertades y los amos no se combinan fácilmente”

Publius Cornelius Tacitus (55-120 d.J.C.): Cornelio Tácito (Cornelius Tacitus) fue un historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano.

nelsonmaica@gmail.com

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EMPRESARIO POTUGUES QUE VIVE EN VENEZUELA INICIA HUELGA DE HAMBRE PARA EVITAR LA CONFISCACION DE SUS BIENES

ASERNE EN VENEZUELA www.aserne.blogspot.com

Fuente: Jornal de Noticias (Portugal)

Un empresario portugués que vive en Venezuela comenzó hoy, domingo, una huelga de hambre para evitar la confiscación de bienes e instó al Gobierno portugués para que interceda con sus homólogos venezolanos por que se respeten sus derechos.

"Me declaro en huelga de hambre y le pido al gobierno portugués para que interceda ante el gobierno venezolano, que cumplan con las leyes y la Constitución de Venezuela y de respetar la propiedad privada", dijo Francisco Alves Félix.

En declaraciones a la agencia Lusa, el empresario explicó que los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) quieren confiscar 2,7 hectáreas de su propiedad, una zona industrial del valle de Mozanga en el estado venezolano de Carabobo (200 kilómetros al oeste de Caracas) .

Nacido en Vila Franca de Xira y emigró hace 26 años a Venezuela, Francisco Alves Félix se dedica a la actividad metalúrgica e instalaciones industriales.

Hace cuatro meses, sus bienes fueron amenazados, lo que le llevó a realizar, sin éxito, la diligencia debida y acciones legales en diversas instituciones e incluso una acción penal contra un grupo de atacantes, dijo.

"Fui a Inti el viernes pasado. Según testigos allí presente la director del departamento jurídico, Ariadna Jiménez le dijo "que si era necesario, pasarían por encima de mi cadaver..

El empresario se ha mantenido durante varios días dentro de su propiedad, y agregó que "si te vas, los invasores vendrán aqui."

El Señor Francisco Alves, compró unos terrenos en la Zona Industrial Mozanga, ubicada en la autopista Guacara Valencia, donde está el tanque de agua y la Subestación eléctrica, viniendo en sentido Guacara - Valencia, allí hay una vía asfaltada y queda como a 400 metros donde están haciendo las obras de muelle seco del sistema de ferrocarriles.

La situación es que desde hace más de 4 meses han tratado de invadirle sus terrenos (tiene un galpón techado), El Sr. Alves decidió iniciar una huelga de hambre y se encadenó a las puertas del galpón, ya que en el INTI le informaron que sus tierras les serían confiscadas y no le recibieron los documentos demostrativos de la tradición legal de las mismas.

Los celulares del Señor Alves son: 04265913968 y 04148706438 Necesitamos tu apoyo y ayuda!!

Así lo registra el Jornal de Noticias de Portugal

Empresário luso inicia greve de fome para evitar confiscação de propriedade

Um empresário português radicado na Venezuela iniciou hoje, domingo, uma greve de fome para evitar a confiscação de uma propriedade e apelou ao Governo português que interceda junto dos seus homólogos venezuelanos pedindo respeito pelos seus direitos.

"Declaro-me em greve de fome e peço ao Governo português que interceda junto do Governo venezuelano, para que se cumpram as leis e a Constituição venezuelana e se respeite a propriedade privada", disse Francisco Alves Félix.

Em declarações à agência Lusa, o empresário explicou que funcionários do Instituto Nacional de Terras (Inti) querem confiscar 2,7 hectares da sua propriedade, numa zona industrial do vale de Mozanga, no estado venezuelano de Carabobo (200 quilómetros a oeste de Caracas).

Natural de Vila Franca de Xira e emigrado na Venezuela há 26 anos, Francisco Alves Félix dedica-se à actividade metalúrgica e instalações industriais.

Há quatro meses que vê a sua propriedade ameaçada, o que o levou a efectuar, sem sucesso, diligências e acções legais em várias instituições e inclusive um recurso penal contra um grupo de invasores, afirmou.

"Fui ao Inti na última sexta feira e disseram-me que, se necessário, passariam por cima do meu cadáver. Foi a directora do departamento legal, Arianis Jiménez, quem o disse e há testemunhas disso", vincou.

O empresário permanece há vários dias na sua propriedade, adiantando que "se sair, os invasores vão para lá".

 

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PREOCUPAN A PRODUCTORES AMENAZAS A LA PROPIEDAD, COMUNICADO DE FEDENAGA TRIBUNA LIBERTARIA, RAUL AMIEL

Estiman que la tierra puede ser expropiada sin derecho a indemnización

La reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como otros proyectos que aún se discuten en la Asamblea Nacional, y sus implicaciones sobre la propiedad privada, fueron temas centrales de la XVLII Asamblea Anual de la Federación de Gananderos de Venezuela (Fedenaga), celebrada este fin de semana en Táchira.

Sobre la reforma a la Ley de Tierras -proyecto que fue discutido sin consultar a los organismos y gremios que agrupan a los productores del campo- consideran que "tiene una orientación de carácter social y político contraria a los principios y normas que garantizan el derecho de propiedad".

Los expertos que participaron en la discusión de la ley durante la Asamblea de Fedenaga concluyeron que "hasta el más mínimo pedazo de tierra productivo o no, puede ser expropiado sin audiencia del afectado y pasado a manos del Estado, sin ningún tipo de indemnización, por lo que se consagra la confiscación de las tierras".

Estas acciones, enmarcadas en la figura del rescate de tierras, han traído consecuencia negativas para la producción agrícola nacional, pues disminuye la oferta interna y crecen las importaciones.

"Al afectarse gravemente el derecho de propiedad de la tierra, indudablemente se descapitaliza el campo venezolano y se disminuye a su más mínima expresión la posibilidad del crédito bancario para el desarrollo de nuestra ganadería".

Fedenaga rechazó también los atropellos durante las intervenciones en el campo, acciones que aseguran se incrementarán amparadas por las disposiciones que están en la Ley de Tierras, que lejos de sumar restan beneficios al sector agrícola y pecuario.

"En muchos casos, pequeños productores son intervenidos y expropiados, sin que se les de la más mínima oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, pues de manera arbitraria se procede, mediante la utilización de la fuerza pública y del Instituto Nacional de Tierras y hasta del Indepabis, a tomar dichos fundos productivos, para posteriormente dejarlas en abandono, prevaleciendo siempre la destrucción de los instrumentos y cultivos, afectando de ese modo la capacidad productiva del país".

Los productores condenaron el hecho de que en los cambios que se le hicieron a la normativa que rige en materia agraria, no se contemplaran acciones para contrarrestar la inseguridad personal que viven los productores en el campo, como el cobro de vacuna, extorsión y secuestros.

Esto conlleva a una de las mayores preocupaciones de los productores sobre la prohibición de la tercerización de la tierra, pues por la inseguridad, los ganaderos están obligados a pasar menos tiempo en sus unidades de producción

El gremio e advirtió a los productores agropecuarios estar alerta ante las normativas legales que se han aprobado, y los exhortó a la defensa de la propiedad.

"Las leyes recién aprobadas, son interpretadas y aplicadas bajo el esquema de una autoridad que se aparta de las normas y principios de la Constitución. Especialmente, la ejecución de las expropiaciones que en la práctica no son otra cosa que la confiscación de la propiedad privada, lo cual está prohibido por la Constitución y solo es permitido mediante procedimientos administrativos y judiciales especialmente contemplados en las leyes respectivas", expresó Fedenaga a través de un comunicado. ACC

raulamiel@gmail.com
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EL GOBIERNO TIENE MAS DE 10 MILLONES DE HECTÁREAS ABANDONADAS.- RED POR LA DEFENSA AL TRABAJO, LA PROPIEDAD Y LA CONSTITUCIÓN

Cuando analizamos la situación de las grandes extensiones de tierras pertenecientes al estado, nos encontramos que las mismas están abandonadas y sin ningún tipo de actividad productiva significativa. Las comunidades indígenas o campesinas que en ellas se encuentran. carecen de apoyo gubernamental y no existen en estas tierras algunos de los proyectos tantas veces anunciados por voceros oficiales, en cuanto a agricultura y cría se refiere.

Estas tierras son las de mejor calidad para cultivos de maíz, arroz , soya, cana de azúcar, sorgo, caraota, entre otros y su capacidad para la cría de ganado y granjas para producir pollos y cerdos es óptima. Estas grandes extensiones se encuentran ubicadas alrededor del rió Orinoco y en los estados Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Guarico. Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure y parte del norte de Bolívar.

Existen a parte de estas tierras unos 90 asentamientos campesinos en otras zonas del país en iguales condiciones de abandono lo cual nos indica que aquí no se produce por que el gobierno no tiene interés en poner a producir sus tierras y toma las privadas para que sigan el mismo destino de las publicas.

Esta demostrado que el objetivo del gobierno es acabar con lo privado tomando como excusa que son improductivas y se necesitan para mejorar la producción, lo cual no es verdad ya que el gobierno tiene tierras para producir todas las necesidades de alimentos de los Venezolanos y podemos también exportar y darle fuentes de ingresos a esos mas de dos millones de indígenas y campesinos que están abandonados a su suerte por este gobierno.

Vicente Brito
Presidente

Raúl Amiel
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AUTORITARISMO ECONÓMICO, ISAAC MENCÍA, TAL CUAL, MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2010

En todas las experiencias históricas de construcción del denominado “socialismo real”, léase Unión Soviética, China y Cuba comunista, entre las más relevantes, el autoritarismo y la intolerancia consustancial a éste, no sólo se expresó en el campo político con la eliminación de toda forma de disidencia, sino también en el campo económico.

Y la razón radica en que es imposible acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción y distribución, intervenir todos los espacios de la actividad económica, implantar una economía dirigida desde el poder central, establecer controles de precios, producción y consumo, sin violentar principios y derechos humanos como el de propiedad y de libertad económica que pasan a ser satanizados como “principios y derechos burgueses” que no son “sagrados” por cuanto son fuente de explotación e injusticia social. Detrás de esta postura ideológica se esconde la convicción en quienes impulsan estos procesos revolucionarios en que la mejor forma de acabar con la libertad individual y política es acabando con el derecho de propiedad y la libertad económica.

Este hecho fue reconocido abiertamente por León Trotsky, uno de los principales y más talentoso líderes de la revolución rusa, quien en 1937, en abierta oposición al régimen totalitario implantado por Stalin, sentenció: “En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio “el que no trabaje no comerá” ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá (cita tomada de Camino de servidumbre, F. Hayek, Pág. 157).

El fundamento político es claro: el control por parte del gobierno revolucionario de la vida económica es un componente clave para someter a toda la sociedad y la consecución de ese objetivo debe ser impuesto aun al precio de violar el marco legal e institucional existente. El “Socialismo del Siglo XXI” que impulsa el presidente Chávez está reproduciendo el modelo de ejercicio autoritario del poder en el que deliberadamente se excluye el diálogo y la construcción de consenso con los distintos sectores sociales que participan en la dinámica económica. La construcción de una economía socialista inspirada en el marxismo-leninismo y en el modelo cubano no se discute democráticamente, sencillamente se impone.

El autoritarismo económico del “Socialismo del Siglo XXI”

La decisión anunciada por el gobierno de ejecutar una expropiación forzosa de la Zona Industrial I de Barquisimeto, donde se encuentran ubicados, entre otros galpones, los de la empresa Polar, y la reciente detención en Caracas de un numeroso grupo de pequeños comerciantes de carne de res, acusados de cometer el delito de especulación, se enmarca en una política de autoritarismo económico donde las decisiones del gobierno en materia económica se imponen discrecionalmente excluyendo todo tipo de consulta, debate y negociación efectiva con los empresarios, trabajadores y consumidores que serían afectados por las decisiones y acciones impuestas por el gobierno.

Desde el año 2001, cuando mediante una Ley Habilitante se aprobaron 49 leyes excluyendo la consulta y participación de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los empresarios y los trabajadores, posteriormente, la sanción también vía habilitante de 26 leyes en Agosto de 2008; pasando por la derrotada pretensión de modificar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2D de 2007), en la cual se planteaba la construcción de un Estado y una economía socialista, minimizando la propiedad privada; el desarrollo de una política económica centrada en controles de precios con carácter permanente (tipo de cambio, bienes y servicios, etc.), los cuales generan un conjunto de distorsiones en el funcionamiento de la economía resaltando el rezago acentuado en el ajuste de precios en medio de una inflación persistente; el establecimiento de un conjunto de restricciones para importar y la reservación prácticamente exclusiva al gobierno de algunos rubros, especialmente de alimentos; el sistemático desconocimiento de la libertad sindical y del derecho de contratación colectiva de los trabajadores; y las continuas y crecientes acciones de confiscación y/o expropiación de tierras productivas y de empresas operativas en distintos sectores de la economía, hasta la aplicación reciente de medidas privativa de la libertad de ciudadanos dedicados al comercio; evidencian clara e inequívocamente un régimen de autoritarismo económico abiertamente contrario a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución, leyes, y tratados internacionales suscritos por la República de Venezuela.

Todo lo anterior confirma que la naturaleza política-ideológica del “Socialismo del Siglo XXI” inexorablemente está acompañada de un ejercicio autoritario y despótico del poder no sólo en el campo político-institucional sino también en el campo económico. ¿Será que el socialismo bolivariano está asumiendo la sentencia crudamente expuesta por Trotsky según la cual: quien no obedezca no comerá? Lo cierto es que a la luz de la experiencia histórica el resultado previsible de estos regímenes es la destrucción progresiva de la economía y de las fuentes de generación de riqueza, el aumento sostenido de la pobreza y la pérdida de la libertad. Cambiar este rumbo es el desafió que tenemos hoy todos los venezolanos amantes de la vida, la libertad, la paz, la democracia, el progreso, y la justicia social

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CONFISCACIÓN CULTURAL, JUAN CARLOS APITZ

El Socialismo del Siglo XXI no es sólo “velas, totuma y tobo”. Es, antes que nada, eliminación de la propiedad privada; aunque se haga de una manera disfrazada, de una manera engañosa. No debe sorprendernos…, total estamos ante un gobierno de mentirosos. Eso se demuestra con la reciente declaratoria de 1216 edificaciones caraqueñas como bienes de interés cultural.

El Instituto de Patrimonio Cultural en su providencia administrativa del 26 de agosto de 2009, publicada en Gaceta Oficial No. 371.827 del 25 de septiembre de 2009 declara como bienes de interés cultural más de mil construcciones repartidas en gran parte de la ciudad capital.

Altagracia, Antímano, Caricuao, Catedral, Coche, El Junquito, El Paraíso, El Recreo, El Valle, La Candelaria, La Pastora, La Vega, Macarao, San Agustín, Santa Rosalía, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro, Santa Teresa, Sucre y 23 de Enero, son las parroquias donde están ubicados los bienes inmuebles que aparecen en el Primer Censo del Patrimonio Cultural y en el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Autopistas, avenidas, ríos, árboles, sitios arqueológicos, parques, haciendas, edificios públicos y privados, casas, colegios, plazas, museos, iglesias, teatros, estaciones de metro, cementerios, entre otros están incluidos en la declaración.

Entre las 1216 construcciones aparecen las autopistas Valle-Coche, Francisco Fajardo y la Caracas-La Guaira; las avenidas Urdaneta, Bolívar, Libertador y Boyacá; los ríos Guaire y Valle; distribuidores La Araña y El Pulpo, el túnel del El Paraíso; sitios naturales como los petroglifos de El Ávila de Caracas, así como el rebautizado Parque Nacional Warairarepano.

En cuanto a edificaciones emblemáticas de Caracas, asoman el Panteón Nacional, el edificio La Previsora, la Plaza Bolívar, la Catedral de Caracas, el Parque El Calvario, El Casco histórico de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, el Poliedro de Caracas, la Casa del Artista, el Hotel Humboldt, el Mercado de Guaicaipuro, el Parque Los Caobos, la Plaza Venezuela, el Centro Simón Bolívar, el Boulevard de Sabana Grande, el Teleférico, el Paseo Los Próceres, el Circulo Militar, el Hotel Ávila, el Helicoide, el Observatorio Cajigal, entre muchos más.

Esta declaración implica, entre otras cosas, que cualquier acto de enajenación a título oneroso o gratuito, así como cualquier gravamen, limitación o servidumbre a imponer sobre tales inmuebles que sean propiedad de particulares deberán notificarlo al I.P.C. Y que cualquier acto de demolición, reformas, reparaciones, restauraciones, cambios de ubicación o de destino deberá ser aprobado por el mencionado Instituto.

Para colmo de males, según la Ley respectiva todos los bienes declarados de interés cultural cuya propiedad no pueda ser demostrada al requerirlo el Gobierno nacional, pasarán a la custodia y protección de la República, o lo que es lo mismo, a la revolución. ¿Les parece conocido?

A la sazón, todo esto sabe a lo mismo de la Ley de Propiedad Social, la Ley de Tierras Urbanas, la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, a invasiones, ocupación, incautación, expropiación, requisición, decomiso, expropiación…, en fin, a socialismo con acento cubano. Así que, por más que mientan diciendo que “velan por la preservación, defensa y salvaguarda de las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre, que constituyen elementos fundamentales de la identidad étnica y cultural del venezolano”; todos sabemos que se trata de la eliminación de la propiedad privada a través de una burda confiscación con excusa cultural. ¡Ta ’dicho!

Juan Carlos Apitz
justiciapitz@hotmail.com
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EXPROPIACIÓN, LA PLANIFICACIÓN DEL CAOS, RICARDO BELLO, EL NACIONAL - DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2009

Utilicemos una palabra menos agresiva que la expropiación y supongamos que la confiscación de predios obedece a la determinación de mejorar nuestra calidad de vida. La lógica detrás de un proceso de intervención de fincas debería estar regida por criterios de productividad y supondría tomar en cuenta el contexto social de la finca, estemos hablando de un cultivo hidropónico o de arroz. Expropiar tierras que están siendo exitosamente cultivadas, sustituir sus cultivos y desplazar a sus trabajadores natos, sean dueños o técnicos, por empleados públicos sin experiencia, conduce al espectáculo de mayores tierras ociosas.

La lógica gubernamental no toma en cuenta la experiencia acumulada de los productores. Muchas fincas del centro del país, por ejemplo, sustituyeron hace mucho tiempo la siembra de maíz por caña de azúcar, debido a la cercanía de centros urbanos y el creciente hurto de las cosechas. Rescatar fincas para entregarlas a funcionarios públicos supondría un estudio de las zonas con mayor potencial, pero el mecanismo utilizado ha sido disparar primero y averiguar después, y darles a funcionarios chavistas la responsabilidad de llevar adelante unidades de producción, una tarea para la cual nunca se prepararon. El proceso evolutivo del uso de la tierra ha estado marcado por la presión urbana y la demanda de alimentos de la población.

Nada puede sustituir la transición natural que la historia económica impone a nuestros suelos.

Sin embargo, han sido intervenidas 42 fincas en Aragua y Carabobo, un total de 3.600 hectáreas, sin tomar en cuenta la calidad de sus suelos. Apenas 42 % tienen tierras tipo I y II, óptimas para sembrar y 58% son de muy mala calidad. ¿Por qué no se tomaron el trabajo de evaluar la economía agrícola en la zona y de escuchar informes calificados? Una de las razones del caos podría ser el desmembramiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, institución adscrita hasta hace poco al Ministerio para la Ciencia y la Tecnología, hoy ubicada en el de Agricultura y Tierras.

El Mppat negó el presupuesto requerido para los proyectos de investigación y derogó el requisito de maestría para el ingreso como investigador, al punto de que han nombrado a técnicos medios comprometidos con la revolución como responsables de laboratorios, pasando por encima a profesionales con maestría y doctorado. Los editores de las revistas científicas fueron sustituidos por directivos identificados no con la ciencia, sino con la ideología gubernamental. Los investigadores ya no cuentan con la posibilidad de continuar su capacitación, al perderse la operatividad de la Comisión de Educación del INIA, y técnicos con muchísimos años de experiencia han sido reasignados a áreas en las cuales no tienen competencia, con lo cual se ha perdido la continuidad de sus actividades de investigación.

Jesse Chacón, hay que reconocerlo, respetó al personal responsable de la investigación científica y tecnológica, pero el Mppat hace lo imposible por desarticular el proceso productivo.

Un solo ejemplo puede darnos idea de las consecuencias catastróficas de la politización del instituto científico. Actualmente, se producen cerca de 4,5 millones de plantas cítricas al año en
el estado Aragua y casi todas han sido destinadas a siembras en los Andes.

Reportes técnicos nos hablan de las enfermedades y muertes masivas en naranjales al no existir organismo alguno que vele por la calidad genética y fitosanitaria de los viveros. Una inversión considerable se perdió y los productores del occidente pagarán las consecuencias, así como las amas de casa, cuando no encuentren frutas en los anaqueles de los mercados.

aracal@gmail. com

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*NOTICIA EN EL UNIVERSAL DE CARACAS (13 DE ABRIL DE 2008) EXPROPIACIONES DEL INTI AFECTAN YA A 34 PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL ESTADO LARA ....

*NOTICIA EN EL UNIVERSAL DE CARACAS (13 DE ABRIL DE 2008) EXPROPIACIONES DEL INTI AFECTAN YA A 34 PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL ESTADO LARA (FOTO CORTESÍA DE ROGER VALERA)

RETIRO DE LOS MILITARES EXIGEN EN VALLE DEL TURBIO
FEDECÁMARAS LARA SE REUNIRÁ CON AUTORIDADES DEL INTI Y DE LA ALCALDÍA

MARLA PRATO

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Barquisimeto.- El abandono inmediato de las tropas militares que ocupan las fincas ubicadas en el Valle del Turbio exigió la asamblea que se convocó en Lara para analizar la situación de los productores afectados por una medida de expropiación adelantada por el Instituto Nacional de Tierras, acción que en su primera fase afecta a 34 productores de caña de azúcar.

De igual manera, se acordó realizar acciones durante la semana, que culminarán con una asamblea nacional el 17 de abril en tierras del Valle del Turbio, donde se deliberará sobre la situación hasta el 19 de abril, fecha de proclamación de la Independencia del país.

La asamblea, convocada por Fedecámaras Lara, contó con la presencia de las directivas de Socatur, Cámara de Comercio, Cámara Inmobiliaria, Cámara de la Radio, Cámara de Industriales, la sociedad civil, estudiantes universitarios y dirigentes políticos, entre otros.

El presidente de Fedecámaras Lara, Mario Seijas, se refirió a la violación de los derechos fundamentales y de la decisión del TSJ que calificó de ilegal la ocupación previa de tierras en proceso de rescate por el INTI.

Entre las acciones aprobadas para la semana figura que el lunes se introducirá un amparo ante el Tribunal Superior Agrario de Barquisimeto y se reunirán con el alcalde de la ciudad, a quien solicitarán la reconsideración de la medida de intervención de las tierras localizadas en el Valle del Turbio.

El martes habrá una reunión de trabajo con el presidente del INTI. El miércoles se hará una gran marcha de los productores de caña de azúcar y sectores de la sociedad civil larense por toda la ciudad.

Se decidió además constituir un comité de acción con estudiantes, magisterio, sindicatos, gremios profesionales y del sector empresarial, vecinos y ecologistas, para ejecutar líneas de acción que desemboquen en un gran paro cívico en defensa del Valle del Turbio. Se contactarán organismos internacionales con competencia en la materia para insertar el tema en la agenda internacional.

*DENUNCIAN INTERVENCIÓN DE FINCAS AZUCARERAS EN LARA: “SEÑORES PROPIETARIOS DE LAS FINCAS INVADIDAS. PÓNGANSE LOS PANTALONES”

*DENUNCIAN INTERVENCIÓN DE FINCAS AZUCARERAS EN LARA: “SEÑORES PROPIETARIOS DE LAS FINCAS INVADIDAS. PÓNGANSE LOS PANTALONES”


¿HASTA CUANDO E ABUSO Y EL DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD PRIVADA?


¿HASTA CUANDO LOS QUE POSEEN LEGALMENTE VAN A DEJARSE USURPAR SUS DERECHOS ENTE UN PODER LEGAL QUE NO RESPONDE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA APROPIARSE INDEBIDAMENTE DE LO QUE NO LE PERTENECE?


ES HORA DE PONERSE LOS PANTALONES LARGOS DEL FEDERALISMO Y LA AUTONOMÍA, Y PASAR A LIDERAR EL DISCURSO EN DEFENSA DE LA RENTABILIDAD DEL TRABAJO Y LA TIERRA, QUE SON LA FUENTE DE LA RIQUEZA PROVINCIAL.
RECURRIR A LAS INSTANCIAS FALSO JURÍDICAS NO RESOLVERÁ EL PROBLEMA. SE QUEDARAN CON LOS CRESPOS HECHOS.


¿HABRÁ QUE LLORAR COMO DÉBILES LO QUE NO SUPIMOS DEFENDER CON LA VALENTÍA NECESARIA?


LA NOTICIA EN GLOBO VISIÓN


Caracas.- Más de 30 fincas productoras de caña de azúcar ubicadas en el valle del río Turbio, estado Lara, han sido militarizadas en las últimas horas porque serán objeto de expropiación por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), reportó Globovisión.

Alfredo José Arévalo, director de la Sociedad de Cañicultores del Turbio, denunció que el INTI habla de rescate de tierras cuando en realidad se trata de una confiscación de fincas que están en plena producción y cuyos propietarios tienen la documentación que los confirma como tales.

Arévalo rechazó la "ocupación preventiva" por parte de efectivos militares, como si quienes están en las fincas fuesen delincuentes y no personas que llevan años dedicándose a la actividad agropecuaria, y aseguró que el INTI nunca se sentó a negociar con los productores.

También cuestionó la motivación gubernamental para intervenir estas tierras, que es eliminar el cultivo de caña de azúcar, cuando este rubro se ha sembrado en el valle del Turbio "desde tiempos ancestrales" y "se adapta perfectamente al sistema biológico" de la zona.

Advirtió que si estas tierras se usan para sembrar hortalizas -como dijo el presidente Chávez hace dos años- "la contaminación por vapores químicos provenientes de fertilizantes y pesticidas que se utilizan en el cultivo de estos productos serán trasladados por el viento hacia Barquisimeto".

Esta situación, agregó Arévalo, podría provocar un aumento en la incidencia de enfermedades como cáncer y de nacimientos con anomalías. "Esto no es un invento mío, está sucediendo en la población del área de Quibor por la misma razón".

Carlos Santos, uno de los propietarios de la Hacienda La Pastora, aseguró que los efectivos militares y los funcionarios del INTI les han dicho a los productores que pueden seguir trabajando, pues su presencia es sólo para asegurar las tierras y las infraestructuras.

No obstante, dijo Santos, los productores se sienten afectados tanto por la intención de confiscar sus tierras como por la incertidumbre generada por la militarización de la zona. Agregó que en los próximos días presentarán un recurso de amparo para defender sus derechos.

Por otra parte, el ex gobernador de Lara Orlando Fernández afirmó que la intervención de estas fincas es una "intimidación" al sector privado y forma parte del plan de "un gobierno que no ha abandonado, a pesar de su derrota el 2 de diciembre, el proyecto de reforma totalitaria".

Agregó que el "por ahora" era una advertencia, pues los contenidos de la reforma están aplicados por otras vías, por lo que llamó al pueblo venezolano a reaccionar. "Se está ejecutando un plan estatista al estilo cubano donde la propiedad privada no va a existir".

Alejandro Hinds R.
eluniversal.com