"EL DERECHO A LA PROPIEDAD SE REDUJO A UNA CONCESIÓN DEL ESTADO". JORGE BOTTI. DECLARACIONES EN EL DIARIO EL NACIONAL

Jorge Botti es Presidente de la Comisión de Economía de Fedecámaras, Director De Cedice y Ex Presidente De Consecomercio

El empresario cuestiona a quienes piensan que no se llegará al año 2012. "Lo haremos, así como llegamos al 26-S, día en que se demostró que sí hay capacidad para el cambio". Advierte que la Constitución ha sido suplantada por el proyecto socialista

Jorge Botti cree que los próximos dos años serán un "invierno crudo" para el país. El ritmo de las expropiaciones, de continuar, dejará un cuerpo empresarial desvencijado. Aun así, dice, el empresariado debe salir de las cuatro paredes entre las cuales está encerrado, dejar de gritar que "viene el comunismo" y conectar con los trabajadores. "La respuesta la estamos construyendo, pero implica ir más allá que decir que estamos unidos.

Falta capturar la emoción del país. Tenemos que ver cómo hacer para que los tiempos políticos y económicos coincidan", afirma.

--Usted ha dicho en varias ocasiones que los empresarios deben apuntar el discurso hacia los trabajadores. ¿Por qué?

--La estrategia de confrontación del sector empresarial de los últimos años está agotada porque no hemos conectado con gran parte de la sociedad para crear vínculos afectivos que comuniquen el riesgo que significa para un país la desaparición de la empresa privada y la necesidad de evitar que el proyecto de país del Gobierno se consolide. Llegó el momento de pintar un futuro distinto y dejar de gritar que esto es comunismo.

--¿Cuáles son los pasos para eso?

--Lo primero es dejar de engañarnos. El hecho de que las encuestas digan que 80% de la población defiende la propiedad privada y rechaza las expropiaciones y el modelo cubano, no significa que sea consciente de que se está mermando la propiedad. Esas mismas encuestas señalan que entre 48% y 50% de las personas no siente que vamos a un esquema comunista. Eso significa que tenemos que hacer algo más. Desde hace mucho tiempo se le está pidiendo al sector empresarial que salga y hable con el país; que conecte con la sociedad. Eso implica que el sector empresarial organizado debe salir de las cuatro paredes en las que está encerrado.

--¿Y cómo se plantea usted hacer ese diálogo con los trabajadores?

--Hay que conectarse y hablar con ellos. No se trata de hablarles del comunismo soviético, sino de lo mal que estamos y de lo mejor que podríamos estar. Y que se les haga sentir con el ejemplo que empresa y trabajador son una misma cosa.

--Hace algunos años el país estaba liderado por organizaciones de la sociedad civil. Ahora los partidos retoman la batuta política. ¿Qué reflexión ha hecho el sector empresarial sobre el papel que asumió en años anteriores y el que le corresponde?

--Cada sector está llegando a un reposicionamiento. En los últimos años quedó muy claro que las instituciones empresariales no están diseñadas para ejercer el poder. Hay que reconocer los errores del pasado que, aunque fueron muy personales, dieron al traste con lo que debía ser una organización empresarial. Nuestro mayor deseo es influir en un diseño de país que sea distinto del que tenemos hoy y del que tuvimos en el pasado, porque no todo lo que había anteriormente era mejor.

--¿Cuál es el papel de un empresario en una sociedad como la nuestra, que pareciera estar en cola para que le corten la cabeza?

--Los empresarios tienen que dedicarse a prevalecer. Eso es importantísimo: impactar la realidad de forma que se haga imposible la destrucción de la empresa. Para eso planteo dos estrategias empresariales.

Primero, lograr la excelencia, sin importar el tamaño de la empresa. Eso pasa por cumplir a cabalidad con todas las regulaciones estatales, por más absurdas que parezcan. La segunda tarea es establecer una vinculación afectiva y efectiva con los trabajadores y la comunidad que la rodea. En estos momentos estoy sintiendo mucha angustia entre los empresarios, que con frecuencia dicen: "No llegamos a 2012". Pensar eso es peligrosísimo. Creo que sí llegamos a 2012, así como sí llegamos al 26-S. Ese día se demostró cómo somos capaces de cambiar la realidad.

--El domingo pasado, el presidente Chávez dijo, en el contexto del problema con las constructoras, que debía haber "empresas confiscadas". ¿Con qué cuerpo empresarial se llegará a 2012?

--Si continúa el ritmo de las confiscaciones y las apropiaciones indebidas, llegaremos a 2012 con un aparato productivo desvencijado. El sector ha perdido alrededor de 10% de importancia en la composición del PIB. Antes producíamos entre 75% y 85% del PIB.
Sin embargo, el Gobierno va por la conquista del millón de votos adicionales y para eso aumentará el nivel de gasto público y frenará el decrecimiento de la economía. Eso lo empezaremos a ver en 2011.

--¿No hay riesgo de que las voces extremas comiencen a descollar en protagonismo de aquí a 2012? Es el fantasma recurrente de 2001 y 2002...

--Esa es la estrategia del Presidente de la República. Cada día nos tienta más, y nos va a seguir tentando con todo lo que tiene. También está tentando a la Fuerza Armada Nacional, a los partidos políticos y a la sociedad. Pero la forma de atornillarlo más en el poder es respondiendo con conflicto. Hasta ahora hemos sabido aguantar. Pero, a la vez, la sociedad debe dar demostraciones de que está molesta con lo que está sucediendo, más allá de la beligerancia verbal. Por eso tenemos que prepararnos para salir a la calle, como está pautado para el 27 de noviembre. Se ha demostrado que el Gobierno retrocede ante una presión. Hay espacios de resistencia que podemos ejercer y cada campo de batalla es una empresa, por pequeña que sea.

--Usted ha dicho que el Gobierno no tiene un plan de expropiaciones, sino que avanza al azar. ¿Por qué?

--Cuando se expropiaron las cementeras, en 2008, se pensó que había una estrategia de dominar sectores completos de la economía por la vía de la toma de los suministros de cada sector. Pero si eso fue así, ¿por qué ahora el Gobierno la agarra con las constructoras? Aquí no hay ningún plan. Lo que hay es una estrategia deliberada de cumplir lo que se establece en el Plan Simón Bolívar 2007-2013, que ha sustituido a la Constitución.

--Ese plan habla claramente de cómo tiene que disminuir la propiedad privada...

--Es un concepto que se ha ido desdibujando. En Venezuela tenemos el reto de ampliar los derechos de propiedad.

Aunque el concepto está muy arraigado en el venezolano, la propiedad es precaria. Aquí hay una enorme cantidad de ciudadanos que creen que son propietarios porque son dueños de cuatro peroles y una platabanda. Eso no es ser propietario. El reto es hacer que ese señor entre en la economía formal: se bancarice y sea dueño de la casa que fue capaz de construir con su esfuerzo.

--Hábilmente, el Gobierno introduce el concepto de propiedad familiar, y le asegura a la gente que seguirá siendo dueña de cosas.

--Exactamente. Cuando el Gobierno dice que garantiza la propiedad, está hablando de las propiedades personales de los individuos. Creer en esa garantía es caer en la trampa.

Tenemos que entender que la propiedad privada no necesita ser abolida por decreto para que desaparezca. La propiedad como derecho, tal como está establecida en el artículo 115, ha sido sustituida por la propiedad como concesión del Estado. Hay que entender que si la propiedad de los medios de producción pasa a manos del Estado bajo el eufemismo de "propiedad social", tendremos escasez permanente de bienes y servicios y se habrá destruido el mercado. Lo que quede sea su panadería o los corotos de su casa pierde valor y no puede ser transado sino a escala de trueque, como hacen los cubanos, que intercambian un apartamento por una nevera y un automóvil viejo. El peligro es que el valor de la propiedad se extingue entre nuestras manos.
No caigamos en la trampa de creer que la propiedad de los pequeños se respetará y que la de los grandes debe desaparecer. Cada vez que desaparece una empresa grande, desaparece un pedazo de la suya, de la pequeña, porque está perdiendo valor.

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CHÁVEZ JUEGA MUCHO DOMINÓ. ENRIQUE PEREIRA

Mira las piezas del contrario, cuenta los tantos y decide su jugada.

Amanecí con un fresquito por dentro. Cuanto más fuerte quiere parecer, más débil es su posición. Tiene un doble seis en la mano y están a punto de contárselo.

Este gobierno ha estado sosteniendo parte de su popularidad y de su capacidad de perdurar, en la posibilidad de que un grupo muy importante de la sociedad pueda hacer un mercado con cien bolívares. Hablo en serio; aquí hay dos sociedades, una que compra en las cadenas de automercados y se asombra con los precios de la comida y otra que hace las colas en las redes de distribución social y resuelve sus calorías por una fracción del dinero necesario. Esa gente está amarrada a la revolución en gran parte por esa posibilidad de resolverse. No lo digo de manera peyorativa, pero este gobierno, en lugar de generar posibilidades de trabajo y progreso, pareciere querer mantener al pueblo en esa condición sumisa, amarrada a las colas que produce su ineficiente manejo de las cosas.

Mercal, los militares, Pdval y las capacidades de distribución que generaron, se hicieron para poder mantener esa posibilidad en pie. La toma de fincas también se hizo para desarrollar las capacidades productivas que lograran llevar a los mercados comida barata para el pueblo. Tú comes, yo robo. Tú te quedas quieto, yo gobierno.

El gobierno ha venido perdiendo la posibilidad de mantener ese juego, por la vía de una improductiva gestión de todo lo que maneja. Dejo perder cantidades insospechadas de comida, que compraron sin control alguno, y ahora la inacción les está generando un hueco que no va a cubrir fácilmente. Detrás de los contenedores que se pudrieron, pero que estaban alimentando sus mercados, no vienen muchos más, los puertos antes rebosados de esa comida, que sus medios de distribución no lograban colocar en toda Venezuela, ahora no están allí y las próximas movidas de este gobierno estarán dirigidas a lograr de nuevo llenar sus mercales y mercalitos, pedevales y pedevalitos. O lo hacen o este juego estará trancado.

La expropiación de Agroisleña quedará sentada en la historia como uno de los peores errores de este gobierno. No tienen idea de lo que destruyeron y de lo difícil que será volver a tener una red de apoyo a las actividades del campo, como la que logró Agroisleña. Bajo su silencioso accionar, miles de agricultores de este país, lograron levantar sus cosechas. Ahora el gobierno tiene un juego de dobles en la mano y no tiene idea de cuál es la ficha que debe jugar.

Chávez será reconocido como un hombre muy sagaz, astuto y con una poderosa visión de futuro, capaz de adivinar que pasará en la próxima vuelta. Eso lo debe estar torturando, pues de plano sabe, que el juego va por mal camino. Ese doble seis, que no ha podido colocar, se lo van a contar en la tranca, que está tratando de evitar.

El Metro, la comida, Mackled, Rangel Silva, Pdvsa, Corpoelec, Sidor y Alcasa, pesan mucho en la tantera.

@pereiralibre
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LA DESTRUCCION DEL PAIS. EDITORIAL ANALITICA PREMIUM 10-11-2010

"Nos reprocháis, para decirlo de una vez, querer abolir vuestra propiedad. Pues sí, a eso es
a lo que aspiramos"
Marx/Engels, Manifiesto Comunista

Hay que multiplicar el capital politico del 26S y nuclearlo en torno a la defensa de un sistema de libertades públicas e individuales y hacer frente en todos los escenarios a la pretendida aniquilación del sector privado

Corren tiempos difíciles para todos los venezolanos. El proceso de destrucción que conduce el comandante presidente ha hecho caso omiso de los resultados electorales del 26S y fiel a sus dogmas, corre a la par de una feroz radicalización de tenor totalitario con la cual pretende dinamitar las bases del sector privado para implantar un modelo de afiliación comunista y ropaje democrático.

La ola de confiscaciones disfrazadas de expropiaciones que comenzó con las tierras agrícolas, y siguió con haciendas, televisoras, radios, cadenas de distribución de alimentos, bancos, comercios, supermercados, fábricas de envases de vidrio y ahora va por los conjuntos residenciales, no es otra cosa que la materialización de una vieja aspiración comunista, contenida en el propio Libro Rojo del PSUV, donde se define al partido: "como instrumento para ponerse al servicio del tránsito del capitalismo al socialismo, transformando progresivamente las relaciones de producción, de intercambio y de propiedad de los medios de producción para la liberación de la clase trabajadora, terminando con el control y monopolización de los medios de producción por la burguesía, transfiriéndolos al poder de los trabajadores y trabajadoras, a las comunidades y para sumarse a todos los pueblos del mundo en la tarea de enterrar al capitalismo y edificar un mundo nuevo, a la medida de una humanidad libre y plena. Esto implica la socialización de los medios de producción, la distribución racional de la tierra y de las riquezas, combatir la corrupción y el burocratismo".

No debe extrañanos que pronto la avanzada comunistoide arrase con otras instituciones. Lo peor de todo esto es la proverbial incapacidad que ha demostrado el Gobierno fagocitador, corrupto y botarate cuando asume tareas que antes estaban reservadas a los particulares: fundos y haciendas en el suelo, baja o nula producción, merma de la calidad de productos y servicios, subempleo, ineficiencia administrativa.

Datos de Conindustria indican "que el índice de escasez en los anaqueles de los mercados y supermercados sobrepasa 37%, debido al efecto de las expropiaciones". Carlos Machado Allison, experto en temas agrícolas, advierte que antes de esta arremetida expropiatoria Venezuela importaba 1.800 millones de dólares al año en alimentos, pero en el 2009 la cifra superó los 7.000 millones de dólares, lo que da una idea de la merma en la producción.

Frente a estas muy serias amenazas y el desconocimiento de la Constitución por la vía de los hechos, la oposición ha asumido un papel reactivo convocando una movilización contra las expropiaciones y en defensa de la propiedad privada. Bien por eso, aunque hay que ir más allá: hay que multiplicar el capital politico del 26S y nuclearlo en torno a la defensa de un sistema de libertades públicas e individuales y hacer frente en todos los escenarios a la pretendida aniquilación del sector privado porque es mucho lo que está en juego: no solo los derechos de las personas sino la propia integridad de la nación.

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INSEGURIDAD ROJA. NELSON MAICA C. POLÍTICA

¿El toque a su puerta del socialismo comunismo seria el producto de una insólita e inédita circunstancia de estupidez histórica colectiva o de la imbecilidad de los dirigentes y partidos políticos o la consecuencia de una acción coordinada internacional con insólita traición a la patria?

¿Cómo es eso de que una minoría socialista comunista domine a una mayoría, a la masa de un pueblo? ¿La instauración de una dictadura de militares golpistas que ahora dicen representar a los pobres y a los trabajadores rurales, sobre todo al pueblo rural, urbanos, etc., al pueblo en su totalidad, a las clases medias, a las menos favorecidas y pretenden acabar con la clase media, los ricos, burgueses, etc.?

¿Sobre quienes ejercen la dictadura los militares golpistas ahora comunistas? Sobre los pobres que según ellos mismos son mayoría, sobre los menos favorecidos, sobre los “pata en el suelo”.

Hablan de paz, pero hacen apología a la guerra y estimulan la supuesta “espontaneidad de las masas” para usarlas como agentes de la represión, el terror y el crimen y organizan un ejército propio que le sea obediente, “el brazo armado a su servicio”. ¿Recuerd

an el estribillo “esta revolución esta armada” del “boss”?

Confiscan, quitan, arrebatan, la tierra y toda propiedad “de mala lid”, para usufructo del gobierno y formas delegadas, engañando al pueblo con falsas y efímeras posesiones supuestamente colectivas. Para esto usan las fan a su servicio.

Se toman y atacan los medios de comunicación. Renombran y crean milicias de todo tipo y modalidad; controlan férreamente a los obreros y campesinos; derogan todo derecho e imponen sus tribunales y su “justicia”. Los antiguos soviet son denominados ahora “comunas”.

Desatan, internamente la violencia, una especie de “guerra civil interna” para justificar la implantación de la represión, el terror y el crimen rojo contra el pueblo, para someterlo a sus antojos.

La violencia interna, la criminalidad, la inseguridad que vivimos actualmente, reflejadas en varios informes públicos, medios de comunicación de todo tipo, estadísticas, fotos, índices, etc., es, para mi entender, sin dudas, una política del régimen, es una acción planificada, calculada, es una copia de la implantación del socialismo, comunismo, de la antigua Urss y de la actual Cuba, Gulag, Laogai. Primero la estimulan y luego, al convenirles, la restringen porque “manejan” sus relacionados, sus “mandaderos”, sus “ejecutores”.

Es un plan sustentado, en línea, con la supuesta nueva legalidad confeccionada a su medida, de intimidación masiva, represión, de terror, de crimen, de destrucción, de demolición de todo lo actual, dirigido por el régimen socialista comunista.

Retrocedimos. Parece que aquí, ahora, nos tropezamos con otro Feliks Dzerzhinsky, con otro CMRP (comité militar revolucionario de petrogrado), con otra Vecheka (Cheka), pasada por el toque tropical, la versión cubana. Oímos con frecuencia “esta revolución es pacifica pero armada”. Eso se parece mucho a lo otro, aquello de “el brazo armado de la dictadura del proletariado”. ¿Oh, no?

Señores, es bueno recordar las palabras de Dzerzhinsky: “la tarea actual es destrozar, demoler, el orden actual. Nosotros, los bolcheviques, no somos bastantes numerosos para realizar esa tarea histórica. Hay que dejar, por lo tanto, que actué la espontaneidad revolucionaria de las masas que luchan por su emancipación. En un segundo momento, nosotros, los bolcheviques, mostraremos a las masas el camino que deben seguir…Nosotros no estamos ahí mas que para canalizar y dirigir el odio y el deseo de venganza de los oprimidos contra los opresores”…

También recordamos que, de inmediato, se aplico la represión, el terror y el crimen contra los altos funcionarios públicos, bancos, medios de comunicación, transportes, profesionales, gente del campo, obreros, etc., etc., y se les comenzó a denominar “saboteadores” en contra de la revolución. Ahora aparecen hasta “iguanas” saboteadoras.

Toda persona sospechosa fue declarada enemiga, cierto o no. Se preparaban listas previas proporcionales a la población que eran utilizadas como “muestras” para aterrorizar. La prioridad: sabotaje, especulación y acaparamiento. Todo igual a cuanto estamos observando.

Da la impresión de que ya, como en la Urss, han elaborado todo un inventario de penas, castigos y amenazas y las usan y abusan para obligar al pueblo a seguir la voluntad del “boss”, a hacer cuanto le viene en ganas.

Además, quieren que el pueblo rojo piense que se le protege, se le privilegia con relación al resto de la población; pero lo cierto es que se le mira con suspicacia, se le vigila continuamente y se le inculca el espíritu de venganza, se les usa en su solo provecho, se les “manda” como esclavos, no se le estima en nada.

Toda injusticia cometida por el régimen rojo rojito pretende que no se le califique como tal, ni siquiera como exceso, en todo caso admiten, solo como un daño de aplicación de la revolución. Contradictorio ¿Si el socialismo comunismo es humanismo como justifican medidas brutales e injustas contra el ser humano? ¿Cómo justificar la inseguridad y la violencia y la cantidad de “malandros”, “matraqueros”, “secuestradores”, “grupos armados” en parroquias, “sobre dos ruedas”, en todas partes, etc., y armas en la calle?

Algunos tratadistas consideran al “terror rojo” socialista comunista, guardando las distancias, proporciones y demás, mayor o menor al “terror jacobino”, “termidoriana” (octubre 1796), durante la revolución francesa.

La inseguridad, en la época de la Urss, se le atribuía al “terror blanco”, a la resistencia, a la oposición, a la contra revolución, y así se pretendía justificar la aplicación del “terror rojo”, sin legalidad. Aquí se pretende lo mismo.

Todo el enjambre de organizaciones represivas, situadas de hecho, por encima de las instituciones legales, causó, en su oportunidad, en la Urss, problemas en el seno del régimen tales como oposiciones diversas, en el partido, en el gobierno y en la población.

Algunos, desde la alta dirigencia y los altos mandos, se oponían a la política continua del terror, al tratamiento y ejecución de todo sospechoso y/o acusado, por la vía administrativa y no por la vía judicial. También hubo oposición con argumentación humanista; pero desechadas por sentimentales.

Unos temían que la Cheka, independiente y poderosa, se convirtiera en un gobierno dentro del gobierno. Eran frecuentes los conflictos entre esta y los poderes locales.

Ante la evidencia, lo cotidiano, las cifras, los videos, las fotos, los testimonios, lo inocultable ya, los rojos rojitos tienen que asumir su responsabilidad y su política de represión, terror y crimen.

Dzerzhinsky, en su oportunidad, también expreso: “Representamos nosotros mismos el terror organizado —esto debe dejarse en claro— y este terror es hoy muy necesario en las condiciones en que estamos viviendo, en una época de revolución. Nuestra tarea es combatir a los enemigos del poder soviético, estamos aterrorizando a los enemigos del poder soviético con el objetivo de sofocar crímenes desde el principio (…). Es inútil culparnos de asesinatos anónimos. Nuestra comisión consiste en 18 expertos revolucionarios que representan al Comité Central del Partido y al Comité Ejecutivo Central (de los Soviets). Una ejecución sólo es posible después de la decisión unánime de todos los miembros de la comisión en reunión plenaria. Basta que un único miembro se exprese contrario a la ejecución para que la vida del acusado sea perdonada".

Para ciertos historiadores, entre ellos, Pierre Broué, el “terror rojo” aplico "represalias ciegas, tomas y ejecuciones de rehenes, a veces masacres en las prisiones… una violencia que era una respuesta al terror blanco, su correlato. Una orgía de sangre, ciertamente. Pero las víctimas fueron incomparablemente menos numerosas que las de la Guerra Civil". Hasta marzo de 1920, el número de víctimas fue oficialmente fijado en 8.620 personas; el contemporáneo Andre Morizet calcula un poco más de 10 mil. ¿Nos recuerda algo? ¿Cuántos son aquí? ¿Van 150.000?

Así estimados compatriotas que esto de la “inseguridad desatada” no es por casualidad, ni por descomposición de la sociedad, ni por tantas “razones” que se puedan esgrimir, es, simple y llanamente, una política del régimen para someter al ciudadano, a la gente, al pueblo.

Dos cosas están muy claras: una, de cuanto se trata es de suprimir todo intento u acto de resistencia, calificado por el régimen; dos, aplicar la nueva justicia implementada sobre la marcha y a capricho del régimen.

Lenin le decía, en una oportunidad, a Zinoviev: “…Estamos comprometidos: impulsamos el terror de masas en las resoluciones del soviet, pero cuando se trata de actuar, obstruiremos la iniciativa absolutamente correcta de las masas. ¡Es inadmisible! Los terroristas van a considerar que somos unos locos blandengues. La hora es extremadamente marcial. Resulta indispensable estimular la energía y el carácter de las masas del terror dirigido contra los contra revolucionarios, especialmente en Petrogrado, cuyo ejemplo es decisivo. Saludos. Lenin” (V.I.Lenin, Obras completas, Vol. L, Pág. 106.).

Afortunadamente la democracia plural ha derrotado al socialismo comunismo siempre. Aquí salio y quedo clarita la trampa ley electoral; quedo el testimonio y la gran esperanza de terminar, mas pronto que tarde, con tan nefasto capitulo.

“Las libertades y los amos no se combinan fácilmente”

Publius Cornelius Tacitus (55-120 d.J.C.): Cornelio Tácito (Cornelius Tacitus) fue un historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano.

nelsonmaica@gmail.com

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"SE ESTÁ CREANDO UN TEJIDO SOCIAL CON NUEVOS ACTORES SOCIALES, QUE NO HA SIDO INVESTIGADO". CARLOS BLANCO. TIEMPO DE PALABRA. 17.10.10

CARTERISTAS EN ACCIÓN

El régimen comenzó a crear un monstruo que es posible que ya no puede controlar. Son los carteristas oficiales adiestrados para la confiscación de la propiedad privada. Su acción ha creado distorsiones que durarán varios años en enderezar, aun después que Chávez salga del poder.

Ha habido un proceso de despojos, expropiaciones, estatificaciones, invasiones, apropiaciones, que afecta a dueños de tierras, de empresas, de construcciones y negocios de todo calibre. Las razones han sido diversas. En unos casos la cadena de titularidad no ha sido establecida con precisión desde los tiempos en que Guaicaipuro andaba por estas tierras (que antes no eran) de Dios. Sin dejar de admitir que puede haber casos en que antiguas vivezas hayan corrido las cercas, motivo del problema agrario latinoamericano en varios países y que tuvo momento culminante con la Revolución Mexicana de comienzos del siglo XX.

En muchas oportunidades el gobierno ha arrebatado negocios por la necesidad que siente de doblegar a sus enemigos políticos -reales o supuestos- por lo cual echa mano de argucias de naturaleza económica o financiera. También ha actuado así porque los teóricos de este marxismo kindergarterino piensan que están sentando las bases para nuevas formas de propiedad colectiva. Sobran casos en que grupos de asaltantes organizados han invadido tierras o edificios sin que autoridad alguna se haya opuesto, sobre la base de que un edificio en construcción, al no estar ocupado -precisamente porque está en construcción- es del que lo agarre primero.

Tal vez los casos más dolorosos son los de la toma de empresas manufactureras o agrícolas productivas privadas, nacionales o extranjeras, para que algún burócrata retoce entusiasta mezclando sulfuros, ácidos y lecturas indigestas en lo que antes fue de otro; al final la institución trincada yace convertida en bagazo. No faltan interventores de negocios financieros que encuentran la oportunidad de hacerse de sus carros blindados, protección de escoltas en motocicletas BMW, mientras hacen la digestión de sus salarios,, conexiones y fortunas.

¿QUÉ SE VE?.

A primera vista lo que se presenta es la destrucción de lo que manos y mentes emprendedoras habían creado. Esta conducta de los carteristas bolivarianos es producto de anteojeras ideológicas vetustas e inamovibles. Piensan que la propiedad es un robo originario por lo cual habría que devolver todo o casi todo a los caribes y a los timoto-cuicas originarios; claro, a las tribus barinesas; como ninguno de éstos grupos deambula por los alrededores, nada más natural que entregársela a su representante en la tierra, Hugo Chávez, quien a su vez mueve su dedo índice para distribuirla como hace con los cargos, dineros y miradas. Claro, si se va millones de años atrás tal vez los propietarios habrían sido reptiles, peces y anfibios si así se les ocurriera a los bucaneros que gobiernan.

No saben, no entienden o no quieren saber, que la propiedad surge de momentos fundantes como lo fue la victoria independentista que reconoció en unos casos pero instituyó en la mayoría un sistema de derechos y propiedades nuevo, o como fue a partir de la muerte del Benemérito cuyas propiedades revirtieron a la Nación, así como las de sus validos (no todos), momento a partir del cual se crearon oleadas de propietarios. La propiedad de empresas manufactureras, comerciales, financieras y de otros servicios es diferente en su forma porque requieren inversión en términos históricos que puede ser más fácilmente rastreada.

Tampoco saben, entienden o quieren saber que la propiedad privada sobre los medios de producción no es un acto de despojo sino de creación y que la propiedad es una forma específica de constituir lo propiamente humano. Tener no es adjetivo al ser; es más bien constitutivo del ser.

Las confiscaciones, cualesquiera que sean los nombres que se le adosen, atentan contra los empresarios y también contra los trabajadores; bajo el reino de los carteristas el futuro de los trabajadores no depende de su entrenamiento, destrezas, cumplimiento, antigüedad, sino de la voluntad suprema del régimen, es decir, del Presidente en última instancia. Empresarios y trabajadores pierden sus propiedades y pasan a ser poseídos, en casos en sus más insolentes acepciones, por los que mandan. Así, al ser despojados de bienes, oportunidades, sustento, pierden también humanidad, disueltos en ese miasma primordial en que se cuece un proyecto ya podrido.

¿CUÁL ES EL RESULTADO?.

Lo que se observa es desastre y más desastre. Tierras de antiguo productivas ahora devastadas por quienes de beneficiarios pasaron a ser víctimas. Empresas cerradas o cojitrancas, inundadas de rojo y de quebranto, sin mantenimiento, sin experticia, sin futuro. Así como ocurre con los recursos fiscales también se depredan los bienes en nombre de la perversidad de una aventura ideológica sin mañana, concebida contra la mayoría del país.

Cierto que desaparece un sistema de relaciones y existe la tentación de tenerlo como el fin de la película, pero no es así. Al rescoldo del desastre inducido se teje otro sistema de relaciones subterráneo; otro tejido social emerge de las entrañas del diseño destructivo en marcha. Es, en efecto, la nueva sociedad, sólo que al experimento le salieron protuberancias, tumefacciones y quistes, hocicos y torceduras. Se está creando un tejido social con nuevos actores sociales, que no ha sido investigado con suficiencia y que debería investigarse. Se ha creado, por ejemplo, una capa sobrevenida de gerentes, la mayor parte inepta y sustancialmente corrupta, que organiza el saqueo. Existe también una capa social de beneficiarios que a falta de proyecto, destino, sentido, entrenamiento y recursos, devastan los bienes asaltados. La imagen es la de territorios conquistados, sometidos al saqueo de los vencedores, repartidos como botín del abordaje consumado a las ciudadelas burguesas. El soberano que comienza a emerger no es el que preludia la tierra prometida sino el que deja la tierra arrasada.

El colectivo que aflora es el de los pueblos sin ley para el cual al final del razonamiento siempre se desenfunda una pistola. No hay que seguir con las tonterías de que no somos así, que el pueblo venezolano es pacífico por naturaleza y otras aproximaciones sociológicas inútiles. Junto al venezolano amigo del amigo, del abrazo y la solidaridad, también está (o ha aparecido) el que te insulta en el carro, se orina en el Metro, te raya el automóvil y para quitarte un par de zapatos te mete 16 tiros. Venezuela hoy no tiene Constitución ni leyes que valgan para limitar el poder. Convertida en tierra de nadie costará Dios y su ayuda desarrollar instituciones, el imperio de la ley y la propiedad privada como atributo y derecho humano.

www.tiempodepalabra.com

twitter @carlosblancog

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CONFISCACIONES: “ESTAMOS FRENTE AL SAQUEO DE LA PROPIEDAD PRIVADA”. ENTREVISTA DE ANTONIO CANOVAS POR ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ EN EL NACIONAL DE CARACAS

El profesor de la UCAB dice que caso de Agroisleña no es expropiación, sino una medida de fuerza que raya en delito de lesa humanidad

” Es muy complicado dar clases de Derecho Constitucional y Derecho Público en las circunstancias que vive Venezuela”. Es la reflexión del abogado Antonio Canova sobre los retos que afronta como docente al tener que hablarle a sus alumnos de cómo una expropiación tiene mandatos legales que involucran a los tres poderes públicos tradicionales: Ejecutivo Legilativo y Judical; y cómo se emprende en el país, como con la reciente toma de la empresa Agroisleña.

–¿Ya se puede usar el término confiscación, como señalan algunas personas, o es expropiación como dice el Gobierno?

–En Venezuela, desde hace tiempo, no se puede hablar de expropiación porque nunca ocurrieron. Cerca de 1.200 propiedades han sido tomadas por el Estado venezolano en los últimos 5 años de manera forzosa o coactiva.

–¿Entonces son confiscaciones?

–Tampoco podemos hablar de confiscación porque esa es una figura que tiene su sentido y está estipulada en la Constitución como pena accesoria de una condena firme por ciertos delitos, específicamente en casos de enriquecimiento ilícito o de tráfico de drogas; entonces los bienes que son fruto de esa actividad ilícita se confiscan, después de que las personas condenadas reciben una sentencia firme, y pasan al Estado para compensar los daños que esos delitos ocasionaron. Ese no es el caso de Agroisleña; más bien sería una confiscación administrativa express, por llamarla de alguna forma, y eso está totalmente al margen de la Constitución, pero en cambio está enmarcada en lo que es el socialismo del siglo XXI.

–¿Sencillamente es una toma de una empresa?

–Eso ha ocurrido en todos los sistemas socialistas marxistas sin reconocimiento alguno del derecho de propiedad. El Presidente y su equipo han dicho insistentemente que la única propiedad privada que reconocen es sobre los bienes personales y de consumo, pero no sobre los medios de producción como las empresas, que más bien se considera que deben ser propiedad estatal.

–Se habla de propiedad social.

–Eso es una forma eufemística de llamar la propiedad estatal. Todo lo que se ha presentado en proyectos son propiedades en las que el Estado tiene control efectivo de la empresa y las personas que se designan son nombradas por el Gobierno.

–En el caso de Agroisleña, como en el de otras empresas, el Ejecutivo recurrió a la adquisición forzosa.

–Esa figura no existe. Es inconstitucional. La expropiación es una adquisición forzosa porque los propietarios se ven forzados a vender debido al requerimiento que hace el Estado, pero esa venta debe cumplir una serie de garantías y eso no ocurrió con Agroisleña ni con los otros casos.

–El Ejecutivo argumenta que la decisión procura favorecer a los productores agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria.

–Habría que demostrarlo.

Todo parece indicar que más bien si es el Estado el que tiene todo el control sobre la agricultura entonces no se favorece la seguridad alimentaria ni a los productores.

–¿Hay algún caso en el que se pueda decir que la expropiación estuvo apegada a la Constitución?

–Ningún caso de expropiación o adquisición, toma o rescate de tierras se ha hecho en el marco de la Constitución, que reconoce la libertad, la propiedad y la libre empresa. Vemos cómo el Presidente, que no pudo cambiar la Constitución en 2007, ha venido implementando paulatinamente su ideal socialista, comunista y marxista con el único fin de quedarse con todos los medios de producción y eliminar la libertad económica y la propiedad privada.

–¿Qué opción tienen los afectados, porque en el caso de las empresas ocupadas por Pdvsa en el Zulia todavía esperan indemnización?

–Si en Venezuela hubiera Estado de Derecho sería ir a los tribunales para hacer valer la norma constitucional frente a las decisiones del Gobierno, pero ese no es el caso porque los tribunales son parte de la revolución.

–La presidenta del Tribunal Supremo prácticamente ha dicho que ella no cree en el equilibrio de los poderes públicos.

–Totalmente, pero es que además la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo dice que cada vez que haya una discusión entre el interés general y el particular, debe ganar el primero. Eso quiere decir que todo el que vaya a defender su propiedad frente al interés general perderá.

–¿Qué opción tienen las empresas venezolanas, porque las transnacionales han sido indemnizadas o pueden comenzar un arbitraje internacional?

–Las empresas venezolanas están condenadas en el país, pero deben dejar constancia de su reclamo porque en algún momento todas esas violaciones se revertirán y tienen la opción de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar la denuncia porque el respeto a los derechos de propiedad figura en el Pacto de San José. No deben quedarse sólo como víctimas de una violación de derechos humanos sin reclamo alguno cuando estamos frente a casos en los que hay valores, más allá de la propiedad, que se han desconocido.

–El Gobierno argumenta que Agroisleña era una empresa oligopólica que realizaba prácticas desleales y cometía especulación. ¿Esas no son razones para una medida como la que se tomó?

–¿Cómo alguien que tiene el poder, sin escuchar a las partes, declara que allí hay un oligopolio, hay una práctica desleal o una especulación? Quiere decir que si el Presidente dice tú robaste tal cosa ya por eso es como él lo señala, sin juicio previo ni garantía. Eso desconoce totalmente la presunción de inocencia y el debido proceso; además, se estigmatiza a la empresa como si ya hubiera cometido un delito o incurrido en ilícitos.

–El ministro de Agricultura acusó a Agroisleña de aprovecharse de la cartera agrícola.

–¿Dónde están las decisiones judiciales y administrativas? Aquí el que dice que se cometieron los ilícitos es un órgano del Presidente, que está interesado en quedarse con la empresa y dejó ese estigma de que se hizo algo malo sin demostrarlo. A final de cuentas es una sanción que implica agarrar la propiedad de los demás, podríamos hablar de expoliaciones, esa es la palabra que debería utilizarse, es decir, quitarle a alguien su propiedad por la fuerza pública, de forma injustificada y con el único fin de hacer real en este socialismo del siglo XXI.

–¿Una transferencia de riqueza?

–La riqueza tomada por el Estado. Al saquear las empresas públicas, terminan destruyéndolas y tienen que buscar más riqueza generada por otra gente. Por eso digo que estamos frente a la expoliación y el saqueo de la propiedad privada.

–¿Cómo ocurrió en Cuba?

–Sí, pero con una sola diferencia: en Cuba cambiaron la Constitución para no respetar el derecho a la propiedad y al día siguiente todas las propiedades de medios de producción quedaron en poder del Estado.

–Entonces en Cuba sí hubo legalidad.

–Por lo menos no lo hicieron con doble cara. Aquí el Presidente se presenta como si en Venezuela hubiera un Estado de Derecho, con una Constitución democrática y liberal, cuando verdaderamente la Constitución venezolana no vale nada, es sólo un papel que no se cumple.

–Si cambiara el Gobierno o las autoridades modificaran alguna de sus decisiones, ¿qué posibilidades hay de que esas empresas regresen a sus antiguos propietarios?

–Muchas posibilidades. Una vez que en Venezuela se logre recuperar el Estado de Derecho van a tener que ser resarcidos. Y todas aquellas personas que ordenaron, como las que ejecutaron ese tipo de medidas, son responsables; estos casos no prescriben porque se utiliza el aparato estatal para expoliar de forma sistemática, lo cual raya en delito de lesa humanidad.

*ABOGADO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO CON DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

POR: ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ - Economia | Política. EL NACIONAL

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DECRETOS DE EXPROPIACIÓN INCUMPLEN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. ALEJANDRO HINDS / KATIUSKA HERNÁNDEZ FUENTE CEDICE

El decreto de expropiación de Agroisleña, al igual que los de otras empresas tomadas por el Gobierno en los últimos años, incumple con las garantías que la Constitución de 1999 establece para los casos en que es necesario expropiar, aseguró el abogado Tomás Arias, director del Observatorio de la Propiedad Privada de la organización no gubernamental Liderazgo y Visión.

"Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes", indica el artículo 115 de la carta magna, que garantiza el derecho de toda persona al uso, goce, disfrute y disposición de sus propiedades.

Arias dijo que ninguno de los requisitos señalados en la Constitución han sido cumplidos por el Gobierno en el caso de Agroisleña, principal proveedora de insumos agrícolas del país. En primer lugar, la expropiación se ordenó sin una declaración previa de utilidad pública, que la Asamblea Nacional debió hacer por tratarse de una empresa con presencia en todo el territorio.

La declaración genérica hecha por el Gobierno en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria -que es la utilizada en el decreto de expropiación de Agroisleña- es insuficiente, según Arias.

"La declaración de utilidad pública tiene que ser específica sobre una actividad, un rubro o una instalación; porque debe estar bien justificada".

La ocupación de las instalaciones de Agroisleña en varias ciudades del país por funcionarios de la Guardia Nacional, además, se produjo sin que hubiera un dictamen judicial que la ordenara. El Gobierno tampoco ha hecho el avalúo para determinar el valor de los bienes expropiados. "Es una medida inconstitucional, es una vía de hecho", afirmó Arias.

Sentencia sin juicio

El abogado Luis Alfonso Herrera, integrante del Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad, agregó que el decreto de expropiación de Agroisleña no ofrece razones adecuadas para justificar la adquisición forzosa.

"El decreto afirma que la empresa incurrió en especulación y prácticas contrarias a la libre competencia. Mi pregunta es ¿dónde están los actos firmes, del Indepabis y de Procompetencia, en los que se declare que Agroisleña cometió esos ilícitos?", dijo.

Herrera indicó que el Presidente no tiene competencia para determinar si la empresa cometió esas irregularidades, de acuerdo con las leyes para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios y para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Otra irregularidad que contiene el decreto, según Herrera, es que afirma que la expropiación es necesaria para la ejecución de un proyecto socialista, pero no muestra algún estudio para determinar eso.

"El decretó de expropiación se dictó con total arbitrariedad y sin motivos verificables. Estamos ante una nueva expoliación violatoria de la Constitución de 1999", aseguró Herrera.

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¡MAMMA MIA!. HUGO CALIGARIS

"Es difícil que Chávez pueda seguir por el camino de la estatización. Es una solución abandonada, porque crea una burocracia tan grande que... ¡mamma mia!" (Del presidente uruguayo, José Mujica, después del freno que sufrió el oficialismo venezolano en las últimas elecciones legislativas.)

En la locura que le agarró a Hugo Chávez de ir caminando de un lado a otro con el dedo índice levantado y gritando: "¡Estatícese!", parece ser que ha estatizado ya media Venezuela, incluyendo bancos privados, parques privados, playas privadas, compañías privadas, canales privados, una bandada de loros silvestres privados, perros y gatos privados, hermanos y tíos privados, y también 15 toneladas de queso de páramo privado, 20 docenas de arepas de trigo privado, 150 millones de litros de chicha andina privada y cuatro paquetes de caramelos de alfondoque privado. Cada vez que, en un ataque de cariño, el presidente grita ¡Mamma mia!, la señora Elena Frías tiembla pensando que ella también será estatizada en nombre de la revolución bolivariana.

Manejar tantos recursos de los reinos humano, mineral, vegetal y animal le ha insumido al Estado venezolano mucha más plata de la mucha que tenía. Al comprobar que el total de habitantes de la República Oriental del Uruguay bien puede ser menor que el número de empleados estatales de Venezuela, el presidente Pepe Mujica, quien se caracteriza por un sentido de la síntesis filosóficamente más agudo que el de la mayoría de sus pares, lo ha dicho todo con gran economía. Usando tan sólo dos palabras, "¡Mamma mia!", demostró cómo tiene que actuar un hombre público que sabe administrar su capital lingüístico.

Es que es malo callar cuando las papas queman, pero tampoco es necesario hablar de más para ser expresivos. A muchos oradores les salen con gran facilidad por la boca sapos y culebras sumamente agresivos. ¡Mamma mia, cuánta violencia innecesaria, y hasta qué punto contraproducente! A Chávez, que decía que iba a aplastar a los opositores, le costó la mayoría en el Congreso. ¿No le hubiera ido mejor si en lugar de haberse dejado llevar por sus impulsos hubiera actuado con un poquito de ternura?

Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.

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*VENEZUELA PREPARA 8 "VÍAS LEGALES" PARA CONFISCAR EMPRESAS ESPAÑOLAS

*VENEZUELA PREPARA 8 "VÍAS LEGALES" PARA CONFISCAR EMPRESAS ESPAÑOLAS
Manuel Llamas - Expansión - España

Noticias 24
Jueves 15 de noviembre de 2007

La reforma constitucional elaborada por el líder bolivariano, Hugo Chávez, prevé la nacionalización de cualquier propiedad privada o actividad económica que vulnere los principios del “Estado Socialista”. El diario Expansión publica este viernes un trabajo al respecto con este título.
El futuro y la viabilidad del sistema económico venezolano dependerán, en gran medida, del referéndum sobre la reforma constitucional impulsada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre. Si la cita electoral resulta favorable a las pretensiones políticas del líder bolivariano, el conjunto de la propiedad privada quedará supeditada al concepto de “función social”, cuya definición y amplitud determinará en exclusiva el aparato estatal. De este modo, el sueño chavista estará muy cerca de poder materializarse: “la ruptura con el sistema capitalista burgués” mediante la construcción de “un nuevo modelo productivo”, según reza el propio proyecto constitucional.
Por este motivo, la “profunda revisión” del sector privado español que opera en el país, anunciada por Chávez el pasado miércoles, no es cuestión baladí. Sobre todo, teniendo en cuenta las acciones expropiatorias llevadas a cabo por el presidente venezolano durante sus ocho años de mandato, así como los nuevos mecanismos de intervención pública que contempla la citada reforma constitucional.
Y es que, en caso de aprobarse, Chávez tendrá vía libre, no sólo para concentrar en exclusiva el poder político y económico de Venezuela, sino para nacionalizar a la carta aquellas empresas que no se plieguen a sus designios ideológicos. La nueva Constitución bolivariana establece, al menos, ocho preceptos legales para proceder legítimamente a la incautación de bienes privados por parte del Estado. Así, el Gobierno chavista pretende primar “los intereses comunes sobre los individuales”. Es decir, que las compañías de “propiedad social” –nacionalizadas o intervenidas parcialmente por el poder público gozarán de una posición privilegiada en el modelo productivo del país.
Además, el texto regulará, “bajo los principios de la economía socialista”, la creación de empresas y el desarrollo de actividades económicas. Para ello, impondrá “los mecanismos de control y fiscalización” empresarial que el Gobierno estime necesarios para garantizar la “razonable” productividad económica. Un conjunto de criterios normativos cuya elaboración estará en manos del poder ejecutivo y, como consecuencia, del propio Chávez. El Estado podrá, además, adoptar las “medidas necesarias” para evitar los “efectos nocivos” de los monopolios y “abusos de posición y dominio”, añade.
El Gobierno podrá suprimir aquellas actividades que vulneren e, incluso, dificulten los “sistemas de producción social”. De este modo, aquellas compañías privadas que dispongan de una posición destacada en el mercado frente al sector público correrían el riesgo de entrar en competencia desleal y, por tanto, serían susceptibles de ser intervenidas. Es más: bajo el paraguas constitucional de “utilidad pública o interés social”, el Ejecutivo podrá expropiar cualquier clase de bienes, al igual que establecer todo tipo de cargas y restricciones que considere oportunas.
Asimismo, el Estado se reserva la propiedad de los sectores estratégicos del país, el control sobre las materias primas y los recursos naturales, incluidos los latifundios –sector agrícola, y la producción de alimentos. También se arroga la supervisión directa del sistema monetario y la extensión de la intervención pública sobre el sector financiero y bancario.
Sectores en el ‘punto de mira’
No es algo nuevo. Desde su llegada al poder, Chávez ha procedido a la nacionalización de diversas actividades a través de los poderes que le otorga la denominada Ley Habilitante –aprobada el pasado 18 de enero–. Al grito de “¡todo aquello que fue privatizado, nacionalícese!”, el líder bolivariano procedió a la incautación por decreto del sector de los hidrocarburos. Una industria que concentra el 25% del PIB nacional y el 80% de las exportaciones.
A lo largo del presente año, la Revolución Bolivariana se ha adueñado de las principales empresas privadas que operaban en el mercado nacional de electricidad y telecomunicaciones. Los medios de comunicación, el pequeño comercio, la red de distribución alimentaria, las tierras y la agricultura, la educación, la sanidad, la vivienda e, incluso, la banca son sectores que ya han sufrido la intervención directa de Chávez. O, como mínimo, sus amenazas. Y es que su propuesta de reforma constitucional lo posibilita, sin ambages, y sin ningún rubor.
Los artículos constitucionales de expropiación
· Art. 18: “El Estado se reserva la explotación de los hidrocarburos” y la manufactura nacional de materias primas.
· Art. 112: “El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo fundado en la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales”.
· Art. 113: “Se prohíben los monopolios”, así como todas las actividades tendentes al “abuso de la posición de dominio” por parte, tanto de particulares como de empresas. Además, “no se permitirán” las actividades y acuerdos privados que “vulneren los métodos de producción social […] o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios”.
· Art. 115: “Por causa de utilidad pública o interés social […] podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, y “toda propiedad estará sometida a las cargas y obligaciones que establezca la ley”.
· Art. 300: “La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas para la realización de actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economía socialista”.
· Art. 305: La producción de alimentos es de “interés nacional”.
.Art. 307: “Se prohíben los latifundios”, y se podrán confiscar las propiedades que atenten contra el medio ambiente o la “seguridad y defensa de la nación”.
· Art. 318: La banca y el sistema monetario deben responder a los principios del “Estado Socialista”. El Banco central carecerá de autonomía.

Título: Venezuela prepara ocho ‘vías legales’ para confiscar empresas españolas
Manuel Llamas - Expansión - España

Publicado por FRANCISCO ALARCÓN y tomado de allí.