RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, APOYO, DECLARACION PUBLICA

En  relación con las amenazas que me fueron hechas por un portal de las FARC, ANNCOL, y por uno de sus columnistas en días pasados, he recibido copia de una corta comunicación de solidaridad y de defensa de la libertad de expresión.

Anexo el texto y les solicito el favor de publicarla en el portal Elrepublicanoliberal. Mil gracias.

DECLARACIÓN  PÚBLICA

Las personas que suscribimos esta declaración somos militantes de la democracia y, por ende, defendemos el pluralismo y la tolerancia como factores de la convivencia que tiene alcances permanentes en el desarrollo de un país civilizado y de un estado de derecho. Además, ejercemos la ciudadanía de manera independiente o en distintos partidos y corrientes políticas. Por lo anterior vemos con honda preocupación las amenazas explícitas y señalamientos con intenciones agresivas que desde una publicación afín a las Farc, como es la agencia de prensa Anncol y uno de sus columnistas, se lanzan contra el historiador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Darío Acevedo Carmona, columnista del diario El Espectador y de varios portales internacionales

El lenguaje hostil y vindicativo utilizado para atacar al profesor Acevedo Carmona, por sus críticas al proceso de paz que se realiza en La Habana y sus conceptos acerca del comunismo y del marxismo, es inaceptable. Sus puntos de vista no pueden ser motivo para poner en peligro la integridad de un ciudadano que ejerce la libertad de expresión y la libertad de opinión, criterios básicos que informan las leyes y la Constitución de Colombia. Más grave aun cuando las Farc se encuentran en diálogos de paz que llevarían a la reconciliación, mientras desde sus medios de comunicación expresan la descalificación de las ideas contrarias a su pensamiento político.

Por lo tanto, desde el terreno de la democracia nos dirigimos al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y a los negociadores que tienen la vocería del Estado colombiano para que exijan a las FARC respeto total, integral e incondicional  a la libertad de expresión y a la vida e integridad de los columnistas de opinión, cualesquiera que sean sus puntos de vista.

Septiembre 4 de 2015.

CARLOS ALBERTO MONTANER (Estados Unidos), OSWALDO ÁLVAREZ PAZ (Venezuela), MALCOM DEAS (Gran Bretaña), CHARLES BERGQUIST (Estados Unidos), HERBERT TICO BRAUN (Estados Unidos), CARLOS MALAMUD (España), MARÍA ANTONIA PEÑA GUERRERO (España),EDUARDO MACKENZIE (Francia), ÁLVARO TIRADO MEJÍA, PLINIO APULEYO MENDOZA, FERNANDO LONDOÑO HOYOS, IRENE GAVIRIA, OSCAR IVÁN ZULUAGA, JESÚS VALLEJO MEJÍA, DARÍO VALENCIA RESTREPO, JAIME RESTREPO CUARTAS, SAUL HERNÁNDEZ, EDUARDO ESCOBAR, JAIME JARAMILLO PANESSO, JOSÉ FELIX LAFAUIRIE, JOSÉ ALVEAR SANÍN, CARLOS RAFAEL URIBE, JORGE GIRALDO, ANA MERCEDES GÓMEZ MARTÍNEZ, DARÍO RUIZ GÓMEZ, LUZ MARÍA TOBÓN, LIBARDO BOTERO CAMPUZANO, MARIO HERNÁNDEZ MIRANDA, STELLA RÍOS, ALBERTO RENDÓN, JUAN FERNANDO JARAMILLO GALVIS, ALFONSO MONSALVE SOLÓRZANO,  CRISTINA  DE TORO, HERNÁN MIRA FERNÁNDEZ,  ALVARO LÓPEZ, ARIEL PEÑA,  UTRACOL (Unión de Trabajadores Colombianos del Espectáculo y la Comunicación), LIGIA MARTÍNEZ MALUENDAS, ÁLVARO JIMENEZ GUZMÁN,  JAIME FRANCISCO DANGOND DANGOND, CARLOS ALBERTO GÓMEZ FAJARDO, GONZALO MEJÍA, BENJAMÍN DE LOS RÍOS OSORIO, MAURICIO VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ, JORGE MEJÍA MARTÍNEZ, MARILUZ URIBE, DANNY GARCÍA CALLEJAS.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, LA PAZ QUE QUEREMOS, CASO COLOMBIA, DESDE COLOMBIA,

Se equivocan de buena o mala fe los que tildan de guerreristas a quienes planteamos discrepancias y críticas sobre la manera como discurren las conversaciones de paz en La Habana.

De Perogrullo es aceptar que la inmensa mayoría de colombianos respondería positivamente la pregunta de si queremos o no la paz. Por tanto debemos entender que el problema no está en el deseo sino en los procedimientos, la metodología y los términos que se han empleado para alcanzar el objetivo los cuales arrojan un amplio margen de descontento y desconfianza.

La opinión pública letrada y no letrada tiene, a estas alturas, suficientes elementos de juicio para procesar mental y políticamente todo lo que ha salido a flote en estos ya casi tres años de conversaciones.

Intentaré plasmar en una breve síntesis el punto de vista de quienes criticamos el proceso de La Habana, pero, asumiendo yo mismo la responsabilidad por cualquier olvido, error o incongruencia y en el entendido que no escribo en nombre de nadie ni en representación de alguien.

A pesar de que no nos gustó que el gobierno hubiera iniciado este proceso sin exigir a las FARC un cese unilateral del fuego y de las hostilidades y de que se las hubiera igualado con el Estado, hoy en día, no obstante las dudas, el descontento y la desconfianza, creemos que es mejor seguir negociando que romper el proceso. No obstante, consideramos que es preciso acelerar la búsqueda de un acuerdo y establecer un límite temporal, sin descartar que pueda llegar a ser útil una suspensión temporal con el fin de que cada parte evalúe si se justifica seguir conversando.

Si la guerrilla está realmente por la paz debe concentrarse en uno o pocos sitios bajo vigilancia internacional sin entregar las armas antes de la firma de un acuerdo definitivo. Podría ser un paso irreversible hacia la paz.

Pensamos que la Constitución Nacional es el límite normativo de las negociaciones. Ello quiere decir que cualquier tema que suponga una reforma de la misma no debe estar sobre la mesa pues eso es potestativo del constituyente primario y de las instituciones legítimas. Quiere decir, también, que los grandes temas de la Agenda Nacional no deben ser objeto de acuerdos con la guerrilla por cuanto son responsabilidad de gobiernos electos y estar sometidos al debate político y a la lucha electoral.

Debe aceptarse que las FARC y el ELN se incorporen a la lucha política y electoral solo después de la entrega de armas y haber asumido la reparación de sus víctimas.

Hay acuerdo en que el modelo de justicia apropiado para resolver la situación colombiana es el de la Justicia Transicional que consiste en juzgar y condenar a los principales responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra con penas privativas de la libertad.

Las FARC deben entender y aceptar que un cese bilateral de hostilidades creíble y eficaz solo es factible con verificación por parte de organismos internacionales totalmente ajenos y neutrales.

Ningún acuerdo de paz puede conllevar al establecimiento de zonas rurales controladas por las guerrillas ni a cambios en el tamaño y funciones constitucionales de las Fuerzas Militares.

No exigimos a quienes piensan que Colombia vive una guerra civil como consecuencia de causas objetivas, que dejen de pensar así. Esto hace parte del debate ideológico, político y académico. Pero sí, que acepten que las FARC no pueden equiparase al Estado en ningún aspecto, sea este moral, legal o militar, pues de aceptarse, necesariamente los límites a los que nos hemos referido, vuelan en añicos y todo quedaría abierto a la discusión.

Ingresar a la vida civil y legal, bajo condiciones de óptima seguridad, con planes sociales y de emprendimiento, con proyectos puntuales para las comunidades más sufridas y victimizadas, algo que ya se hizo en el pasado en otros procesos que no fueron humillantes, tener abierto el campo de la participación en política y obtener la aprobación de la población así como el perdón de los damnificados, debe ser suficiente atractivo para cesar hostilidades y firmar la paz.

En suma, queremos firmar una paz, no igual, pero sí parecida a las anteriores, sin falsos compromisos y sin falsas compensaciones.

Coda 1: Hay que celebrar que el gobierno nacional haya dicho que sin entrega de armas y penas privativas de la libertad para responsables de crímenes atroces, no habrá paz. Ojalá no sean palabras al viento.

Coda 2: Lo que hubo detrás del nuevo “cese unilateral” de las FARC no es otra cosa que un real y vergonzoso “cese bilateral” al que, para evitar un escándalo, han llamado “desescalamiento”. Desalentador ver que en simultánea cayeron las cabezas de tres generales comandantes de Armada, Ejército y Aviación.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, CON LAS FARC Y CONTRA URIBE, CASO COLOMBIA

Coincidimos con otros analistas que interpretan las recientes movidas del presidente Santos y su fiscal de bolsillo como fruto del afán por limpiar el camino de “obstáculos” para firmar, antes de que sea demasiado tarde, un documento sobre “cese bilateral de hostilidades” con las FARC.

El equipo negociador del gobierno debe haber entendido que la inminente debacle del régimen castro-chavista puede dar al traste con el papel que Venezuela juega en las conversaciones de La Habana y poner en peligro la presencia allí de “Timochenko” y otros cuadros de las guerrillas.

La estrategia oficial de paz se enfrenta a tres grandes problemas en este momento: El primero es la crisis del vecino país, el segundo es la férrea oposición del uribismo a los términos de dicha estrategia. Un tercer elemento es el relativo al margen temporal. Sobre este último es claro que el presidente ha fallado en todos los plazos que ha pretendido imponerle a las conversaciones, hasta el punto que a la idea de firmar y validar los acuerdos de tal forma que coincidan con las elecciones regionales de octubre, solo le quedan unas semanas de maniobra.

En su propósito de evitar la caída de la estantería, el gobierno concentra la atención en dos frentes. El primero es el de las concesiones a granel a las demandas y expectativas de las FARC. Se nota por ejemplo en abrir puertas que están cerradas a la impunidad. Es que “las guerrillas colombianas no quieren ser las primeras en la historia que firman la paz para ir a la cárcel”, dice con un tono compasivo, mientras guarda silencio ante las desmedidas propuestas farianas, entre las que figura la reestructuración del gasto y de la estructura militar.

Y para los efectos de hablar directo está el Fiscal general de la Nación. En una escandalosa intervención en el evento político de lanzamiento de Poder Ciudadano, otro de los aparatos pro FARC montados por la exsenadora Piedad Córdoba, Montealegre, de manera impúdica, se solazó en alabanzas a dirigentes comunistas que han defendido la combinación de todas las formas de lucha y luego hizo una alambicada disertación a medida de lo que las FARC esperan, según la cual sus altos jefes no deben ir a la cárcel y se les debe facilitar su participación en elecciones.

El precio de esta paz, como hemos señalado los críticos, es la total impunidad. Con el agravante de que no es tal lo que se va a firmar sino el inicio de la transición por diez años.   

El segundo frente tiene que ver con lo enunciado en el encabezado de este escrito. El gobierno sabe que los argumentos de la oposición uribista gozan de amplio respaldo en la opinión pública. Esa es  la raíz de la directriz de acallar, enredar y obstruir a la oposición persiguiendo a sus principales dirigentes por la vía judicial, maniobra en la que también la ficha clave es el fiscal de marras. No de otra manera podemos  interpretar la andanada mediático-jurídica en la que coinciden o se conciertan, reviviendo incluso señalamientos que en otros tiempos le hicieron al expresidente y senador Uribe desde Anncol, el Colectivo Alvear, el partido Comunista  y sus epígonos de la socialbacanería.

El presidente Santos y sus consejeros pretenden disminuir o anular la acogida del discurso uribista con el fin de darle vía libre a la firma del documento que pretenden acordar en las próximas semanas. Y creen que la forma más eficaz de hacerlo es llevando a Alvaro Uribe a los estrados judiciales para que gaste su tiempo en defenderse, y enredar a los Zuluaga con el montaje del hacker.

El matoneo contra Uribe y el Centro Democrático ha sido abonado por el mamertismo de viejo y nuevo cuño en las redes y en panfletos como Voz y Caja de Herramientas, y ha tenido amplio eco en los medios desde donde obsesivamente disparan Coronell, Bejarano, Arismendi, Valencia, los Silva, las amazonas y tantos otros que quieren destruir al expresidente con el método utilizado contra Fujimori.

El plegamiento del presidente Santos y sus círculos de apoyo  a esta campaña de difamación constituye un episodio lamentable de nuestra historia. Que un sector importante de las elites tradicionales se avenga a la campaña que desde mediados de los años 90 adelantan el Secretariado y los filocomunistas con el apoyo de Colectivos, ONGs y sectores de la academia y la intelectualidad “progre”, suena extraño.

Casi sin darnos cuenta, los leninistas colombianos están coronando una de sus ambicionadas metas: dividir a las “clases dominantes”, desprestigiar e infiltrar las instituciones, desarmar moralmente a su fuerza pública y ganar como aliados en su lucha por el poder a unas elites prisioneras de su sentimiento de culpa, corta de miras y flojas en la defensa de principios democrático liberales.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, DE SANTAFÉ DE RALITO A LA HABANA, CASO COLOMBIA

RUBEN  ACEVEDO CARMONA

Los colombianos ya perdimos la cuenta de los sapos que nos hemos tragado, sin derecho a regurgitar, en estos dos largos años de negociaciones de paz.

También tragamos muchos en la negociación del Estado con los grupos paramilitares, es cierto, pero dicho proceso tuvo una entrada engullible, su manifestación de cesar en sus acciones armadas, entregar las armas, desmovilizarse y a concentrarse en un lugar mientras se realizaban las conversaciones.

Fue una paz imperfecta porque individuos culpables de crímenes atroces en vez de pagar 40 o 50 años en prisión, recibieron una pena de 8 años. No han declarado todas las verdades, un porcentaje cercano a un diez por ciento se ha reciclado en las bandas criminales, la Fiscalía ha sido extremadamente lenta y los jueces han proferido pocas sentencias y, la reparación material y la devolución de tierras no se ha dado en la medida esperada.

Sin embargo, vista en perspectiva, esa paz imperfecta significó el fin del paramilitarismo, el retorno del monopolio de las armas al Estado, el cese de la persecución a los dirigentes de izquierda y de movimientos populares, de los magnicidios y de las masacres de civiles por motivos políticos. También tuvo su incidencia en el destape de los nexos que tales grupos establecieron con dirigentes políticos, gobernantes, congresistas, empresarios y miembros de la Fuerza Pública.

Si bien no todas las denuncias concluyeron en cárcel para los acusados y todavía hay investigaciones en curso, no menos cierto es que muchos de los procesados están pagando penas privativas de la libertad y que la infiltración del paramilitarismo en todos los organismos de poder y en las instituciones públicas se revirtió casi en su totalidad.

De manera que hemos consumido sapos y seríamos capaces de seguir la asquerosa dieta en aras de la paz. Pero, a los críticos de aquel proceso les pareció una afrenta a la moral y a la justicia lo que se consagró en la Ley de Justicia y Paz con la que fue refrendado. Fueron implacables, injuriosos y mordaces. Decían que había sido una “negociación de yo con yo” queriendo asimilar el gobierno con esos grupos.

En el proceso de negociaciones que tiene lugar hoy entre el gobierno Santos y las FARC, la mesa de los colombianos se ha visto poblada con gran cantidad de sapos, culebras y sabandijas. A diferencia del anterior, aquí los aperitivos y la entrada tuvieron sabor amargo pues no hubo cese unilateral de hostilidades ni una declaración sobre el desuso de la vía armada y la voluntad de desmovilizarse. No hubo concentración de las guerrillas mientras se conversara. La mesa está en funciones hace no ya meses sino años y va para largo, aunque se ha dicho que “nunca habíamos avanzado tanto con la guerrilla”.

Lo duro y difícil tiene que ver precisamente con aquellos asuntos que, aunque de manera imperfecta, fueron resueltos con los paramilitares aplicando la “Justicia Transicional”. Cabe decir, ¿qué hacer con los responsables de crímenes horrendos: masacres de civiles, reclutamiento de menores, violencia de género, narcotráfico, destrucción de pueblos, secuestro de miles de civiles, asesinatos fuera de combate, etc.? Las FARC han dicho que no quieren saber nada de “Justicia Transicional ni de cárcel ni de entrega de armas”.

Lo que se decida a este respecto es determinante sobre la cuestión de la participación de los jefes guerrilleros, responsables de esos delitos, en la política.

Lo que resulta bien curioso es que quienes se escandalizaron con la impunidad y la imperfección de la negociación con los grupos de autodefensa, ahora se olvidan de su rigor y apego estricto a la ley al plantear que debemos hacernos los ciegos ante a la perentoria obligación del Estado colombiano de respetar la Constitución Política y los compromisos internacionales.

En sus escritos y declaraciones, intelectuales fieles a la causa de la paz habanera, unas belicosas pacifistas, el Presidente, congresistas enmermelados y el Fiscal que habla como presidente, tiran por la borda todo lo relativo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, llaman a buscar una salida nacional y a pisotear los tratados internacionales al sostener que no debe haber cárcel, que los jefes de las guerrillas podrán hacer política como si no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, que se debe redefinir el delito político para que quepa en él el secuestro, el narcotráfico, la violencia de género, el reclutamiento de menores y un largo etcétera.

Vistas las cosas en perspectiva comparada, la negociación de Santafé de Ralito no es ni la sombra de lo que nos quieren embutir a la fuerza como si fuéramos patos a los que sobrealimentan para acrecentarles el hígado. Si tan solo aceptaran los términos de aquella negociación, si se mantuvieran firmes en sus postulados éticos y en su verticalidad jurídica, si tan solo fuesen coherentes, a lo mejor habría lugar para discutir una posición consensuada sobre lo que se discute en La Habana.

Pero no, en vez de ofrecer algo más que llamados a apoyar incondicionalmente la entrega de la bandera moral a los criminales, insultan, vituperan, injurian y ofenden. Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta furia con quienes hacemos la crítica desde la institucionalidad y, tanta blandura, cortejo y obsecuencia con los criminales? y se me ocurre una respuesta: ellos creen que la extrema izquierda (las guerrillas) es más limpia, más honrada, de mejor familia y moralmente superior que la extrema derecha (paramilitares). Se les olvida que la vendada Astrea no distingue los crímenes de unos y otros.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, DEFORMACIÓN TROPICAL DEL DELITO POLÍTICO, DESDE COLOMBIA

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA,

En entrevista concedida a CNN el 28 de septiembre de 2012, el presidente Santos manifestó que "no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política".

Dos años largos después, en medio de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos, puedan participar en política.

Un cambio de esa envergadura dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.

Esa maniobra impúdica, de salir avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor confusión.

Lo que se pone de presente en esta coyuntura, es la existencia de condicionamientos insalvables, de parte y parte, que no fueron precisados en el temario de la agenda acordada al inicio.

Los jefes de la guerrilla han procedido con total astucia durante el proceso. Han logrado tomar la manija hasta el punto de sacar partido del secuestro del general Rubén Darío Alzate, al que presentan como prisionero fruto de acción legítima de guerra. Se asumen contraparte del conflicto.

Han sido y siguen siendo coherentes en sus pretensiones, como cuando al comienzo del diálogo uno de sus jefes dijo que entre sus objetivos figuraba: “acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país, que es el cuarto más desigual del mundo… Todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente. Tienen que ver con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo, la seguridad social. Debemos reinventar Colombia, que es un país muy injusto” (www.RadioSantafé.com, Bogotá, octubre 8 de 2012)

Casi todos los nudos de la negociación conducen, pues, al problema de la participación política, puesto que las Farc pretenden o aspiran a hacer política de una manera que supondría el desbarajuste de la Constitución ya que la concepción clásica del delito político y sus conexos así como los compromisos internacionales, forman parte del Bloque de Constitucionalidad. La iniciativa presidencial facilitaría a las guerrillas hacer política sin entregar las armas, sin admitir culpabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por tanto, sin penas privativas de la libertad.

Que se trata del almendrón de la negociación y de una exigencia perentoria lo podemos constatar en la respuesta que Alberto Pinzón Sánchez, ideólogo asiduo del portal ANNCOL de las Farc, que, como bien sabemos, es donde ella expone su línea de pensamiento, da a la periodista Cecilia Orozco cuando le pregunta si los jefes de las Farc aceptarían ir a la cárcel para cumplir convenios internacionales firmados por el Estado colombiano: “Las Farc no han luchado contra la justicia internacional sino contra el Estado… (éste) debe encontrar, en una discusión amplia con la insurgencia, la solución política en cuanto a cómo va a funcionar la nueva legalidad… una negociación realista debería basarse en las reformas estructurales que demanda el país y que hay que garantizar en un texto constitucional… tendrían que ser validadas en una constituyente” (elespectador.com, noviembre 23 de 2014).

Los jefes guerrilleros saben que si son condenados, aún en el Marco Jurídico de la Paz y en el modelo de Justicia Transicional, quedan inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos y de representación popular. El Gobierno Santos, en su estrategia negociadora, concedió, sin haberse sentado en la mesa, que habría cambios para facilitarlos, tal como dijo en 2012 y nos recuerda hoy de nuevo. Para despejar dudas, releamos la tesis del Alto Comisionado de Paz que abre la puerta al estropicio que nos proponen, dijo él que, durante el periodo de “transición de 10 años” tenemos que: “echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas…” (Conferencia de Sergio Jaramillo en Universidad Externado, mayo 9 de 2013).

Por ello es que ahora, para evitar el fracaso y sin ningún pudor, el Gobierno propone la “medida de excepción” de redefinir el delito político y sus conexidades.

De manera que cuando Humberto de la Calle, el mismo Presidente y el Alto Comisionado le dicen a la opinión pública que no habrá cambios en la Constitución ni se negociará la institucionalidad, simple y llanamente mienten.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, LOS ACUERDOS DE LA DISCORDIA, AHORA COLOMBIA

En el Acuerdo de Participación Política firmado por el Gobierno Nacional y las FARC encontramos demasiadas coincidencias que suscitan hondas preocupaciones por su alcance político y afectación del ordenamiento constitucional. Enumeraré 16 que merecen mayor debate.

1. En el punto 2.1.1.1 se consagra la constitución de una Comisión de Garantías (una entre muchas en los otros Acuerdos) con participación de expertos y de representantes de movimientos sociales para la expedición de un Estatuto de la Oposición. Aquí se está desconociendo una función esencial del Congreso en franca violación de la Constitución.

2. Se estipula la creación de un “Sistema Integral de Seguridad” para el ejercicio de la política que se encargue de trazar políticas de tolerancia, convivencia y solidaridad. Tendrá un “Mecanismo de control interno” que se basará en principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos. Entendemos que estos principios son reivindicados por Estados constituidos y reconocidos, no por partes de un conflicto interno, a no ser que se le otorgue carácter de Estado a la guerrilla. La guerrilla podría presentarse como un Estado dentro del Estado.

3. Se creará una “Instancia de Alto Nivel” (más comisiones, camino a una parainstitucionalidad y paraestatalidad) que ponga en marcha el “Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política”, que contempla entre otras tareas y responsabilidades, la revisión del Marco Normativo para los delitos contra los políticos, en especial los surgidos del Acuerdo. Otra suplantación del Congreso que irá quedando como rey de burlas.

4. Se creará un “Sistema de Alertas Tempranas” para la protección de los elegidos por las FARC a cargos de representación política. El Estado colombiano se despoja de esta responsabilidad y se deja meter en otro organismo paraestatal.

5. En el espíritu del anterior punto, se creará otro “Sistema de Planeación, Información y Monitoreo” del “Sistema…” con participación de delegados de ONG internacionales. El Estado declina su deber y lo pone en manos de ONG de común acuerdo con las FARC.

6. Como si las anteriores no fuesen suficientes, se acuerda crear una “Comisión” (otra) de seguimiento y evaluación de desempeño del “Sistema Integral de Protección”.  Imaginemos el enredo, los reclamos, los desajustes, los encontrones y las denuncias permanentes que saldrán de este aparataje.

7. Se creará un Comité (que es lo mismo que una comisión) de investigación de los delitos contra la política y especialmente contra la oposición. De nuevo el Estado es suplantado.

8. Se expedirán medidas para el fortalecimiento, reconocimiento y  empoderamiento de los movimientos sociales. Aflora aquí la idea de democracia directa tan cara a los populistas, como si la Constitución no reconociera los derechos a la protesta, a la huelga y demás. La guerrilla apunta a crear un poder de las masas, callejero y levantisco.

9. Se presentará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales (emanado de alguna comisión). Más leyes y aparatos en función de la movilización permanente de las masas.

10. Se Creará un “espacio” y un “mecanismo” de diálogo con voceros de organizaciones y movimientos sociales. Como si el Estado tuviera la obligación de “unir y coordinar” dichos movimientos. Más “democracia directa” que significa confrontación permanente.

11. Creación de una Comisión (otra) para elaborar normativa de garantías para los movimientos sociales y convertirla en “política pública” (otro encontrón con la Constitución a la que habría que ajustar con este esperpento).

12. El punto 2.2.3 (página 10) Estipula la concesión de medios de comunicación (emisoras, canales de tv, periódicos) a las comunidades y a los movimientos sociales en especial a los de las zonas de mayor conflicto. Por supuesto, donde las guerrillas tienen su influencia.

13. Se creará un “Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia” con secciones regionales y veedurías ciudadanas. Así, el país irá quedando en manos de todos estos organismos conformados a partes iguales. Lo que existe ya no servirá para nada.

14. Se revisará la conformación y las funciones de los Consejos Territoriales de Planeación. Esto equivale al proceso de desmonte de las instituciones que para el efecto ya están establecidas. El gobierno accede a incluir modificaciones que alteran el sistema de gobierno que dependerá de las presiones de la nueva institucionalidad ligada a los movimientos sociales donde residirá, de hecho, el nuevo poder, el poder popular.

15. Se procederá a una “Reforma del Régimen y Organización Electoral (página 17) que expedirá el estatuto de la Oposición en el que se entiende que las guerrillas serán esa oposición. ¿En que queda el Consejo Electoral?, ¿cambiarán las circunscripciones electorales?, ¿Eso no tiene que ver con la Constitución y con el Congreso?

16. El punto 2.3.6 (página 18)  habla de la creación de “Circunscripciones Territoriales de Paz”. Este es una de las concesiones más riesgosas para el país puesto que garantiza la presentación exclusiva de candidatos de las guerrillas en sus zonas de influencia, una violación flagrante de la estructura democrática.

Después de leer con detalle este Acuerdo, se entiende perfectamente que sí se han hecho enormes e innecesarias concesiones a las FARC, de tal suerte que sin decirlo y sin reconocerlo, se cambian las formas de la democracia y, por ende, la Constitución vigente. El preámbulo del Acuerdo expresa de una forma en apariencia inofensiva una filosofía entreguista puesto que acepta pulir y ajustar la noción de democracia con una organización terrorista: “La construcción y consolidación de la paz… requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas…Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición…de la paz…La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia…” Las FARC terminan dictando lecciones de democracia.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, SÍ HAY CAPITULACIÓN EN ACUERDOS DE LA HABANA, CASO COLOMBIA

Con la publicación de los “Acuerdos de La Habana” el gobierno quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores, desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la versión del periodista Alvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de las Farc que ya los habían publicado.

El ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a una operación de “campaña negra” de los guerreristas, negando en los hechos el derecho al disenso. Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos.

Al leer el contenido del texto sobre participación política, mi sorpresa es mayúscula. Resulta que lo que muchos sospechábamos, a saber, que en esas conversaciones el gobierno nacional había asumido una actitud capituladora y pusilánime, queda confirmada. 

Se hicieron concesiones demasiado graves, empezando por las que ya han sido ventiladas por los críticos. Por ejemplo, es grave en sentido superlativo que se le haya conferido estatus de contraparte en condiciones de igualdad a la guerrilla respecto del estado. La consecuencia de esta humillación ante una guerrilla casi derrotada y desprestigiada ante los colombianos y el mundo, es que el documento muestra que el gobierno representa una parte de la población y del “conflicto” y las Farc la “otra”, la excluida, la perseguida, a la que le han mutilado sus derechos y restringido sus intenciones de hacer política por las buenas. Además, aunque digan lo contrario los voceros oficiales, se discutió en la mesa y se llegó a acuerdos en temas propios de la agenda nacional cuyo curso debe tener lugar en las corporaciones públicas.

Se puede observar, línea por línea, que el texto refleja muchísimo más el discurso fariano que el gubernamental, pero, la abrumadora campaña oficial en favor de la paz y en contra de los “guerreristas” cautivará a más de un desprevenido. El primer párrafo de este acuerdo habla de una Colombia que tiene que abrirse en democracia, libertades y garantías. Dotarse de un estatuto de la oposición, financiar los partidos, crear circunscripciones electorales a medida de la influencia guerrillera y una serie de asuntos que en apariencia son válidos e inocentes para quienes aún creen que las Farc son demócratas reprimidos por el sistema. El filósofo Jaramillo, el ideólogo de esta entrega, en célebre conferencia en 2013 ya le confería razón social y justiciera al “levantamiento armado”.

La autoestima del gobierno y de los partidos que lo respaldan parece bien bajita, ya que en ese primer párrafo se abre no un hueco sino un cráter para rediseñar las instituciones, la sociedad y el estado mismo. Admitirle razonabilidad al discurso fariano es ofensivo para las fuerzas políticas y sociales que han sufrido la inclemencia de sus acciones terroristas y para la fuerza pública obligada a pensar que estaba peleando contra un enemigo que no era tal.

Un aspecto destacable en el texto es que en contravía de las supuestas aclaraciones del jefe negociador, Humberto de la Calle, la sociedad queda abierta y expuesta a aceptar que para hacer la paz es preciso y obligatorio adelantar ajustes institucionales y de políticas públicas de tal envergadura que ello significa una explícita aceptación de las “reivindicaciones” farianas y de su visión de sociedad. Es como si un invitado a casa entrara imponiendo sus condiciones. Nada equiparable a quienes toda la vida hemos vivido y sufrido el orden de cosas existentes sin apelar a las armas y a la violencia.

Otro punto que llama la atención por sus gruesas implicaciones es la gran cantidad de comisiones a crear en una especie de edificación de una parasociedad y una paraestatalidad, como si lo existente no fuera suficiente. Tendremos un estado gigante que se ocuparía de proveer todo, hasta la Verdad del conflicto. Todo ello en consonancia con el deseo expreso de las Farc de “rediseñar la sociedad y refundar el estado”.

En su afán de presentarse como los adalides de los movimientos sociales y de las protestas de la ciudadanía, el gobierno inclina la cerviz ante la no muy confiable y nada ingenua pretensión de las Farc de meter por la puerta del frente, “a las buenas” su revolución “democrático popular” de corte estalinista-maoísta. Revolución que procede cuando, según el leninismo, no hay condiciones para instaurar el socialismo y hay que andar de la mano de otras fuerzas, como la burguesía nacional y progresista, por un buen trecho. ¿Cómo? Ni más ni menos que convirtiendo la sociedad en el espacio de unas intensificadas luchas de masas a las que se les crearán aparatos de coordinación, estímulo y protección.

Lo que está aprobado, pues, nos llevaría a la formación de un auténtico paraestado cuyo papel será enterrar el vetusto establecimiento, arrojando una situación de caos y desorden, todo en nombre de una supuesta “democracia directa”. En todas partes se concederán emisoras, periódicos y canales de televisión a las Farc y a los “movimientos sociales y de masas”, en particular en las zonas de conflicto.

Muchos de los puntos pactados requieren reformas de carácter constitucional como la refrendación “ampliada” de una serie de principios liberales y democráticos que figuran en nuestra constitución, en retórica farragosa que idealiza las luchas masas y su participación en los destinos del país. Y la creación de circunscripciones electorales en zonas de influencia guerrillera. Una auténtica obscenidad aceptar que las Farc nos den lecciones de democracia y libertades.

Así que la publicación de los acuerdos en vez de disipar los temores de los colombianos sobre los términos de las negociaciones lo que hace es reafirmarlos. Lectura atenta y detenida de por medio de los mismos, quedamos notificados de la actitud blanda con la que el gobierno asumirá el punto relativo a la entrega de armas, desmovilización y penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, ¿RECONCILIACION? SÍ, PERO CON CONDICIONES, CASO COLOMBIA,

Tan socorrida como la paz circula ahora la palabra “reconciliación”. El jurista Rodrigo Uprimny invita a pensar y debatir el significado de esta noción clave en la resolución de numerosos conflictos en la historia mundial.

Parte el columnista de una pregunta bastante controversial: “¿Podremos los colombianos reconciliarnos después de décadas de Guerra, polarización y atrocidades?” Su pregunta da por sentado que el país está en Guerra hace muchos años, caracterización compartida en amplios círculos académicos de izquierda y liberales “progres”. Que hemos sufrido arbitrariedades y atrocidades no genera gran polémica, pero, usar la categoría de guerra para referirse a unas “partes” tan disímiles como un estado y un gobierno legítimos de un lado y un grupo de criminales de Guerra, sí que amerita un buen debate.

Uprimny otorga, sin presentar un debido y mínimo soporte, a un proyecto de revolución comunista fracasado nacido en el apogeo de la Guerra Fría en la America Latina de los años sesenta, una calificación que tiene más de ideológico que de histórico y político. No se puede negar que hay un conflicto armado, porque las guerrillas no disparan flores ni divulgan ideales democráticos. Tampoco se puede desconocer que su pretensión de levantar al pueblo colombiano contra la “dictadura oligárquica” no tuvo eco, las cifras de favorabilidad para ellas nunca han superado el 3 o 4 por ciento. Los movimientos sociales y políticos de corte revolucionario y reformista se han visto más perjudicados que favorecidos por el accionar de las guerrillas.

Ahora bien, es válido preguntarnos ¿por qué los defensores del proceso entreguista de paz del gobierno Santos, en contravía de la rigurosidad que se requiere en el lenguaje político, utilizan esa retórica generalizadora sobre la violencia, las víctimas y las atrocidades que nos convierte a todos, por igual en victimarios y violentos? ¿Por qué plantean el problema como un asunto de reconciliacion?  Nos tendrían que demostrar que las FARC, el ELN y otros grupos ilegales, igual de terroristas, crueles e irrepresentativos han surgido como fruto de la persecución, la discriminación y la represión política y no de proyectos ideológicos revolucionarios comunistas.

Ahora bien, las guerras y los conflictos armados no terminan todos de la misma manera. Quiero decir que la idea de reconciliación no siempre es pertinente ni siempre significa lo mismo. Me imagino que nadie les enrostraría a los Aliados el no haber buscado la reconciliación con los Nazis, o a los pueblos que sufrieron el yugo soviético estalinista que no se reconciliaran con los invasores o a los que sufrieron a dictadores estilo Ferdinand Marcos, Anastasio Somoza o Nicolae Ceasescu que no los hubiesen perdonado. Y no es solo por un asunto de la correlación de fuerzas, de que en esas experiencias hubo un final de derrota, sino también por la existencia de unas abismales diferencias y heridas tan profundas que la única opción era la derrota o abatimiento del opresor o la expulsión del invasor.  Con esas ideologías y regímenes la humanidad democrática no podía desear la reconciliación. Agresores de esa clase fueron condenados a reparar a sus víctimas a pagar multas enormes a pedir perdón y a expiar sus crímenes en la cárcel y en algunos casos hasta con sus vidas.

La lucha contra el fascismo el nazismo y el comunismo, teorías y sistemas totalitarios, antidemocráticos y criminales que exterminaron y oprimieron a millones de personas en nombre de una raza, clase o nación superior, no clasifica como conflicto de exclusión o discriminación en los que sí se justifica pensar en términos de reconciliación. Más allá, la historia mundial registra casos de reconciliación después de guerras devastadoras como la de secesión norteamericana o la que se registró entre negros y blancos en Surafrica con el derrumbamiento del Apartheid.

En el caso colombiano la idea de reconciliación de sentido religioso que supone el retorno a un ideal mundo fraterno, no aplica, como bien lo reconoce Uprimny. Pero, de allí no se desprende que solo queden dos alternativas, la negación de su posibilidad alegando diferencias insalvables como ocurrió con el nazismo, el fascismo y el comunismo en algunos países, que supone la derrota total, el arrasamiento sin piedad de los enemigos del estado y de la institucionalidad, que algunos atribuyen perversamente, como la opción que propone el uribismo. Ni tampoco la de la impunidad que impulsa el gobierno Santos y sus adláteres en la academia, que significa pensar a los criminales de guerra y a genocidas como iguales al estado, que no expiarían sus culpas en prisión y que podrían ocupar cargos públicos y en organismos de representación popular.

Hay un camino realista que no se ubica en ninguna de las anteriores. Me refiero a una opción que atraviesa casi todos los discursos, pero, sobre la que hace falta observar mayor constancia, precisión y decisión. Se trata de la consabida justicia transicional que conlleva al reconocimiento y reparación de las víctimas por parte de las guerrillas, el estado ya lo está haciendo, a la petición pública de perdón, a la refrendación del compromiso de no repetición y de contribuir al esclarecimiento de verdades judiciales y a la entrega de las armas por parte de quienes, infructuosamente, pretendieron cambiar el orden de cosas a través de la lucha armada. Sería como tragar sapos en vez de los cocodrilos que pretende Santos.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, LAS FARC JUGADAS POR LA REELECCIÓN DE SANTOS, CASO COLOMBIA,

Por todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial.

Como lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los diálogos está en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que le firmaran algún documento.

El texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto, cualquier francés o norteamericano o japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías para la oposición. Que las Farc es una guerrilla que lucha por esos ideales, que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para hacer actividad política en la legalidad.

Así lo hemos percibido en estos días de euforia desmedida y de congratulaciones diplomáticas. La palabra paz, aunque siga estando lejos, ejerce una atracción fascinante y da amplios réditos políticos a quienes se la apropian. No importa que el precio de la misma sea abrir la puerta de la democracia a la implantación de un régimen de corte castro-chavista por la vía de la combinación de todas las formas de lucha, pero ahora, con el énfasis en las grandes ciudades y en las masas urbanas.

El Estado colombiano cede a algo que se supone había negado antes o que no existe. Según los firmantes, en adelante se “profundiza y robustece nuestra democracia” como si la Constitución vigente no contemplase un amplio régimen de garantías que ha permitido, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos de diversas tendencias, el crecimiento electoral de la principal fuerza de izquierda, el Polo Democrático Alternativo, la existencia de una ambiente de libertad de prensa y de opinión, la realización de protestas, huelgas y movilizaciones de sectores sociales que han tenido como sus grandes enemigos no a los gobiernos ni una política de estado sino la acción armada ilegal de grupos de extrema izquierda y extrema derecha.

Hay párrafos bastante desafortunados para el sentido común como ese que dice “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización  de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia…a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia…” pues se acepta que no habrá entrega de armas y se da por sentado que la guerrilla lucha por la democracia y que ella está por llegar.

Los aspectos más polémicos del Acuerdo son los referidos al compromiso de crear “Circunscripciones Especiales de Paz” en zonas de conflicto, sin decir cuántas ni dónde ni por cuánto tiempo. No es necesario ser muy perspicaz para asociar esta concesión a la vieja pretensión comunista impulsada por “Tirofijo” en los años 60 de crear zonas de autodefensa campesina que hoy se pretenden reciclar en las llamadas “zonas de reserva campesina” que servirían de retaguardia social a las fuerzas guerrilleras que hayan “dejado” mas no “entregado” las armas y en las que no imperarían algunas normas del estado de derecho. Tradúzcase “creación de repúblicas independientes” que cumplirían la función estratégica de apoyar el levantamiento popular al que parece estar apuntando las Farc en su cambio de estrategia para hacer la revolución.

No está por demás advertir que la idea de las circunscripciones especiales es una “medida extraordinaria” de las que contempla el documento gubernamental de la negociación, que supone reforma constitucional, que puede violar el bloque de constitucionalidad al alterar los principios de representación política y de proporcionalidad de la misma.

De parte de las Farc no hay un solo compromiso en el Acuerdo. Sabedoras de tener en sus manos la suerte del presidente Santos han cobrado duro ese poder al dar a entender al mundo que ellas no son una fuerza terrorista sino democrática  que trata de alcanzar un espacio en un país que no les ha brindado oportunidad de hacerlo pacíficamente.

Sin duda, pues, las FARC van ganando, tienen la iniciativa, no han cedido en nada, seguirán atacando a la Fuerza Pública y acometiendo actos violentos, han asumido una retórica democrática con la que solapan su credo comunista. Se han convertido de hecho en aliados electorales del presidente Santos en la búsqueda de la reelección presidencial.

Con la firma de este documento han logrado, gratis, extender la negociación hasta por lo menos agosto del 2014 cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno. En los meses por venir jugarán un ro, protagónico y se pueden convertir en árbitros de la campaña presidencial. El presidente Santos nos ha demostrado  que puede hacer concesiones “extraordinarias”, o sea, inconstitucionales, y feriar la institucionalidad con tal de aplastar el uribismo y hacerse reelegir.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 10 de  noviembre de 2013

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, PETRO EL INIMPUTABLE, DESDE COLOMBIA,

El alcalde de Bogotá apoyó a Alejandro Ordoñez en su primera aspiración para ser el Procurador General de la nación. Sus congresistas le dieron su voto en la reelección. La trayectoria del Procurador Ordoñez es de amplio dominio público, como lo es también el hecho de que no ha sufrido bruscos cambios en su forma de pensar.

Quienes conocen la trayectoria de Gustavo Petro saben que él no era ignorante de la hoja de vida de Ordoñez y no piensan que Petro hubiese sido víctima de una celada. Es más, la mayoría de sus seguidores, los progres y la militancia de izquierda no se explicaban, en su momento, las razones por las cuales había tomado tan rara determinación.

De manera, pues, que a estas alturas y colocado de bruces en los tablados del control disciplinario, carece de presentación realizar actos de rebeldía, desconocimiento de legitimidad  y dilación ante el funcionario que ayudó a elegir.

A un grupo de intelectuales y artistas, en el colmo del despropósito, se les ocurre plantear el argumento chantajista de que la destitución de Petro implicaría el fracaso de la negociación. La sensatez y la paciencia de los colombianos con las infructuosas conversaciones de La Habana, darían para esperar pronunciamientos de estos sectores en los que se señale que el mayor peligro de ruptura de los diálogos de paz vienen de las acciones terroristas de las Farc y de su desborde propositivo. De verdad que no les queda bien hacer una maroma tan burda para arropar al alcalde de sus preferencias.

Petro ha sido y es un mimado de los procesos de paz. Indultado en su momento, ha sabido aprovechar las ventajas de la democracia y la paz, y eso está muy bien. Pero, resulta que cuando alguien que estaba por fuera de las reglas del juego retorna a ellas, no lo puede hacer de manera fragmentada, a pedazos o en unos casos sí y en otros no. Eso no es tolerable desde ningún ángulo.

El hecho es que al convertirse en funcionario público está en la obligación de acatar y acogerse a las investigaciones que se susciten como producto de sus actos oficiales cuando estos despierten la inquietud de las autoridades respectivas. Son más los exguerrilleros que no han convertido en escudo protector o en tabla de inmunidad su añeja militancia armada para decir que vuelve a ser perseguido por su pasado. Antonio Navarro y muchos otros son buen ejemplo de que tienen que cumplir los deberes de cada cargo público y atenerse a las consecuencias de posibles violaciones en el entendido de que serán observados según sus funciones y no según su pasado.

El alcalde Petro, poseedor de un ego elefantiásico, amante de los titulares, no se ha caracterizado por ser un buen administrador de la cosa pública. Prisionero de veleidades autoritarias que le impiden ver los límites, se ha dedicado a actuar por fuera de las normas. Habla más de la cuenta y yerra a mañana y tarde. Sus desatinos escandalizan hasta a sus propios subalternos. Por algo renunciaron Daniel García Peña y Antonio Navarro, y el primero no de cualquier forma sino acusándolo de autoritario. En ese andar, Petro, que en muchas cosas es parecido a su ídolo Chávez, quiso privatizar, de la noche a la mañana, a los escobazos, la recolección de basuras de más de 8 millones de habitantes. Al hacerlo, presumiblemente, como dicen en los estrados, violó contratos de terceros, pero sobre todo, puso en peligro la salud y la vida de esos millones y causó un estado de caos y anarquía que derivó en angustia colectiva.

Eso es lo que motiva la intervención del Procurador y le da alas a la recolección de firmas para revocarle su mandato en un referendo. En el inmediato pasado, Petro en calidad de congresista impulsó mecanismos de participación ciudadana, con muy buenos argumentos. Había que poner freno a los desbordes, a mediocridades e indelicadeces de funcionarios y gobernantes electos. Lo ideal era establecer la figura de la revocatoria vía referendo.

Y cuando se le pretende aplicar su propia medicina, Petro, que en esencia se considera a sí mismo un personaje destinado para misiones superiores y que está por encima del bien y del mal, se ha dedicado a ganar tiempo con marrullas y jugadas para también deslegitimar el mecanismo democrático de control.

Es decir, estamos ante un reyecito medieval que se niega a ser objeto de investigación judicial y a rendir cuentas ante el electorado que puede ratificarlo o revocarlo. Una lástima que esto provenga de quien ha posado de respetuoso de la Constitución, pero, mucho más, que sus amigos lo defiendan con argumentos tan traídos de los cabellos como que de su suerte depende la paz nacional.

rdaceved@unal.edu.co

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, ¿QUIÉN TIENE LAS LLAVES DE LA PAZ?

Si es verdad que el presidente Santos llamó al presidente impostor de Venezuela, Nicolás Maduro, para informarle que iba a recibir al jefe de la oposición, Henrique Capriles, estamos ante una clara abdicación de soberanía. 

Mucho se ha especulado acerca de si la movida de Santos obedecía a un cálculo, algo así como una apuesta para ver qué tipo de reacción tomaba Maduro o más bien una cosa ideada con el fin de demostrar independencia y zafarse de la tutela del vecino en las negociaciones de La Habana con las Farc, y ganar puntos en la contienda presidencial ya en marcha en el país. 

Sea lo que fuere, es inaceptable que en las relaciones internacionales se proceda como jugando al póker. La política exterior debe llevarse con más seriedad y obedeciendo a criterios muy pensados y de largo aliento.

Si hubo la llamada, eso da para pensar que el acuerdo Chávez-Santos de Santa Marta tuvo un significado mucho mayor que el que sirvió a Santos para declarar a Chávez su nuevo mejor amigo. 

Haciendo memoria fue exagerado lo que cedió nuestro primer mandatario en aquella histórica cita. Primero, echó en saco roto los justos reclamos por la presencia de bases y líderes farianos en territorio venezolano con aquiescencia del gobierno y sus fuerzas militares. Segundo, Colombia deshizo el trato que tenía con los Estados Unidos para el reforzamiento y modernización de bases militares colombianas, proyecto que había levantado ampollas del gobierno chavista.

¿Todo a cambio de qué? De convertirlo en facilitador de un proceso de paz incierto y sin compromisos serios de parte de la guerrilla para abandonar la lucha armada. De manera que no solo cedimos en materias sensibles  de seguridad y de equilibrio estratégico, sino que se abrió el espacio para que Chávez se convirtiera, nuevamente, en factor clave en la resolución de la violencia colombiana,  se entrometiera en nuestros asuntos y chantajeara con el retiro de su apoyo ante el más mínimo incidente.

Y, en efecto, Santos proporcionó ese pretexto a un gobierno urgido de un enemigo externo a quien achacarle, al mejor estilo de la dictadura castrista, todos los males y hasta los más fabulosos planes de asesinato y de complots con el imperialismo yanqui para derrotar su revolución. La “jugada” del presidente Santos, tan ingenuamente aplaudida y calificada de gesto autónomo por sus áulicos, produjo un efecto inesperado para los asesores de Palacio. Lo más probable es que en sus inflados cálculos no cabía que Diosdado primero y Maduro y Jaua después, dieran por finalizado el romance y prácticamente declararan traidor y violador de compromisos a Santos. 

La teatralidad montada por el chavismo no ha generado la más mínima reacción de protesta de las débiles democracias latinoamericanas que han agachado sus cabezas ante el temor de perder las dádivas del gobierno bolivariano. El intervencionismo funciona y es válido y legitimo si está en cabeza del chavismo.

La última declaración de las Farc desde La Habana (ElEspectador.com 8/06/2013) en la que se solidarizan con el gobierno ilegítimo de Venezuela en su protesta por la recepción a Capriles y por el fallido anuncio del propósito de ingresar a la OTAN, es una buena prueba de cuan estrechos son los lazos entre el chavismo y las guerillas colombianas y de cómo ambas hacen parte de un proyecto estratégico de unir a toda Latinoamérica en el sendero del “socialismo del siglo XXI”. Para las Farc es más importante la seguridad de Venezuela que la colombiana, eso explica su condena al gobierno Santos por sus pretensiones de ingresar a la OTAN. 

La conclusión para ellos es tan grave como la de los mismos chavistas, según las Farc “La actitud de Santos desinfló el optimismo, la atmósfera favorable a la paz que se había logrado construir con tanto esfuerzo en La Habana. La cuestión se resume en el hecho de que si no fuera por Venezuela no tendría lugar el diálogo de paz de la capital cubana”.

Como auténticos apéndices de las directrices y de las políticas de Maduro y Diosdado, las Farc calificaron de “justa” la reacción de Caracas y llegaron más lejos al declarar que las negociaciones quedaban en un “limbo”. Incluyeron en su crítica la visita del Vicepresidente norteamericano Joe Biden y en el colmo de la paranoia afirmaron que la “Alianza del Pacífico” de Colombia con Chile, Perú y Méjico, hacía parte de un complot para “descarrilar” a los gobiernos “populares” de la región.

Queda pues latente, a ojos vistas, la estrecha comunidad de intereses entre el chavismo y las Farc y el excesivo juego dado al gobierno de Venezuela en el proceso de paz, ya que por lo visto, es este el que decide, al final de cuentas, si este avanza o se detiene. Son ellos los que tienen la llave de la paz. Razón muy poderosa para aumentar la desconfianza en esas conversaciones.

Más descorazonador aún es constatar el hecho de estar viviendo las consecuencias de una actitud entreguista de nuestra soberanía a cambio de una paz incierta y de manejar las relaciones exteriores como si se estuviera jugando cartas en un casino. Colombia ingresó a UNASUR y a la CELAC organismos creados por el chavo-castrismo para inutilizar a la OEA, haciéndole el juego a Hugo Chávez. Los compromisos explícitos e implícitos con el chavismo le impiden a la cancillería colombiana reaccionar con el debido decoro y honor so pretexto de guardar las formas y evitar las provocaciones.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 9 de junio de 2013

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