DARÍO ACEVEDO CARMONA, COMO VAMOS, VAMOS MAL, MUY MAL, CASO COLOMBIA

La última encuesta Gallup, relegada a planos secundarios por los grandes medios, arroja unos resultados que deben preocuparnos muy seriamente por la suerte del país. En muy pocos aspectos se salvan del desastre algunas políticas públicas sin que eso quiera decir que en ellas se estén obteniendo buenas notas.

Por ejemplo, el 87% de los colombianos están en desacuerdo con el manejo dado por el gobierno al problema de la seguridad. La desaprobación a la gestión del presidente Santos va en aumento, cae al 66%. El 84% considera que el manejo de la corrupción está empeorando, el 77% está en desacuerdo con el manejo dado a la guerrilla, el descreimiento de que se va a llegar a un acuerdo con la guerrilla se elevó a 62%. Piensan que vamos por mal camino un 63%. Aumenta el porcentaje de quienes están por derrotar militarmente a las guerrillas, mientras decrece el de los que siguen creyendo en la salida negociada 45%. Se oponen a la participación de guerrilleros en política un 85%.

Comparadas con encuestas anteriores, se puede concluir que no estamos ante una respuesta coyuntural sino ante una tendencia, al parecer irreversible. Señal inequívoca de la sensación de estar mal gobernados y de estar viviendo una situación delicada y peligrosa.

Al comparar el manejo de unas cuantas variables entre Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, los resultados confirman una caída estrepitosa. Las cifras deben leerse en porcentaje. Algunos datos iniciales de Uribe en 2002 son herencia de Pastrana y los de Santos en 2010 son herencia de Uribe. Veamos:

Consideran que el país está mejorando (2002-2015): Uribe recibió en 32 y entregó con 52, con pico más alto en 73 (operación Jaque). Santos recibió en 52 y cae al 22, pico más alto 61 (luna de miel de 2010 y  muerte de Jojoy).

Piensan que se maneja bien la economía (2006-2015): Uribe subió de 42 a 46, Santos cae de 46 a 27.

Sobre empeoramiento en manejo de la guerrilla (2006-2015): Con Uribe se redujo de 46 a 36, con Santos de 36 se subió a 77.

Inseguridad (2006-2015): mejorando: con Uribe bajó percepción de 48 a 22, con Santos bajó de 22 a 8. A la inversa, empeorando: Uribe de 41 a 62 y Santos de 62 a 87.

Aprobación de gestión del presidente (2002-2015): Uribe inicia con 30 y termina en 75, Santos inicia con 75 y cae a 28. Rechazo a gestión del presidente (2002-2015): Uribe inicia en 25 y termina en 17, Santos inicia en 17 y cae a 65.

En materia de favorabilidad personal (2002-2015): Uribe inicia en 70 y terminó en 75, su pico más alto fue 85 y el más bajo 63. Santos inició en 75 y cae a 57, su pico más alto fue 80 (muerte del Mono Jojoy) y el más bajo 46 (paro agrario).

La desfavorabilidad del Congreso (2002-2015): con Uribe subió a 56 en todo el apogeo de la “parapolítica”, con Santos ha subido a 72.

La imagen negativa de los partidos políticos (2006-2015) mantiene su caída constante, con Uribe alcanzó tope máximo de 61, Con Santos llegó a 81.

La Fiscalía General tuvo un nivel alto de favorabilidad con Uribe hasta un 60, con Santos cae al 42.

La favorabilidad de las Fuerzas Militares (2002-2015) Con Uribe subió de 79 a 85, con Santos cae de 85 a 77.

Favorabilidad de la Corte Constitucional (2001-2015): con Uribe subió de 53 a 63, con Santos cae de 63 a 33.

Favorabilidad del sistema judicial (2005-2015): Con Uribe cae de 49 a 37, con Santos cae de 37 a 19.

La favorabilidad de la Corte Suprema de Justicia (2008-2015): Con Uribe va de 60 a 61, con Santos cae de 61 a 29.

Creencia de que Fuerzas Militares están en capacidad de derrotar a las guerrillas (2002-2015): Uribe aumentó de 63 a 85, Santos la redujo de 85 a 72.

Creencia de que guerrillas se pueden tomar el poder por las armas (2002-2015): Uribe la redujo de 33 a 13, Santos la subió de 13 a 35.

El presidente Santos presenta mejores resultados en los rubros de empleo y relaciones internacionales, y hay pocas diferencias en vivienda de interés popular, infancia, percepción sobre democracia, garantías y medios de comunicación.

El país, pues, está retrocediendo a ritmo constante, en algunos temas hasta los niveles críticos de 2002. Se ha deteriorado la confianza en las instituciones, en particular, es grave la caída de la confianza en los órganos de la Justicia. Hay retrocesos en el manejo de las guerrillas y la seguridad. Entretanto, aumenta la desazón con las negociaciones en Cuba y crece la idea de que la guerrilla si puede llegar a tomarse el poder por la vía militar.

Ahí están las cifras, contundentes y a la vista. En mi concepto, todo ello es el fruto de políticas erradas, de propuestas fracasadas, de la violencia guerrillera y del mal gobierno de Santos. Urge una profunda reconsideración para recuperar el terreno perdido y evitar que las guerrillas se aprovechen del caos reinante y de la falta de fe de la población en las instituciones. Llegó el momento de ponerle, cuanto antes, un tope cronológico, temático, procedimental y penal a las conversaciones de paz.

Si el gobierno no reacciona en defensa del Estado de Derecho, de sus instituciones, de la democracia y la libertad, a la Oposición no le queda otra alternativa que convocar a la población a la resistencia civil y callejera, pacífica pero clara, en el objetivo de evitar que Colombia se convierta en un estado fallido.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, DE SANTAFÉ DE RALITO A LA HABANA, CASO COLOMBIA

RUBEN  ACEVEDO CARMONA

Los colombianos ya perdimos la cuenta de los sapos que nos hemos tragado, sin derecho a regurgitar, en estos dos largos años de negociaciones de paz.

También tragamos muchos en la negociación del Estado con los grupos paramilitares, es cierto, pero dicho proceso tuvo una entrada engullible, su manifestación de cesar en sus acciones armadas, entregar las armas, desmovilizarse y a concentrarse en un lugar mientras se realizaban las conversaciones.

Fue una paz imperfecta porque individuos culpables de crímenes atroces en vez de pagar 40 o 50 años en prisión, recibieron una pena de 8 años. No han declarado todas las verdades, un porcentaje cercano a un diez por ciento se ha reciclado en las bandas criminales, la Fiscalía ha sido extremadamente lenta y los jueces han proferido pocas sentencias y, la reparación material y la devolución de tierras no se ha dado en la medida esperada.

Sin embargo, vista en perspectiva, esa paz imperfecta significó el fin del paramilitarismo, el retorno del monopolio de las armas al Estado, el cese de la persecución a los dirigentes de izquierda y de movimientos populares, de los magnicidios y de las masacres de civiles por motivos políticos. También tuvo su incidencia en el destape de los nexos que tales grupos establecieron con dirigentes políticos, gobernantes, congresistas, empresarios y miembros de la Fuerza Pública.

Si bien no todas las denuncias concluyeron en cárcel para los acusados y todavía hay investigaciones en curso, no menos cierto es que muchos de los procesados están pagando penas privativas de la libertad y que la infiltración del paramilitarismo en todos los organismos de poder y en las instituciones públicas se revirtió casi en su totalidad.

De manera que hemos consumido sapos y seríamos capaces de seguir la asquerosa dieta en aras de la paz. Pero, a los críticos de aquel proceso les pareció una afrenta a la moral y a la justicia lo que se consagró en la Ley de Justicia y Paz con la que fue refrendado. Fueron implacables, injuriosos y mordaces. Decían que había sido una “negociación de yo con yo” queriendo asimilar el gobierno con esos grupos.

En el proceso de negociaciones que tiene lugar hoy entre el gobierno Santos y las FARC, la mesa de los colombianos se ha visto poblada con gran cantidad de sapos, culebras y sabandijas. A diferencia del anterior, aquí los aperitivos y la entrada tuvieron sabor amargo pues no hubo cese unilateral de hostilidades ni una declaración sobre el desuso de la vía armada y la voluntad de desmovilizarse. No hubo concentración de las guerrillas mientras se conversara. La mesa está en funciones hace no ya meses sino años y va para largo, aunque se ha dicho que “nunca habíamos avanzado tanto con la guerrilla”.

Lo duro y difícil tiene que ver precisamente con aquellos asuntos que, aunque de manera imperfecta, fueron resueltos con los paramilitares aplicando la “Justicia Transicional”. Cabe decir, ¿qué hacer con los responsables de crímenes horrendos: masacres de civiles, reclutamiento de menores, violencia de género, narcotráfico, destrucción de pueblos, secuestro de miles de civiles, asesinatos fuera de combate, etc.? Las FARC han dicho que no quieren saber nada de “Justicia Transicional ni de cárcel ni de entrega de armas”.

Lo que se decida a este respecto es determinante sobre la cuestión de la participación de los jefes guerrilleros, responsables de esos delitos, en la política.

Lo que resulta bien curioso es que quienes se escandalizaron con la impunidad y la imperfección de la negociación con los grupos de autodefensa, ahora se olvidan de su rigor y apego estricto a la ley al plantear que debemos hacernos los ciegos ante a la perentoria obligación del Estado colombiano de respetar la Constitución Política y los compromisos internacionales.

En sus escritos y declaraciones, intelectuales fieles a la causa de la paz habanera, unas belicosas pacifistas, el Presidente, congresistas enmermelados y el Fiscal que habla como presidente, tiran por la borda todo lo relativo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, llaman a buscar una salida nacional y a pisotear los tratados internacionales al sostener que no debe haber cárcel, que los jefes de las guerrillas podrán hacer política como si no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, que se debe redefinir el delito político para que quepa en él el secuestro, el narcotráfico, la violencia de género, el reclutamiento de menores y un largo etcétera.

Vistas las cosas en perspectiva comparada, la negociación de Santafé de Ralito no es ni la sombra de lo que nos quieren embutir a la fuerza como si fuéramos patos a los que sobrealimentan para acrecentarles el hígado. Si tan solo aceptaran los términos de aquella negociación, si se mantuvieran firmes en sus postulados éticos y en su verticalidad jurídica, si tan solo fuesen coherentes, a lo mejor habría lugar para discutir una posición consensuada sobre lo que se discute en La Habana.

Pero no, en vez de ofrecer algo más que llamados a apoyar incondicionalmente la entrega de la bandera moral a los criminales, insultan, vituperan, injurian y ofenden. Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta furia con quienes hacemos la crítica desde la institucionalidad y, tanta blandura, cortejo y obsecuencia con los criminales? y se me ocurre una respuesta: ellos creen que la extrema izquierda (las guerrillas) es más limpia, más honrada, de mejor familia y moralmente superior que la extrema derecha (paramilitares). Se les olvida que la vendada Astrea no distingue los crímenes de unos y otros.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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