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domingo, 12 de julio de 2015

DARÍO ACEVEDO CARMONA, COMO VAMOS, VAMOS MAL, MUY MAL, CASO COLOMBIA

La última encuesta Gallup, relegada a planos secundarios por los grandes medios, arroja unos resultados que deben preocuparnos muy seriamente por la suerte del país. En muy pocos aspectos se salvan del desastre algunas políticas públicas sin que eso quiera decir que en ellas se estén obteniendo buenas notas.

Por ejemplo, el 87% de los colombianos están en desacuerdo con el manejo dado por el gobierno al problema de la seguridad. La desaprobación a la gestión del presidente Santos va en aumento, cae al 66%. El 84% considera que el manejo de la corrupción está empeorando, el 77% está en desacuerdo con el manejo dado a la guerrilla, el descreimiento de que se va a llegar a un acuerdo con la guerrilla se elevó a 62%. Piensan que vamos por mal camino un 63%. Aumenta el porcentaje de quienes están por derrotar militarmente a las guerrillas, mientras decrece el de los que siguen creyendo en la salida negociada 45%. Se oponen a la participación de guerrilleros en política un 85%.

Comparadas con encuestas anteriores, se puede concluir que no estamos ante una respuesta coyuntural sino ante una tendencia, al parecer irreversible. Señal inequívoca de la sensación de estar mal gobernados y de estar viviendo una situación delicada y peligrosa.

Al comparar el manejo de unas cuantas variables entre Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, los resultados confirman una caída estrepitosa. Las cifras deben leerse en porcentaje. Algunos datos iniciales de Uribe en 2002 son herencia de Pastrana y los de Santos en 2010 son herencia de Uribe. Veamos:

Consideran que el país está mejorando (2002-2015): Uribe recibió en 32 y entregó con 52, con pico más alto en 73 (operación Jaque). Santos recibió en 52 y cae al 22, pico más alto 61 (luna de miel de 2010 y  muerte de Jojoy).

Piensan que se maneja bien la economía (2006-2015): Uribe subió de 42 a 46, Santos cae de 46 a 27.

Sobre empeoramiento en manejo de la guerrilla (2006-2015): Con Uribe se redujo de 46 a 36, con Santos de 36 se subió a 77.

Inseguridad (2006-2015): mejorando: con Uribe bajó percepción de 48 a 22, con Santos bajó de 22 a 8. A la inversa, empeorando: Uribe de 41 a 62 y Santos de 62 a 87.

Aprobación de gestión del presidente (2002-2015): Uribe inicia con 30 y termina en 75, Santos inicia con 75 y cae a 28. Rechazo a gestión del presidente (2002-2015): Uribe inicia en 25 y termina en 17, Santos inicia en 17 y cae a 65.

En materia de favorabilidad personal (2002-2015): Uribe inicia en 70 y terminó en 75, su pico más alto fue 85 y el más bajo 63. Santos inició en 75 y cae a 57, su pico más alto fue 80 (muerte del Mono Jojoy) y el más bajo 46 (paro agrario).

La desfavorabilidad del Congreso (2002-2015): con Uribe subió a 56 en todo el apogeo de la “parapolítica”, con Santos ha subido a 72.

La imagen negativa de los partidos políticos (2006-2015) mantiene su caída constante, con Uribe alcanzó tope máximo de 61, Con Santos llegó a 81.

La Fiscalía General tuvo un nivel alto de favorabilidad con Uribe hasta un 60, con Santos cae al 42.

La favorabilidad de las Fuerzas Militares (2002-2015) Con Uribe subió de 79 a 85, con Santos cae de 85 a 77.

Favorabilidad de la Corte Constitucional (2001-2015): con Uribe subió de 53 a 63, con Santos cae de 63 a 33.

Favorabilidad del sistema judicial (2005-2015): Con Uribe cae de 49 a 37, con Santos cae de 37 a 19.

La favorabilidad de la Corte Suprema de Justicia (2008-2015): Con Uribe va de 60 a 61, con Santos cae de 61 a 29.

Creencia de que Fuerzas Militares están en capacidad de derrotar a las guerrillas (2002-2015): Uribe aumentó de 63 a 85, Santos la redujo de 85 a 72.

Creencia de que guerrillas se pueden tomar el poder por las armas (2002-2015): Uribe la redujo de 33 a 13, Santos la subió de 13 a 35.

El presidente Santos presenta mejores resultados en los rubros de empleo y relaciones internacionales, y hay pocas diferencias en vivienda de interés popular, infancia, percepción sobre democracia, garantías y medios de comunicación.

El país, pues, está retrocediendo a ritmo constante, en algunos temas hasta los niveles críticos de 2002. Se ha deteriorado la confianza en las instituciones, en particular, es grave la caída de la confianza en los órganos de la Justicia. Hay retrocesos en el manejo de las guerrillas y la seguridad. Entretanto, aumenta la desazón con las negociaciones en Cuba y crece la idea de que la guerrilla si puede llegar a tomarse el poder por la vía militar.

Ahí están las cifras, contundentes y a la vista. En mi concepto, todo ello es el fruto de políticas erradas, de propuestas fracasadas, de la violencia guerrillera y del mal gobierno de Santos. Urge una profunda reconsideración para recuperar el terreno perdido y evitar que las guerrillas se aprovechen del caos reinante y de la falta de fe de la población en las instituciones. Llegó el momento de ponerle, cuanto antes, un tope cronológico, temático, procedimental y penal a las conversaciones de paz.

Si el gobierno no reacciona en defensa del Estado de Derecho, de sus instituciones, de la democracia y la libertad, a la Oposición no le queda otra alternativa que convocar a la población a la resistencia civil y callejera, pacífica pero clara, en el objetivo de evitar que Colombia se convierta en un estado fallido.

Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc

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martes, 16 de junio de 2015

DARIO ACEVEDO CARMONA, COMENTARIOS AL ACUERDO DE COMISIÓN DE LA VERDAD, CASO COLOMBIA,

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron crear una “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición” que será “un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial” que se pondría en marcha “una vez firmado el Acuerdo Final”.
Comentario: Estamos ante un serie de equívocos y confusiones. La verdad en sentido histórico no es una, porque ella supone interpretaciones fruto de un trabajo académico que se puede realizar desde diferentes enfoques, teorías y métodos cuyos resultados están sometidos a la crítica. En materia jurídica sí se puede hablar de verdad en plural porque se individualiza el hecho. Ahí funcionan otras reglas y presupuestos en materia de derecho penal. Lo de imparcial e independiente bien difícil en un asunto que despierta tanta polarización y tanta controversia.
El carácter extrajudicial de una comisión que va a esclarecer verdades conduce de hecho a la impunidad a una expiación indolora de los delitos graves. La verdad así es inútil pues no contribuye a la reparación de las víctimas. De esa forma, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no comparecerán ante un juez. Si no hay valor jurídico, como lo hubo en el caso de los paramilitares, entonces, cómo y quién va a reparar a las víctimas? Las Farc ya lo dijeron, “el Estado es el máximo responsable” del conflicto.
Acuerdo: “La Comisión” debe buscar la verdad y la complejidad del conflicto poniendo “en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones” y aplicando “enfoque territorial” y “de género”. La temporalidad a investigar cubre el tiempo de duración del conflicto pero, tiene la libertad de extenderse hacia el pasado y explicar el “contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros”.
Comentario: Desde antes del inicio de las conversaciones, la guerrilla y el Gobierno a través de su Alto Comisionado de Paz acordaron hablar la misma retórica sobre las causas objetivas del conflicto, el contexto histórico. Este apartado, además, satisface la idea de las Farc de movilizar las masas para presionar la paz a cambio de reformas estructurales. Se trasluce, igualmente, la aplicación de la metodología de la “acción participativa” preconizada por el sociólogo Fals Borda según la cual la historia se “reconstruye” entrando en contacto con el pueblo. Los informes de la Comisión Histórica, en los que no hubo consensos, bien podrían evitar todo el aparataje de la nueva Comisión.
“La Comisión estará integrada por once miembros” para cuya “escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia... El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad… puedan postular candidatos. Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia… compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u organizaciones que acordemos… Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía… La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia” (Es decir 6).
Comentario: Se dejaron en el tintero asuntos a medio camino que por su complejidad pueden llevarse meses o una espera hasta el final. Imaginemos la dificultad para hallar “el procedimiento” que garantice que los aspirantes a la Comisión sean nombrados en un proceso “amplio y pluralista” con garantías “ante la sociedad” (¿quién es la sociedad y cómo se expresaría?) de “legitimidad e imparcialidad”. Basta recordar la discriminación en la selección de las víctimas que comparecieron a La Habana. Luego un comité (otro) de escogencia integrado por nueve personas (tres por el gobierno, tres por la guerrilla y otros tres de común acuerdo) elegirán los once, cada uno de los cuales debe contar con la venia de al menos seis. ¡Tremendo enredajo!
Este párrafo “Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía” es un auténtico golazo de las Farc. Cómo se va a precisar que la ciudadanía exprese confianza sobre los elegidos? Solo hay una forma: con la realización de una Constituyente cuyas decisiones soberanas no puedan ser controvertidas.
Acuerdo: “La Comisión” investigará “Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)… Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto”.
Comentario: El Estado vuelve a dejarse igualar con la guerrilla como si no hubiese ya miles de investigaciones en curso y cientos de fallos contra agentes del Estado. La guerrilla acepta al finque debe poner la cara ante el DIH, aunque se quedó corta en cuanto que de la constatación de violaciones al mismo no se desprenderán penas.
Acuerdo: “La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final”.
Comentario: tres años de presiones de los movimientos sociales y de organizaciones de víctimas muchas de las cuales actúan con sesgo ideológico.
En síntesis, el Acuerdo sobre la Comisión de la Verdad traspapela la verdad jurídica -que implica el testimonio de los afectados, la investigación penal, el juicio, las penas a los responsables y la reparación de las víctimas- en una comisión de ética disfrazada de académica, independiente e imparcial. Deja en el aire demasiadas cosas como para hacerle fiesta al anuncio y deja asomar el mico de la constituyente.
De todas formas, no olvidemos que como “nada está acordado hasta que todo esté acordado” hay que esperar el amanecer para saludar el nuevo día.
Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc


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jueves, 6 de noviembre de 2014

DARÍO ACEVEDO CARMONA, CUMBRE BORRASCOSA, DESDE COLOMBIA

DARÍO ACEVEDO CARMONA

La última vez que los mandos de las FARC estuvieron juntos fue en febrero de 2002, en El Caguán. De ahí en adelante solo han retrocedido y huido ante la ofensiva del Estado y sus Fuerzas Militares. Hoy vuelven a reunirse en La Habana en condiciones óptimas de comodidad y seguridad. Podrán hacer la Conferencia más tranquila de su historia.

Gracias al presidente Santos y a su cuestionable política de paz, las FARC resucitaron, sus jefes se han vuelto a saludar, a mirarse cómo han engordado y envejecido, han constatado quienes siguen con vida. Se contarán historias, hablarán con nostalgia de los que ya no están, de corregir errores, harán cuentas, dirán que pasaron un mal momento, calibrarán sus fuerzas y trazarán una línea de conducta. Refrendarán su sagrado juramento de tomarse el poder por medio de las armas.
Los 18 que llegan hacen declaraciones tan graves y desafiantes como las de quienes, como Iván Márquez y compañía han hecho desde hace dos años. Uno de los “históricos”, alias Pastor Alape, leyó un texto en que afirma que en su lenguaje no figuran las palabras “entrega de armas”, “transición”, “desmovilización”, que la “dejación de armas” y el “cese de fuego” son temas bilaterales. Habla de “armisticio” que significa, según el diccionario de la RAE, cese temporal de hostilidades mientras se acuerda la paz.
Nada nuevo, siempre lo mismo, tal como el general Mendieta le contó a la nación, no hay un cambio de actitud en las FARC. Algunos intelectuales se devanan los sesos apelando a experiencias de otras negociaciones para justificar el “alargue” de las conversaciones, el “secretismo”, el trato de “par” o “contraparte” a las FARC, y hasta “las causas objetivas de su alzamiento”, pero, se olvidan de reconocer con quiénes estamos tratando, ahí les falla su capacidad investigativa. Olvidan que algunas negociaciones se adelantaron, incluso en Colombia, mediando declaraciones sobre el fracaso de la vía armada y su intención de acogerse a la democracia.
La retórica de los jefes guerrilleros es la misma y debe ser tomada en serio pues coincide con sus ataques terroristas. En cambio, el discurso oficial está afectado por la incoherencia, la ingenuidad y el entreguismo. Según el presidente Santos, todo lo que está sucediendo es “una buena señal” de que los diálogos “van por buen camino”. Expresó, sin rubor, que los negociadores de la guerrilla necesitan hacer consultas con los suyos y que por eso el gobierno ha facilitado el desplazamiento de “los que están COMBATIENDO… los más duros” (mayúsculas mías), de modo que el accionar terrorista es “combate” y piensa que en la guerrilla hay duros y blandos.
Por supuesto están en pie de lucha si por tal se entiende que antes de viajar a La Habana dejaron instrucciones para seguir “combatiendo”, por ejemplo, asesinaron un policía en Caquetá, colocaron un explosivo a metros de una escuela en Meta, volaron un oleoducto en Putumayo, instalaron una red de minas quiebrapatas en Cauca, atacaron una hidroeléctrica en Tolima.
El jefe negociador del gobierno, el doctor de la Calle, en el colmo de la ingenuidad pretende hacernos ver que la presencia de oficiales de la república en reuniones con criminales de guerra en La Habana, que siguen asesinando policías y soldados, “es un homenaje, una manifestación de respeto a nuestras Fuerzas”.
Y por si fuera poco, deja mal parado a Santos su ministro de Defensa cuando afirma que los guerrilleros que viajaron a Cuba “están allá huyendo de las acciones directas de las FF. AA. (El Espectador, oct. 24/2014)” pues eso quiere decir que la autorización presidencial los salvó de caer en manos del Ejército. ¿Habrá algo más contradictorio que ordenar “perseguirlos” para luego dejarlos escapar a través de innumerables operativos de despeje?
La delegación Oficial podría aclararnos cuántos miembros de las FARC están en Cuba en condición “legal”, es decir, con las órdenes de captura suspendidas. Si cada delegación puede acreditar 30, ¿a dónde han ido los guerrilleros reemplazados por los 18 que llegaron? Porque uno se imagina que no se quedaron allá, y si regresaron al país no será para cantar villancicos.
Las facilidades que le ha proporcionado este gobierno a las FARC no es cosa menuda. La conferencia nacional de las FARC permitida por el presidente Santos suena a un “cañazo” de esos que hace un jugador de póker desesperado por una mala racha que decide jugarse por el todo o nada. Con la salvedad de que aquí el jugador no está poniendo en el asador su billetera sino la suerte de un país y la unidad en torno a sus instituciones.
Entiéndase pues, que la función de los escándalos armados por periodistas amigos del presidente contra Uribe por sus intentos de negociar con las guerrillas, tienen por objeto ablandar a la opinión para que le parezca normal la cumbre de las FARC consentida por el presidente.
Ruben Dario Acevedo Carmona 
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc

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sábado, 11 de octubre de 2014

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, SÍ HAY CAPITULACIÓN EN ACUERDOS DE LA HABANA, CASO COLOMBIA

Con la publicación de los “Acuerdos de La Habana” el gobierno quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores, desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la versión del periodista Alvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de las Farc que ya los habían publicado.

El ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a una operación de “campaña negra” de los guerreristas, negando en los hechos el derecho al disenso. Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos.

Al leer el contenido del texto sobre participación política, mi sorpresa es mayúscula. Resulta que lo que muchos sospechábamos, a saber, que en esas conversaciones el gobierno nacional había asumido una actitud capituladora y pusilánime, queda confirmada. 

Se hicieron concesiones demasiado graves, empezando por las que ya han sido ventiladas por los críticos. Por ejemplo, es grave en sentido superlativo que se le haya conferido estatus de contraparte en condiciones de igualdad a la guerrilla respecto del estado. La consecuencia de esta humillación ante una guerrilla casi derrotada y desprestigiada ante los colombianos y el mundo, es que el documento muestra que el gobierno representa una parte de la población y del “conflicto” y las Farc la “otra”, la excluida, la perseguida, a la que le han mutilado sus derechos y restringido sus intenciones de hacer política por las buenas. Además, aunque digan lo contrario los voceros oficiales, se discutió en la mesa y se llegó a acuerdos en temas propios de la agenda nacional cuyo curso debe tener lugar en las corporaciones públicas.

Se puede observar, línea por línea, que el texto refleja muchísimo más el discurso fariano que el gubernamental, pero, la abrumadora campaña oficial en favor de la paz y en contra de los “guerreristas” cautivará a más de un desprevenido. El primer párrafo de este acuerdo habla de una Colombia que tiene que abrirse en democracia, libertades y garantías. Dotarse de un estatuto de la oposición, financiar los partidos, crear circunscripciones electorales a medida de la influencia guerrillera y una serie de asuntos que en apariencia son válidos e inocentes para quienes aún creen que las Farc son demócratas reprimidos por el sistema. El filósofo Jaramillo, el ideólogo de esta entrega, en célebre conferencia en 2013 ya le confería razón social y justiciera al “levantamiento armado”.

La autoestima del gobierno y de los partidos que lo respaldan parece bien bajita, ya que en ese primer párrafo se abre no un hueco sino un cráter para rediseñar las instituciones, la sociedad y el estado mismo. Admitirle razonabilidad al discurso fariano es ofensivo para las fuerzas políticas y sociales que han sufrido la inclemencia de sus acciones terroristas y para la fuerza pública obligada a pensar que estaba peleando contra un enemigo que no era tal.

Un aspecto destacable en el texto es que en contravía de las supuestas aclaraciones del jefe negociador, Humberto de la Calle, la sociedad queda abierta y expuesta a aceptar que para hacer la paz es preciso y obligatorio adelantar ajustes institucionales y de políticas públicas de tal envergadura que ello significa una explícita aceptación de las “reivindicaciones” farianas y de su visión de sociedad. Es como si un invitado a casa entrara imponiendo sus condiciones. Nada equiparable a quienes toda la vida hemos vivido y sufrido el orden de cosas existentes sin apelar a las armas y a la violencia.

Otro punto que llama la atención por sus gruesas implicaciones es la gran cantidad de comisiones a crear en una especie de edificación de una parasociedad y una paraestatalidad, como si lo existente no fuera suficiente. Tendremos un estado gigante que se ocuparía de proveer todo, hasta la Verdad del conflicto. Todo ello en consonancia con el deseo expreso de las Farc de “rediseñar la sociedad y refundar el estado”.

En su afán de presentarse como los adalides de los movimientos sociales y de las protestas de la ciudadanía, el gobierno inclina la cerviz ante la no muy confiable y nada ingenua pretensión de las Farc de meter por la puerta del frente, “a las buenas” su revolución “democrático popular” de corte estalinista-maoísta. Revolución que procede cuando, según el leninismo, no hay condiciones para instaurar el socialismo y hay que andar de la mano de otras fuerzas, como la burguesía nacional y progresista, por un buen trecho. ¿Cómo? Ni más ni menos que convirtiendo la sociedad en el espacio de unas intensificadas luchas de masas a las que se les crearán aparatos de coordinación, estímulo y protección.

Lo que está aprobado, pues, nos llevaría a la formación de un auténtico paraestado cuyo papel será enterrar el vetusto establecimiento, arrojando una situación de caos y desorden, todo en nombre de una supuesta “democracia directa”. En todas partes se concederán emisoras, periódicos y canales de televisión a las Farc y a los “movimientos sociales y de masas”, en particular en las zonas de conflicto.

Muchos de los puntos pactados requieren reformas de carácter constitucional como la refrendación “ampliada” de una serie de principios liberales y democráticos que figuran en nuestra constitución, en retórica farragosa que idealiza las luchas masas y su participación en los destinos del país. Y la creación de circunscripciones electorales en zonas de influencia guerrillera. Una auténtica obscenidad aceptar que las Farc nos den lecciones de democracia y libertades.

Así que la publicación de los acuerdos en vez de disipar los temores de los colombianos sobre los términos de las negociaciones lo que hace es reafirmarlos. Lectura atenta y detenida de por medio de los mismos, quedamos notificados de la actitud blanda con la que el gobierno asumirá el punto relativo a la entrega de armas, desmovilización y penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc

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lunes, 24 de junio de 2013

DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿CONSTITUYENTE?, CASO COLOMBIA,

La idea de convocar una asamblea constituyente vuelve al primer plano porque los delegados de las Farc en La Habana insistieron de nuevo en plantear que ese es el mecanismo ideal para convalidar los acuerdos entre gobierno y guerrilla. 

Me supongo que hay algo más que ese angelical interés. Sin abandonar sus viejos ideales de una sociedad comunista (aunque no lo reconozcan así) están notificados por sus camaradas del vecindario y por el polvo de la derrota estratégica que sufrieron en el inmediato pasado, a buscar otros medios distintos a las armas para alcanzar el poder y construir el modelo.

La constituyente sería el mecanismo ideal para iniciar una experiencia de tipo electoral que les permite lavar la imagen de terroristas. Deben ser conscientes de que por sí solos no obtendrían resultados alentadores, por eso han llamado a la conformación de un amplio movimiento de masas conformado por grupos sociales y fuerzas políticas de izquierda en torno a unas banderas que ya no serán de corte revolucionario sino reformista. El ELN también se ha pronunciado en el mismo sentido en su boletín de mayo.

Desde el costado de la legalidad, donde se mueven con habilidad sus defensores y aliados se escuchan voces en favor de esa gran alianza. Conversan los del Polo con los de la Marcha y los Progresistas, Ongs, Colectivos de litigantes de derechos humanos y hasta liberales. ¿Cuál es la línea esencial que los aglutinaría? No es otra que la idea de sentar las bases del modelo bolivariano chavista en Colombia.

Para todos ellos, una constituyente significa el comienzo de una nueva Colombia. De modo pues que hay algo más ancho que ratificar acuerdos de paz. El gobierno nacional se ha negado hasta ahora a aceptar la demanda de las Farc. Considera que está fuera de lugar, que basta con una consulta popular. Ahí se visualiza uno de los nudos gordianos en una negociación llena de equívocos, candidez, mañas y marañas.

Entre los escribanos del santismo en la prensa nacional cunde el pánico ante la posibilidad de un fracaso en La Habana. Unos dicen que el fracaso de las conversaciones en La Habana sería un desastre no porque se frustre un anhelo nacional sino por una razón mezquina hasta los tuétanos, “es que eso es el triunfo del uribismo en las próximas elecciones”. Otros piensan que convocar una constituyente es muy peligroso porque el estado de la opinión pública favorece ampliamente a lo que ellos, con absoluto simplismo, sectarismo y hasta ignorancia, llaman la “extrema derecha”.

Sorprende que personas que han recibido los dones de la alta educación caigan en consideraciones tan ruines y antidemocráticas, pues no otra cosa puede uno decir de quienes creen que la democracia es buena cuando ganan y mala si pierden. Es lo que se observa por ejemplo en la actitud antirevocatoria del alcalde bogotano, Gustavo Petro, quien luchó en el pasado por la instauración de mecanismos de democracia directa como el referendo, el plebiscito, la revocatoria de mandato, las veedurías ciudadanas, las consultas y hasta la constituyente, y ahora que la opinión no le favorece, considera turbio el procedimiento.

Cualquier estudiante de ciencias políticas entiende que una constituyente debe ser justificada o rechazada no por el cálculo mezquino sino por razones de mayor peso. Por ejemplo, un cambio revolucionario en el poder, un golpe de estado, una turbación social de grandes magnitudes, una guerra civil, que no es nuestro caso, en la que dos bandos de igual a igual luchan por el triunfo sin poder alcanzarlo, o, en fin porque las leyes son insuficientes o no dan cabida a algún sector importante de la sociedad o no reflejan el interés general. 

Y, Colombia, por fortuna, no se encuentra en una situación de crisis. Así que los miedosos de la democracia se pueden liberar de sus fantasmas, ya estamos notificados de que su espíritu democrático no les llega ni a los tobillos.

Una constituyente en Colombia no se justifica porque la constitución vigente cuenta con amplio margen de legitimidad y respaldo. Los problemas del país parecen ubicarse en el terreno de la aplicación de políticas públicas que apunten a remediar las carencias materiales y educativas que nos avergüenzan, y eso debe resolverse en el campo de la lucha ideológica y política entre partidos y movimientos en las elecciones y en la confrontación de propuestas y proyectos puestos a consideración de la ciudadanía.

Mucho menos se justifica una constituyente para darle gusto y juego político a un grupo que fracasó en su esfuerzo de representar algo o alguien que constituyera un sector respetable de este país. Si lo que quieren es participar en el juego democrático, lo primero que deben hacer es abandonar la violencia y las armas y buscar garantías para ingresar a movimientos y marchas que los esperan con los brazos abiertos.

Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co

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lunes, 25 de marzo de 2013

DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿PAZ SIN ENTREGA DE ARMAS?, DESDE COLOMBIA,

Seis meses después de iniciados los diálogos de paz en La Habana, el presidente Santos lanza señales de humo blanco sobre la existencia de acuerdos en materia de política agraria, punto inicial de la Agenda de cinco estipulados para negociar la paz. Esto lleva a suponer que ahora entrarán a considerar el segundo, relativo a la participación en política por parte de la guerrilla fariana. Desde ya se insinúa que sobre este tema se abrirá una muy intensa e interesante polémica.
Lo que está de por medio es si el gobierno accede a abrirle juego a la guerrilla para que participe en las próximas elecciones para congreso y presidente, y en caso de ser positiva la respuesta, ¿en qué condiciones y quiénes podrían aspirar a cargos de representación popular?, ¿qué pasará con los comandantes incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra?, ¿cuál será el destino de las armas de los guerrilleros?, ¿las dejan, las entregan? Sin desmovilización ¿no es otra forma de combinar todas las formas de lucha y una afrenta a sus víctimas?
Ya desde ciertos ámbitos de la izquierda se les hacen ofertas insinuantes que denotan la disposición a hacer política con ellos sin tomarse la molestia de responder los interrogantes planteados. La Marcha Patriótica parece ser una primera avanzada, un globo de ensayo para medir qué tanto rechazo, tolerancia o aceptación hay entre la opinión pública. En el Polo Democrático también se han escuchado voces a favor. Un connotado dirigente de la izquierda democrática y de ONGs, Pedro Santana, va más lejos al proponer una alianza estratégica: “Las fuerzas democráticas y el mismo Gobierno así como la guerrilla, deberían entender que ese Congreso tendrá funciones constituyentes muy importantes y por tanto debería ser una elección en la cual los amigos y aliados de la Paz deberían buscar ganar la mayor cantidad de curules en contra de los enemigos de la paz”. (Semanario Virtual Caja de Herramientas 16/03/13).
Eso significa que hay indulgencia, omisión, tolerancia o justificación respecto a las graves infracciones cometidas por dicha guerrilla y sus jefes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se piensa pero no se reconoce que la paz  así se obtendrá al precio de una gran impunidad.
La discusión sobre participación política se realizará en condiciones sumamente desfavorables para el gobierno. Primero por su declaración de partida: "no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas”  (CNN 28/09/2012). Segundo, por  la evidente y sistemática caída de su imagen de favorabilidad que a su vez afecta su proyectada reelección y, tercero, por la creciente desconfianza de la opinión pública frente a los resultados del proceso, que convierten al presidente en prisionero de las Farc.
Al hacer girar las negociaciones en torno a intereses electorales se pierde todo el sentido de nación que hayan podido tener al comienzo. Los delegados de la guerrilla han echado por tierra la afirmación de Santos en el sentido de que no se está negociando la Agenda Nacional. Las Farc aprovechan las ruedas de prensa para ventilar propuesta de toda clase. Sin duda cobrarán un precio muy alto a cambio de la firma, no de un tratado de paz, sino de un armisticio o tregua supervisada por organismos internacionales, que supone la creación de condiciones políticas y jurídicas excepcionales para que puedan intervenir en la próxima coyuntura electoral.
No habrá compromisos de dejación ni mucho menos de entrega de armas. Tampoco aceptarán concentrarse en una zona de transición. Es lo que se deduce de declaraciones de sus jefes en La Habana: “ya tenemos claro que no habrá desmovilización…” y sobre la reinserción, la respuesta es “Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?” (El Colombiano 12/11/2012).En otra ocasión: “el vocero de las Farc afirmó que Las Farc no están en proceso de negociación, pues nada tenemos que entregar”. (Caracol.com 21/12/2012).
El obstáculo principal en el punto de participación política es la posición que han esbozado desde el comienzo en el sentido de que si no hay convocatoria de una Constituyente no habrá paz: “Independientemente de que el Gobierno quiera o no constituyente, definitivamente no hay otro camino para alcanzar un verdadero pacto de paz”. (Elespectador.com 31/01/2013). Refrendado por Andrés París el viernes 15 de marzo con carácter de “inamovible”. Ya hasta tildaron de enemigos de la paz a los ministros de Defensa y de Agricultura imitando al presidente Santos, al minInterior y a columnistas que graduaron de enemigos de la paz a varios críticos del proceso.
Que las Farc hayan asumido la iniciativa en las negociaciones no tiene que ver con un cambio en la correlación militar de fuerzas. La explicación de este exabrupto tiene que ver con la actitud entreguista y defensiva de caracterizados voceros gubernamentales y de la dirigencia política. Recordemos algunas declaraciones: “si esto no funciona al país no le va a costar nada” dijo Santos. Roy Barreras nos dejó pensativos con una frase cantinflesca “un Gobierno es capaz de hacer la paz si eventualmente es capaz de no hacerla”. El que sembró fuertes dudas sobre su ubicación política fue el congresista liberal Guillermo Rivera: “Tiene razón Iván Márquez cuando sugiere que en Colombia no habrá paz mientras no se superen las profundas desigualdades que existen…” (Eltiempo.com 14/11/12). El hermano del presidente se fue de lengua: “El problema no es el secuestro, sino "el ritmo" de los diálogos” (Elespectador.com, 30/01/2013).
Por las esferas de las izquierdas y los progres causa desconcierto la ausencia de crítica a las exageradas pretensiones de las Farc y a sus acciones de terror. No se observa una razonable crítica de las armas y un contundente balance negativo de la lucha armada. Florece en cambio la tesis estructuralista sobre las “causas objetivas” del “levantamiento armado” del que se deriva el dogma: sin justicia social no habrá paz, lo que significa entregarles a las guerrillas la bandera de las reformas.
Darío Acevedo Carmona, Medellín, 17 de marzo de 2013
rdaceved@gmail.com

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