DARIO ACEVEDO CARMONA, SALVAVIDAS PARA LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, CASO COLOMBIA,

Las FARC reaccionaron indignadas cuando el Alto Comisionado de Paz del gobierno, Sergio Jaramillo, las tildó de cínicas. Les pareció un trato insultante que rompe protocolos acordados en la mesa de conversaciones de La Habana.

Pero, ellas no solo omiten condenar los graves atropellos a la población civil, a la infraestructura nacional y al medio ambiente, cometidos por sus frentes y milicias en los últimos días, sino que los justifican como consecuencia lógica a la negativa del presidente Santos de aceptar un cese bilateral del fuego.

Cabe preguntar si es o no cinismo quejarse en la Mesa de que los traten como una guerrilla derrotada o que los quieren humillar exigiéndoles el desarme o el cese unilateral, y a renglón seguido desatar una avalancha de acciones terroristas y campañas mediáticas de su periferia civil para que se acepte, por la fuerza, su exigencia. Al final de la semana anterior, declararon que “el tiempo de la solución militarista se agotó”, mientras sus frentes dejaban sin agua a Tumaco y los ríos y costas del Pacífico del país quedaban contaminados con el petróleo derramado por sus atentados antiecológicos y antisociales, agregando, con lágrimas de cocodrilo que: “desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias”.

Apelar al terror para presionar al gobierno nacional y luego salir a quejarse de la “guerra” y sacar bandera blanca, so pena de avanzar en la destrucción del país, solo puede ser una expresión de cinismo. Sectores de opinión sucumben a esa estratagema perversa sin caer en cuenta que avalar el cese bilateral es aceptar el chantaje del terror y la humillación de la sociedad y el Estado.

Por otra parte, tampoco advierten que el cese bilateral, así a secas, es un imposible logístico. La razón es muy sencilla y poderosa. Resulta que están activas poderosas organizaciones armadas ilegales guerrilleras y mafiosas que combaten a la Fuerza Pública, alteran el orden, la seguridad y los bienes de la ciudadanía y que, las FARC, a su vez, están diseminadas en múltiples estructuras.

Incidentes en gran cantidad y casi rutinariamente se presentarían generando discordias, señalamientos y acusaciones de saboteo, causadas por la muy factible confusión que se presentaría en teatros de operación en los que la Fuerza Pública no tiene ni forma ni tiempo de averiguar a quién se está enfrentando. Recordemos el caso de la matanza de los soldados del Cauca que llevó a la suspensión de los bombardeos oficiales.

¿Cómo garantizaría la guerrilla el cumplimiento de su compromiso en un escenario en el que pululan células urbanas y rurales, estructuras móviles, infiltrados en instituciones estatales y privadas? ¿Cesarían sus actividades de narcotráfico, la compra de armas, el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonal?

Es tan complejo como negociar la paz, entendida esta como el cese definitivo de toda acción bélica entre los bandos enfrentados. Sin embargo, existe una salida al embrollo. Esa salida ya fue ensayada con éxito en anteriores negociaciones de paz. Por supuesto, estuvo precedida por la expresión sincera del deseo de los armados ilegales de cesar en el uso de las armas en el marco de una negociación que no significó una humillación. Dichos casos fueron los del M19, Corriente de Renovación Socialista, Quintín Lame, PRT, grupos paramilitares y milicias y “combos” urbanos.

La concentración de las FARC, en los términos en que la propone el expresidente y senador Alvaro Uribe y el Centro Democrático (Fuerza política que debe ser escuchada para garantizar el buen final del proceso), en una o pocas zonas bajo protección internacional, sin entrega de armas y contando el tiempo de permanencia en ella como parte de las penas alternativas que deban pagar los responsables de crímenes graves, no tiene un ápice de espíritu humillante.

Esta propuesta brinda más garantías a unos y a otros que la santista de negociar en medio del conflicto. La del gobierno otorga una especie de aval a los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública, y además, desarma al Estado legítimo de su razón moral y crea una falsa atmósfera de confianza  de las fuerzas militares ante un enemigo que no juega limpio (recuérdese la reciente masacre de soldados en el Cauca).

De otro lado, la propuesta de concentración con vigilancia internacional, además de ser más garantista, es más realista que las expresiones voluntaristas a favor del cese el horror y las fariseas lamentaciones de las FARC por “las desagradables consecuencias” de sus acciones.

La respuesta del presidente Santos a los atentados al sostener que luchará por la paz “por las buenas o por las malas” subyace en un grave equívoco: desconoce que la Fuerza Pública, en principio y por mandato, procede en defensa de la Constitución. De manera que, defender la Constitución y combatir bajo su manto y bandera, usando las armas legítimas de la república, no es una acción “a las malas”. Santos olvida o no sabe que, “a las malas” proceden los ilegales.

Las conversaciones de paz han llegado a un punto ciego que solo se puede desatar si las FARC aceptan concentrarse bajo vigilancia internacional. Ese gesto tendría el efecto positivo de alentar la recuperación de la confianza de la población en dicho proceso.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, DEFORMACIÓN TROPICAL DEL DELITO POLÍTICO, DESDE COLOMBIA

DARÍO ACEVEDO CARMONA

En entrevista concedida a CNN el 28 de septiembre de 2012, el presidente Santos manifestó que "no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política".

Dos años largos después, en medio de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos, puedan participar en política.

Un cambio de esa envergadura dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.

Esa maniobra impúdica, de salir avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor confusión.

Lo que se pone de presente en esta coyuntura, es la existencia de condicionamientos insalvables, de parte y parte, que no fueron precisados en el temario de la agenda acordada al inicio.

Los jefes de la guerrilla han procedido con total astucia durante el proceso. Han logrado tomar la manija hasta el punto de sacar partido del secuestro del general Rubén Darío Alzate, al que presentan como prisionero fruto de acción legítima de guerra. Se asumen contraparte del conflicto.

Han sido y siguen siendo coherentes en sus pretensiones, como cuando al comienzo del diálogo uno de sus jefes dijo que entre sus objetivos figuraba: “acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país, que es el cuarto más desigual del mundo… Todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente. Tienen que ver con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo, la seguridad social. Debemos reinventar Colombia, que es un país muy injusto” (www.RadioSantafé.com, Bogotá, octubre 8 de 2012)

Casi todos los nudos de la negociación conducen, pues, al problema de la participación política, puesto que las Farc pretenden o aspiran a hacer política de una manera que supondría el desbarajuste de la Constitución ya que la concepción clásica del delito político y sus conexos así como los compromisos internacionales, forman parte del Bloque de Constitucionalidad. La iniciativa presidencial facilitaría a las guerrillas hacer política sin entregar las armas, sin admitir culpabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por tanto, sin penas privativas de la libertad.

Que se trata del almendrón de la negociación y de una exigencia perentoria lo podemos constatar en la respuesta que Alberto Pinzón Sánchez, ideólogo asiduo del portal ANNCOL de las Farc, que, como bien sabemos, es donde ella expone su línea de pensamiento, da a la periodista Cecilia Orozco cuando le pregunta si los jefes de las Farc aceptarían ir a la cárcel para cumplir convenios internacionales firmados por el Estado colombiano: “Las Farc no han luchado contra la justicia internacional sino contra el Estado… (éste) debe encontrar, en una discusión amplia con la insurgencia, la solución política en cuanto a cómo va a funcionar la nueva legalidad… una negociación realista debería basarse en las reformas estructurales que demanda el país y que hay que garantizar en un texto constitucional… tendrían que ser validadas en una constituyente” (elespectador.com, noviembre 23 de 2014).

Los jefes guerrilleros saben que si son condenados, aún en el Marco Jurídico de la Paz y en el modelo de Justicia Transicional, quedan inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos y de representación popular. El Gobierno Santos, en su estrategia negociadora, concedió, sin haberse sentado en la mesa, que habría cambios para facilitarlos, tal como dijo en 2012 y nos recuerda hoy de nuevo. Para despejar dudas, releamos la tesis del Alto Comisionado de Paz que abre la puerta al estropicio que nos proponen, dijo él que, durante el periodo de “transición de 10 años” tenemos que: “echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas…” (Conferencia de Sergio Jaramillo en Universidad Externado, mayo 9 de 2013).

Por ello es que ahora, para evitar el fracaso y sin ningún pudor, el Gobierno propone la “medida de excepción” de redefinir el delito político y sus conexidades.

De manera que cuando Humberto de la Calle, el mismo Presidente y el Alto Comisionado le dicen a la opinión pública que no habrá cambios en la Constitución ni se negociará la institucionalidad, simple y llanamente mienten.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, LOS ACUERDOS DE LA DISCORDIA, AHORA COLOMBIA

En el Acuerdo de Participación Política firmado por el Gobierno Nacional y las FARC encontramos demasiadas coincidencias que suscitan hondas preocupaciones por su alcance político y afectación del ordenamiento constitucional. Enumeraré 16 que merecen mayor debate.

1. En el punto 2.1.1.1 se consagra la constitución de una Comisión de Garantías (una entre muchas en los otros Acuerdos) con participación de expertos y de representantes de movimientos sociales para la expedición de un Estatuto de la Oposición. Aquí se está desconociendo una función esencial del Congreso en franca violación de la Constitución.

2. Se estipula la creación de un “Sistema Integral de Seguridad” para el ejercicio de la política que se encargue de trazar políticas de tolerancia, convivencia y solidaridad. Tendrá un “Mecanismo de control interno” que se basará en principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos. Entendemos que estos principios son reivindicados por Estados constituidos y reconocidos, no por partes de un conflicto interno, a no ser que se le otorgue carácter de Estado a la guerrilla. La guerrilla podría presentarse como un Estado dentro del Estado.

3. Se creará una “Instancia de Alto Nivel” (más comisiones, camino a una parainstitucionalidad y paraestatalidad) que ponga en marcha el “Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política”, que contempla entre otras tareas y responsabilidades, la revisión del Marco Normativo para los delitos contra los políticos, en especial los surgidos del Acuerdo. Otra suplantación del Congreso que irá quedando como rey de burlas.

4. Se creará un “Sistema de Alertas Tempranas” para la protección de los elegidos por las FARC a cargos de representación política. El Estado colombiano se despoja de esta responsabilidad y se deja meter en otro organismo paraestatal.

5. En el espíritu del anterior punto, se creará otro “Sistema de Planeación, Información y Monitoreo” del “Sistema…” con participación de delegados de ONG internacionales. El Estado declina su deber y lo pone en manos de ONG de común acuerdo con las FARC.

6. Como si las anteriores no fuesen suficientes, se acuerda crear una “Comisión” (otra) de seguimiento y evaluación de desempeño del “Sistema Integral de Protección”.  Imaginemos el enredo, los reclamos, los desajustes, los encontrones y las denuncias permanentes que saldrán de este aparataje.

7. Se creará un Comité (que es lo mismo que una comisión) de investigación de los delitos contra la política y especialmente contra la oposición. De nuevo el Estado es suplantado.

8. Se expedirán medidas para el fortalecimiento, reconocimiento y  empoderamiento de los movimientos sociales. Aflora aquí la idea de democracia directa tan cara a los populistas, como si la Constitución no reconociera los derechos a la protesta, a la huelga y demás. La guerrilla apunta a crear un poder de las masas, callejero y levantisco.

9. Se presentará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales (emanado de alguna comisión). Más leyes y aparatos en función de la movilización permanente de las masas.

10. Se Creará un “espacio” y un “mecanismo” de diálogo con voceros de organizaciones y movimientos sociales. Como si el Estado tuviera la obligación de “unir y coordinar” dichos movimientos. Más “democracia directa” que significa confrontación permanente.

11. Creación de una Comisión (otra) para elaborar normativa de garantías para los movimientos sociales y convertirla en “política pública” (otro encontrón con la Constitución a la que habría que ajustar con este esperpento).

12. El punto 2.2.3 (página 10) Estipula la concesión de medios de comunicación (emisoras, canales de tv, periódicos) a las comunidades y a los movimientos sociales en especial a los de las zonas de mayor conflicto. Por supuesto, donde las guerrillas tienen su influencia.

13. Se creará un “Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia” con secciones regionales y veedurías ciudadanas. Así, el país irá quedando en manos de todos estos organismos conformados a partes iguales. Lo que existe ya no servirá para nada.

14. Se revisará la conformación y las funciones de los Consejos Territoriales de Planeación. Esto equivale al proceso de desmonte de las instituciones que para el efecto ya están establecidas. El gobierno accede a incluir modificaciones que alteran el sistema de gobierno que dependerá de las presiones de la nueva institucionalidad ligada a los movimientos sociales donde residirá, de hecho, el nuevo poder, el poder popular.

15. Se procederá a una “Reforma del Régimen y Organización Electoral (página 17) que expedirá el estatuto de la Oposición en el que se entiende que las guerrillas serán esa oposición. ¿En que queda el Consejo Electoral?, ¿cambiarán las circunscripciones electorales?, ¿Eso no tiene que ver con la Constitución y con el Congreso?

16. El punto 2.3.6 (página 18)  habla de la creación de “Circunscripciones Territoriales de Paz”. Este es una de las concesiones más riesgosas para el país puesto que garantiza la presentación exclusiva de candidatos de las guerrillas en sus zonas de influencia, una violación flagrante de la estructura democrática.

Después de leer con detalle este Acuerdo, se entiende perfectamente que sí se han hecho enormes e innecesarias concesiones a las FARC, de tal suerte que sin decirlo y sin reconocerlo, se cambian las formas de la democracia y, por ende, la Constitución vigente. El preámbulo del Acuerdo expresa de una forma en apariencia inofensiva una filosofía entreguista puesto que acepta pulir y ajustar la noción de democracia con una organización terrorista: “La construcción y consolidación de la paz… requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas…Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición…de la paz…La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia…” Las FARC terminan dictando lecciones de democracia.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, SORPRENDENTE ENCUESTA SOBRE PAZ Y POLÍTICA, CASO COLOMBIA

Si a los colombianos les preguntaran si quieren que la guerra continúe, con toda seguridad la inmensa mayoría respondería con un no contundente. Demasiado sufrimiento se ha vivido como para desear más violencia propiciada por los grupos armados ilegales.

Cabe la especulación ya que con motivo del tercer año de su mandato, el presidente Santos dio muestras de desespero ante las críticas, se dejó sacar de quicio y planteó que un eventual rechazo en un referendo a un acuerdo de paz con las Farc, significaría que “el pueblo colombiano desea que la guerra prosiga”.

¿Qué tan razonable es el juicio del presidente? Juicio que por demás es compartido por los defensores a ultranza de un pacto generoso y con impunidad en La Habana. Me parece que las encuestas no dejan de ser un insumo importante para tratar de entender lo que está pensando la ciudadanía. Y así como hubo lugar al regocijo desmedido cuando se iniciaron las negociaciones, por supuesto también deben ser miradas con atención en el momento actual.

La cadena radial Caracol, gobiernista hasta los tuétanos, ordenó a la firma encuestadora Cifras y Conceptos una encuesta “Polimétrica” que se realizó entre el 28 de julio y el 2 de agosto, publicada el 5 de agosto en su portal e inexplicablemente ubicada en lugar secundario en cuestión de horas. Se adelantó en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y versó sobre tres tópicos: percepción de las negociaciones de paz, tendencias electorales  y favorabilidad de personajes.

A las preguntas referidas a las negociaciones de paz, los encuestados respondieron de la siguiente forma:

“Referendo popular para ratificar los acuerdos. Acepta el 47% - No acepta el 53%.

Una asamblea constituyente. Acepta el 31% - No acepta el 69%.

Participación electoral de representantes o miembros de las FARC sin condenas. Acepta el 24% - No acepta el 53%.

Cero años de cárcel para la tropa raza(sic) y entre 5-8 años para los líderes (Como a los paramilitares). Acepta el 23% - No acepta el 77%.

Participación electoral de los miembros del secretariado. Acepta el 22% - No acepta el 78%.

Dejar de usar las armas sin entregarlas al gobierno. Acepta el 20% - No acepta el 80%.

Cumplimiento de la Ley 60 para zonas de reservas campesinas. Acepta el 20% - No acepta el 80%.

Condena sin pago de cárcel para los líderes. Acepta el 13% - No acepta el 87%.

Asignar curules en el congreso sin elección popular a los líderes con condenas. Acepta el 11% - No acepta el 89%”.

Los resultados son categóricos y deben ser tenidos en cuenta por el parsimonioso y silente Equipo oficial de negociación y por los asesores del Presidente. Lo que les parece inaceptable a los colombianos es una negociación con impunidad, sin dejación de armas, con concesiones políticas como una constituyente o la asignación de curules. Los comandantes farianos deben prestar atención si es que quieren de verdad una negociación con reconciliación. En algunos casos más del 53 por ciento y en otros hasta el 87 por ciento dicen no a sus propuestas.

El presidente Santos y sus colaboradores están en la obligación de reflexionar si continúan echándole la culpa de este malestar al uribismo y al guerrerismo de las gentes o entienden que la pérdida de fe tiene que ver con una actitud arrogante y engañosa de una guerrilla que no genera confianza y que ha utilizado la situación para fines muy diferentes a los de “buscar el fin del conflicto”. La segunda cuestión que debe reconocer el Gobierno es que carece de una estrategia en la Mesa, sus delegados no parecen estar defendiendo las instituciones, les han dejado la iniciativa a los jefes farianos de tal forma que la población no los ve como sus defensores. Dan la impresión de estar acobardados y a la defensiva.

Muy grave que el Presidente se atreva a sugerir que si el pueblo rechaza un acuerdo es porque quiere la guerra. Veamos lo que dice la encuesta sobre el camino deseable para dar fin al conflicto: La derrota militar de las Farc: 32%. Una negociación política con las Farc: 35%. Promover la desmovilización de sus miembros: 29%. Es decir, prefiere una negociación, eso sí, no a cualquier precio. Que un 32 por ciento esté en favor de la derrota militar se debe interpretar como la respuesta lógica a la negativa de las Farc a dejar las armas.

Sobre el tema de la posible reelección la encuesta arroja un resultado preocupante para el Presidente y para quienes, como el liberalismo, el partido de la U y el conservatismo, cifran su futuro en la apuesta de la reelección. Se mantiene el rechazo a esa pretensión y por vez primera un “candidato uribista” le ganaría a Juan Manuel Santos, veamos:

“el 63 por ciento respondió que no, el 33 por ciento que sí…la reelección de Santos era rechazada por el 63% en agosto de 2012; por el 50% en octubre; por el 58% en febrero de este año y el por 64% en mayo.” Y lo que puede ocurrirle enfrentando un candidato uribista: Por Santos, 24%; por un candidato uribista, 29%; por un candidato de izquierda, 8%; por otro, 3%, no sabe o no responde, 35%.” Más de un tercio del electorado no se ha definido aún, pero suben las acciones del uribismo pues en febrero sólo tenía el 18%, en mayo el 24% y ahora el 29%.

Por último, en el tema de favorabilidad de los personajes públicos, las cifras deben tener al Gobierno al borde de un ataque de nervios:

Álvaro Uribe Vélez: Favorable 62% - Desfavorable 32%

Angelino Garzón: Favorable 61% - Desfavorable 31%

Germán Vargas Lleras: Favorable 52% - Desfavorable 30%

Juan Manuel Santos: Favorable 52% - Desfavorable 47%

Antonio Navarro: Favorable 50% - Desfavorable 30%

Francisco Santos: Favorable 44% - Desfavorable 33%

Clara López: Favorable 42% - Desfavorable 28%

Todo un desafío para los estudiosos de la imagen y el carisma que Uribe Vélez criticado y vapuleado por tirios y troyanos, con la gran prensa en contra, con ojeriza de algunos magistrados y las cortes, con la mayoría del congreso en su contra, con la intelectualidad y los columnistas en inmensa mayoría haciendo leña con su imagen, se mantenga arriba en las preferencias de la población llana.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 11 de agosto de 2013  

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, SÍ HAY QUINTO MALO

En La Habana las Farc han ejecutado con lujo de detalles el libreto de una aburrida obra teatral cuya trama consiste en jugar con las expectativas de paz de los colombianos. 

Dicha obra siempre comienza con un reconocimiento retórico sobre la importancia del diálogo para buscar “la salida negociada al conflicto armado”. El nombre de la paz, manipulado con adjetivos, sirve de bandera para sostener que ella “es mejor que seguir matándonos”, como si los colombianos se estuvieran matando a diestra y siniestra en una guerra civil.

Los agentes del establecimiento, llenos de buena fe y algo de torpeza han aceptado de buena gana y con gran candor la invitación a hacer parte del elenco en cuatro ocasiones en las que con leves cambios de escenografía y diálogos, concluyen en rotundo fracaso.

El segundo acto del drama, el más largo, pues dura meses y hasta años, consiste en una decodificación semántica que le agrega nuevos sentidos a las palabras paz, diálogo, democracia y justicia, entre otras. El discurso inicial cede el campo a todo aquello que no se contemplaba. Las guerrillas han demostrado, en las cinco escenificaciones, una gran habilidad para posar de representantes del pueblo, que sus propuestas deben ser atendidas y realizadas, que la entrega de armas nunca tendrá lugar, que están en igualdad de condiciones con el estado que no son victimarios sino víctimas, que no van a pagar un solo día de cárcel, que no van a reparar a nadie ni mucho menos pedirán perdón. Y, la tapa, que el estado debe ser reformado profundamente -algo así como el propósito de “refundar la patria” de políticos y paramilitares en Ralito- por medio de una asamblea constituyente. En la tribuna no faltan los que aplauden la tragicomedia, los que dicen que no nos debemos sorprender con lo que plantean y que es mejor que hablen con ideas en vez de con las armas.

El final es el esperado por defecto, las partes se levantan de la mesa, cada cual le achaca las culpas al otro. La guerrilla, como siempre, dirá que no fue escuchada, que el Régimen oligárquico los quería humillar. El saldo, a pesar de lo dicho por Santos, es de desazón pública ante la nueva pérdida de la esperanza en la paz. El presidente no podrá reelegirse ni ser premiado con el nobel de paz.

No obstante, las improductivas conversaciones de paz en La Habana dan señales de agonía. Desde Oslo, Iván Márquez dio señales de que irían más allá del documento inicial. Muchos advertimos que ahí cabía toda la Agenda Nacional. Con el paso de los días han subido el volumen de sus aspiraciones y exigencias. ¿Por qué lo hacen? Amén de todas las explicaciones que se escuchan en los medios hay una muy poderosa: las Farc no olvidan que hacen parte del proyecto de la revolución chavista-bolivariana que pretende implantar el socialismo del siglo XXI. Por eso no entregan armas ni renuncian a la lucha armada.

En La Habana están realizando el congreso que no pudieron celebrar en los diez años anteriores por el acoso de las tropas oficiales. Completan ocho meses hablándole al país y al mundo. Han copado los primeros lugares de la coyuntura política, son noticia a toda hora y mantienen la iniciativa sobre el equipo gubernamental. Han sabido sacar partido del afán oficial para abrirle paso a la reelección de Juan Manuel Santos.

Con mucha astucia y nuevas vestimentas, la facción más política de las Farc se niega a reconocer el fracaso de la vía armada. Siguen pensando que son el pueblo en armas, magnifican su poder para formular exigencias que no se compadecen con su debilitamiento estratégico, insisten en su culto a las armas. En este momento son los que dan al traste con la esperanza de paz negociada, de modo que el historiador Marco Palacios se debe tragar lo que le dijo al diario El País de España apenas se iniciaban las conversaciones en el sentido de que “no había una fuerza en Colombia capaz de hacer fracasar la paz”. Las Farc le tapan la boca.

A más de un columnista dejan mal parado con sus desorbitadas propuestas. Al presidente Santos le tumbaron hace rato el llamado a los colombianos de que había “que creerles”. No sé si haya que esperar un ataque militar horrible para que dirigentes partidistas nacionales dejen de decirnos pendejadas en las que pocos creemos como que “estamos más cerca de la paz que nunca antes”, como dijo el expresidente Cesar Gaviria.

En el colmo de la ingenuidad no faltan los que les escriben a los jefes farianos de La Habana para que moderen su lenguaje para evitar que los “enemigos de la paz” y la “extrema derecha” se salgan con la suya, como quien dice, las Farc no son los enemigos de la paz ni son extremistas.

Pero, se preguntarán los lectores de estas reflexiones ¿qué están buscando las Farc en la mesa de La Habana? Pienso que tratan de crear una situación en la que puedan participar del juego electoral a través de movimientos del tipo Marcha Patriótica sin dejación de armas y poner de esa forma contra las cuerdas al Gobierno. Le están cobrando duro a Santos el reconocimiento que les hizo como contraparte y su premura reelectoral. Mantienen vigente su sueño de convertir a Colombia en piedra angular del proyecto chavo-socialista. Pero, y quizás aquí puede estar la clave de toda su estrategia: o les aceptan sus demandas sobre el estado y el régimen político y aspiraciones de impunidad u obligan al gobierno, con provocaciones, a tomar la decisión de pararse de la mesa y quedar como responsable del fracaso. En esta apuesta es que se puede decir con alto grado de certeza que sí hay quinto malo.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 
rdaceved@gmail.com

23 de junio de 2013EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,

DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿PAZ SIN ENTREGA DE ARMAS?, DESDE COLOMBIA,

Seis meses después de iniciados los diálogos de paz en La Habana, el presidente Santos lanza señales de humo blanco sobre la existencia de acuerdos en materia de política agraria, punto inicial de la Agenda de cinco estipulados para negociar la paz. Esto lleva a suponer que ahora entrarán a considerar el segundo, relativo a la participación en política por parte de la guerrilla fariana. Desde ya se insinúa que sobre este tema se abrirá una muy intensa e interesante polémica.

Lo que está de por medio es si el gobierno accede a abrirle juego a la guerrilla para que participe en las próximas elecciones para congreso y presidente, y en caso de ser positiva la respuesta, ¿en qué condiciones y quiénes podrían aspirar a cargos de representación popular?, ¿qué pasará con los comandantes incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra?, ¿cuál será el destino de las armas de los guerrilleros?, ¿las dejan, las entregan? Sin desmovilización ¿no es otra forma de combinar todas las formas de lucha y una afrenta a sus víctimas?

Ya desde ciertos ámbitos de la izquierda se les hacen ofertas insinuantes que denotan la disposición a hacer política con ellos sin tomarse la molestia de responder los interrogantes planteados. La Marcha Patriótica parece ser una primera avanzada, un globo de ensayo para medir qué tanto rechazo, tolerancia o aceptación hay entre la opinión pública. En el Polo Democrático también se han escuchado voces a favor. Un connotado dirigente de la izquierda democrática y de ONGs, Pedro Santana, va más lejos al proponer una alianza estratégica: “Las fuerzas democráticas y el mismo Gobierno así como la guerrilla, deberían entender que ese Congreso tendrá funciones constituyentes muy importantes y por tanto debería ser una elección en la cual los amigos y aliados de la Paz deberían buscar ganar la mayor cantidad de curules en contra de los enemigos de la paz”. (Semanario Virtual Caja de Herramientas 16/03/13).

Eso significa que hay indulgencia, omisión, tolerancia o justificación respecto a las graves infracciones cometidas por dicha guerrilla y sus jefes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se piensa pero no se reconoce que la paz  así se obtendrá al precio de una gran impunidad.

La discusión sobre participación política se realizará en condiciones sumamente desfavorables para el gobierno. Primero por su declaración de partida: "no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas”  (CNN 28/09/2012). Segundo, por  la evidente y sistemática caída de su imagen de favorabilidad que a su vez afecta su proyectada reelección y, tercero, por la creciente desconfianza de la opinión pública frente a los resultados del proceso, que convierten al presidente en prisionero de las Farc.

Al hacer girar las negociaciones en torno a intereses electorales se pierde todo el sentido de nación que hayan podido tener al comienzo. Los delegados de la guerrilla han echado por tierra la afirmación de Santos en el sentido de que no se está negociando la Agenda Nacional. Las Farc aprovechan las ruedas de prensa para ventilar propuesta de toda clase. Sin duda cobrarán un precio muy alto a cambio de la firma, no de un tratado de paz, sino de un armisticio o tregua supervisada por organismos internacionales, que supone la creación de condiciones políticas y jurídicas excepcionales para que puedan intervenir en la próxima coyuntura electoral.

No habrá compromisos de dejación ni mucho menos de entrega de armas. Tampoco aceptarán concentrarse en una zona de transición. Es lo que se deduce de declaraciones de sus jefes en La Habana: “ya tenemos claro que no habrá desmovilización…” y sobre la reinserción, la respuesta es “Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?” (El Colombiano 12/11/2012).En otra ocasión: “el vocero de las Farc afirmó que Las Farc no están en proceso de negociación, pues nada tenemos que entregar”. (Caracol.com 21/12/2012).

El obstáculo principal en el punto de participación política es la posición que han esbozado desde el comienzo en el sentido de que si no hay convocatoria de una Constituyente no habrá paz: “Independientemente de que el Gobierno quiera o no constituyente, definitivamente no hay otro camino para alcanzar un verdadero pacto de paz”. (Elespectador.com 31/01/2013). Refrendado por Andrés París el viernes 15 de marzo con carácter de “inamovible”. Ya hasta tildaron de enemigos de la paz a los ministros de Defensa y de Agricultura imitando al presidente Santos, al minInterior y a columnistas que graduaron de enemigos de la paz a varios críticos del proceso.

Que las Farc hayan asumido la iniciativa en las negociaciones no tiene que ver con un cambio en la correlación militar de fuerzas. La explicación de este exabrupto tiene que ver con la actitud entreguista y defensiva de caracterizados voceros gubernamentales y de la dirigencia política. Recordemos algunas declaraciones: “si esto no funciona al país no le va a costar nada” dijo Santos. Roy Barreras nos dejó pensativos con una frase cantinflesca “un Gobierno es capaz de hacer la paz si eventualmente es capaz de no hacerla”. El que sembró fuertes dudas sobre su ubicación política fue el congresista liberal Guillermo Rivera: “Tiene razón Iván Márquez cuando sugiere que en Colombia no habrá paz mientras no se superen las profundas desigualdades que existen…” (Eltiempo.com 14/11/12). El hermano del presidente se fue de lengua: “El problema no es el secuestro, sino "el ritmo" de los diálogos” (Elespectador.com, 30/01/2013).

Por las esferas de las izquierdas y los progres causa desconcierto la ausencia de crítica a las exageradas pretensiones de las Farc y a sus acciones de terror. No se observa una razonable crítica de las armas y un contundente balance negativo de la lucha armada. Florece en cambio la tesis estructuralista sobre las “causas objetivas” del “levantamiento armado” del que se deriva el dogma: sin justicia social no habrá paz, lo que significa entregarles a las guerrillas la bandera de las reformas.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 17 de marzo de 2013

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