RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, LA PAZ QUE QUEREMOS, CASO COLOMBIA, DESDE COLOMBIA,

Se equivocan de buena o mala fe los que tildan de guerreristas a quienes planteamos discrepancias y críticas sobre la manera como discurren las conversaciones de paz en La Habana.

De Perogrullo es aceptar que la inmensa mayoría de colombianos respondería positivamente la pregunta de si queremos o no la paz. Por tanto debemos entender que el problema no está en el deseo sino en los procedimientos, la metodología y los términos que se han empleado para alcanzar el objetivo los cuales arrojan un amplio margen de descontento y desconfianza.

La opinión pública letrada y no letrada tiene, a estas alturas, suficientes elementos de juicio para procesar mental y políticamente todo lo que ha salido a flote en estos ya casi tres años de conversaciones.

Intentaré plasmar en una breve síntesis el punto de vista de quienes criticamos el proceso de La Habana, pero, asumiendo yo mismo la responsabilidad por cualquier olvido, error o incongruencia y en el entendido que no escribo en nombre de nadie ni en representación de alguien.

A pesar de que no nos gustó que el gobierno hubiera iniciado este proceso sin exigir a las FARC un cese unilateral del fuego y de las hostilidades y de que se las hubiera igualado con el Estado, hoy en día, no obstante las dudas, el descontento y la desconfianza, creemos que es mejor seguir negociando que romper el proceso. No obstante, consideramos que es preciso acelerar la búsqueda de un acuerdo y establecer un límite temporal, sin descartar que pueda llegar a ser útil una suspensión temporal con el fin de que cada parte evalúe si se justifica seguir conversando.

Si la guerrilla está realmente por la paz debe concentrarse en uno o pocos sitios bajo vigilancia internacional sin entregar las armas antes de la firma de un acuerdo definitivo. Podría ser un paso irreversible hacia la paz.

Pensamos que la Constitución Nacional es el límite normativo de las negociaciones. Ello quiere decir que cualquier tema que suponga una reforma de la misma no debe estar sobre la mesa pues eso es potestativo del constituyente primario y de las instituciones legítimas. Quiere decir, también, que los grandes temas de la Agenda Nacional no deben ser objeto de acuerdos con la guerrilla por cuanto son responsabilidad de gobiernos electos y estar sometidos al debate político y a la lucha electoral.

Debe aceptarse que las FARC y el ELN se incorporen a la lucha política y electoral solo después de la entrega de armas y haber asumido la reparación de sus víctimas.

Hay acuerdo en que el modelo de justicia apropiado para resolver la situación colombiana es el de la Justicia Transicional que consiste en juzgar y condenar a los principales responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra con penas privativas de la libertad.

Las FARC deben entender y aceptar que un cese bilateral de hostilidades creíble y eficaz solo es factible con verificación por parte de organismos internacionales totalmente ajenos y neutrales.

Ningún acuerdo de paz puede conllevar al establecimiento de zonas rurales controladas por las guerrillas ni a cambios en el tamaño y funciones constitucionales de las Fuerzas Militares.

No exigimos a quienes piensan que Colombia vive una guerra civil como consecuencia de causas objetivas, que dejen de pensar así. Esto hace parte del debate ideológico, político y académico. Pero sí, que acepten que las FARC no pueden equiparase al Estado en ningún aspecto, sea este moral, legal o militar, pues de aceptarse, necesariamente los límites a los que nos hemos referido, vuelan en añicos y todo quedaría abierto a la discusión.

Ingresar a la vida civil y legal, bajo condiciones de óptima seguridad, con planes sociales y de emprendimiento, con proyectos puntuales para las comunidades más sufridas y victimizadas, algo que ya se hizo en el pasado en otros procesos que no fueron humillantes, tener abierto el campo de la participación en política y obtener la aprobación de la población así como el perdón de los damnificados, debe ser suficiente atractivo para cesar hostilidades y firmar la paz.

En suma, queremos firmar una paz, no igual, pero sí parecida a las anteriores, sin falsos compromisos y sin falsas compensaciones.

Coda 1: Hay que celebrar que el gobierno nacional haya dicho que sin entrega de armas y penas privativas de la libertad para responsables de crímenes atroces, no habrá paz. Ojalá no sean palabras al viento.

Coda 2: Lo que hubo detrás del nuevo “cese unilateral” de las FARC no es otra cosa que un real y vergonzoso “cese bilateral” al que, para evitar un escándalo, han llamado “desescalamiento”. Desalentador ver que en simultánea cayeron las cabezas de tres generales comandantes de Armada, Ejército y Aviación.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,

RUBEN DARÍO ACEVEDO CARMONA, PAZ, COMISIONES Y VERDADES, DESDE COLOMBIA,

Las comisiones de la verdad en el marco de situaciones de extrema violencia estatal o de enfrentamientos asimétricos entre fuerzas estatales y grupos subversivos, conformadas bajo el criterio de víctimas y victimarios o culpables e inocentes, no siempre han arrojado resultados satisfactorios e incluso, se han dado casos en los que en vez de conducir al perdón y a la reconciliación han generado cadenas de venganza, reclamos sin fin y odios incrementados.

DARLE DE COMER AL COCODRILO CON LA
ESPERANZA DE QUE SE LO COMA DE ULTIMO

Lo primero que se puede decir a este respecto es que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. No todos los conflictos sociales o políticos o guerras civiles que concluyen con la firma de la paz han acordado la formación de comisiones de la verdad y no siempre las que se han establecido han alcanzado sus objetivos.

¿Por qué es tan difícil lograr una visión consensuada sobre este asunto? 

Podemos ensayar varias respuestas. Una tiene que ver con el juego de roles e intereses de quienes han sido protagonistas de una confrontación violenta. Nadie quiere correr el riesgo de ser señalado culpable y algunos quieren figurar como víctimas. 

Otra alude a la falta de rigurosidad y claridad sobre lo que significa la verdad histórica y la verdad jurídica.

Mi reflexión versará sobre esta última. Pienso que la verdad histórica corre por cuenta de profesionales de la disciplina histórica. Los marxistas sostienen que son las masas las que hacen la historia, dicha doctrina opone a la vieja y ritual historia patria o cívica la historia de las masas y de los oprimidos, ahí ya tenemos una profunda discrepancia.

La verdad jurídica depende de la investigación, juicio y penalización de responsabilidades de sujetos concretos en la comisión de crímenes de guerra, de genocidio o de lesa humanidad. Delitos consignados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, imperdonables con amnistías e indultos.

Los dos tipos de verdad tienen, pues, una diferencia esencial en su naturaleza. En lo que respecta a la verdad histórica sabemos que las ciencias sociales y humanas es el espacio desde donde se investigan, con criterio científico, los conflictos sobre los cuales se pretende establecer “una verdad”. El producto de estas indagaciones es un relato o una narrativa que propone una interpretación de lo sucedido. No sobra acotar que el investigador profesional debe gozar de pleno respeto en el sentido de que su trabajo y los frutos del mismo no pueden estar condicionados por intereses ajenos al trasegar académico. Por eso mismo, los productos de investigación son sometidos a consideración de pares y jurados con altas credenciales científicas.

Las comisiones de la verdad conformadas en algunos países han fracasado en su intento de establecer “la verdad” porque violaron la autonomía de los académicos, pretendieron escribir un relato único, homogéneo e incuestionable, especie de verdad oficial, y por desconocer la autonomía de la investigación científica que en esencia es objeto de debates, análisis y juicios que no siempre generan consensos.

No es, pues, lo mismo, la verdad jurídica que alude a hechos concretos a conductas constatables en tiempos y lugares precisos y que corresponde auscultar a jueces y fiscales, que la verdad histórica que no se limita a lo anterior sino que interpreta un conjunto amplio de circunstancias, procesos y acontecimientos a la luz de una teoría y un marco historiográfico explicativos.

La Comisión de la Verdad que se pretende aprobar entre el gobierno colombiano y las Farc cae en la trampa de establecer una “verdad única y definitiva”, pues en ella está contenida la pretensión de cerrar definitivamente toda polémica a través de una lectura que sintetiza el conflicto en términos simplistas y acorde con los intereses de las partes firmantes.

Para establecer culpabilidades e inocencias están los tribunales, de donde se desprende que la constitución de la Comisión de la Verdad Histórica, no es otra cosa que otra claudicación del Estado colombiano al aceptar que sus jueces e instituciones judiciales no están en capacidad de administrar justicia.

Las guerrillas latinoamericanas desde Fidel Castro con su proclama “la historia me absolverá” hasta las que se levantaron en armas en el continente contra regímenes dictatoriales, y en nuestro caso contra una democracia, para imponer la dictadura del pueblo y del proletariado, han pretendido tener de su lado la verdad, la justicia y la historia, de tal forma que ellas quedan eximidas de sus crímenes y arbitrariedades.

Hay motivos suficientes para pensar que con la tal comisión lo que se intenta es vender el  mismo cuento y la misma medicina que las guerrillas del Cono Sur aplicaron a las dictaduras.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, ACTUALIDAD INTERNACIONAL, OPINIÓN, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, REPUBLICANISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA,ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,

DARIO ACEVEDO, ASIMETRÍAS JUDICIALES Y HUMANITARIAS. CASO COLOMBIA

En materia de derechos humanos y aplicación de justicia a políticos relacionados con grupos armados ilegales reina la asimetría y la incoherencia. Un claro ejemplo lo acaba de dar la Corte Suprema de Justicia al entrar, al parecer, en una nueva ronda de detenciones y enjuiciamientos de congresistas y funcionarios del estado acusados de tener nexos orgánicos con grupos paramilitares. 

Está muy bien que se investigue y castigue a quienes han deshonrado a este país y a sus instituciones. Se entiende, se comprende y hay que apoyar a la Justicia en su empeño de sancionar a aquellos sobre los que recaen denuncias con evidencias sólidas. La infiltración paramilitar en varios órganos del estado tuvo dimensiones escandalosas.

La opinión ha mirado con simpatía el proceder de la Suprema, sin embargo, la satisfacción sería mayor y más plena si a la vez, la Corte realizara con el mismo vigor y rigor las investigaciones que se derivan de las relaciones, evidentes, orgánicas e ideológicas entre grupos guerrilleros y dirigentes políticos, algunos de ellos empleados públicos. La información hallada en los computadores decomisados a los jefes guerrilleros, las delaciones, la labor de inteligencia de la fuerza pública, como también, suponemos, la que aún no ha sido develada, configura un apreciable volumen de pruebas e indicios que es preciso investigar y de ser el caso enjuiciar. Hay suficiente evidencia de nexos de personas y grupos de izquierda con las guerrillas que se dieron al calor de la idea de que era legítimo impulsarla combinación de todas las formas de lucha.

La Justicia no se puede quitar la venda de los ojos. Negarse a abrir los expedientes de la farc-elenopolítica no contribuye al establecimiento de la verdad ni a la reconciliación. Por el contrario, sirve a la oscura percepción de que las guerrillas colombianas actúan motivadas por ideales altruistas, que sirve de manto para el ocultamiento de crímenes nefandos de guerra y de lesa humanidad cometidos en nombre del pueblo.

Por otra parte, la asimetría en materia de vigilancia y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos es fácilmente detectable en el accionar de muchas ONGs y colectivos de abogados que, por principio, sólo se fijan en las violaciones o infracciones cometidas por agentes del estado. Aquí la mirada bizca nace como flor silvestre. Sólo el estado, según su sesgado punto de vista, es el responsable por la violación de estos derechos. En sus cuentas nunca aparecen los crímenes de las guerrillas. ¿Por qué? Entre otras razones es de resaltar la que tiene que ver con una visión acomodada y restringida acerca de quiénes pueden ser imputables en este campo. En tiempos pasados se consideraba, y esto se aplicó por muchas décadas, que era el estado, como alta parte contratante de los convenios de defensa de los Derechos Humanos, el único sujeto imputable de responsabilidad y sanciones por acción u omisión. Lo dicen representantes visibles de estas organizaciones para las que las guerrillas no pueden responder ni por crímenes de guerra contemplados en el derecho internacional humanitario, dizque porque no son parte contratante o firmante de los convenios ni son un estado.

Estas organizaciones y sus dirigentes ocultan a la opinión pública los contenidos filosóficos que sustentaron la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 con el Estatuto de Roma en el que quedó estipulado que no son solamente los estados sino también los individuos y grupos políticos en armas que dicen luchar por ideales altruistas los que pueden ser investigados por infracciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario. Los Cepeda, las Córdoba, los Valencia, los Colectivos, los grupos intereclesiales, las Comisiones de juristas y muchos columnistas progresistas y de izquierda solo tienen ojos para mirar y poner en entredicho, siempre, al estado colombiano, mientras invisibilizan o minimizan los vejámenes de las guerrillas. Por eso nunca los hemos visto ni veremos clamar justicia por los desmanes de las “altruistas” guerrillas.

Lo que está sucediendo con el caso del Palacio de Justicia y la demanda en la que intervendrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy ilustrativo. Para los que siempre condenan al estado y a sus agentes, que el estado asuma la estrategia de defenderse negando aquello de lo cual es acusado, es improcedente y condenable. Lo justo y lógico es partir de reconocer la culpa y la responsabilidad. Como si el estado fuese una entidad al margen de los miembros de la sociedad, una inmensa caja en la que cabe todo, como si sus recursos no fuesen los que aportamos los ciudadanos con los impuestos, como si se tratara de un bolsillo ajeno o una vara de premios, una entidad abstracta, estos señorones de los Derechos Humanos, nos convierten a todos los que conformamos el estado en responsables y nos imponen penas vergonzosas y multas multimillonarias de las que  a ellos corresponden comisiones entre un 30 y 35%.

Nunca los veremos pleiteando contra las guerrillas por el secuestro de miles de empresarios del agro, por la muerte de sindicalistas acusados de derechistas, por el arrasamiento de pueblos pobres, por la contaminación del medio ambiente con sus voladuras a los oleoductos, por el reclutamiento de niños, por la destrucción de bienes civiles. Tienen la fórmula: el estado es culpable de todo, por no haber realizado el progreso y la justicia social para que no existieran causas objetivas del levantamiento armado.

No hay simetría cuando el peso de la culpa de todo lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia se derrama sobre el estado y algunos de sus agentes y a la vez se silencia la del grupo que entró echando tiros a diestra y siniestra y matando a sangre fría a visitantes, empleados y magistrados del palacio.

No hay simetría cuando se afirma que el proceso de paz con los paramilitares fue demasiado blando en las penas impuestas a responsables de crímenes horrendos (8 años de prisión y cero favorabilidad política) mientras se pide y se exige que para los comandantes guerrilleros no haya cárcel y además se les abra la oportunidad de llegar al congreso, como si los crímenes de estos fuesen simples infracciones de tránsito.

Dario Acevedo

rdaceved@gmail.com

@darioacevedoc

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,