Por todos los antecedentes que había en
juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado en La Habana significa,
en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel Santos a
la reelección presidencial.
Como lo hemos sostenido algunos columnistas,
desde hace rato la manija de los diálogos está en manos de las FARC y Santos,
para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que le firmaran algún
documento.
El texto adornado en una retórica
grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura en la constitución
política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una
idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto, cualquier francés o
norteamericano o japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en
nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías para la oposición.
Que las Farc es una guerrilla que lucha por esos ideales, que no nació como
producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que representa los
anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para
hacer actividad política en la legalidad.
Así lo hemos percibido en estos días de
euforia desmedida y de congratulaciones diplomáticas. La palabra paz, aunque
siga estando lejos, ejerce una atracción fascinante y da amplios réditos
políticos a quienes se la apropian. No importa que el precio de la misma sea
abrir la puerta de la democracia a la implantación de un régimen de corte
castro-chavista por la vía de la combinación de todas las formas de lucha, pero
ahora, con el énfasis en las grandes ciudades y en las masas urbanas.
El Estado colombiano cede a algo que se
supone había negado antes o que no existe. Según los firmantes, en adelante se
“profundiza y robustece nuestra democracia” como si la Constitución vigente no
contemplase un amplio régimen de garantías que ha permitido, por ejemplo, la
elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación de nuevos partidos y
movimientos políticos de diversas tendencias, el crecimiento electoral de la
principal fuerza de izquierda, el Polo Democrático Alternativo, la existencia
de una ambiente de libertad de prensa y de opinión, la realización de
protestas, huelgas y movilizaciones de sectores sociales que han tenido como
sus grandes enemigos no a los gobiernos ni una política de estado sino la
acción armada ilegal de grupos de extrema izquierda y extrema derecha.
Hay párrafos bastante desafortunados para el
sentido común como ese que dice “La firma e implementación del Acuerdo Final
contribuirá a la ampliación y profundización
de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción
de la violencia…a fin de transitar a un escenario en el que impere la
democracia…” pues se acepta que no habrá entrega de armas y se da por sentado
que la guerrilla lucha por la democracia y que ella está por llegar.
Los aspectos más polémicos del Acuerdo son
los referidos al compromiso de crear “Circunscripciones Especiales de Paz” en
zonas de conflicto, sin decir cuántas ni dónde ni por cuánto tiempo. No es
necesario ser muy perspicaz para asociar esta concesión a la vieja pretensión
comunista impulsada por “Tirofijo” en los años 60 de crear zonas de autodefensa
campesina que hoy se pretenden reciclar en las llamadas “zonas de reserva
campesina” que servirían de retaguardia social a las fuerzas guerrilleras que
hayan “dejado” mas no “entregado” las armas y en las que no imperarían algunas
normas del estado de derecho. Tradúzcase “creación de repúblicas
independientes” que cumplirían la función estratégica de apoyar el
levantamiento popular al que parece estar apuntando las Farc en su cambio de
estrategia para hacer la revolución.
No está por demás advertir que la idea de las
circunscripciones especiales es una “medida extraordinaria” de las que
contempla el documento gubernamental de la negociación, que supone reforma
constitucional, que puede violar el bloque de constitucionalidad al alterar los
principios de representación política y de proporcionalidad de la misma.
De parte de las Farc no hay un solo
compromiso en el Acuerdo. Sabedoras de tener en sus manos la suerte del
presidente Santos han cobrado duro ese poder al dar a entender al mundo que
ellas no son una fuerza terrorista sino democrática que trata de alcanzar un espacio en un país
que no les ha brindado oportunidad de hacerlo pacíficamente.
Sin duda, pues, las FARC van ganando, tienen
la iniciativa, no han cedido en nada, seguirán atacando a la Fuerza Pública y
acometiendo actos violentos, han asumido una retórica democrática con la que
solapan su credo comunista. Se han convertido de hecho en aliados electorales
del presidente Santos en la búsqueda de la reelección presidencial.
Con la firma de este documento han logrado,
gratis, extender la negociación hasta por lo menos agosto del 2014 cuando se
inicia un nuevo periodo de gobierno. En los meses por venir jugarán un ro,
protagónico y se pueden convertir en árbitros de la campaña presidencial. El
presidente Santos nos ha demostrado que
puede hacer concesiones “extraordinarias”, o sea, inconstitucionales, y feriar
la institucionalidad con tal de aplastar el uribismo y hacerse reelegir.
Darío Acevedo Carmona, Medellín 10 de noviembre de 2013
rdaceved@unal.edu.co
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