Al cumplirse dos meses del cierre de fronteras con
Colombia, constatamos que ninguna de las razones esgrimidas por el Gobierno
para justificar el atropello a los ciudadanos de ambos países, han tenido los
resultados anunciados: sigue el desabastecimiento, el contrabando, la
inseguridad pero además se suman nuevos problemas como la evidente asimetría
política en vísperas de las elecciones en las regiones sometidas a un
inconstitucional y ventajista “estado de excepción”.
Este tipo de medidas improvisadas y con fines
electorales, además de afectar a la
población fronteriza, afecta el principio de la integración suramericana tan
anunciada por el Gobierno, ya que no solo
viola los acuerdos de integración física fronteriza acordada por ambos
Estados en múltiples instrumentos jurídicos, sino que también vulnera la libre
circulación de personas, bienes y servicios que fluían entre Venezuela y -a
través de Colombia- con otros países de la región como Ecuador, Perú, Bolivia y
otros hermanos de “Nuestra América”
Los flujos migratorios de los países andinos por vía
terrestre, permitían que un autobús pudiera llevar al Perú a través de
Cúcuta, a nuestros ciudadanos
venezolanos ya que la nueva realidad del éxodo y la emigración nos ubican hoy
no solo como una tierra de asilo -antes abierta a los ciudadanos del
mundo- sino que la diáspora venezolana
comienza a ser significativa al dar los primeros pasos de su condición de
emigrantes. Pero al mismo tiempo un
ciudadano Peruano o Boliviano podían beneficiarse de los Acuerdos de Migración
Laboral adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por
Acuerdos Laborales de la Comunidad Andina que gracias a las Cumbres Sociales
han adoptado el principio de la movilidad humana como elemento prioritario de
la integración de los pueblos.
Además de la dimensión humana de las disposiciones
que aíslan a Venezuela, debemos preocuparnos también por el incumplimiento de
la liberalización de la libre circulación de bienes, servicios y capitales, que
violan los Tratados de Libre Comercio como los de Mercosur, o inclusive de
países socios de Venezuela a través del ALBA
Muy preocupante ha sido también la “criminalización”
de nuestros vecinos al justificar las expulsiones llamándolos “para-militares o
prostitutas” unido a un discurso nacionalista y de seguridad nacional con peligrosos tintes xenófobos y
discriminatorios, que no se han borrado a pesar del cambio de discurso que
ahora utiliza el contradictorio termino de “fronteras de Paz” pero que en el
fondo muestra una creciente militarización, que no solo se da en el lado
Colombiano, sino también en la frontera con Guyana, que ha denunciado ante los
Países del Caribe y de la Commonwealth
el gravísimo Decreto 1787 –hoy derogado- pero que mostró ante los
vecinos terrestres e insulares un preocupante viso neo-imperialista.
Esperemos que con el dialogo binacional -que ha dado
muy pocos resultados- y el apoyo del
Secretario General de la OEA y del Secretario General de la ONU, se pueda
normalizar la situación
Milos
Alcalay
milosalcalay@yahoo.com
@milosalcalay
Caracas-Venezuela
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