GERÓNIMO FIGUEROA FIGUERA, RETARDO PROCESAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

Los diferimientos en las audiencias para retardar los procesos jurídicos en contra de los detenidos que piensan distinto y que se oponen al régimen dictatorial imperante en Venezuela, que en mala hora y para desgracia del buen nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar, bautizaron como revolución bolivariana, son utilizadas como política de estado por el régimen chavista-madurista para mantener presos y silenciados, a importantes líderes de la oposición democrática venezolana, a quienes los jefes del régimen empiezan acusándolos públicamente de golpistas y paramilitares, luego con los sapos cooperantes les arman expedientes falsos y amañados.

A los jueces, quienes en mas de un 80% son provisorios,  en el caso de los hombres cuando no amanecen enratonaos por una borrachera o con diarrea, y en el caso de las mujeres casi siempre el dia de las audiencias, cuando no tienen la menstruación, les sale un uñero, les duela la barriga o simplemente porque les da la gana. Lo cierto es que siempre tienen un excusa para que la audiencia no se realice, y de esa forma los mantienen en prisión de forma ilegal y arbitraria. 

El ultimo caso, y por ahora, se produjo el martes 22 de septiembre de este año, con el  Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue secuestrado el 19 de marzo  por mas de cien hombres armados cuando se encontraba en su oficina particular ubicada en la Torre Exa de Chacao, sin ninguna orden emitida por un juez y sin la presencia de un representante del Ministerio Publico de acuerdo con la Constitución Venezolana.  Posteriormente fue acusado formalmente el 7 de abril de este año y la audiencia preliminar debió realizarse en 40 dias, y han pasado 168 dias.

Las acusaciones contra Antonio Ledezma son tan absurdas, que van desde acusarlo de conspirador a través de un sapo cooperante, que nadie conoce ni le han visto la cara, asegura que el Alcalde Mayor de Caracas, un hombre probado en las luchas democráticas desde que tenía 15 años como dirigente estudiantil, hasta llegar a diputado, senador, alcalde de Libertador y alcalde mayor por votación popular, se asoció para delinquir y dar un golpe de estado pilotando un avión tucano para bombardear Miraflores y asesinar a Maduro. Por cierto, todos los tucanos están paralizados por falta de repuestos, pero Maduro y el sapo cooperante aseguran que Ledezma alquilaría uno, como si tratara de una bicicleta… Que bolas, un hombre que nunca lo hemos visto manejando ni siquiera un carro  

Pero antes de Ledezma, fueron víctimas de  estos atropellos jurídicos los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, quienes estaban presos en la sede del Sebin en el Helicoide en Caracas, y el juicio estaba radicado en un tribunal de Maracay, donde durante seis años, la jueza Marjori Calderón los mantuvo en el limbo sin realizar la audiencia preliminar, para luego después de ese tiempo condenarlos a la pena máxima por un delito que no cometieron. Los comisarios eran trasladaos desde Caracas en carros rústicos y esposados hasta Maracay, y cuando llegaban al tribunal se encontraban que no había despacho porque la jueza tenia diarrea o por inasistencia del ministerio Publico. Los comisarios eran regresados en las mismas condiciones que habían sido llevados.

El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, también le dieron a probar la medicina del retraso procesal, para luego ser sentenciado a mas de 13 años de prisión por delitos no cometidos, donde el tribunal presidido por la abogada Susana Barreiro quien con justificaciones  poco serias suspendió las audiencias y en las pocas que realizó no le permitió a la defensa ni al propio imputado presentar las pruebas que demostraban la inocencia. Según los abogados y Lilian Tintori, en la prisión el gobierno de Maduro ha torturado física y psicológicamente a López con el propósito de “desestabilizarlo” mentalmente.

En fin, son muchos los casos, especialmente de estudiantes comprendidos en las edades de 18 a 24 años, que han sido detenidos por manifestar pacíficamente, donde el gobierno de Maduro a través de los tribunales y la Fiscalía del Ministerio Público ha desarrollado y aplicado el retraso procesal como política de Estado.

Gerónimo Figueroa Figuera

geron2ff@hotmail.com

@lodicetodo  

CNP:569

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MILOS ALCALAY, LA MENTIRA COMO POLÍTICA DE ESTADO

A pesar de la incesante propaganda política del oficialismo intentando presentar a una Venezuela como si se tratara de “la mejor democracia del mundo” la reciente visita de los Senadores españoles, encabezada por el Senador Dionisio García Carnero y del Senador Uruguayo Pablo Mieres,  confirman la opinión que ya antes habían constatado destacadas personalidades como Ex Presidentes y Senadores del mundo. Es que ya resulta imposible esconder los rasgos característicos de 16 años de un Gobierno que con una radicalización cada vez más grave, ha ido generando como resultado una crisis humanitaria de alcances preocupantes, al ahondar la ingobernabilidad, la violencia, la corrupción, la represión, la ineficacia y la mentira como política de Estado.

En relación al “Imperio de la Mentira” como práctica usual, en la medida en que el deterioro es inocultable debido a las inmensas colas frente a auto mercados y farmacias, o el colapso hospitalario, o la multiplicación de los nuevos “gulag” para encarcelar a disidentes; se han visto obligados a sumarle otros mecanismos adicionales a las interminables cadenas a las que nos tenia acostumbrado el Comandante Eterno, para abrirle las puertas a múltiples voceros del régimen Maduro-Cabello quienes en su afán de protagonismo llenan los espacios de radio y televisión del Estado con declaraciones en las que el insulto, (contra nacionales y extranjeros por igual), la mentira, el desenfado, la torpeza, son los parámetros de sus diarias declaraciones.

Vaclav Havel definió con lucidez este tipo de actitudes durante la era del Socialismo del Siglo XX que se aplica al pie de la letra a nuestra realidad: “Dado que el régimen es cautivo de sus propias mentiras, debe falsificar absolutamente todo. Falsifica el pasado, falsifica el presente y el futuro. Falsifica las estadísticas. Finge respetar los derechos humanos y finge no procesar a nadie…”

Basta con que algún crítico se atreva a disentir de la “verdad” oficial, para recibir insultos o amenazas como respuesta. Esta semana –como ejemplo personal- recibí una nueva andanada de agravios en los que el máximo responsable del dialogo parlamentario arremete con un lenguaje de malandro en su programa semanal “Con el Mazo Dando”. Después de sus habituales agravios  tiene la osadía de atribuirme falsamente que afirmé que el “Esequibo es de Guyana”. La razón de esta agresividad y desprecio, se debe a que me he atrevido a denunciar los errores de la errática posición del actual gobierno que pecó por defecto al silenciar durante lustros el avance de Guyana con actuaciones de posesión del Esequibo; a un cambio de 180 grados en los que por razones electorales o por descontento militar, se van al otro extremo. En ambos casos, ponen en peligro la histórica reivindicación venezolana. El silencio fue grave, pero ahora, la dialéctica de la confrontación, unida a la internacionalización del conflicto y la ideologización al caricaturizar la reivindicación fronteriza lanzando sus ataques contra la Exxon y no contra la decisión de los Gobiernos de Guyana, lo que hace es alejar una solución negociada, permitiéndole a Guyana invocar una de las clausulas del Acuerdo de Ginebra que es recurrir al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, que se había logrado obviar al defender los mecanismos de solución pacífica y negociada del diferendo.

Este tipo de recomendaciones que deberían ser consideradas como aporte en la definición de una Política Fronteriza de Estado, es descalificada con los insultos propios del “Imperio de la Mentira” que exige la incondicionalidad que pretende obligar a todos a seguir las torpezas. Pésima y peligrosa práctica.

Milos Alcalay

milosalcalay@yahoo.com

@milosalcalay

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GERÓNIMO FIGUEROA FIGUERA, LA RIDICULEZ COMO POLÍTICA DE ESTADO, NUESTRA OPTICA

Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional de radio y televisión la suspensión de visas y prohibición de entrada al país de algunos personajes importantes de los Estados Unidos de Norte América, entre los que se encuentran senadores que han denunciado la violación de los derechos Humanos en el país y el expresidente George  W Bush, con el propósito de esconder los  problemas de inseguridad, escasez de productos alimenticios y de otros rubros, alto costo de la vida y la inflación mas alta del mundo, entre otros, es hacer de la ridiculez una política de estado y el hazme reír de Venezuela en el exterior.

Y que ahora los gringos que quieran venir a Venezuela tendrán que pagar los costos del visado como cualquier otra persona del mundo, aunque es una medida soberana de cualquier país cobrar esos costos, y Venezuela no es la excepción, no es tampoco para pegar gritos a todo pulmón frente a una turba de fanáticos radicales para recibir algunos aplausos que solo duran segundos, pero que en nada contribuyen a la eliminación de las largas colas que debe hacer la gente para comprar alimentos, medicinas y papel toiltte, entre otros. Ni para que aparezcan las baterías y repuestos para los miles de vehículos que están paralizados.  

En primer lugar los personajes gringos de alto rango nunca han estado interesado en visitar a Venezuela, y cuando oyeron de boca del presidente Maduro que se les prohibía la entrada a nuestro país, lo primero que hicieron fue soltar carcajadas de risas y al mismo tiempo decir que era un honor para ellos que un gobierno como el de Maduro los sancionara de esa forma, ratificando  que no estaban interesados en disfrutar de un domingo campestre con sancocho y parrillada en las riveras del rio Guaire, ni tampoco estar interesados en formar parte de las estadísticas rojas de sangre que produce la inseguridad.

En segundo lugar, según las estadísticas sobre los destinos en Latinoamérica que prefieren los turistas norteamericanos para ir de vacaciones están México, Perú y Brasil como los mas preferidos para visitar y turistear. Los turistas gringos en su estadía gastan millones de dólares al año, los cuales ayudan a fortalecer la economía de esos países y a generar miles de puestos de trabajo. 

Mientras el gobierno cubano de Raúl Castro, con el consentimiento de su hermano Fidel, hace esfuerzos para mejorar las relaciones con los Estados Unidos para ampliar el comercio entre los países, donde la mejor parte de la tajada la tendría Cuba por la instalación de muchas empresas e industrias gringas en la isla que generarían miles de empleos para los locales y la visita de por lo menos dos millones de turistas norteamericanos al año que gastarían miles de millones de dólares, el presidente Maduro con el libreto del antiimperialismo trasnochado, hace todo lo contrario y aleja la posibilidad para que a Venezuela entren dólares diferentes a los del petróleo, que tanta falta hacen para nuestra economía.

Cuando el 17 de diciembre de 2014, el dictador Raúl Castro y el presidente Barack Obama,  anunciaron de manera simultánea la reanudación de las relaciones entre los dos países, muchos quedaron con la boca abierta, al saber que se estaba logrando algo que era casi imposible.

Por cierto, uno de los mas sorprendido fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a pesar de no dar un paso en materia internacional sin consultar con los dictadores de la Cuba, a quien no solo lo dejaron por fuera como la guayabera, sino que se enteró igual que el resto del mundo, cuando Raúl y Obama hicieron el anuncio por televisión. Maduro como buen obediente de los Castro, en ese momento alabó a regañadientes el acuerdo.

Como dicen en criollo, mapurite sabe a quién pea.

Gerónimo Figueroa Figuera

geron2ff@yahoo.com

@lodicetodo

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FROILAN ALEJANDRO BARRIOS NIEVES, LA PROSTITUCIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO COMO POLÍTICA DE ESTADO

FROILAN A. BARRIOS N. 

Debemos reconocer que si ha habido algún éxito en las políticas laborales estatales de estos 15 años, ha sido el lograr distorsionar el mundo del trabajo en nuestro país, para que una gran parte de la masa trabajadora por la presión patronal estatal descarte por temor la huelga al patrono Estado ungido por la revolución, donde sindicatos bolivarianos conforman milicias obreras cuya función es reprimir la protesta laboral, siendo el principal deber del trabajador la asistencia al acto oficialista y asistir a las jornadas  obligatorias del trabajo “voluntario” como bozal de arepa.

La regresión laboral determina delatar al compañero de trabajo no afecto al “socialismo del siglo XXI” para despedirlo, no trabajar la semana completa ya que por ley tengo estabilidad absoluta y nadie puede amenazarme, o que el sindicalismo asuma la vocería del Estado exigiendo aumento de la gasolina y se mantenga indiferente ante la existencia de trabajo esclavo en nuestro país.

En otro orden de ideas celebrar que las empresas privadas con fuentes de trabajo estables deben ser estatizadas, así luego al término de 2 o 3 años de gestión oficialista cierren por mala gerencia y corrupción, ocasionando la pérdida del contrato colectivo y el cierre definitivo de estos entes, o difundir la versión que las 400 muertes por sicariato sindical son producto del hampa y no tiene como raíz el tema del desempleo y la impunidad con apoyo gubernamental, o en medio del jolgorio de “así es que se gobierna”, festejar que hayan sido apresados sus compañeros sindicalistas por dirigir huelgas.

En medio de esta orgía del poder, calificar como justicia los desmanes de las inspectorías del trabajo y del Insapsel, quienes utilizan en muchos casos la solvencia laboral y el DLOTTT como una alcabala de los comisarios del partido, donde se aplica la ley del embudo; para el sector privado sanciones de todo género y cobro de comisiones, y para el sector público la permisividad absoluta en las violaciones de derechos laborales.. Este cuadro lamentable es extensible al Poder Judicial cuyas sentencias en el área del derecho del trabajo contienen un curso regresivo de las conquistas sociolaborales alcanzadas desde el siglo pasado.

En esta misma dirección se observa a la Asamblea Nacional como promotora de leyes que penan la libertad sindical con la aprobación de leyes: Ley de Seguridad Nacional, Reforma del Código Penal, Ley de Precios Justos, hasta la aplicación del Código Militar a civiles, donde se establecen diversas penas de prisión de 2 a 6 años por paralizar la labor en el sector público o privado que afecte a la población a criterios de la Fiscalía General o del Juzgado de turno.

En resumidas palabras estas prácticas entre otras, señalan la intención del Proyecto de Estado Comunal, de desmoralizar y prostituir las instituciones laborales con la intervención abusiva del Estado, políticas por cierto afectas e inspiradas en el fascismo franquista y del socialfascismo del Duce Mussolini.

Froilan Barrios

fbarriosnieves@gmail.com

@froilanbarrios

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL TERROR, COMO POLÍTICA DE ESTADO, CASO MARIA CORINA MACHADO

FERNANDO OCHOA ANTICH

La muy grave e injusta imputación realizada por el Ministerio Público en contra de María Corina Machado, acusándola de una supuesta conspiración, muestra la reincidente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de utilizar el terror como método permanente para silenciar cualquier gesto de oposición democrática. Esta realidad debe conocerla la comunidad internacional para no tener duda al calificar el tipo de régimen que existe en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, igual como lo fue el de Hugo Chávez, en un régimen con una marcada tendencia totalitaria. Lamentablemente, los gobiernos democráticos del mundo sólo ahora han empezado a cambiar de percepción como consecuencia al permanente irrespeto de los derechos humanos por unidades  militares y  grupos paramilitares en la represión de manifestaciones pacíficas, que se tornaron  violentas, en respuesta a estos ataques.

Es de interés, aunque sea someramente, revisar las circunstancias  que condujeron a la imputación de la diputada Machado para después analizar las realidades políticas venezolanas. Lo primero a resaltar es la permanente oposición al régimen mantenida por María Corina, con valor y decisión,  desde hace varios años, tanto a nivel nacional como internacional. Esa acción la ha transformado en un objetivo permanente del régimen. Una de las maniobras en su contra fue hacer pública por Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, y Ernesto Villegas, ministro de Información, una larga conversación privada con el historiador Germán Carrera Damas, de la cual se tomaron algunas frases para montar un diálogo que pareciera comprometedor. Después, el régimen presentó unos curiosos correos electrónicos, considerados un montaje por Google, para justificar la actuación de la Fiscalía del Ministerio Público

         Inicialmente, se planteó la posibilidad de acusarla por un supuesto magnicidio en contra de Nicolás Maduro. Ante la absoluta falta de seriedad de esta acusación y la inexistencia de pruebas consideraron acusarla por conspiración, tratando de vincularla con los acontecimientos violentos del 12 de febrero de este año, olvidando que los dos muertos ocurridos ese día: Basil Da Acosta, opositor al régimen,  y Juan Montoya, miembro de un colectivo armado, fueron curiosamente asesinados por un mismo miembro del SEBIN: el comisario, Melvin Collazos, obligando a Nicolás Maduro a destituir al director del SEBIN, general Bernal Martínez. Definitivamente, la actual acusación contra María Corina, las detenciones de Leopoldo López, de los alcaldes Scarano y Ceballos y de los demás presos políticos son actos totalmente arbitrarios que sólo pueden ocurrir en un sistema político, en el cual  no existe independencia de los poderes públicos.

         El gobierno de Nicolás Maduro está decidido a imponer en  Venezuela un régimen contrario a los principios fundamentales establecidos en la Constitución de 1999. En ese esfuerzo el chavismo  tiene más de quince años. Si se analizan los artículos 2 y 6, se percibe claramente la violación a los principios del pluralismo político, al querer imponer una hegemonía ideológica, y la alternancia en el poder al modificar, mediante una enmienda constitucional írrita, los artículos 160,192, 174 y 239  para establecer  la reelección indefinida. El principio de la independencia de los poderes públicos se viola permanentemente al imponer magistrados, jueces y rectores de los tribunales de la República y del Consejos Nacional Electoral comprometidos con el PSUV. También se irrespeta el artículo 168 que establece a los municipios como la unidad política primaria de la Nación al crear el sistema de comunas. 

         Si todavía existe alguna duda de las intenciones del chavismo observemos su marcado interés en ideologizar a los cuadros militares violando el artículo 328 constitucional que establece: “la Fuerza  Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política… en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”… Al mantener, como dicen algunos jefes militares, que la Fuerza Armada es chavista se irrumpe el principio del pluralismo político perfilándose una marcada tendencia al partido único. Justamente, esa tendencia totalitaria produce un rechazo por parte de la mayoría de la sociedad venezolana y es la razón que induce al gobierno de Maduro a imponer el terror como política de Estado. Ese es el origen de los presos políticos y fue la causa de la imputación a María Corina Machado. Eso sí, perderán el tiempo. Los venezolanos no nos rendimos...     

Fernando Ochoa Antich

fochoaantich@gmail.com

@FOchoaAntich.

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JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, ECONOMÍA COMO POLÍTICA DE ESTADO: ¡UN CLAMOR!

En el presente artículo asumimos que las políticas reflejan hipótesis basadas en ideas y tienen una finalidad, un diagnóstico de la realidad y con  estrategias concretas para transformarla en función al país que se aspire. 

De igual modo compartimos enfoques como: “El Estado es la ley de la razón” (Federico Hegel) y “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” (Wiston Churchill). 

De nuestra parte complementamos: usualmente los gobiernos establecen planes y objetivos que no trascienden sus administraciones (desmontando inclusive logros alcanzados); hecho que se traduce en la “necesidad de reinventar” (en cada gobierno) los objetivos fundamentales del Estado, subordinando sus intereses a favor de particularidades que niegan el beneficio de la Nación dándole más importancia a la cuestión electoral (políticas de Estado versus políticas de Gobierno), soslayando—en lo específico del hecho económico—que los inversionistas buscan un ambiente que les permita una visión de largo plazo alejada de la incertidumbre habida cuenta del efecto negativo que se genera sobre la propensión a invertir en un país donde “no se sabe lo que va pasar después de las elecciones”, y no se cumplen las políticas de mayor alcance temporal. 

Las políticas de Estado nacen en respuesta a los intereses del pueblo y han de entenderse como el norte estratégico de la Nación, las cuales son definidas e instrumentadas por consenso ciudadano y partidista en aras de evitar que varíen ante cambios ideológicos de nuevos gobiernos; siendo así y ante la actual crisis de la economía venezolana se requiere del esfuerzo y colaboración de todos los segmentos de la sociedad en el marco de una política de Estado para el campo económico, apartadas temporalmente de las divergencias inherentes al partidismo político y apoyadas en la evidencia científica traducidas en medidas económicas transparentes para todos los actores sociales, al hacerles conocer en forma clara los detalles, fundamentos y consecuencias mediante el fomento de una “pedagogía económica” que les permita comprender los términos y las cifras económicas más elementales. 

El consenso nacional sobre políticas de Estado ha de contextualizase en torno a ejes temáticos transversales, uno de los cuales debe corresponderse, por ejemplo, con “Economía y equilibrio social” teniendo entre otros objetivos una política económica (básicamente fiscal y monetaria), una política industrial con nuevo enfoque de la sustitución de importaciones, un control de la inflación, una descentralización económica, una generación de empleo digno, una elevación de la productividad económica, y un modelo de desarrollo sostenible; en el entendido que dichas políticas  han de sustentarse en principios constitucionales.

La economía como política de Estado, debe armonizarse con aspectos tales como un crecimiento persistente del PIB (valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado), un control de la inflación (aumento progresivo y generalizado de los precios), un equilibrio fiscal (diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno), un equilibrio monetario (reducir la emisión de dinero inorgánico), un adecuado nivel de reservas internacionales (para respaldar la moneda y el fluir de las importaciones), un mejoramiento de los términos de intercambio (relación entre los precios medios de importación y de exportación), y de un fortalecimiento del PIB per cápita (PIB total dividido por la cantidad de habitantes). 

En aras del funcionamiento de tal escenario, es prioritaria la definición de un modelo económico  que incluya como motor de crecimiento y generador de empleos de calidad una apertura económica para alimentar dinámicamente el mercado interno (doméstico), así como una reformulación de la política industrial no petrolera que de inmediato ha de enfrentar una globalización de los mercados reales y financieros dentro de un contexto de elevada competencia en el comercio internacional (incluidos los bloques de integración regional) y donde Venezuela debe con urgencia subsanar tanto sus deficiencias microeconómicas ( número de empresas y nivel de especialización), como sus desequilibrios macroeconómicos (fundamentalmente en los temas fiscal y monetario), en pro de  nuevas formas de participación articuladas con una política industrial concebida como política de Estado. 

Inferimos que estamos en el momento preciso (y necesario) para hacer un punto de inflexión para abandonar el cortoplacismo en favor de asumir la economía como una política de Estado.

@jagp611

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ELINOR MONTES, ESCASEZ ¿INEFICIENCIA O POLÍTICA DE ESTADO?

Como estaba previsto por el régimen se ha hecho realidad el empobrecimiento de la gente por la pérdida del poder adquisitivo: inflación, devaluación de la moneda, escasez, desabastecimiento, otros, consecuencia de su política económica durante sus 14 años: toma de los medios de producción –expropiaciones-robo-, destrucción de la propiedad y la iniciativa privadas; control: de precios, de transporte de mercancías, de cambio, de lo que se puede o no importar y en qué cantidad, etc.; tramitaciones excesivas para el funcionamiento formal del sector productivo; una Ley del trabajo leonina para el patrono; el despilfarro de ingentes recursos de la nación venezolana en el financiamiento de la expansión y promoción del castrocomunismo por el mundo, otros.

Ante esta realidad la creatividad es un reto para poder escoger entre lo indispensable, lo que se necesita, lo que se quiere, lo que se puede comprar respecto a lo que hay, como encontrar lo que no hay y rendir lo que hay poco.  

En esta etapa pensamos que la red socialista del trueque sería la proposición del régimen como una alternativa a la escasez, pero no, fue ¡la toalla sanitaria socialista lavable-reusable y biodegradable 100%! así nos retrotraen a 1920, antes de que la empresa Kimberly-Clark lanzara al mercado la toalla sanitaria Kotex, perfeccionada en el tiempo con cubiertas que evitan la humedad, materiales con nivel de absorción alto y pegamento, lo que dejó en el olvido el uso de los pañitos de tela. Esta iniciativa revolucionaria podemos acompañarla con una sexy pantaleta plástica, inspirada en las que usaban los bebés con los pañales de tela, para minimizar el desastre cuando la toalla sanitaria socialista se ruede al caminar o se exprima al sentarse. Y hablando de pañales de tela, en este panorama, no es de locos esperar que éstos también sean promovidos para los adultos con incontinencia como una idea socialista y revolucionaria ante la escasez de los desechables.

Como el régimen importará sólo 50millones de rollos de papel sanitario, es decir, 1.66 rollos por persona, habrá que calcular con exactitud los cuadritos indispensables para no ensuciarse las manos. La toalla sanitaria socialista, los pañales de tela y las servilletas de papel luego de usarse en cada comida, surgen también como alternativa ante su escasez. Claro que será difícil explicarles a los niños como es que lo mismo que usamos para limpiarnos la cara lo usamos para limpiar el trasero. En caso extremo el papel periódico y de revistas, mientras haya, son otra alternativa.

Ahora la cola en los baños parece que será también en los lavamanos, tal vez sería bueno dejar algunos sólo para el lavado de toallas sanitarias socialistas y pañales de tela.

@elinormontes

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CIPRIANO HEREDIA S., LA MENTIRA COMO POLÍTICA DE ESTADO

Podríamos hacer una lista de todas las mentiras que este Régimen nos ha dicho en los últimos 14 años y no nos alcanzaría este espacio para culminarla. La mentira se ha convertido bajo este Gobierno en una costumbre oficial, llegando a alcanzar incluso la categoría de Política de Estado. 

Esto es propio de los regímenes autocráticos y totalitarios, según explica el periodista y analista político Manuel Felipe Sierra, quien en reciente foro organizado por Alianza Bravo Pueblo, se paseó por una gran cantidad de ejemplos de censura, tergiversación, manipulación u ocultamiento de la información con fines políticos, que van desde la Alemania nazi, pasando por la URSS y Cuba, y por supuesto aterrizando en la Venezuela de hoy.

Dentro de esa larga lista de mentiras, vale la pena mencionar las más recientes, que son las más frescas en la memoria de los venezolanos y en las cuales está involucrado Nicolás, el principal vocero de las mentiras oficiales. Así tenemos, por ejemplo, la truncada oferta de diálogo respecto a los presos políticos a fines de 2012, la cual generó mucha expectativa en cuanto a su posible liberación para navidad, pero luego de un viaje a Cuba el Vicepresidente regresó con una actitud radical y dejó a mediadores, familiares y detenidos como novias de pueblo. De igual forma, recordemos cómo iniciándose el mes de febrero se aseguró que no habría devaluación, y apenas horas después se anuncia una nueva tasa de cambio oficial con un ajuste de 46,5%, lo cual ha disparado la inflación y aumentado la escasez en casi todos los productos. Y por último, está el caso del tratamiento oficial a la información sobre la enfermedad y fallecimiento del presidente Chávez, a lo cual le dedicaremos el resto de esta columna.

Antes de comenzar a abordar en profundidad este tema, deseamos dejar claro dos cosas: primero, que todas las dudas surgidas son producto del manejo informativo del gobierno, el cual aplicó el secretismo, cayó en evidentes contradicciones, y privilegió lo político por encima de lo científico, ofreciendo puros partes gubernamentales sin voceros médicos; y segundo: que el Gobierno pretende convertir cualquier comentario o duda planteada en una supuesta ofensa inaceptable a la familia del difunto presidente, cuando en realidad, haciendo buena aquella frase que al presidente Chávez le encantaba citar: "con la verdad ni ofendo ni temo", querer saber la verdad no es algo que ofenda a nadie, ni nos debe hacer temer.

Dicho esto, no caeremos en polémicas respecto a la interrogante que expresó nuestro candidato sobre la fecha de la muerte del Presidente, la cual da vueltas en la mente de muchos venezolanos. Asumamos como cierto que fue el 05 de marzo. No obstante, quedan en el aire muchas dudas razonables, que lejos de generar respuestas airadas del Gobierno, dándoselas del ofendido y acusándonos de irrespetar la memoria del difunto, deberían más bien preocuparse por dar explicaciones serias y ciertas, no a nosotros –que igual las merecemos aunque poco le importamos–, sino a los cientos de miles de seguidores del Presidente que genuinamente hoy lo lloran, pero se hacen las mismas preguntas.

Así tenemos, por ejemplo, las siguientes interrogantes válidas y legítimas, que formulamos con respeto a su familia, pero también con respeto al derecho de los venezolanos a saber la verdad: ¿Por qué no se informó al país que el presidente sufrió un "derrame" en la operación, tal y como lo aseguró hace días su hermano Argenis? ¿Por qué un día de enero en la mañana Nicolás dijo que el presidente lo había llamado por teléfono y estaba haciendo ejercicios, y horas más tarde Villegas ofrecía un parte donde hablaba de su "delicado" estado de salud? ¿Por qué si de verdad hacía ejercicios y lucía con el buen semblante con que aparecía en la foto mostrada el 15 de febrero, no fue mostrado a los medios en esos días? ¿Por qué Nicolás dijo en su discurso de inscripción de la candidatura que el Presidente "al igual que el Libertador, había muerto en tierras lejanas"? ¿Cómo es posible que a un paciente con una "severa infección respiratoria", se le aplique al mismo tiempo un fuerte tratamiento de quimioterapia, tal y como lo informó el Ministro Villegas, cuando es sabido que dicho tratamiento debilita las defensas y es inaplicable en un paciente que padece una infección grave? Y por último ¿Por qué hubo dos urnas en las actividades fúnebres, una para la procesión, y una para el velorio? ¿Iban realmente los restos del Presidente en la urna de la procesión del 06 de marzo que fue desde el Hospital Militar hasta la Academia?

Nicolás, en vez de ponerte bravo, dártelas del ofendido y reaccionar como un infante ante cada duda o comentario que hacemos, mejor responde públicamente y de manera clara a todas estas preguntas para que empieces a ganarte la credibilidad de la gente. Respeta para que te respeten, reza otro dicho popular.

Diputado al Consejo Legislativo de Miranda y Sub Sec Gral de ABP

cipriano.heredia@gmail.com

@CiprianoHeredia  

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OSCAR BASTIDAS DELGADO, POLÍTICA DE ESTADO Y ECONOMÍA SOCIAL

Una sociedad equilibrada precisa la existencia de un Estado fuerte, no fofo y abultado con desempleados disfrazados como el nuestro, así como de sectores privados pujantes, rentables y creadores de empleo con clara responsabilidad legal en el pago de impuestos y responsabilidad social en sus aportes a la sociedad. 

También necesita de Organizaciones de la Economía Social ­(OESs) con claros valores y principios como base para la resolución de problemas comunes con bases democráticas, aportes colectivos, y el trabajo como sustento. El denominador común de estos tres sectores debe ser el emprendimiento, individual o colectivo pero generador de organizaciones estable y con impactos socio-económicos en esas tres áreas.

En esta idea, la sociedad debería impulsar una Política de Estado para el Desarrollo de la Economía Social y un marco jurídico favorables a las OESs, compatibles con su naturaleza y función, y respetuoso de la autonomía e independencia que ellas reclaman.

Una "Comisión Sextupartita" impulsora de esa Política de Estado se hace necesaria: Gobierno, trabajadores, empresarios, comunidades organizadas, universidades y OESs. La base de esa política debe ser el binomio Participación - Corresponsabilidad Social / Estado-OESs.

Se trata de que la relación Ganar-Ganar / Estado-OESs trascienda cualquier gestión gubernamental y centre su actividad en la producción de riquezas y de empleos, concediendo herramientas formativas y de trabajo y no herramientas de mendicidad y de espera a "que bajen los recursos", evitando al mismo tiempo que la clase media nutra la pobreza.

Un reto de esa política sería enfrentar intereses burocrático-partidistas de cualquier signo. Su centro deben ser los problemas que de manera transversal afectan la ciudadanía por lo que debería trabajar con categorías concretas, sinérgicas y operacionales como, a manera de ejemplo, desnutrición, educación, capacitación, desempleo, inseguridad, vivienda, y costo de la vida. Ella, como toda política de su calibre, debe ser a muy largo plazo y basarse en una Ley Orgánica para el Desarrollo de la ES; recuérdese que la ES tiene asidero constitucional gracias al cooperativismo venezolano que logró incluirla en la actual Constitución mediante una movilización nacional.

Esa política debe impulsarse mediante un amplio plan de difusión de las características y bondades de las OESs y apuntar a salvar las cooperativas salvables, superar los sectarios límites que hoy dominan la Asamblea Nacional, apoyarse en aliados interesados en su agenda, e institucionalizar la ES en los diferentes poderes: En el Ejecutivo con un nivel ministerial que permita, a manera de helicóptero, cooperativizar lo cooperativizable en la Sociedad y en la Administración Pública; en el Judicial, estableciendo tribunales específicos con jurisprudencia basada en el Derecho Cooperativo, el Derecho Mutualista, y el Derecho Asociativo y de la Participación.

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