DARIO ACEVEDO CARMONA, EL GOLPE DE ESTADO Y LA TRANSICIÓN, DESDE COLOMBIA

Para entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder en los próximos meses y años es indispensable echarle una mirada a la conferencia pronunciada por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, pronunciada en mayo de 2013 en la Universidad Externado.

Desde su propio título “La transición en Colombia”, que resume la concepción, el método y los pasos a dar durante las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y el “posconflicto”, queda abierto el espacio a la incertidumbre y a la duda.

Según el Alto Comisionado, se dieron cinco pasos para aclimatar la negociación: 1. Reconocimiento  de la existencia de “un conflicto armado interno”. 2. Expedición de la Ley de Víctimas, que ubicó el centro de la reparación de millones de víctimas en el Estado. 3. Creación de “un entorno internacional favorable” desde el que se justificó la presencia de Venezuela como garante y a Cuba como sede de los diálogos. 4. Creación de un espacio legal para la aplicación de la Justicia Transicional y 5. “Armar un proceso metódico para llegar a la paz” pues la terminación del conflicto dará lugar a “a una fase de construcción de paz, es decir a una fase de transición.” Ya que “Una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de la paz”.

Desde el comienzo, pues, la filosofía gubernamental para la negociación entregó, sin ni siquiera un cese unilateral del fuego como contrapartida, una serie de posiciones de gran trascendencia: estatus de igualdad, reconocimiento de un conflicto armado, países amigos de las guerrillas, una ley marco previa a acuerdos que les permitió, sin discusión, saber hasta dónde podría ser laxo el gobierno, y, la adopción de la idea determinista y mecanicista, pregonada por las guerrillas, que explica “el alzamiento armado” como consecuencia de injusticias sociales y de la exclusión política, que deben ser enmendadas a través de reformas profundas (hay que “refundar el Estado” dijo Timochenko). Y como esas reformas se toman su tiempo, la paz, solo podrá ser tal, cuando hayan tenido resultados positivos. Eso es factible en un marco temporal al que nuestro generoso filósofo, denominó “la transición”.

Todos los acuerdos firmados hasta ahora y los que han quedado pendientes para ser abordados por el “congresito” o “comisión legislativa”, se corresponden con la Agenda de cinco puntos que se firmó con las FARC. El gobierno pretendió, inútilmente, convencernos de que en ese temario no cabrían asuntos de la Agenda Nacional ni cambios a la Constitución Nacional. Los hechos son tozudos y nos demuestran que mientras el Presidente y sus negociadores  se desgañitan aclarando que nada extraordinario ni anómalo se va a firmar, lo cierto del caso es que sí se está procediendo desde una lógica peligrosa que va en contra de la institucionalidad y de la sistemática expresión mayoritaria de los colombianos.

De manera que, la filosofía de la negociación se desveló como una filosofía de la concesión, del entreguismo y de la complacencia con las guerrillas, a partir del hecho discursivo más trascendental y arriesgado de todo el proceso: igualarnos con una guerrilla a punto de ser derrotada que no representa los intereses de ningún sector de la sociedad, y, otorgarle legitimidad, razón moral y validez al discurso guerrillero de las “causas objetivas” y por ende a que el Estado “pague la deuda social” con el agro , como si las guerrillas fuesen la voz del campesinado.

El pueblo colombiano, pues, según Jaramillo, está pagando una culpa, nos merecemos la suerte que corremos y hay que estar dispuestos a hacer sacrificios inenarrables para darles gusto a las guerrillas y poder convivir en paz. Es lo que se desprende de considerar que su lucha armada, con sus crímenes atroces, ha tenido y tiene razón de ser.

La noción de transición, se refiere a un periodo de tiempo -“10 años”- cedido, regalado, es decir, una década bajo el ojo escrutador de los jefes de las guerrillas ocupando puestos en el Congreso, movilizando las masas, estimulando las protestas sociales y exigiéndole a la “oligarquía” el cumplimiento de los acuerdos y que la transición se extienda otros 10 años.

Pero, el aspecto más inquietante de esta filosofía es el espíritu golpista que subyace en la idea de la “excepcionalidad”. Según esta perturbadora noción “Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad”. Y, ¡OJO!: “Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas… que trabajen intensamente en el terreno para lograr las metas de la transición”. Aquí está pues, el núcleo de una filosofía golpista que hace trizas nuestro ordenamiento legal, que arrasa con la convivencia alcanzada por las más importantes fuerzas políticas y sociales del país y que ofrece la Constitución como postre.

Abran sus ojos señores empresarios, tomen nota dirigentes de los partidos que aún sienten algo de estima por lo que nos rige y recapacite el alto clero que traga sapos sin vomitarlos. No es cosa nimia decir que no se puede “reversar el conflicto funcionando en la normalidad”. ¿Acaso no es clara la relación directa y estrecha entre este esperpento inconstitucional y el proyecto de ley que otorgaría poderes excepcionales al presidente Santos?

Diez años funcionando en la “excepcionalidad”, con “instituciones nuevas” y “recursos extraordinarios” y “medidas jurídicas” ¿no es la manera taimada de esconder que la Constitución de Colombia va a ser sustituida? ¿No es el “Congresito” o “Comisión Legislativa” una institución “nueva” que suplanta al lento y dudoso Congreso de la República que “trabajará intensamente” sin trabas ni tropiezos, con mayoría simple en pro de hacer reales los acuerdos de La Habana?

¿No giran los acuerdos de La Habana sobre temas de orden constitucional que dejan bajo la esfera presidencial asuntos cruciales como por ejemplo: cárcel para responsables de delitos atroces, la entrega de armas, reformas a la propiedad agraria, amnistía e indulto a comandantes, reparación a las víctimas de sus crímenes, creación de las mil y una comisiones que enredarán el país en una maraña burocrática, participación y elegibilidad política de los autores de crímenes atroces y otorgamiento de curules en el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales?

A la sombra de esos parámetros es que el Fiscal desliza sus exabruptos jurídicos, los congresistas enmermelados justifican el golpe de estado y el nuevo minDefensa nos asusta con silencios que huelen a cobardía.

Inspirado en la filosofía de la “transición” el proyecto de “poderes especiales” para el Presidente se asemeja a tener un cuchillo en la yugular. Ese poderosísimo instrumento, en manos de un presidente que deshonra la promesa de someter los acuerdos a refrendación popular al afirmar que eso “sería un suicidio”, es una auténtica amenaza contra la democracia.

Si quieren imaginar la situación que nos espera si no hacemos algo por evitar que se produzca este Golpe de Estado en ciernes, no hay que hacer mayor esfuerzo, miremos la caótica y deplorable situación de Venezuela.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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ANDRÉS HOYOS, ENSAYO DE GOLPE DE ESTADO, DESDE COLOMBIA

No soy el primero en señarlo, pero lo que pasa en la frontera colombo-venezolana tiene muy poco que ver con los colombianos deportados, cuya cifra escandalosa ya se acerca a los 10.000, víctimas todos de una actitud canalla del gobierno de Maduro.

Estamos, en realidad, ante un ensayo de golpe de Estado.

La cortina de humo es espesa. Es cierto, por ejemplo, que la disparidad demente entre las tasas de cambio, sumada al precio ridículo de la gasolina al otro lado de la frontera hacen que la zona se llene de malandros. ¿Riegan una montaña con alpiste y luego pretenden que no vengan los pájaros a comérselo? La culpa no es de los pájaros, sino de los que riegan el alpiste. La represión, claro, no afecta a estos malandros por la simple razón de que tienen relaciones privilegiadas con la Guardia Nacional venezolana y con el chavismo, cuando no son miembros de ambos. Vaya, entre otras, “paramilitares” esos, que no portan armas y viven el barriadas humildes, como Mi Pequeña Barinas. Han de ser paramilitares idiotas.

Un dato es esencial para entender la situación: según todas las encuestas, el chavismo tiene perdidas, por más de 20 puntos, las elecciones del 6 diciembre. Esto significa que ni siquiera un fraude electoral está al alcance del Gobierno, porque los chocorazos se vuelven inviables cuando hay que “remontar” a las malas más del 5 %, para no hablar del 20 %. Y la derrota que se le viene encima al chavismo es muchísimo más dramática que las que se ven a diario en otros países, pues ellos han justificado todos sus atropellos con la excusa de que son electoralmente invencibles.

Ahora resulta que las torpezas de Maduro no son solo económicas y de modelo de sociedad. En política está metiendo las patas hondo. Si la idea de las deportaciones era captar los votos chovinistas, sucede que esos ya los tiene, mientras que los abusos de la frontera se van a llevar a la gran mayoría de los de la comunidad colombiana, que suma cerca de dos millones de votantes potenciales. Los colombianos con doble nacionalidad serán pobres (en su mayoría), no masoquistas.

Maduro se envalentona con los colombianos de la frontera justamente porque no son unos peligrosos paramilitares, sino gente humilde y desarmada. Por fortuna —y casi no creo que tenga que escribir esto—, hasta Maduro sabe que una aventura bélica sería casi con seguridad un suicidio, de modo que no va a intentarla. Dirán algunos que podría reeditar la colosal repartición de mogolla que funcionó en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. Pero he ahí el dilema: el Gobierno venezolano está quebrado y no tiene mogolla para repartir. Los viejos mecanismos para sobornar al electorado se quedaron sin un real, como dicen allá. De modo que a repartir palo.

En últimas a Maduro no le va a quedar más que tragarse el dragón, porque no es un simple sapo, de un varapalo electoral en diciembre o suspender las elecciones, lo que equivale a dar un golpe de Estado. Aunque esta puede parecer una “solución” tentadora, lo más probable es que acelere el ya casi inevitable fin del régimen.

Como que la jaula con el pajarito que le conversaba don Nicolás se la llevó uno de los deportados para el otro lado del río Táchira. Ahora el pobre grandulón se quedó sin interlocutor y tendrá que conversar con doña Cilia, porque ya ni cumbias le quedan para bailar frente a su menguada audiencia.

Posdata: de la OEA y Unasur hablamos otro día.

Andrés Hoyos

andreshoyos@elmalpensante.com,

@andrewholes

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RAÚL ZAPATA, GOLPE DE ESTADO, ESTALLIDO SOCIAL Y REBELIÓN MILITAR

El Gobierno venezolano, sabe que no puedan ganar las próximas elecciones parlamentarias, y que mientras más tiempo pasa, será peor. Si las últimas elecciones presidenciales, la ganaron con menos de un punto porcentual; con la muerte, a un reciente, del presidente Chávez; una escasez de alimentos apenas incipiente, y un barril de petróleo a $ 100 el barril. En el escenario actual, la derrota es inevitable –dejando abierto el camino para una asamblea nacional constituyente--.- Por lo que es de esperar que prefieran la confrontación en un escenario no electoral.

Mi padre, aficionado al juego de domino, solía decir --juego seguro no se tranca— Los factores democráticos deben tratar de evitar cualquier situación caótica, siempre de consecuencias impredecibles. No solo porque no conviene, sino porque estamos obligados a dar permanente testimonio de nuestra fe democrática, apostando por la paz y por las salidas democráticas.

Un golpe de estado, aunque resultara en una salida del régimen, les permitiría aparecer como víctimas, después de todo el desastre causado y se estaría refrendando las salidas por medios violentos, de un gobierno democráticamente electo. Los golpistas, del 4 de febrero, del 27 de noviembre y del 12 de abril, debieron haber pagado con largas condenas de cárcel y inhabilitación política de por vida, por sus crímenes. Un golpe de estado en la actualidad, significara la cárcel, tarde o temprano, para sus protagonistas, aun que lograran que derrocar al gobierno, --y eso lo saben los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas—y, por otra parte, siempre cabe la posibilidad del fracaso,  y  se termine, al contrario, consolidándose un régimen comunista en Venezuela.

Un estallido social,  tendría un alto costo, en vidas y para la economía, ya maltrecha, del país, y, por otra parte, sería usada como excusa para suspender las elecciones parlamentarias, por lo que hay que tratar de evitar que esto pueda ocurrir, algo por cierto nada fácil. Y apostar a un estallido de votos, en las elecciones parlamentarias.

Una rebelión cívico militar procedería, si, como algunos personeros del régimen parecieran insinuar, se desconocieran los resultados electorales o se negaran a convocar a las elecciones parlamentarias. En ese caso, la condición democrática del pueblo venezolano y de nuestras Fuerzas Armadas se haría presente. Rechazando con contundencia y vigor el socialismo y el autoritarismo, si se pretendiera imponer por la fuerza.

Gracias a los inmensos ingresos petroleros y a la torpeza política de la MUD, el chavismo había venido contando con la opinión favorable de la mayoría de los venezolanos, negarlo es una tontería, pero la perdieron. 

La MUD tiene que llamar a elecciones primarias, para todo  y en todas partes, dejando a un lado los consensos cupulares. Para que puedan ser percibidos como demócratas, por los venezolanos, y el triunfo electoral sea arrollador

Raul Zapata

raulzapataa@hotmail.com

@RaulzapataA

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JESUS A. PETITT DA COSTA, EL INICIO DEL GOLPE DE ESTADO, QUE ACABÓ CON LA DEMOCRACIA

No sólo Maduro es ilegítimo. Son igualmente ilegítimos todos los poderes públicos porque tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició con la convocatoria de la Constituyente mediante un acto de fuerza.

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Somos el único país en el mundo con un presidente muerto sin acta de defunción y un presidente vivo sin partida de nacimiento. Ambas permanecen ocultas para encubrir un crimen: el asesinato de la Constitución. No la violación, sino el asesinato consumado por una asociación para delinquir del más alto nivel complotada con Cuba.

El ocultamiento de estas pruebas legales basta para desconocer a Maduro por ilegítimo. Nos preguntaría asombrado un extranjero: ¿porqué la oposición no lo ha desconocido? Habría que responderle que el lugar de la oposición ha sido usurpado por los colaboracionistas, que le sirven de comparsa a la tiranía. Los colaboracionistas no hacen oposición como lo prueba que no hayan exigido, tanto el acta de defunción del difunto como la partida de nacimiento del sucesor, diciendo que son irrelevantes. Mayor prueba de colaboracionismo, imposible. Hay, pues, un concurso de ilegitimidades que funciona como una sociedad de cómplices: Maduro y la MUD, usurpadores ambos, aquél de la presidencia, ésta de la oposición.

La pregunta siguiente que nos haría un extranjero: ¿qué pasa con los restantes cuatro poderes públicos que no han actuado? No lo han hecho porque en Venezuela todos los poderes públicos tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició en 1999. Así, pues, no sólo Maduro adolece de ilegitimidad de origen. También todos los poderes públicos son ilegítimos. Todo el sistema político es ilegítimo. Expliquemos porqué.

El difunto fue electo para el período 1999-2004 bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la cual no preveía una Constituyente porque tenía vocación de perpetuidad. Al no preverla no podía ser convocada. Para convocarla había que reformar previamente la Constitución con el fin de incluirla en ella, ya que había sido excluida intencionalmente. En las actas de la comisión redactora y en los debates parlamentarios quedó claramente expresado el motivo. No se quería repetir la experiencia traumática de la Constituyente de 1947, de la cual emanó una Constitución de partido impuesta por aplanadora. Habiéndose logrado por primera vez en nuestra historia republicana el consenso entre todas las fuerzas políticas, representativas del 90% de los electores, se blindó la Constitución consensuada ante cualquier tentación sectaria, obligando a que la reforma, total o parcial, se hiciese igualmente por consenso en el seno del Congreso Nacional.

Decidido a efectuar lo que tenía previsto si hubiese triunfado el golpe militar de 1992 (disolución de todos los poderes públicos para reconstituirlos colocando a serviles), el difunto ejerció violencia moral (coacción) sobre la Corte Suprema, la que claudicó accediendo a la convocatoria de la Constituyente, aunque la condicionó a que fuese el pueblo el que la aprobara en referéndum. Motivó la sentencia con la tesis complaciente de la supremacía de la soberanía popular sobre el texto constitucional, que sirvió de fundamento jurídico al Golpe de Estado en marcha. El mismo día de su toma de posesión el ahora difunto convocó el referéndum consultivo exigido para que fuese el pueblo, en ejercicio de la soberanía popular, el que convocara la Constituyente pasando por encima de la Constitución. Pero el pueblo no convocó la Constituyente. En efecto, sólo concurrió a votar el 37,8% de los electores, absteniéndose el 62,2% que sumados al voto negativo (7,6%), significa que el 70% de los electores no aprobó la Constituyente. La convocatoria fue negada (apenas el 30,7% de los electores, una minoría exigua, votó a favor), por cuyo motivo se debía seguir forzosamente el procedimiento de reforma constitucional establecido en la Constitución de 1961. Era la única alternativa constitucional. Pero los golpistas, encabezados por el Golpista Mayor ahora difunto, dieron por aprobada la convocatoria atribuyéndole así la soberanía popular a una minoría insurrecta. La convocatoria de la Constituyente fue, pues, un acto de fuerza, porque no se sostuvo ni en la Constitución ni en la soberanía popular que sólo podía ser ejercida por la mayoría determinante de los electores.  Con este acto de fuerza se dio inicio al Golpe de Estado sistemático y continuo que acabó con la democracia, el crimen político a documentar en la segunda pieza del expediente contra el gobierno títere.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

@petitdacosta, 

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CHARITO ROJAS, LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO

Golpe de Estado: violación y vulneración de la legalidad institucional vigente en un Estado por parte de un grupo de personas que pretenden, mediante la fuerza, sustituir o derrocar el régimen existente, sustituyéndole por otro propicio y generalmente configurado por las propias fuerzas golpistas.

4 de febrero se cumplen 23 años de la intentona golpista encabezada por Hugo Chávez Frías. Y mucha sangre ha corrido por Venezuela desde aquel nefasto día. El líder murió después de haber puesto patas arriba al país, dejándolo en manos de unos que no saben cómo enderezarlo porque ni siquiera se dan cuenta de que está torcido. Hoy vamos a recordar aquel golpe de estado, aunque sea nombrar la soga en casa del ahorcado.

No hay golpe bueno. Todos dejan tras sí una nefasta estela de sangre, ilegalidad, inestabilidad. El embate de un golpe de estado es mortal en la línea de flotación política, social y económica de una nación, que por décadas queda afectada.

Después de un período de estabilidad que era ejemplo de democracia en una América Latina dominada por regímenes gorilescos y repúblicas bananeras, Venezuela es sacudida en forma inesperada por una convulsión social que desembocó en saqueos, toques de queda, muertes y un despertar del sueño bonito del “país en desarrollo”, de la “Venezuela Saudita”. De aquella época cuando éramos felices y no lo sabíamos. La aplicación de un conjunto de medidas calificadas de neoliberales y dirigidas por tecnócratas, que liberaban los precios y aumentaba la gasolina, el Caracazo fue sorteado por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez pero la inconformidad ya había anclado en el país. La Fuerza Armada reprimió y controló el violento desborde social, en el cual hubo severos daños a la propiedad e incontables pérdidas de vidas, para seguir adelante después de ese trágico febrero de 1989.

Hacía años, en alejados cuarteles, una oficialidad joven fue penetrada por el ideario comunista, sus espíritus cautivados por esa mezcla explosiva de Marx con Bolívar, de Nietzsche con Simón Rodríguez, que los llevó a asociarse en un grupo secreto llamado el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200) presuntamente porque se trataba de igual número de oficiales medios, a quienes llamaban los Comacates por ser tenientes, capitanes, mayores y comandantes. Su pasión por la política y por Venezuela, los llevó a hacer juramentos bajo el histórico Samán de Güere, como si de pequeños próceres se tratare, prometiéndose liberar al país de la corrupción, pelear las fronteras perdidas y territorios entregados, mejorar las condiciones de la fuerza armada, rescatar al alto mando militar de la subordinación a elementos políticos que consideraban corruptos y corruptores.

El Caracazo estimula la fantasía de tomar el poder y cinco tenientes coroneles, que habían sido denunciados ante unos superiores que hicieron poco caso de una presunta conspiración, organizan un golpe de estado para derrocar al presidente constitucional. Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Miguel Ortiz Contreras se reparten las responsabilidades de penetrar las zonas militares con mayor contingente armado, Distrito Federal, Aragua, Miranda, Carabobo y Zulia.

El 4 de febrero el presidente Carlos Andrés Pérez aterriza a las 10 de la noche en Maiquetía, proveniente del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, al cual algunos jefes militares le habían recomendado no asistiese porque había un rumor en la Fuerza Armada, que el presidente y la mayoría de los jefes de fuerzas, se negaron a creer. Y en realidad pareció increíble hasta que Pérez llega a La Casona, y es puesto en sobre aviso que hay un golpe militar en marcha. ¡Un golpe militar en la democrática Venezuela de 1992!

El presidente se va a Miraflores con el ministro de la Defensa Fernando Ochoa Antich y allí recibe el parte de una movilización de tanques que rodearán el palacio presidencial. Bajo fuego, Pérez abandona Miraflores en un vehículo sin identificación y por una salida no habitual, para irse directo a Venevisión y aparecer a la una de la mañana en las pantallas de tv venezolanas anunciando que había un golpe de estado en desarrollo pero que su gobierno lo estaba controlando. Sin embargo esto no era tan cierto: a esa hora las bases aéreas de La Carlota y Maracay, los aeropuertos de Valencia, Barquisimeto y Maracaibo así como las guarniciones de estas ciudades estaban tomadas por los golpistas.

Aunque Miraflores resistió el asalto al palacio, fue a costa de muertes en la Casa Militar. La imagen de las puertas del Palacio Blanco derribadas por un tanque fueron transmitidas al mundo entero por equipos de las televisoras internacionales Univisión y WTN, que a esa hora se encontraban por casualidad en la avenida Urdaneta, cubriendo un operativo de profilaxis social de la Policía Metropolitana.

La residencia presidencial de La Casona fue atacada por un grupo comandado por el capitán Miguel Rodríguez Torres, con saldo de muertes y daños serios a la estructura. Hacia las 8 de la mañana, las fuerzas leales al gobierno constitucional habían recuperado exitosamente casi todas las plazas tomadas. El comandante golpista de Caracas, Hugo Chávez Frías, se encontraba acuartelado en el Museo Militar, de donde nunca salió hasta que una comisión de oficiales fue a buscarle para que se rindiera e hiciese que se rindieran los últimos reductos de alzados, en Maracay y en el Fuerte Paramacay y aeropuerto de Valencia.

Ese fue el momento en que pese a las órdenes de Carlos Andrés Pérez de no mostrar a los golpistas, Hugo Chávez es puesto ante las cámaras para que ordene la entrega de los restantes alzados y reconozca públicamente su fracaso. Y ese fue el punto de quiebre, aquel “Por ahora” esperanzador que no permitió que su movimiento muriese con el fracaso del golpe.

Además de los cinco cabecillas, fueron puestos a la orden de la justicia militar 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados, contingente de los 10 batallones que se alzaron.

La población civil reaccionó con sorpresa pero si bien no apoyó el golpe, pues la participación de civiles en él se limitó a algunos líderes izquierdistas y grupos armados que creyeron que podrían aprovecharse en un segundo caracazo, tampoco fue crítico del movimiento. El desgaste del sistema bipartidista, el juego de la antipolítica contra la democracia, la corrupción de cúpulas militares y políticas y una situación económica que en aquel entonces se veía con pesimismo, hacían que la popularidad de Carlos Andrés Pérez fuese cada vez menor, contrastando con el atractivo de estos “Robin Hood” de uniformes camuflados que románticamente ofrecían pulcritud, honestidad e ideales bolivarianos.

El país parecía un cementerio de calles muertas el 5 de febrero, cuando se transmitió en vivo y directo desde el Capitolio la sesión de emergencia de las dos cámaras. Las palabras pronunciadas allí quedaron para la historia. El senador por AD, David Morales Bello, pronunció un lapidario discurso condenando el golpe sin ningún atenuante. Remató con “¡Muerte a los golpistas!” Para otros, esta sesión fue un aliento a su vida política. Aristóbulo Istúriz, diputado poco conocido de La Causa R, pidió que se incluyera en el documento de rechazo al golpe un considerando que hablara de las razones alegadas por los alzados para intentar un alzamiento militar. Su propuesta fue rechazada pero Istúriz disparó su carrera política y en diciembre de ese año fue electo alcalde de Caracas, derrotando al candidato de AD, Claudio Fermín.

Rafael Caldera, como viejo tejedor de la política, supo intuir la empatía que con los más desfavorecidos tenía aquel intento de golpe, y adoptó una posición al lado del pueblo y en contra de su adversario político Carlos Andrés Pérez: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que está consumiendo la institucionalidad”. Así el anciano líder obtuvo el boleto para ser nuevamente Presidente, en 1994.

Las cifras oficiales reconocieron 34 muertos, aunque los reporteros de las fuentes de sucesos contabilizaron más de 100 decesos en esos días de golpismo. Los militares involucrados fueron tratados con mano de seda por una justicia presionada por la popularidad de los “héroes” rebeldes y la impopularidad que abatía de la silla presidencial a un Carlos Andrés Pérez, que fue sincero cuando ante su destitución confesó: “Hubiera preferido otra muerte”.

Muchos de los sediciosos fueron liberados, porque “obedecían órdenes superiores y no sabían que iban a dar un golpe”. Otros fueron condenados a penas menores y los líderes del movimiento, indultados por Rafael Caldera en cuanto llegó a la presidencia. Pero como dijo su hijo Andrés Caldera Pietri: “Mi papá le dio la libertad a Chávez pero no lo hizo Presidente”.

En efecto, el militar golpista del 92, que no creía en las vías constitucionales para cambiar el gobierno, dedicó su primera visita después de liberado de Yare, al dictador de Cuba, Fidel Castro. Y más nunca se liberó de tal tutela. Las ilusiones cambiaron y el arañero que quería emular a Bolívar se convirtió en presidente por gracia de la democracia, que permitió a un golpista “regenerarse” e ir por el camino constitucional.

Los hechos demuestran el engaño y Venezuela tiene casi 16 años pagando el precio de su ingenuidad al creer en una falsa oferta. La revolución que no figura en la Constitución cambió la bandera, el escudo, la moneda, la hora y hasta el nombre al país. Pero jamás entendió la lección de 1992. Nunca comprendió el sentido de la palabra “democracia”.

Charito Rojas

Charitorojas2010@hotmail.com

@charitorojas                                                                                        

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ALLAN R. BREWER-CARÍAS, EL GOLPE DE ESTADO DADO EN DICIEMBRE DE 2014, CON LA INCONSTITUCIONAL DESIGNACIÓN DE LAS ALTAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO

ALLAN R. BREWER-CARÍAS

Un golpe de Estado ocurre, como lo ha señalado Diego Valadés, cuando se produce “el desconocimiento de la Constitución por parte de un órgano constitucionalmente electo;” agregando, incluso, como ejemplo que “un presidente elegido conforme a la Constitución no puede invocar una votación, así sea abrumadoramente mayoritaria, para desconocer el orden constitucional. Si lo hace habrá dado un golpe de Estado”1.

Y esto es precisamente lo que sucedió en diciembre de 2014, cuando el Presidente de la Asamblea Nacional y un grupo de parlamentarios, que en su momento fueron electos, en algunos casos mediando una conspiración con los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desconocieron la Constitución y han procedido a designar, violando sus disposiciones, a los altos funcionarios de los Poderes Públicos que no son electos en forma directa por el pueblo, es decir, los que integran el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza del Poder Judicial.

Con esto, no han hecho otra cosa que no sea haber seguido la misma línea inconstitucional de golpe de Estado sistemático y continuo que se ha producido en Venezuela desde cuando el Presidente Hugo Chávez, al tomar posesión por primera vez de su cargo el 2 de febrero de 1999, convocó una Asamblea Nacional Constituyente no prevista en la Constitución que entonces estaba vigente. 2

Lo ocurrido en diciembre de 2014, en el mismo sentido, no es otra cosa que un golpe de Estado, dado en este caso pues los propios órganos del Estado, al haber designado sin competencia alguna para ello y violando la Constitución, a un conjunto de altos funcionarios públicos. Esto ocurrió primero, con la designación de los integrantes del Poder Ciudadano (Contralor General de la República, Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo), por la Asamblea Nacional con el solo voto de una mayoría simple de diputados, es decir, un órgano distinto a la Asamblea Nacional con el voto de más de los 2/3 de sus integrantes que impone la Constitución; con la designación de los integrantes del Poder Electoral por la Sala

Notas:

1 Véase Diego Valadés, Constitución y democracia, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2000, p. 35; y Diego Valadés, “La Constitución y el Poder,” en Diego Valadés y Miguel Carbonell (Coordinadores), Constitucionalismo Iberoamericano del siglo XXI, Cámara de Diputados, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2000, p.145, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2002.

2 Véase Allan R, Brewer-Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, un órgano distinto a la Asamblea Nacional con el voto de más de los 2/3 de sus integrantes que impone la Constitución; y con la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional con el voto de una mayoría simple de diputados, es decir, un órgano distinto a la Asamblea Nacional con el voto de más de los 2/3 de sus integrantes que impone la Constitución; y todo ello, sin participación ciudadana alguna o en algunos casos, con fraudulenta participación ciudadana.

V. EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO A LA RESISTENCIA FRENTE A AUTORIDADES ILEGÍTIMAS

En esta forma, en apenas una semana, y como producto de una conspiración para cambiar con violencia institucional la Constitución, de la cual formaron parte la Presidenta del Consejo Moral Republicano y los otros órganos del Poder Ciudadano, el Presidente de la Asamblea Nacional y el grupo de diputados oficialistas, y los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se dio un golpe de Estado y se mutó ilegítimamente la Constitución para elegir inconstitucionalmente a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, del Poder Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, por un órgano que carece de competencia para ello, como es la Asamblea Nacional actuando como órgano legislativo ordinario, cuando ello le corresponde a la Asamblea como cuerpo elector de segundo grado que sólo puede actuar con la mayoría de las 2/3 partes de sus integrantes, o por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En ambos casos ha habido una usurpación de funciones que hace nulos los actos dictados, quedando las designaciones efectuadas como ilegitimas de origen.

La Constitución violada, sin embargo, como lo precisa su artículo 333, por el hecho de haberse dejado de observar por el acto de fuerza institucional antes mencionado, no ha perdido vigencia, estando obligado todo ciudadano, esté investido o no de autoridad, de colaborar con los medios de los cuales dispone al restablecimiento de su efectiva vigencia.

Y en cuanto a las autoridades ilegitimas designadas mediante el golpe de Estado de diciembre de 2015, conforme al artículo 350 de la misma Constitución, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, está en la obligación de desconocerlas, por contrariar los valores, principios y garantías democráticos, y por menoscabar al menos el derecho ciudadano a la democracia y a la supremacía constitucional.

Este derecho de resistencia a la opresión o a la tiranía, como lo ha señalado la Sala Constitucional en sentencia No 24 de 22 de enero de 2003 (Caso: Interpretación del artículo 350 de la Constitución), es precisamente el que “está reconocido en el artículo 333 de la Constitución, cuya redacción es casi idéntica al artículo 250 de la Carta de 1961” agregando la Sala que:

“Esta disposición está vinculada, asimismo, con el artículo 138 eiusdem, que declara que ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.’

El derecho a la restauración democrática (defensa del régimen constitucional) contemplado en el artículo 333, es un mecanismo legítimo de desobediencia civil que comporta la resistencia a un régimen usurpador y no constitucional.”44

Pero sin embargo, la misma Sala Constitucional conspiradora, al “interpretar” dicho artículo 350, en la misma sentencia No 24 de 22 de enero de 2003 argumentó, restrictivamente, que el derecho del pueblo de desconocer las autoridades ilegítimas en él previsto, sólo:

“puede manifestarse constitucionalmente mediante los diversos mecanismos para la participación ciudadana contenidos en la Carta Fundamental, en particular los de naturaleza política, preceptuados en el artículo 70, a saber: “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.”45

Es decir, en general, la Sala Constitucional, materialmente redujo las formas de ejercer dicho derecho a la resistencia a los mecanismos de sufragio (de elección o de votación), cuyo ejercicio esta precisamente controlado por uno de los órganos ilegítimos que el pueblo tiene derecho a desconocer, como es el Consejo Nacional Electoral cuyos titulares fueron recién electos por la propia Sala Constitucional usurpando la función de la Asamblea Nacional como cuerpo elector de segundo grado.

Ello, al hacer imposible que se pueda ejercer dicho derecho a la resistencia, tanto por la actuación de la Sala Constitucional usurpadora como contra el Consejo Nacional Electoral ilegítimo, necesariamente tiene que abrir otras alternativas democráticas para su manifestación.46

Notas:

44 Véase en Revista de Derecho Público, No 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003,  pp. 126-127.

45 Idem.

46 Véase sobre ello Allan R. Brewer-Carías, “El derecho a la desobediencia y a la resistencia contra la opresión, a la luz de la Declaración de Santiago” en Carlos Villán Durán y Carmelo Faleh Pérez (directores), El derecho humano a la paz: de la teoría a la práctica, CIDEAL/AEDIDH, Madrid 2013, pp. 167-189. Véase igualmente: “El Juez Constitucional vs. El derecho a la desobediencia civil, y de cómo dicho derecho fue ejercido contra el Juez Constitucional desacatando una decisión ilegítima (El caso de los Cuadernos de Votación de las elecciones primarias de la oposición democrática de febrero de 2012)”, en Revista de Derecho Público, No 129 (enero-marzo 2012), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012, pp. 241- 249

Allan R. Brewer Carias

allanbrewercarias@gmail.com

@BrewerCarias

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LUIS DANIEL ÁLVAREZ V., SILENCIOS DE TRAICIÓN, 24 DE NOVIEMBRE,

LUIS DANIEL ÁLVAREZ V.

El 24 de noviembre se conmemora el sexagésimo sexto aniversario de la asonada militar que puso fin al primer ensayo democrático en Venezuela. Nueve meses después de haber sido electo, Rómulo Gallegos abandonaba la Presidencia de la República, retornando para Venezuela aciagas épocas de represión, dolor y crueldad.

Salvo el intento de Valmore Rodríguez por tomar el gobierno alegando la falta absoluta del Presidente de la República y exigiendo el respeto a la Constitución, la ciudadanía actuó de manera indolente. No sólo los actores de otras agrupaciones políticas, algunos de los cuales vieron con agrado la salida del gobierno aduciendo que se ponía fin a su comportamiento sectario, sino que en las mismas filas de Acción Democrática no hubo reacción y el enorme caudal de votos que había obtenido Gallegos en diciembre de 1947, no se convirtió en voces que exigieran a los golpistas el respeto a la legalidad.

Más que condenar la traición de los oficiales participantes de la conjura, empezando por Carlos Delgado Chalbaud, quien ejercía el Ministerio de Defensa del depuesto régimen, preocupa la indolencia de un pueblo que volteó la mirada con desdén cuando perdía su país y que prefería pensar en las actividades navideñas mientras la dictadura daba sus primeros zarpazos al perseguir disidentes, ilegalizar partidos y establecer lugares denigrantes como centros de reclusión.

La indiferencia de muchos costó al país diez años de aberrante dictadura militar. El no haber actuado, al menos alzado la voz para oponerse a las prácticas crueles, se tradujo en una etapa de dolor, atropellos y duelo en la que los gobernantes se sintieron imbuidos de tanto poder que los llevó a ejercer las distintas administraciones entre 1948 y 1958 con discrecionalidad, altanería y saña.

El 24 de noviembre es una fecha para  reflexionar y evocar que la peor de las traiciones cometidas 66 años antes no fue la de los militares, sino la de una nación que guardó silencio ante el abuso.

Luis D. Alvarez V

luisdalvarezva@hotmail.com

@luisdalvarezva

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PEDRO LUIS ECHEVERRIA, NO PODEMOS OLVIDAR QUE…..

PEDRO LUIS ECHEVERRIA

4 de febrero de 1992. Ese día, hace 22 años, un grupo de felones militares  intentó infructuosamente un golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituido y en pleno ejercicio de sus facultades institucionales. Ese aciago día, a pesar de haber sido derrotados, las visiones de irracionalidad,  improvisación,  ineficiencia y  corrupción se abatieron sobre Venezuela y ejercieron un efecto devastador en los valores fundamentales sobre la democracia, el respeto mutuo, la tolerancia y la libertad de actuar que representaban el ideario de nuestro pueblo y que regían la convivencia social en nuestro país. 

Desde  ese día los aventureros, cuya única motivación para la sedición era la toma  del poder, sin mucho éxito han tratado de construir una reláfica épica que llene de falsa gloria y limpie de vilezas  los episodios de violencia, sevicia y cobardía que  enseñorearon  su artero e inexplicable proceder de aquel entonces. Desde esos tiempos, los centenares de muertes que ocasionó esa sangrienta aventura siguen impunes. Los familiares de los caídos siguen esperando por justicia y castigo para los victimarios de sus deudos.

La Venezuela de hoy después de 15 años de mandato de los golpistas, no ha progresado. Los males sociales se han acrecentado a pesar de los ingentes recursos políticos y financieros de los que ha dispuesto el fracasado régimen. 

El odio, la división y la exclusión es el legado social que nos deja. Una economía decadente, las arcas del tesoro vacías de dinero, carencia de  realizaciones, la destrucción del aparato industrial público y privado, un enorme déficit fiscal y una difícilmente pagable deuda externa, escasez, desabastecimiento , inflación, desempleo son, entre otros, los índices que representan y  miden el descomunal fracaso de la gestión de los aventureros de 1992. Se ha acentuado la inseguridad jurídica, se ha hipertrofiado el tamaño del Estado, la economía venezolana ha perdido  la capacidad generadora de empleos de otrora; ha convertido a los jóvenes venezolanos en cazadores de canonjías en lugar de formarlos para contribuir a la ampliación de la producción y mejorar la prestación de los servicios.

Presos políticos, exiliados, perseguidos, familias destrozadas, la ilegitimidad, la usurpación de funciones y la sistemática violación de la Carta Magna son otros de los pasivos que acumula en su contra el período del gobierno  maduro-chavista. La incertidumbre respecto al futuro atenaza y angustia a los venezolanos.

La inutilidad de la costosa felonía de ayer ha  quedado patéticamente demostrada. Para  qué y por qué  tantas muertes, persecuciones, dolor y desolación  si no sabían, ni tampoco han aprendido, a conducir y manejar   el poder que en reiteradas oportunidades les ha conferido un pueblo engañado?

La perseverancia y destreza política que se requieren para acometer la ineludible tarea de reconstruir la Nación,  no están del lado de ellos.

¿Qué más podemos esperar de un régimen como éste?

Pedro Luis Echeverria

pedroluis.echeverria33@gmail.com

@PLEcheverria

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL CURIOSO GOLPE DE ESTADO DE MADURO

Las irresponsables declaraciones ofrecidas por Nicolás Maduro, denunciando un supuesto golpe de Estado, no impactaron a nadie.  

La posterior intervención del alcalde Jorge Rodríguez, en la reunión del Alto Mando Político de la Revolución, produjo aún mayor incredulidad. 

Para colmo, se atrevió a señalar que la oposición venezolana estaría planificando un supuesto magnicidio contactando "a mercenarios provenientes de Europa Oriental y del Medio Oriente". 

Una verdadera película de James Bond durante los tiempos de la Guerra Fría. Le faltaba un ingrediente: la conspiración del Imperio. Vincular al embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker, en un supuesto plan de desestabilización del gobierno venezolano, y señalar su estrecha relación con algunos dirigentes de la oposición: María Corina Machado, Henrique Salas Römer, Diego Arria, Gustavo Tarre Briceño y Pedro Mario Burelli, permitía terminar el montaje del espectáculo.

Eso sí, cometen un sorprendente error: no darse cuenta que los venezolanos ya no creen en sus mentiras. No logran percibir  la gran diferencia que existe entre Cuba y Venezuela. No puede ser lo mismo un país que vive en medio de una feroz dictadura comunista de más de cincuenta años de duración y una sociedad acostumbrada al ejercicio democrático y libertario. Ese es justamente el problema que enfrenta el gobierno de Maduro. Los organismos de inteligencia cubanos no entienden lo que ocurre en nuestro país. De allí que se imaginen montajes como el que estamos viendo. Sería muy conveniente que Nicolás Maduro se dedicara a estudiar nuestro proceso histórico y analizara con detalle las permanentes crisis militares que siempre han marcado nuestro devenir como país.  En las insurrecciones militares venezolanas, siempre se han repetido como una constante un conjunto de factores que provocan los golpes de Estado.

En lugar de estar inventando tonterías, lo que debería hacer es darse cuenta de los graves errores que ha cometido desde que se encargó de la presidencia de la República. En medio de esta realidad política, no es difícil que surjan las suficientes razones para que pueda producirse un proceso de desestabilización que termine en un golpe de Estado. En una discusión, en medio de una conferencia, con mi amigo Tulio Hernández  se me ocurrió una frase que ha sido muy utilizada por muchos articulistas: me refiero a la división que yo hice entre "golpes malos y golpes buenos". Ponía de ejemplo tres insurrecciones militares exitosas: el 18 de octubre de 1945, el 24 de noviembre de 1948 y el 23 de enero de 1958. Dos golpes malos que interrumpieron gobiernos constitucionales y un golpe bueno que derrocó a un gobierno dictatorial y estableció un régimen democrático que, con aciertos y errores, se prolongó por cuarenta años.

Justamente, al discutir sobre el tema de los golpes de Estado en Venezuela con un compañero de  armas y de peña me hizo ver, con gran inteligencia mi error en la discusión que había tenido con Tulio Hernández. Definitivamente, no existen golpes buenos, todos son malos, al derrocar un gobierno constitucional. Lo que ocurre es que hay veces, un buen ejemplo es la intervención militar contra Marcos Pérez Jiménez el 1 y el 23 de enero de 1958, en que un gobierno al irrespetar flagrantemente la Constitución Nacional se hace ilegítimo. En ese caso, la Fuerza Armada tiene la obligación de intervenir militarmente para restablecer su vigencia. Marcos Pérez Jiménez, había sido designado ilegalmente como presidente provisional después de desconocer el resultado electoral del 2 de diciembre de 1952. Para colmo, en diciembre de 1957 violó, de nuevo, la Constitución Nacional al no llamar a elecciones y establecer un sistema plebiscitario para continuar en el poder.

Nicolás Maduro, en lugar de estar inventando golpes de Estado y atentados en su contra, lo que debería es dedicarse a reflexionar serenamente las circunstancias que rodearon su acceso al poder. Una importante mayoría de venezolanos tiene justificadas dudas sobre la legitimidad del proceso que lo condujo al poder. No es sólo un problema de votos, de por si importante, sino el permanente irrespeto que se hizo de varios artículos de la Constitución Nacional vigente, acompañado, además, de un permanente abuso de poder. Tampoco se puede olvidar el problema de la nacionalidad. Es un tema permanente de discusión pública. Estas circunstancias tan delicadas se han visto agravadas por la muy compleja situación que enfrenta su gobierno. Si Maduro se dedicara a analizar las últimas encuestas debería convencerse de la imperiosa necesidad de encontrarle una solución política a la crisis. De no hacerlo, será el responsable de un doloroso enfrentamiento nacional.

Fernando Ochoa Antich

fochoaantich@gmail.com

@FOchoaAntich

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FAUSTO MASÓ, ¿GOLPE DE ESTADO? NO, HAMBRE

Cada vez que se quema un caucho en la calle o vuela una piedra, Maduro salta de alegría. Maduro prefiere hablar de golpe de Estado a explicar las razones por las que el desabastecimiento crece en vez de disminuir, quiere atribuirle a la oposición un plan subversivo, interpretar la situación política como un enfrentamiento de clases sociales, de pobres contra ricos. 

Aplica la misma estrategia que mantuvo a Chávez en el poder y que le permitió volver al poder después de los sucesos de abril de 2002. Parte de la oposición cae ritualmente en la trampa, proclama ser mayoría, cree que el país es Chacao y pide ciegamente la salida de Maduro, sin comprender que la economía en unas cuantas semanas lo pondrá contra la pared.

El este de Caracas ardió, la autopista fue cerrada a la altura de Altamira, improvisaron fogatas por El Cafetal. En cambio, hacia el oeste nada ocurría. Igual que durante la huelga general que terminó con la entrega de Pdvsa al chavismo. De Plaza Venezuela hacia el este se veían negocios cerrados, hacia el oeste de Caracas continuaba como siempre. Esta vez ocurrió igual.

Chacao no es Venezuela. No basta con suponer después de las elecciones de diciembre, ilusamente, que la oposición representa una franca mayoría, porque en el peor de los casos el chavismo ha contado con el apoyo de buena parte de la población. Sin embargo, Nicolás Maduro está bien asustado, con razón, porque por las calles de Venezuela aumenta el malestar por culpa de las colas, la inflación, el desabastecimiento y la inseguridad, males para los que el gobierno no halla remedio. Al contrario, medidas como la Ley de Precios Justos multiplicará la crisis, con la amenaza de que cualquier supuesta violación se pagará con cárcel de 14 años. Toyota se marcha del país, igual que harán otras ensambladoras, por culpa de esta ley draconiana. El gobierno ha declarado que no busca quebrar empresas, pero en los hechos lo está logrando, conocemos dos o tres casos de pequeños empresarios que están liquidando sus inventarios, quieren mantener sus empresas en vida vegetativa, o cerrarlas porque invertir es demasiado riesgoso. En el caso hipotético de que un empresario lograra bajar sus costos aumentaría su utilidad que pasaría de 30%. No le conviene entonces ni contratar personal ni subir la producción para evitar el riesgo de cárcel. No hay que evitar que Maduro aparezca como responsable del desbarajuste económico.

Cuando estalle la crisis económica con toda su fuerza, las marchas saldrán del oeste, no del este. El día que la plaza Catia sea el lugar de convocatoria Maduro tendrá que renunciar. Los motorizados amenazan a los estudiantes y a los habitantes de Chacao, serían impotentes frente a una protesta popular en los barrios del país. Maduro teme esa posibilidad e intenta convencer a los pobres de que se repite el mismo enfrentamiento, entre pobres y ricos. Cada vez le costará mantener este embuste porque muchos de los estudiantes que marcharon el pasado 12 de febrero procedían de las clases populares.

No es el momento de pedir la salida de Maduro, de darle una excusa para la represión, sino, como intentaban hacer los estudiantes, pedir la liberación de los estudiantes detenidos. No hay que permitir que Maduro vuelva una crisis económica un tema político y resucite el tema del golpe de Estado. Cualquier plan de paz debe comenzar por desarmar a los motorizados y los colectivos.

El concepto de guerra económica le sirvió para ganar las elecciones de diciembre pero los precios siguen creciendo y los centros comerciales desiertos muestran lo que nos costó el Dakazo. Maduro marcha por mal camino. La famosa Ley de Precios Justos está paralizando la economía.

@faustomaso

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CARLOS BLANCO , EL HABER APELADO A "COLECTIVOS" FINANCIADOS Y ADHERIDOS AL GOBIERNO REVELA DEBILIDAD, TIEMPO DE PALABRA

LA VIOLENCIA, VIEJA MERETRIZ

Honor a los estudiantes caídos. Honor a los heridos, torturados, presos, desaparecidos, perseguidos, allanados y enjuiciados en esta terrible semana para Venezuela. Así debían comenzar estas líneas y tal vez detenerse acá para que el silencio del duelo sustituya las palabras. No conocí a estos estudiantes, pero en tiempos ya remotos conocí a otros que cayeron en torturas y balazos, y el dolor que embargaba a universidades y liceos era indescriptible, abisal. Así es hoy.

Analizar hechos políticos atravesados por la muerte siempre es tarea difícil pero es la tarea de hoy. Hay premisas que es necesario establecer. Las protestas y manifestaciones del 12 de febrero fueron pacíficas hasta su conclusión, bajo la conducción de los dirigentes que las promovieron y apoyaron. Después de concluida la marcha de Caracas los grupos paramilitares del gobierno atacaron con violencia extrema y dispararon a matar. El pequeño grupo que quedó y lanzaba piedras, ni respondía a los objetivos de la marcha ni a sus dirigentes. El doloroso resultado se conoce y los testimonios del periodismo de calle acusan una y otra vez a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Los hechos se saben, pero rondan las preguntas, la fundamental de las cuales es por qué el Gobierno propicia un nivel estrepitoso de violencia y por qué le encomienda la tarea a los paramilitares que ha creado, armado, consentido y financiado.

RÉGIMEN DÉBIL.

Lo cierto de todo este asunto es que aunque algunas unidades de la GN han sido brutales en la represión, así como comisarios del Sebin, y grupos de la Policía Nacional, el grueso de esos cuerpos no quiere obedecer órdenes ilegales como las que ahora dictan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Miguel Rodríguez Torres. Las fuerzas militares y policiales no solo están conscientes de que crímenes contra los DDHH no prescriben sino que saben que el Estado rojo se viene abajo por su descomposición interior.

Las fracturas institucionales son múltiples; el Estado se deshace y la crisis económica carcome los cimientos de un poder fundado en la renta petrolera. La escasez, buque insignia del desastre despiadado que asedia a los venezolanos, no tiene forma de remediarse por un par de razones: no hay dólares para importar lo necesario, ni hay producción interna debido a la ruina, trepada en las ancas de la revolución bonita. No tienen ninguna solución manejable para solventar estas hecatombes salvo una sola que ya les es imposible adoptar: cambiar radicalmente sus concepciones y el sentido de sus políticas. Maduro hizo un amago y no pudo, quedó atrapado entre "la derecha endógena" y la izquierda exógena. No se pudo mover y ahora, petrificado, menos aún.

El haber apelado a "los colectivos", los grupos paramilitares financiados, entrenados y adheridos al gobierno es una revelación de la debilidad del régimen. Significa que no cuenta para enfrentar las demostraciones de descontento y reclamo social, al menos en forma incondicional, sino con estos grupos. No quiere decir que no haya militares, policías políticos y uniformados, que no estén dispuestos a disparar a mansalva, pero sólo estos paramilitares sangrientos lo hacen de modo uniforme y gozoso. Maduro quedó atrapado más que nunca entre ellos y Diosdado.

EL GOLPE DE ESTADO.

Para enfrentar el vigor de la protesta popular y estudiantil, así como justificar el despliegue criminal de grupos de mototerror, ha renacido la tesis del golpe de estado. Quien esto escribe no duda que existan militares que por las mismas razones argumentadas por Chávez en 1992 quieran sublevarse, pero no obedecen a la dirección opositora en ninguna de sus variantes.

Ya lo dijo Antonio Ledezma hace pocos días. Si hay un golpe de estado en marcha quiere decir que la Fuerza Armada está dividida, que no es cierto que esté "unida monolíticamente", como se decía antes, alrededor del ilegítimo Presidente. Porque, debe recalcarse, no hay golpe de estado sin militares; todo lo demás son suspiros a la luna. Pero si el gobierno ha debelado un golpe de estado sería conveniente conocer los nombres de los jefes. ¿O es que no saben si hay golpe? ¿O es una mera patraña para impedir la protesta y convertir en acusados a los dirigentes opositores?

Hace días fueron convocadas Asambleas de Ciudadanos para discutir "la salida". A una de ellas asistí. El objetivo proclamado por todos fue discutir las formas del reemplazo constitucional de Maduro y, además, todos los oradores insistieron en dos temas básicos: la protesta no violenta y la unidad de las fuerzas democráticas. En paralelo se dieron protestas estudiantiles ferozmente reprimidas, fundamentalmente en los estados andinos, y con motivo del Día de la Juventud, el presidente de la FCU-UCV, en la misma Asamblea, convocó una concentración pacífica el 12 de febrero en la Plaza Venezuela. Nadie se planteó que las manifestaciones y marchas fuesen violentas, entre otras razones además de los principios, por una elemental: la violencia conviene al gobierno porque aleja a los moderados, aísla las vanguardias y les es más fácil reprimirlas.

LA MANIOBRA.

La semana pasada alerté sobre la amenaza en contra de tres dirigentes. El parágrafo que encabezaba mi columna era el siguiente: "Acusar o sugerir que Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado, la Movida Parlamentaria (MP) y los demás promotores de "La Salida" están en el fomento de un golpe de estado es una de dos cosas: una delación, si realmente los denunciantes creen que esos dirigentes conspiran; o un crimen, aun cuando sea culposo, porque es lanzar la jauría en su contra. Por estos días se observa a altos funcionarios y al aspirante a sustituir a Maduro, el gobernador del Táchira, centrados en López como responsable de disturbios, para lo cual la idea de que él busca un "atajo" no hace sino tenderle la cama a la represión.

Aquella conjetura ha tomado cuerpo. Todos los dueños del poder se han lanzado en manada feroz en contra de estos dirigentes, orden de aprehensión en contra de López, amenazas de allanamiento de la inmunidad parlamentaria a María Corina, provocaciones e insultos al por mayor hacia Ledezma. Estas injurias buscan encubrir actos de violencia cometidos por el Gobierno para criminalizar la disidencia.

Es comprensible lo que hace un gobierno débil y desesperado; lo que no es comprensible es que del lado de enfrente haya quienes, so pretexto de desmarcarse de "los radicales", acompañen o se hagan los locos ante la persecución a la que se ven sometidos dirigentes recios que encarnan una visión de la lucha, que también es democrática, constitucional y pacífica. La discrepancia es un derecho de cualquiera, acusar, aunque sea "en privado" de lo que el gobierno acusa, es una vileza que facilita la represión.

@carlosblancog

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