JESUS A. PETITT DA COSTA, EL INICIO DEL GOLPE DE ESTADO, QUE ACABÓ CON LA DEMOCRACIA

No sólo Maduro es ilegítimo. Son igualmente ilegítimos todos los poderes públicos porque tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició con la convocatoria de la Constituyente mediante un acto de fuerza.

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Somos el único país en el mundo con un presidente muerto sin acta de defunción y un presidente vivo sin partida de nacimiento. Ambas permanecen ocultas para encubrir un crimen: el asesinato de la Constitución. No la violación, sino el asesinato consumado por una asociación para delinquir del más alto nivel complotada con Cuba.

El ocultamiento de estas pruebas legales basta para desconocer a Maduro por ilegítimo. Nos preguntaría asombrado un extranjero: ¿porqué la oposición no lo ha desconocido? Habría que responderle que el lugar de la oposición ha sido usurpado por los colaboracionistas, que le sirven de comparsa a la tiranía. Los colaboracionistas no hacen oposición como lo prueba que no hayan exigido, tanto el acta de defunción del difunto como la partida de nacimiento del sucesor, diciendo que son irrelevantes. Mayor prueba de colaboracionismo, imposible. Hay, pues, un concurso de ilegitimidades que funciona como una sociedad de cómplices: Maduro y la MUD, usurpadores ambos, aquél de la presidencia, ésta de la oposición.

La pregunta siguiente que nos haría un extranjero: ¿qué pasa con los restantes cuatro poderes públicos que no han actuado? No lo han hecho porque en Venezuela todos los poderes públicos tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició en 1999. Así, pues, no sólo Maduro adolece de ilegitimidad de origen. También todos los poderes públicos son ilegítimos. Todo el sistema político es ilegítimo. Expliquemos porqué.

El difunto fue electo para el período 1999-2004 bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la cual no preveía una Constituyente porque tenía vocación de perpetuidad. Al no preverla no podía ser convocada. Para convocarla había que reformar previamente la Constitución con el fin de incluirla en ella, ya que había sido excluida intencionalmente. En las actas de la comisión redactora y en los debates parlamentarios quedó claramente expresado el motivo. No se quería repetir la experiencia traumática de la Constituyente de 1947, de la cual emanó una Constitución de partido impuesta por aplanadora. Habiéndose logrado por primera vez en nuestra historia republicana el consenso entre todas las fuerzas políticas, representativas del 90% de los electores, se blindó la Constitución consensuada ante cualquier tentación sectaria, obligando a que la reforma, total o parcial, se hiciese igualmente por consenso en el seno del Congreso Nacional.

Decidido a efectuar lo que tenía previsto si hubiese triunfado el golpe militar de 1992 (disolución de todos los poderes públicos para reconstituirlos colocando a serviles), el difunto ejerció violencia moral (coacción) sobre la Corte Suprema, la que claudicó accediendo a la convocatoria de la Constituyente, aunque la condicionó a que fuese el pueblo el que la aprobara en referéndum. Motivó la sentencia con la tesis complaciente de la supremacía de la soberanía popular sobre el texto constitucional, que sirvió de fundamento jurídico al Golpe de Estado en marcha. El mismo día de su toma de posesión el ahora difunto convocó el referéndum consultivo exigido para que fuese el pueblo, en ejercicio de la soberanía popular, el que convocara la Constituyente pasando por encima de la Constitución. Pero el pueblo no convocó la Constituyente. En efecto, sólo concurrió a votar el 37,8% de los electores, absteniéndose el 62,2% que sumados al voto negativo (7,6%), significa que el 70% de los electores no aprobó la Constituyente. La convocatoria fue negada (apenas el 30,7% de los electores, una minoría exigua, votó a favor), por cuyo motivo se debía seguir forzosamente el procedimiento de reforma constitucional establecido en la Constitución de 1961. Era la única alternativa constitucional. Pero los golpistas, encabezados por el Golpista Mayor ahora difunto, dieron por aprobada la convocatoria atribuyéndole así la soberanía popular a una minoría insurrecta. La convocatoria de la Constituyente fue, pues, un acto de fuerza, porque no se sostuvo ni en la Constitución ni en la soberanía popular que sólo podía ser ejercida por la mayoría determinante de los electores.  Con este acto de fuerza se dio inicio al Golpe de Estado sistemático y continuo que acabó con la democracia, el crimen político a documentar en la segunda pieza del expediente contra el gobierno títere.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

@petitdacosta, 

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ARTURO MOLINA, ¿Y LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE NICOLÁS?

Las humillaciones por las que tiene que pasar el pueblo del Táchira para llevar alimentos a sus hogares se extiende a todo el territorio nacional. Hace un año, se oía decir a ciudadanos venidos de otros estados que la escasez era sólo en Táchira, y acotaban la culpa al contrabando. Subrayar que era producto del aniquilamiento del aparato productivo, y que en breve se propagaría por todo el país, era simplemente arar en el mar.

Las colas se han evidenciado en el territorio venezolano, la escasez generalizada ha alcanzado extremos perversos y por lo tanto peligrosos. En las huestes del régimen se oyen discursos altisonantes señalando culpas en otros. Reafirman en el oficialismo su desapego a escuchar el clamor popular y corregir los entuertos, por el contrario, los profundizan, y para ello se valen de ser poseedores de las armas (legales e ilegales), y se atreven a aprobar decretos para facultar a los cuerpos represivos (legales e ilegales) a asesinar a quienes protesten. El miedo corroe sus caras y desnuda su cobardía, tal como lo hicieron hace un año con el asesinato de venezolanos, o los que hicieron con el mando del finado, encarcelando a inocentes y permitiendo libertad a los culpables.

Ver las colas de madres recién paridas para obtener la partida de nacimiento original de sus pequeños hijos, con el fin de dirigirse a los establecimientos comerciales y poder comprar pañales y leche, es el colmo de la humillación. El régimen presiona al comerciante, so pena de inculparle cualquier cosa de no hacer lo que se les exige, pasando por multas, cierres del negocio o señalamientos de acaparador. Es la evidencia del terror padecido en el seno del sector oficial, y por efecto, el detonante contenido “por ahora” en la sociedad.

La exigencia de la partida de nacimiento a las madres para poder llevar alimento a sus hijos, es abuso de autoridad. Sin embargo, los venezolanos nos hemos visto desasistidos jurídicamente ante tales atropellos. La arbitrariedad de la minoría corrupta enquistada en el oficialismo para seguir haciendo de las suyas, no es superior al clamor de la mayoría de ciudadanos, quienes desean cambios en el ejercicio del poder. En el peor de los casos es la derrota del régimen y su revolución al pretender arrodillar al pueblo. La pregunta para los señores del régimen es incuestionable, ¿y la partida de nacimiento de Nicolás?

Josue Arturo Molina Suarez

jarturomolina@gmail.com

@jarturoms1

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ENRIQUE MELENDEZ, SORPRESA QUE DIO LA TIBY

         La Tiby resolvió el problema de la partida de nacimiento de Nicolasote, y entonces a todos nos dejó boquiabiertos esta semana, mostrando la respectiva del susodicho que, seguramente, sacó del legajo de documentos que éste introdujo el día de su inscripción como candidato del oficialismo ante el CNE, y que nadie se había dado cuenta, porque la misma estaba traspapelada ahí; tanto más porque la oposición no hizo la impugnación a tiempo, como ella adujo, y entonces había pasado desapercibida.

        

-Era que no habían buscado bien –dijo en su presentación en el programa televisivo de entrevistas de mi colega Vladimir Villegas. Mientras extraía de su cartera el más polémico documento en su tipo, que se haya conocido en nuestra historia republicana. Algo que no le compete, propiamente, pues a quien le correspondía hacerlo era al propio Nicolasote, como en su momento lo presentó Carlos Andrés Pérez, cuando entonces se dijo que era colombiano, o el propio Barack Obama.

¿Qué es una raya más para un tigre? Así no le importó el qué dirán, pues lo suyo en todo caso consiste en taparear las cosas de la manera como  mejor le parezca. Empezando, porque se trata de una persona que ya se le venció el plazo, que tenía para ejercer el cargo, para el cual fue nombrada y ratificada por la Asamblea Nacional, y que está allí, según se dice, habida cuenta de que dentro del oficialismo ha comenzado a privar la tesis de que más vale diablo conocido, que por conocer, y en esto parece que influye el hecho de que su sucesión tiene enredado el papagayo del lado adentro, es decir, no está claro quien es la persona más indicada para asumir tan alta investidura, tan pronto salga de allí, ya que la situación atraviesa por una guerra de cuotas de poder; de modo que lo mejor que se ha considerado es dejarla por el instante presidiendo el organismo por unos meses más; por lo que queda en la condición de usurpación de funciones, como se lo ha hecho ver más de un abogado, que ha llamado la atención, a ese respecto.

Por supuesto, en dicha condición también se encuentran otros dos rectores del organismo, y hasta la actual Contralora Nacional. De modo que nada pasa, al respecto, si es que alguien por ahí se pone cómico. ¿Cuál estado de derecho? Así no deja de evocarse la mal llamada IV República y todos sus vicios, y entonces para adelante, que para atrás espantan.

En efecto, a más de uno se le ponía que tarde o temprano esta gente iba a venir por ahí; sólo que se esperaba que la “chimbería” del documento guardara más la forma, esto es, cuadrara con todo lo que hasta entonces se había dicho acerca del nacimiento de Nicolasote; cuando, al parecer, él mismo había informado que dicho acontecimiento había tenido lugar en la parroquia San Pedro de Caracas, en cuya iglesia había sido bautizado, y así que nada le costaba ajustar una cosa con la otra. ¿Tiene la mentira las patas muy cortas?

Razón le asiste entonces a la gente que alega que, en lugar de aclarar, doña Tiby, lo que ha hecho es confundir. Claro, también es verdad, que a esta gente la tiene sin cuidado si uno les cree o no; sencillamente, cumplen con informar, y aquí no valen repreguntas. ¿Se reirá la Tiby de su audacia? Para ella esto es pan comido; pues en circunstancias más comprometedoras se ha visto, y de allí ha resultado airosa. Ella sabe muy bien comportarse frente a esa fiera implacable, que es la opinión pública, y para lo cual cuenta con su voz atiplada melodiosa, y una sonrisa de matrona que obsequia a cada uno de mis colegas, que la osan enfrentar, cuando de una rueda de prensa se trata.

Así resolvió el asunto de los cuadernos de votación; en el momento en que fue preciso llevar a cabo una auditoría de los resultados electorales del pasado 14 abril, a solicitud no sólo de Henrique Capriles, sino también de Unasur; habida cuenta de la duda que existía sobre los mismos. “¿Quién dijo que en una auditoría de este tipo se entregan cuadernos de votación?” Con estas palabras dejó el caso cerrado, y no le importó que le digan que su trabajo es chimbo.

En estas circunstancias se diría que la Tiby no le habla a uno, el mundo civil, sino al mundo militar; donde, al parecer, la presión ya es insostenible, de acuerdo a lo que trasciende de los cuarteles, a propósito de las hojas volantes que a amanecen a diario en sus recintos, y donde se le califica a Nicolasote de cucuteño, y esto en razón de que habrá más de uno preocupado por su situación en el escalafón institucional, en el sentido de que si éste le firmó su ascenso, dada la condición de ilegitimidad, en la que se encuentra, el mismo resultaría nulo; pero, además, porque en ese medio no deja de haber el nacionalista auténtico, y que no se atrevería a manifestarse, porque el aparataje de la institución no se lo permitiría, y, en última instancia, prefiere manifestarse por esta vía.

Porque sería demasiado infantil de parte de la Tiby plantearse la confusión por la confusión misma, y en la que uno ha quedado; pues, como decíamos atrás, ya Nicolasote había asomado lo de su alumbramiento en la parroquia San Pedro de Caracas, y no sólo él, sino también Elías Jaua había dicho que esto había ocurrido en la parroquia El Valle de Caracas, y José Vielma Mora que en una localidad del Táchira. ¿Qué le pasó a la Tiby, en ese sentido? Aparte, de que ella tenía que haber premeditado, asimismo, que la opinión pública le iba a pedir de inmediato detalles del documento, de marras; en el entendido de que tenía que indicar su origen, es decir, su ubicación en el libro de Actas, relativas a los nacimientos del año en que vino al mundo Nicolasote, y fue presentado ante la autoridad civil, pues desde entonces ha guardado silencio.

                        melendezo.enrique@yahoo.com

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RONNY PADRÓN, NICOLAS: MUESTRAME TU PARTIDA

Sin lugar a dudas tal consigna u otra de similar especie, debería constituir hoy día el lema de la Venezuela democrática. Porque luego de 14 años de tiranía socialista en gobierno, que ahora pretendan aceptemos como Presidente a un usurpador sin partida de nacimiento, sería un escándalo tumba-gobierno.

Pero en la Venezuela de 2013 las cosas no son así. Somos distintos, por cuanto nuestra sociedad, entendida como un colectivo, degeneró a un nivel ético tal que seguimos siendo incapaces de generar un liderazgo político apto para salvarnos de la esclavitud socialista, pues la dirigencia que tenemos hoy, con su ineficiencia solo coadyuva en tal decadencia. Veamos.

Día tras días se evidencia la inhabilidad constitucional del usurpador Nicolás Maduro Moros incluso hasta para inscribirse como candidato a la Presidencia, pues no cumple el precepto constitucional del artículo 41 referido a que solo venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer el cargo de Presidente, razón más que suficiente para que el precitado estuviere hoy debatiéndose entre reconocer públicamente su usurpación o bien preparando  la represión socialista en contra  de la protesta política, pública, pacífica y no armada, dirigida a la restauración constitucional. En su lugar tenemos que la actual directiva de nuestra Mesa de la Unidad Democrática nacional (MUD) y su líder más connotado, no cesan en la precampaña electoral municipal, que bajo su dirección sólo conduce a una consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el poder.

Ello es así por cuanto hacer caso omiso de la referida inhabilidad constitucional, le otorga al usurpador  "patente de corso" para manejar a su antojo cualquier escenario electoral posterior al 8D, considerando como fuere la total claudicación política de una dirigencia demócrata que ha renunciado a luchar por la restauración constitucional a cambio de la paz sin justicia que le ofrece el PSUV  a través de su CNE.

Es tan grave el panorama bajo la actual directiva de la MUD-nacional que incluso  la completa anulación del poder público municipal a manos del llamado "Poder Comunal" está a la vuelta de la esquina por cuanto es bien sabido que las luchas políticas requieren de autoridad moral por parte del liderazgo,  algo de lo que carecen quienes no supieron defender la voluntad popular demócrata el pasado 14 de abril, esos mismos que hoy piden sufraguemos por Alcaldes y Concejales, olvidando nuevamente  la usurpación  presidencial.

Ante ello se alza una esperanza. El pasado miércoles 2 de octubre un grupo de diputados de la MUD, con sus partidas de nacimiento en mano, encabezado  por Abelardo Díaz y Walter Márquez,  integrantes todos de la llamada "Movida Parlamentaria" formalizaron la creación de la Comisión para la Defensa de la Soberanía y la Nacionalidad.  Estos diputados de la Unidad instaron a todos los ciudadanos a honrar y defender la soberanía sumándose a una investigación  que tiene por objetivo el castigo de Nicolás Maduro Moros  por los delitos de usurpación de funciones,  violación a la soberanía y por traición a la patria". No todo está perdido. "La mejor política es la honradez". Simón Bolívar en carta al General Santander el 17 de agosto de 1820. ORA y LABORA.

caballeropercival@hotmail.com

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CARLOS PEÑALOZA, TRIBUNAL SUPREMO DE INJUSTICIA,NACIONALIDAD DE MADURO

         *La ausencia de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro coloca en situación de alta responsabilidad ante la nación y las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo, al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía. Asumirán su compromiso constitucional?

        

Los venezolanos tenemos pruebas que Maduro  por ser hijo de madre colombiana y haber residido en Colombia es automáticamente ciudadano neogranadino. Esta certeza está basada en el artículo 96 de la constitución de ese país. Esa disposición constitucional lo convierte automáticamente en  ciudadano colombiano porque no ha renunciado oficialmente a esa nacionalidad. Maduro tampoco ha demostrado ser venezolano y se niega a presentar su partida de nacimiento para probarlo. En el supuesto negado que la entregara y se comprobara su veracidad, tendría doble nacionalidad y tampoco podría ser presidente.

        

         Ante las demandas exigiendo que Maduro presente ese documento fundamental, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha optado por ignorar la verdad que toca a sus puertas rebatiendo las claras demandas con argumentos deleznables. Con esta actitud este Poder de la República  estaría incurriendo en un grave delito y sus miembros lo saben porque son abogados. ¿Cuál es la infracción a la ley? Negarse a oír las denuncias del soberano ante una evidente infracción de la Constitución. ¿Por qué lo hacen siendo un poder independiente? Porque aparentemente este poder ya no es autónomo y recibe instrucciones superiores. ¿Quién da las órdenes? Todo el mundo lo sabe, porque una sola persona puede hacerlo. En el proceso, la Sala Constitucional del TSJ se ha se ha convertido en el cementerio de las denuncias y en el "Tribunal supremo de la injusticia".

         El sesgo de la Sala Constitucional a favor de Maduro está bien documentado. A raíz de la muerte de Chávez, esa Sala reconoció la legalidad de juramentarlo como presidente hasta que se eligiera el nuevo primer mandatario. Al efecto había una  contradicción en el articulo 233 de la Constitución que establece en un párrafo que  "Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional se procederá a una nueva elección”. …. Mientras se elige y toma posesión, “se encargará de la presidencia el Vicepresidente Ejecutivo". En otro párrafo el mismo articulo establece que "Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección … y se encargará de la presidencia al Presidente de la Asamblea Nacional." La antinomia se creaba porque a la muerte de Chávez, él era a la vez presidente electo y presidente en ejercicio.

         Ante esta disyuntiva que en sana lógica indicaba que Diosdado Cabello debía encargarse temporalmente de la Presidencia de la Republica, la Sala Constitucional votó a favor de Nicolás Maduro invistiéndolo como presidente encargado. Al hacerlo, esta Sala  no cumplió la Constitución sino que atornilló a Maduro. De allí en adelante esa Sala no ha fallado en apoyarlo en todas las demandas que contra él se han presentado. No exageraríamos al decir que esta Sala se convirtió de hecho en el abogado y juez inapelable de Maduro dejando en la orfandad jurídica a sus demandantes.

         Luego que el Consejo Nacional Electoral proclamó a la carrera a Maduro, esa decisión fue impugnada por Henrique Capriles. El resultado no ha sido aceptado por la oposición. En esta disputa se han introducido una decena de demandas ante el TSJ. Todas ellas fueron rechazadas inmediatamente y sin mayor análisis por la Sala Constitucional, con argumentos baladíes.

         En junio pasado se introdujo una demanda contra la presunta ciudadanía  de Maduro.  En esa oportunidad el abogado Adolfo Márquez López demandó ante la Sala Electoral del TSJ la nulidad de la elección de Nicolás Maduro aduciendo que al no ser venezolano por nacimiento, violaba flagrantemente los artículos 41 y 227 de nuestra Constitución. En su demanda, Márquez solicitó al TSJ que ordenara al CNE enviar la partida de nacimiento de Maduro para corroborar su legalidad. Ante esta exigencia que cumplía con todos los extremos de ley, la Sala Electoral decidió lavarse las manos exigiendo los recaudos requeridos al CNE. La demanda de Adolfo Márquez abrió la caja de Pandora electoral.

         Ante esa solicitud, el CNE, dominado por el oficialismo, respondió con una serie de perogrulladas tratando de justificar  lo injustificable. En la respuesta de Tibisay Lucena no se remitió el documento que le solicitó el TSJ. En un ex abrupto legal, el CNE exigió que el demandante presentara la partida de nacimiento, olvidando que en estas circunstancias la carga de la prueba la coloca la Constitución Nacional sobre la espalda de los candidatos. Ellos son los que tienen que probar que son venezolanos para poder participar en elecciones presidenciales.

         La verdadera razón para no remitir al TSJ el acta de nacimiento de Maduro era simple: no la enviaron porque no la tienen. El rector Vicente Díaz reconoció esta grave falla al confesar públicamente que el árbitro electoral no solicitó las partidas de nacimiento de ningún candidato a la presidencia para comprobar su nacionalidad. Esta fue una embarazosa omisión, vistas las exigencias de la Constitución. Para cumplir con los dispuesto en la Carta Magna es indispensable pedir a los candidatos pruebas de nacionalidad y luego cotejarlas con las que descansan en el expediente del SAIME. La única prueba de nacionalidad en nuestra patria es la partida de nacimiento. La cédula de identidad es solo una prueba de ciudadanía.

         Como el registro electoral depende del CNE, ellos tienen el poder de solicitar los datos de filiación que presentó Maduro al solicitar su cédula de identidad. Este lo hizo junto con sus hermanas ante un registro móvil obteniendo números consecutivos al regresar de Colombia para continuar sus estudios de primaria en nuestro país. Si en el  expediente del SAIME no aparece su partida de nacimiento, estaríamos en presencia de un fraude axiomático.

         Para no quedar en evidencia, el CNE respondió en un escrito lleno de ambigüedades y medias tintas, sin atreverse a entrar en la materia legal propiamente dicha. Ellos sabían que era imposible justificar su respuesta y que si decían la verdad, Maduro quedaría en evidencia. Ante este escenario se fueron por las ramas alegando defectos de forma en la demanda de Márquez para justificar el no envío de los recaudos solicitados por el TSJ. Al efecto adujeron tecnicismos legales sin tocar el fondo de la solicitud ni enviar la partida de nacimiento. Tras ese strip tease jurídico, este "poder"  trató de justificar que no le habían pedido la partida de nacimiento al registrarse como candidato, ni estaban "autorizados" para solicitarla. También quedo claro que Maduro no tiene ese documento en su poder y que éste probablemente no existe.  Con estas acciones anti constitucionales el CNE se ha colocado al margen de la ley y es cómplice de encubrimiento.

         Al recibir la respuesta del CNE, ardió Troya y el TSJ se empasteló. La única explicación para justificar el desafuero legal existente fue sacar "manu militari" el caso de la Sala Electoral y pasarlo a la Sala Constitucional donde todos los magistrados son "patria o muerte" con el régimen. Prontamente el 7 de agosto pasado la Sala Constitucional dio su dictamen negando la solicitud del abogado Márquez, alegando los mismos bodrios legales del CNE, sin entrar en el fondo del asunto.

         La actitud parcializada de las autoridades del CNE y la Sala Constitucional del TSJ deja a los venezolanos que tratan de dilucidar la nacionalidad de Maduro en una estado de indefensión jurídica total. Esta situación esta degenerando en un estado de anomia por la incapacidad de la estructura jurídica de resolver los problemas constitucionales graves que se  han suscitado. Las reglas legales se han degradado al punto que amenazan los derechos humanos de una mayoría de los ciudadanos que exigen ver y verificar la partida de nacimiento de Maduro.

         Ante esta exigencia legal de la oposición, el CNE y el TSJ se niegan contumazmente a presentar el documento de marras y la situación se hace cada día más tensa. En un Estado de Derecho, ante la delicada situación existente, la Fiscalía debe actuar de oficio, solicitar ese documento a las autoridades competentes y actuar conforme a la ley si no aparece.

         Si la Fiscala no cumple su deber actuaría como encubridora. De ocurrir esto los últimos recurso que quedan a la patria son las reservas morales de la institución armada y el patriotismo del pueblo que inundaría las  calles exigiendo el cumplimiento de la Constitución. Espero que la Fiscala tenga un ápice de cordura y cumpla con su rol histórico. Ella debe saber que la patria y la moral esta por encima de su ideología comunista. Ella como abogado sabe que su deber es cumplir con la constitución y   exigir la presentación de la partida de nacimiento de Maduro para verificar su nacionalidad.

         Entretanto el ambiente se va enrareciendo al punto que el tema de la nacionalidad de Maduro se discute abiertamente en el medio militar. Para los verdaderos militares, la ciudadanía es un punto de honor. Si Maduro no comprueba que es venezolano por nacimiento y que no tiene doble nacionalidad,  en este caso tendríamos a un extranjero rigiendo nuestros destinos lo cual es ilegal e insulta la dignidad nacional.

         Ante esta tétrica perspectiva, el TSJ debe revisar urgentemente su política de ignorar las exigencias del pueblo y presentar a la nación venezolana el requerido documento para desactivar este explosivo problema. Si lo tienen deben entregarlo para ser revisado por expertos de la oposición. Si no lo tienen, el TSJ debe designar al presidente de la Asamblea Nacional para que ocupe la presidencia en forma temporal. Este convocará nuevas elecciones dentro de los treinta días siguientes. De no existir partida de nacimiento, Maduro debe renunciar ipso facto ante las evidencias de fraude.

         La crónica del desarrollo de esta grave crisis constitucional que puede desembocar en un conflicto político militar grave es un tema que trataré en mis próximos artículos. 

Carlos Penaloza

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