JESUS A. PETITT DA COSTA, LA VENEZUELA DEMOCRÁTICA DESHIZO EN AMÉRICA LO QUE EL VATICANO HIZO EN EUROPA CONTRA EL COMUNISMO

En 1978 fue elegido Papa Juan Pablo II. Su misión política: la derrota del comunismo en los países cristianos de Europa sometidos a la URSS, objetivo logrado en 1989-1990. La razón política de su elección: haber nacido y ejercido su apostolado en un país comunista, por lo cual unía el conocimiento del funcionamiento del sistema y la idiosincrasia de los pueblos eslavos que lo padecían.

En América sólo había entonces un país cristiano bajo el comunismo. Era Cuba, cuya tiranía comunista, satélite de la URSS, se propuso, desde un principio, apoderarse de Venezuela para convertirla en satélite suyo y así administrar su renta petrolera. Cuba entrenó y armó guerrillas que actuaron en territorio venezolano entre los años 1960-1969. Cuba ha sido el único país que ha invadido a Venezuela en toda su historia, desembarcando guerrilleros bajo el mando de militares cubanos en Machurucuto (Miranda).

Fueron derrotadas las guerrillas. Fue derrotada la invasión militar. Y por estas agresiones sistemáticas la Venezuela democrática rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba y consiguió que fuese expulsada de la OEA, la cual aprobó esta Resolución:

1. Que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de tal Gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio.

2. Que el actual Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un Gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano.

3. Que esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano.

El éxito político y diplomático de la Venezuela democrática tiene una explicación: el estratega conocía a fondo al enemigo. Rómulo Betancourt había sido comunista. Nadie mejor para vencer al comunismo que el demócrata que ha sido comunista o ha vivido bajo el comunismo. Es la enseñanza de Sun Tzu: para vencer hay que conocer al enemigo para saber sus mañas y sus debilidades. Los que sucedieron a Betancourt no tenían ni su formación ni  su  experiencia comunista. Por ello se apartaron de su estrategia y cayeron en la trampa.

Cuba nunca renunció al comunismo ni accedió a restablecer la democracia. Ni siquiera presentó disculpas a Venezuela por haber organizado las guerrillas. Tampoco se disculpó por la imperdonable invasión de Machurucuto. Fue la Venezuela democrática la que cedió vergonzosamente ante Cuba. No exigió las disculpas ni puso condiciones para restablecer relaciones diplomáticas y comerciales. El país agredido se reconcilió con el agresor sin exigirle reparación por la ofensa.

Con la apoteosis de Fidel Castro como invitado de honor a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez el 02-02-1989, exactamente a escasos meses de que se derrumbara el imperio comunista soviético en Europa, los demócratas venezolanos deshicieron en América lo que el Vaticano, junto con EE UU, hizo en Europa contra el comunismo, incurriendo en un error estratégico fatal que culminaría en tragedia a partir de 1999 cuando Cuba se apoderó de Venezuela para hacerla satélite suyo.  Al  error se sumó la indignidad por no cobrar el agravio, lo que crearía el precedente funesto de la pérdida de la autoestima como Nación que padecemos.

Este solo hecho deberían tenerlo presente los que critican a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, por haber compartido con Fidel Castro como Jefes del Estado Vaticano, en ocasión sobre todo de éste último de negociar la rendición de Cuba ante las potencias cristianas. Recordemos que para venir a Venezuela en 1989 y recibirlo con la pompa con que se lo recibió no se le exigió la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia en su país.

Mientras ahora están negociando la rendición de Cuba, en aquel entonces con la apoteosis de Fidel en Caracas, evidencia del viraje estratégico, se inició el proceso que condujo a la rendición de Venezuela (Caracazo 1989-Golpe 1992-Toma del poder 1999), que culminaría en su entrega total con el suicidio de la democracia, paso decisivo para el éxito de la Internacional Comunista de América Latina (Foro de Sao Paulo) creada un año después de que Venezuela democrática le abriera las puertas al comunismo en América representado por Cuba.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

@petitdacosta

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JESUS A. PETITT DA COSTA, GOBIERNO NO PIERDE ELECCIONES

“Gobierno no pierde elecciones.” Era un axioma político en Venezuela, derivado de la experiencia de todo el siglo XIX y la mitad del XX, a pesar de que, con el fin de que haya alternabilidad en el poder, se acordó: 1)Restablecer en 1936 la no-reelección inmediata, que había sido una constante constitucional desde 1830 para evitar el ventajismo extremo, lo que no impidió el fraude a favor del candidato del gobierno; y, 2)Consagrar, desde 1947, el voto secreto, que tampoco impidió el fraude con el tráfico de tarjetas de colores. En definitiva sólo ha habido dos excepciones al axioma: “gobierno no pierde elecciones”. La primera en dictadura (1952). La otra en democracia (1968 en adelante).

En 1952 había una dictadura militar, que convocó a la elección de una Constituyente en la cual ganó la oposición. Su victoria se explica por tres garantías electorales que fueron decisivas: 1) En el Consejo Supremo Electoral había representantes de los partidos legales de oposición (URD y COPEI), junto con miembros independientes de prestigio y autoridad moral, que garantizaron pulcritud en la votación y el escrutinio; 2) El voto secreto se emitía con tarjetas, lo que facilitaba el recuento en caso de impugnación; y, 3) El escrutinio en las mesas era público, con presencia de los vecinos, que constataban los votos por los colores de las tarjetas.

Quedó de entonces esta lección para aplicar tanto en dictadura como en democracia: 1) La única garantía de elecciones justas es la integración equilibrada del órgano supremo electoral, que incluya representantes de los partidos participantes, porque el que decide una votación no es el elector sino el que cuenta los votos. 2) La votación con tarjetas es la única que garantiza el derecho al recuento. Cito, como ejemplo, lo sucedido aquí con Germán Borregales y su partido MAN. Pidió recuento y se instaló durante tres meses en el CSE contando tarjetas de todo el país y así pudo demostrar que se había cometido fraude en su contra, por lo cual se le proclamó diputado. 

Cuando en 1963, ya en democracia, ganó el candidato de AD, que era entonces gobierno, resurgió al axioma: “gobierno no pierde elecciones.” Los partidos derrotados se dieron cuenta del fraude practicado mediante la compra de votos, utilizando un mecanismo que había sido ensayado en las elecciones de 1946 y 1947. Como los analfabetas tenían derecho al voto se estableció la votación con tarjetas de colores (blanca, verde, amarilla, roja, etc). Entonces los adecos le ofrecían dinero o materiales de construcción (cemento o zinc) al que, después de votar, le entregara todas las tarjetas excepto la blanca, en prueba de que había depositado ésta en la urna. Era igual a lo que hacía el PRI en México, donde lo aprendieron cuando estuvieron exiliados. Para evitar que en las elecciones siguientes se siguiera haciendo fraude de este modo, se adoptó una fórmula salomónica: el tarjetón, en el cual estaban impresas todas las tarjetas. De este modo el traficante de votos no podía exigir que le trajeran las tarjetas sobrantes para dar lo convenido. Así pudo ganar la oposición, no una sino cuatro veces (1968,1979, 1993 y 1998).

Todas las garantías electorales desaparecieron con Chávez y su banda:

1.- La garantía fundamental, que era un CNE integrado en forma equilibrada por independientes y representación proporcional de los partidos de oposición, fue eliminada y en su lugar tenemos un CNE con cuatro del gobierno y un colaboracionista, el cual funciona como el Ministerio de Elecciones, un órgano del Ejecutivo.

2.- La segunda garantía, que era la no-reelección inmediata, fue eliminada y sustituida por la forma extrema del ventajismo: primero la reelección inmediata y luego la reelección indefinida, a la cual han adherido los colaboracionistas que usurpan el rol de oposición. .

3.- La tercera garantía, que era el escrutinio público y el derecho al recuento, fue eliminado al suprimirse el voto mediante boleta o tarjeta, siendo imposible demostrar el fraude electrónico.

Finalmente, la compra de votos fue institucionalizada llamándosela “misiones”. No es asistencia social, ni la seguridad social universal e integral a que obliga la Constitución. Es el más descarado y voluminoso  tráfico de votos jamás habido en Venezuela.

Hoy más que nunca es verdad que GOBIERNO NO PIERDE ELECCIONES, como en efecto la tiranía comunista, servil a Cuba,  no ha perdido ninguna desde que eliminó las garantías electorales conquistadas progresivamente desde 1830 (no-reelección inmediata) para montar el sistema electoral más perverso por fraudulento que los venezolanos hayamos conocido.

En estas condiciones no hay posibilidad ninguna de salida electoral del horror que estamos viviendo. Sólo hay una vía: repetir el 19 de abril de 1810 y restablecer la vigencia efectiva de la Constitución del 61 para recuperar la democracia y con ella las garantías electorales que se habían conquistado.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

@petitdacosta

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JESUS A. PETITT DA COSTA, EL INICIO DEL GOLPE DE ESTADO, QUE ACABÓ CON LA DEMOCRACIA

No sólo Maduro es ilegítimo. Son igualmente ilegítimos todos los poderes públicos porque tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició con la convocatoria de la Constituyente mediante un acto de fuerza.

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Somos el único país en el mundo con un presidente muerto sin acta de defunción y un presidente vivo sin partida de nacimiento. Ambas permanecen ocultas para encubrir un crimen: el asesinato de la Constitución. No la violación, sino el asesinato consumado por una asociación para delinquir del más alto nivel complotada con Cuba.

El ocultamiento de estas pruebas legales basta para desconocer a Maduro por ilegítimo. Nos preguntaría asombrado un extranjero: ¿porqué la oposición no lo ha desconocido? Habría que responderle que el lugar de la oposición ha sido usurpado por los colaboracionistas, que le sirven de comparsa a la tiranía. Los colaboracionistas no hacen oposición como lo prueba que no hayan exigido, tanto el acta de defunción del difunto como la partida de nacimiento del sucesor, diciendo que son irrelevantes. Mayor prueba de colaboracionismo, imposible. Hay, pues, un concurso de ilegitimidades que funciona como una sociedad de cómplices: Maduro y la MUD, usurpadores ambos, aquél de la presidencia, ésta de la oposición.

La pregunta siguiente que nos haría un extranjero: ¿qué pasa con los restantes cuatro poderes públicos que no han actuado? No lo han hecho porque en Venezuela todos los poderes públicos tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició en 1999. Así, pues, no sólo Maduro adolece de ilegitimidad de origen. También todos los poderes públicos son ilegítimos. Todo el sistema político es ilegítimo. Expliquemos porqué.

El difunto fue electo para el período 1999-2004 bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la cual no preveía una Constituyente porque tenía vocación de perpetuidad. Al no preverla no podía ser convocada. Para convocarla había que reformar previamente la Constitución con el fin de incluirla en ella, ya que había sido excluida intencionalmente. En las actas de la comisión redactora y en los debates parlamentarios quedó claramente expresado el motivo. No se quería repetir la experiencia traumática de la Constituyente de 1947, de la cual emanó una Constitución de partido impuesta por aplanadora. Habiéndose logrado por primera vez en nuestra historia republicana el consenso entre todas las fuerzas políticas, representativas del 90% de los electores, se blindó la Constitución consensuada ante cualquier tentación sectaria, obligando a que la reforma, total o parcial, se hiciese igualmente por consenso en el seno del Congreso Nacional.

Decidido a efectuar lo que tenía previsto si hubiese triunfado el golpe militar de 1992 (disolución de todos los poderes públicos para reconstituirlos colocando a serviles), el difunto ejerció violencia moral (coacción) sobre la Corte Suprema, la que claudicó accediendo a la convocatoria de la Constituyente, aunque la condicionó a que fuese el pueblo el que la aprobara en referéndum. Motivó la sentencia con la tesis complaciente de la supremacía de la soberanía popular sobre el texto constitucional, que sirvió de fundamento jurídico al Golpe de Estado en marcha. El mismo día de su toma de posesión el ahora difunto convocó el referéndum consultivo exigido para que fuese el pueblo, en ejercicio de la soberanía popular, el que convocara la Constituyente pasando por encima de la Constitución. Pero el pueblo no convocó la Constituyente. En efecto, sólo concurrió a votar el 37,8% de los electores, absteniéndose el 62,2% que sumados al voto negativo (7,6%), significa que el 70% de los electores no aprobó la Constituyente. La convocatoria fue negada (apenas el 30,7% de los electores, una minoría exigua, votó a favor), por cuyo motivo se debía seguir forzosamente el procedimiento de reforma constitucional establecido en la Constitución de 1961. Era la única alternativa constitucional. Pero los golpistas, encabezados por el Golpista Mayor ahora difunto, dieron por aprobada la convocatoria atribuyéndole así la soberanía popular a una minoría insurrecta. La convocatoria de la Constituyente fue, pues, un acto de fuerza, porque no se sostuvo ni en la Constitución ni en la soberanía popular que sólo podía ser ejercida por la mayoría determinante de los electores.  Con este acto de fuerza se dio inicio al Golpe de Estado sistemático y continuo que acabó con la democracia, el crimen político a documentar en la segunda pieza del expediente contra el gobierno títere.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

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