Para
entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder en los próximos
meses y años es indispensable echarle una mirada a la conferencia pronunciada
por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, pronunciada en
mayo de 2013 en la Universidad Externado.
Desde
su propio título “La transición en Colombia”, que resume la concepción, el
método y los pasos a dar durante las negociaciones de paz con la guerrilla de
las FARC y el “posconflicto”, queda abierto el espacio a la incertidumbre y a
la duda.
Según
el Alto Comisionado, se dieron cinco pasos para aclimatar la negociación: 1.
Reconocimiento de la existencia de “un
conflicto armado interno”. 2. Expedición de la Ley de Víctimas, que ubicó el
centro de la reparación de millones de víctimas en el Estado. 3. Creación de
“un entorno internacional favorable” desde el que se justificó la presencia de
Venezuela como garante y a Cuba como sede de los diálogos. 4. Creación de un
espacio legal para la aplicación de la Justicia Transicional y 5. “Armar un
proceso metódico para llegar a la paz” pues la terminación del conflicto dará
lugar a “a una fase de construcción de paz, es decir a una fase de transición.”
Ya que “Una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y
otra es la fase posterior de construcción de la paz”.
Desde
el comienzo, pues, la filosofía gubernamental para la negociación entregó, sin
ni siquiera un cese unilateral del fuego como contrapartida, una serie de
posiciones de gran trascendencia: estatus de igualdad, reconocimiento de un
conflicto armado, países amigos de las guerrillas, una ley marco previa a
acuerdos que les permitió, sin discusión, saber hasta dónde podría ser laxo el
gobierno, y, la adopción de la idea determinista y mecanicista, pregonada por
las guerrillas, que explica “el alzamiento armado” como consecuencia de
injusticias sociales y de la exclusión política, que deben ser enmendadas a
través de reformas profundas (hay que “refundar el Estado” dijo Timochenko). Y
como esas reformas se toman su tiempo, la paz, solo podrá ser tal, cuando hayan
tenido resultados positivos. Eso es factible en un marco temporal al que
nuestro generoso filósofo, denominó “la transición”.
Todos
los acuerdos firmados hasta ahora y los que han quedado pendientes para ser
abordados por el “congresito” o “comisión legislativa”, se corresponden con la
Agenda de cinco puntos que se firmó con las FARC. El gobierno pretendió,
inútilmente, convencernos de que en ese temario no cabrían asuntos de la Agenda
Nacional ni cambios a la Constitución Nacional. Los hechos son tozudos y nos
demuestran que mientras el Presidente y sus negociadores se desgañitan aclarando que nada
extraordinario ni anómalo se va a firmar, lo cierto del caso es que sí se está
procediendo desde una lógica peligrosa que va en contra de la institucionalidad
y de la sistemática expresión mayoritaria de los colombianos.
De
manera que, la filosofía de la negociación se desveló como una filosofía de la
concesión, del entreguismo y de la complacencia con las guerrillas, a partir
del hecho discursivo más trascendental y arriesgado de todo el proceso:
igualarnos con una guerrilla a punto de ser derrotada que no representa los
intereses de ningún sector de la sociedad, y, otorgarle legitimidad, razón
moral y validez al discurso guerrillero de las “causas objetivas” y por ende a
que el Estado “pague la deuda social” con el agro , como si las guerrillas
fuesen la voz del campesinado.
El
pueblo colombiano, pues, según Jaramillo, está pagando una culpa, nos merecemos
la suerte que corremos y hay que estar dispuestos a hacer sacrificios
inenarrables para darles gusto a las guerrillas y poder convivir en paz. Es lo
que se desprende de considerar que su lucha armada, con sus crímenes atroces,
ha tenido y tiene razón de ser.
La
noción de transición, se refiere a un periodo de tiempo -“10 años”- cedido,
regalado, es decir, una década bajo el ojo escrutador de los jefes de las
guerrillas ocupando puestos en el Congreso, movilizando las masas, estimulando
las protestas sociales y exigiéndole a la “oligarquía” el cumplimiento de los
acuerdos y que la transición se extienda otros 10 años.
Pero,
el aspecto más inquietante de esta filosofía es el espíritu golpista que
subyace en la idea de la “excepcionalidad”. Según esta perturbadora noción “Los
efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la
normalidad”. Y, ¡OJO!: “Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo
tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos
extraordinarios, instituciones nuevas… que trabajen intensamente en el terreno
para lograr las metas de la transición”. Aquí está pues, el núcleo de una
filosofía golpista que hace trizas nuestro ordenamiento legal, que arrasa con
la convivencia alcanzada por las más importantes fuerzas políticas y sociales
del país y que ofrece la Constitución como postre.
Abran
sus ojos señores empresarios, tomen nota dirigentes de los partidos que aún
sienten algo de estima por lo que nos rige y recapacite el alto clero que traga
sapos sin vomitarlos. No es cosa nimia decir que no se puede “reversar el
conflicto funcionando en la normalidad”. ¿Acaso no es clara la relación directa
y estrecha entre este esperpento inconstitucional y el proyecto de ley que
otorgaría poderes excepcionales al presidente Santos?
Diez
años funcionando en la “excepcionalidad”, con “instituciones nuevas” y
“recursos extraordinarios” y “medidas jurídicas” ¿no es la manera taimada de
esconder que la Constitución de Colombia va a ser sustituida? ¿No es el
“Congresito” o “Comisión Legislativa” una institución “nueva” que suplanta al
lento y dudoso Congreso de la República que “trabajará intensamente” sin trabas
ni tropiezos, con mayoría simple en pro de hacer reales los acuerdos de La
Habana?
¿No
giran los acuerdos de La Habana sobre temas de orden constitucional que dejan
bajo la esfera presidencial asuntos cruciales como por ejemplo: cárcel para
responsables de delitos atroces, la entrega de armas, reformas a la propiedad
agraria, amnistía e indulto a comandantes, reparación a las víctimas de sus
crímenes, creación de las mil y una comisiones que enredarán el país en una maraña
burocrática, participación y elegibilidad política de los autores de crímenes
atroces y otorgamiento de curules en el congreso, las asambleas departamentales
y los concejos municipales?
A
la sombra de esos parámetros es que el Fiscal desliza sus exabruptos jurídicos,
los congresistas enmermelados justifican el golpe de estado y el nuevo
minDefensa nos asusta con silencios que huelen a cobardía.
Inspirado
en la filosofía de la “transición” el proyecto de “poderes especiales” para el
Presidente se asemeja a tener un cuchillo en la yugular. Ese poderosísimo
instrumento, en manos de un presidente que deshonra la promesa de someter los
acuerdos a refrendación popular al afirmar que eso “sería un suicidio”, es una
auténtica amenaza contra la democracia.
Si
quieren imaginar la situación que nos espera si no hacemos algo por evitar que
se produzca este Golpe de Estado en ciernes, no hay que hacer mayor esfuerzo,
miremos la caótica y deplorable situación de Venezuela.
Ruben
Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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