JULIO CESAR MORENO LEON, COLOMBIA, CUANDO EL ESTADO SE RINDE

En el acto realizado en la Habana el día 24 de septiembre, con ocasión de la firma de los acuerdos que suscribieron el gobierno colombiano y las FARC, el Presidente Santos definió a la guerrilla y al Estado como “adversarios que ahora marchan juntos hacia la paz. Y el día  30 afirmó, en declaraciones concedidas a Stephen Adler de la agencia Reuter que “no se puede castigar a  los guerrilleros responsables de los crímenes de guerra tan severamente, como algunos pretenden, si el país quiere un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha causado 250.000 muertes”.

En esas declaraciones el primer mandatario colombiano justifica “sacrificar algo de justicia, como un precio razonable, porque la alternativa es seguir con 30 años más de guerra”. Dijo además que sólo un pequeño sector de la sociedad se opone a los acuerdos, y que está absolutamente convencido del compromiso de las FARC con la paz.

Estos pronunciamientos han encontrado el más amplio respaldo de los gobiernos, y de los poderes internacionales. El Presidente Obama, en medio de expresiones de optimismo, comprometió el apoyo de Estados Unidos a la etapa del posconflicto.  El Secretario de Estado John Kerry anunció la necesidad de ir más allá del combate contra la criminalidad y el narcotráfico. Y junto a Santos, en Nueva York, declaró el 2 de octubre a favor de la sustitución de los cultivos de coca, y planteó la necesidad de llevar adelante planes que permitan la reconstrucción del tejido social. En esa misma oportunidad el mandatario colombiano aseguro que “los guerrilleros que hoy  protegen carteles y cultivos de coca cambiarán de bando”.

El Secretario General de Naciones Unidas manifestó  su complacencia por el encuentro de la Habana entre Santos y Timochenko, y agradeció personalmente a Raúl Castro el aporte dado a las negociaciones. La OEA, ALBA,UNASUR, CELAC, UNION EUROPEA, así como las cancillerías de prácticamente todos los países han apoyado sin reservas las iniciativas llevadas adelante. El Papa Francisco durante la misa celebrada en la plaza de la revolución cubana, llamó a no permitir otro fracaso y confesó a los periodistas que le acompañaron en su gira por la isla que ha intervenido activamente estimulando el desarrollo de los complejos debates.

Sin embargo, a pesar de los importantes factores que concurren a apoyar los términos pactados para desmontar la confrontación armada, sectores significativos de la sociedad colombiana han condenado lo que consideran la rendición del Estado ante el chantaje armado de un grupo criminal que hasta el último momento continuó ejecutando sus abominables actos terroristas, y no parece dispuesto a arrepentirse de ellos.

 La Defensoría  del Pueblo contabilizó de mayo a junio de este año, mientras se realizaban las reuniones en la capital cubana, la comisión de 64 actos criminales materializados en ataques a infraestructura eléctrica y a  oleoductos que dejaron sin agua y sin luz a cientos de miles de personas, causaron graves daños al medio ambiente y  ocasionaron millonarias pérdidas económicas y de infraestructura. En esas acciones fueron asesinados  9 policías, se interceptaron y atacaron con explosivos a vehículos particulares, ambulancias y transportes colectivos que circulaban en las carreteras, se interceptaron camiones cargados con crudo, se derramó su contenido en las vías por donde circulaban estos transportes, y se continuó el reclutamiento forzado de adolescentes.  

Los críticos del proceso de paz indican, entre  otros cuestionamientos, que ninguno de los lideres de las FARC ha admitido su condición de victimarios. Iván Márquez uno de sus principales cabecillas sobre quien pesan una sentencia de 40 años de cárcel, 117 órdenes de captura por secuestros,  rebelión, homicidio agravado y desapariciones forzadas ha señalado que no hay víctimas de las FARC sino  “victimas del conflicto”.

 Márquez, por cierto, aparece ante los ojos del Departamento de Estado como  peligroso capo de la droga, a quien se le atribuye ser el encargado de supervisar la carga de aviones que transportan cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, a cambio de dinero y armas de guerra como parte de pago.

Recientemente Timochenko declaró a Piedad Córdova en entrevista realizada a través de TELESUR, que no pide perdón por sus delitos, y confesó con toda naturalidad ante las cámaras de televisión que se preparaba un plan para matar a Santos el 4 de noviembre de 2011 “pero que Alfonso Cano ordenó suspender el atentado por los acuerdos de paz”.  En ese mismo programa, el comandante de las FARC pone en evidencia las secretas y turbias relaciones de Santos y Chávez en su trato con las guerrillas refugiadas y protegidas detrás de la frontera venezolana. Dice que la  primera de  tres reuniones que  tuvo con Chávez ocurrió en Miraflores, luego de la muerte de Alfonso Cano. Timochenko, entonces recién designado jefe del grupo armado,  acudió a esa cita propuesta por Santos, para coordinar el traslado a sitio seguro del guerrillero Mauricio Jaramillo.

“Santos le pide a Chávez que hable conmigo, tras la muerte de Alfonso Cano, buscando  garantías para movilizar a Mauricio Jaramillo de un lugar cercado por el ejército”, reveló Timochenko en el programa de TELESUR moderado por Piedad Córdoba. De esa manera, el hoy máximo jefe de la guerrilla reconoce públicamente lo que Uribe denunció en la OEA al final de su mandato, la existencia de campamentos terroristas en suelo venezolano. Campamentos en los que, con la protección de nuestro ejército y el visto bueno del gobierno colombiano, se garantizó  la seguridad de los narco subversivos mientras se cocinaba la salida al conflicto armado. Entre tanto la FARC continuó,  y  continúa utilizando nuestro territorio para el tráfico de drogas y otras acciones delictivas en abierta violación de nuestra soberanía.

Mientras el gobierno de Colombia, sus aliados internacionales y la FARC manifiestan su confianza en  el camino emprendido, importantes sectores políticos y sociales advierten sobre la terrible consecuencia que traería la decisión de pagar con impunidad la desmovilización de la guerrilla. Este es sin duda el punto más conflictivo que  enturbia el horizonte.

Uno de los aspectos más cuestionados es la llamada “justicia transicional”. Según el ex magistrado  de la Corte Constitucional Nilson Pinilla “no se pueden crear tribunales de juzgamiento después de ocurridos los hechos materia de investigación, porque violarían acuerdos internacionales y principios fundamentales del Derecho”. Y sobre la designación de estos tribunales, se advierte que sus integrantes  serán escogidos mediante acuerdo del gobierno y las FARC. Es decir, los criminales tendrán la potestad de participar en la escogencia de sus jueces.

Además, el anuncio de la “amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos” planteada en el documento dado a conocer luego de la reunión Santos Timochenko,  deja abierta la posibilidad de considerar delitos conexos perdonables el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, por ser éstas las actividades utilizadas como medios para financiar la guerrilla.

Otro de los temas controversiales es el relacionado con las sentencias a ser aplicadas por los tribunales especiales. El documento de la Habana menciona penas entre 5 a 8 años para quienes reconozcan los crímenes cometidos. El Procurador Alejandro Ordóñez en desacuerdo con tal propuesta ha declarado que “las penas deben ser proporcionales al crimen y a las condiciones personales de los responsables”, y ha señalado que el texto suscrito es ambiguo en lo que se  refiere a la restricción efectiva de la libertad, por lo que graves delitos pueden terminar sancionados simplemente con la prohibición de salida del país, o la realización de trabajos comunitarios. 

Por su parte la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda advirtió a las autoridades colombianas, que las penas que se apliquen “no pueden ser simbólicas o inexistentes”.

En lo que algunos analistas han considerado “un campanazo” al proceso de paz, la fiscal Bensouda ha informado a las instituciones neogranadinas que “una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los hechos cometidos y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aún en el caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”. En estos casos, advierte, la Corte Penal Internacional se activaría “si no se aplica la justicia en un país frente a graves violaciones del derecho internacional”.

 Vistos los hechos, pareciera que en el delicado y complejo proceso que comienza a transitar Colombia lejos de promoverse consensos, por el contrario se profundizan  graves desencuentros entre las instituciones y partidos que actúan en la vida democrática. Mientras que a nivel internacional no serán pocas las voces dispuestas a oponerse al perdón que se pretende otorgar a los líderes de la FARC.

 Con suficientes razones los críticos de Juan Manuel Santos le acusan de haber detenido la derrota progresiva que la narco guerrilla venía sufriendo bajo los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las victorias logradas por el ejército a partir de 2002 y hasta el 2010,  acompañadas por el amplio respaldo de la opinión pública, devolvieron la seguridad a la ciudadanía, redujeron la violencia, y colocaron a la defensiva a todas las  organizaciones alzadas en armas.  Sin duda, a partir de entonces el Estado derrotaba a la insurrección  y le conducía a una rendición inevitable. La exitosa política de seguridad democrática convirtió a Álvaro Uribe en el líder de mayor respaldo popular de  Colombia en las últimas décadas. Gracias a él comienza a cambiar positivamente la violenta historia del  país, y sobre esa plataforma su Delfín Juan Manuel Santos logró la Presidencia de la República.

Hoy, las encuestas de opinión ponen de manifiesto algunos elementos que reflejan los sentimientos de la ciudadanía en relación con los términos en los que deberá concretarse  la anhelada paz y la desmovilización de las guerrillas. Son datos sobre los cuales gravitará el rechazo o el respaldo a las medidas que finalmente se decidan implementar. El 24 de septiembre fueron dados a conocer los resultados de la medición realizadas por la empresa DATEXCO contratada por el diario ELTIEMPO, en la que el 63,2 por ciento es contrario a que los involucrados en delitos de lesa humanidad, reciban penas tan sólo de 5 a 8 años a cambio de verdad y reparación, mientras el 69 por ciento no cree que los acuerdos suscritos garanticen la justicia ni la reparación de las víctimas.

 Esos indicadores señalan claramente que la opinión pública no aprueba cambiar impunidad por paz. Por lo tanto, está por verse de que manera el gobierno de Juan Manuel Santos será capaz de lograr un consenso suficientemente amplio en los sectores democráticos del país que le de piso estable a los acuerdos. O si, por el contrario impondrá los pactos de la Habana, suscritos bajo el amparo de la dictadura castrista y la complacencia del señor Obama. Pactos que implican la rendición del Estado  y la victoria política de los responsables fundamentales  de la tragedia colombiana.

Julio Cesar Moreno Leon

juliocesarmorenoleon6@gmail.com

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JULIO CESAR MORENO LEON, VENEZUELA, CUBA Y EL MEA CULPA DE LA OEA

El nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos en una  reunión celebrada en Washington el domingo 14 de junio, con la asistencia de 35 representantes de agrupaciones civiles del continente, prometió  dedicar su tiempo a redimir lo que llama “la deuda contraída con Cuba” por  su exclusión del organismo hemisférico. Dijo que “la OEA debe entonar un mea culpa pues no puede basarse en ningún tipo de exclusiones, y menos de países cuando buscan su camino a través de su pacto social”. Planteándolos  como ejemplos a seguir, afirmó que entre los logros más importantes del Uruguay durante el mandato de José Mujica, gobierno en el que fue Canciller, están las legalizaciones de la marihuana, del aborto y del matrimonio homosexual. Argumentó que esas decisiones “dieron más derechos a más personas”. Sin embargo, el flamante Secretario General evadió responder cuando en el transcurso de la reunión la disidente  cubana Rosa María Payá le preguntó por otros derechos no menos importantes. Se refería la Payá a aquellos que tienen que ver con las libertades fundamentales arrebatadas a todo un pueblo por la dictadura que gobierna en la isla hace 56 años.

Almagro ha llegado al cargo sin contrincantes y prometiendo reformar la desprestigiada institución continental. También el sureño José Miguel Insulsa, en el segundo de sus períodos (2010-2015) fue electo por descarte, pues ningún otro país demostró interés en presentar candidatura. En ese entonces, capturada por los petrodólares venezolanos, la OEA había pasado a ser un instrumento  dócil al servicio del socialismo del siglo XXI. En 2006 el robusto Insulza, en  la misma conducta que hoy asume su sucesor, al definir su posición frente al régimen castrista afirmaba que “el sistema cubano puede evolucionar en la medida que respetemos lo que los cubanos quieran, dándoles el tiempo que sea necesario sin intentar imponerles soluciones o crear un proceso conflictivo”. Y en el desarrollo de esa política, la Asamblea General de Cancilleres reunida en  San Pedro Sula, en junio de 2009, deja sin efecto la  resolución que en enero de  1962 expulsa a Cuba del Sistema Interamericano. Un regocijado Hugo Chávez califica la decisión, votada por unanimidad, como el comienzo de una “nueva era”. Sin embargo, días después del inicio de esa nueva era, la misma OEA que  reivindica a la dictadura fidelista expulsa de su seno a Honduras, luego que el Congreso de ese país juzga y destituye al presidente Manuel Zelaya acusándole de implementar una maniobra reeleccionista contraria a la Constitución y urdida con la abierta intervención del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Aplicando un rigor rayano en el ensañamiento, se implementan sanciones a uno de los países más pobres de nuestro continente y en un  hecho inédito en la historia diplomática del hemisferio, la sede de la Embajada de Brasil se convierte en foco de agitación que incita abiertamente a la  rebelión violenta  en contra del nuevo régimen provisional. De esa manera el gobierno de Lula, inmediatamente después de romper relaciones con la nación sancionada, ejerce abusivamente la extraterritorialidad de una sede diplomática que ya no era tal, y además durante varios meses concede refugio a Zelaya y a  decenas de sus allegados. A través de los medios de comunicación internacionales que le entrevistan libremente, Zelaya denuncia a la “dictadura” del señor Micheletti y respalda la vergonzosa y descarada intervención extranjera en los asuntos internos de su país. Insulsa, Chávez  y  Lula  dirigen la grotesca comparsa. Y por supuesto a ellos se une  el “demócrata” Raúl Castro, a quien este bloqueo a la nación hondureña y a su pueblo si le resulta justo y conveniente. Por su parte el inefable y contradictorio Secretario General  de entonces, deja de lado su prédica de “no crear procesos de conflicto” que aplica a Cuba, mientras que esa misma política se le niega a un país desprovisto de las protecciones, el celestinaje y las complicidades que la tiranía antillana ha disfrutado en el ejercicio de su larga vida. Por fortuna Micheletti logra resistir la embestida internacional, y devuelve a su país la institucionalidad plena de la democracia al realizarse las elecciones presidenciales que llevan al poder a Porfirio Lobo. Tres años después el entonces canciller Nicolás Maduro (en junio de 2012) acude al  Palacio de los López, sede presidencial de Paraguay a solicitar al alto mando militar el derrocamiento de Federico Franco, quien había sido nombrado por el Congreso Nacional como Presidente provisional luego del enjuiciamiento y destitución de Fernando Lugo. 

Con aquellos y otros tristes antecedentes, Luis Almagro hereda una organización divorciada de la Carta Democrática Interamericana cuyo texto compromete a “preservar y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”; a  “defender y garantizar los derechos sociales, libertad de expresión y de prensa”; y a fortalecer  “los  derechos económicos, sociales y culturales dentro de la democracia representativa de gobierno”. A partir de la gestión de José Miguel Insulza, la OEA inoculada por el Socialismo del Siglo XXI ha marchado en dirección radicalmente contraria a esos principios. El progresivo desmontaje de la democracia representativa en América Latina en los últimos 15 años, ha pasado por reformas constitucionales que consagran el continuismo, la reelección indefinida y la centralización arbitraria del poder. Nuestro continente después de una larga etapa de dictaduras militares, había alcanzado el viejo anhelo de elegir democráticamente y bajo el principio de alternabilidad republicana, a gobiernos civiles respetuosos de los derechos humanos y sometidos al juicio permanente de la opinión pública. Hoy la comunidad interamericana es el escenario de la liquidación de aquellas conquistas. Quedan de lado los consensos y equilibrios, y  en nombre de la revolución volvemos a los viejos tiempos de la censura, del exilio, el crimen político, la tortura, la represión. Venezuela, Ecuador, Bolivia,  Nicaragua y Argentina son ejemplos claros de autoritarismos con vocación totalitaria, en los que no existe separación de poderes, se violan libertades fundamentales, la corrupción ocurre con total impunidad y los mecanismos electorales garantizan el continuismo mediante procedimientos fraudulentos. Y en medio de este contexto el nuevo Secretario General viene a ejercer  sus  funciones, confesando  un  evidente sesgo ideológico compatible con estas formas de gobierno, y trazándose como meta el retorno de la dictadura de Cuba a la comunidad americana. Eso sí, respetándole a ésta lo que él llama “su pacto social”, expresando un dramático “mea culpa”, y pidiéndole perdón al gobierno de Fidel y de  Raúl por lo que considera “una deuda contraída”.

Lo que ahora ocurre en la OEA es el resultado de la creciente influencia del régimen cubano en nuestro continente a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder. Los petronegocios esparcidos en toda la región permitieron al castro-chavismo redimensionar el fracasado proyecto  subversivo de los años sesenta.  Con el soporte de un abundante financiamiento, desde el eje Caracas-La Habana se logra articular la construcción de liderazgos y de organizaciones políticas afines, se estimula la agitación social, se compran fidelidades, y se  mantienen relaciones de cooperación y protección con la subversión narcoterrorista colombiana. Esta estrecha relación quedó evidenciada en las computadoras de Raúl Reyes  y en la  denuncia documentada ante la OEA por el gobierno de Uribe el 22 de julio de 2010, que comprueba la existencia de cinco campamentos de las FARC y ELN a 90 kilómetros de Colombia y a 23 kilómetros de Maracaibo, y que señala además la presencia de veinte campamentos localizados en Táchira, Apure y Amazonas. A pesar de ello, el  Presidente Santos al asumir el mando retira los cargos sin mediar explicación, y comienza una nueva política que se traduce en impune protección a ese ejército terrorista establecido en nuestro país, calculado para ese entonces en 1500 efectivos. Sorpresivamente se amigan los dos mandatarios y concluye la crisis como si ésta hubiese tenido su origen en un enfrentamiento entre dos gobernantes con mal carácter, y no en graves acontecimientos que repercuten sobre todos los pueblos americanos afectados por  las bandas criminales. La OEA cierra el capítulo, con el pleno conocimiento de que en Venezuela se preserva una zona de tolerancia terrorista, en la que se asiste, se  entrena y  oculta a los autores de miles de secuestros, de atentados y ejecuciones en cautiverio, de reclutamiento  de niños, de producción y venta drogas, entre otros crímenes. A partir de la presidencia de Santos, la FARC fortalece su control sobre las fronteras, y  consolida aún más sus espacios  en el  narcotráfico mundial. Con mayor libertad de acción, los grupos armados del vecino país ejercen soberanía en los estados fronterizos venezolanos, todo en convivencia con los gobernadores chavistas y con militares que facilitan y protegen sus acciones delictivas.

Mientras los Castro lavan su cara como  “mediadores” en un conflicto del que han sido factor político e ideológico fundamental, en territorio venezolano se protege y ayuda a una guerrilla que actúa contra el Estado colombiano, profana nuestra soberanía  y utiliza nuestro espacio territorial como vía libre para la droga, y como santuario en el que se hermanan las relaciones  del  terrorismo internacional. Recordemos que ante el juez español Eloy Velasco, los miembros de la ETA Juan Carlos Bisance y Javier Aristán reconocieron que su grupo terrorista planificaban con las FARC el asesinato de dirigentes políticos colombianos y españoles, entre los cuales estaban Pastrana, Uribe y Aznar. Informaciones en igual sentido, extraídas de las computadoras de Raúl Reyes destacan el papel de Arturo Cubillas Fontán (vasco, nacionalizado venezolano y funcionario del gobierno chavista) como articulador de esas relaciones que implican entrenamientos conjuntos en el uso de bombas C4 y de misiles de largo alcance. Estas informaciones fueron ratificadas ante la Audiencia Nacional de España por el ex guerrillero José María Dorronsoro en 2010. Entre tanto, el mayor del ejército venezolano Milton Revilla, fue condenado en Venezuela a 6 años de prisión en marzo de 2012 por denunciar que estos grupos se adiestraban en la región del Catatumbo.

Es así como, en forma conjunta y sincronizada trabajan los gobiernos de Cuba y Venezuela en función de un mismo objetivo. Mientras la isla comunista abraza a su viejo enemigo,  con el fin de superar la miseria y la postración económica y social engendrada  durante más de medio siglo de oscurantismo estalinista, en Caracas se elevan los niveles de confrontación nacional y externa, se persigue a la disidencia y se profundiza el proyecto dictatorial. Sin renunciar a su dogma totalitario Cuba entra triunfante a la comunidad interamericana. Y  en Venezuela se consolida el mismo modelo impuesto por la dictadura fidelista, a la que hoy todos los gobiernos del continente acogen con deshonroso regocijo.

Julio Cesar Moreno Leon

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JULIO CESAR MORENO LEON, ¿EMBARGOS?

En el año 2013 fueron embargados tres buques de PDV MARINA, como consecuencia de la demanda por incumplimiento de pagos de servicio de fletamento, incoada por la sociedad mercantil CH Offshore Ltd (CHO) el 14 de agosto de dicho año ante la Corte Suprema del Reino Unido.

En esa ocasión, en Curazao fueron retenidos los barcos Terepaima y Guanoco, y en Suráfrica el  Río Caroní.

La petrolera nacional adeudaba 45,524 millones de dólares y la cuantía de la demanda fue de 70 millones, monto que luego de intensas negociaciones se depositó como garantía  para el rescate de las embarcaciones.

Los hechos referidos no fueron investigados por la Asamblea Nacional, ni por ninguna otra de las instituciones encargadas de controlar el manejo de los recursos públicos. Esto a pesar de que las medidas judiciales ocasionaron erogaciones mayores a lo adeudado inicialmente y lesionaron severamente la solvencia internacional de Petróleos de Venezuela.  

Cuando el embargo de los buques ocurrió, todavía estábamos en tiempos de bonanza y de altos precios petroleros. En ese entonces existían recursos suficientes para pagar por la irresponsabilidad, la piratería y la desidia burocrática, lo que le permitía al gobierno pasar por debajo de la mesa los actos irresponsables de sus funcionarios. Por tanto, las retenciones del Terepaima, el Guanoco y el Río Caroní no fueron noticia importante. El gobierno, como todo rico maula, forzado a pagar pagó y la situación no llegó a mayores.

Dos años después de aquel acontecimiento, al régimen y a su disminuida PDVSA se les presenta una  situación  bastante más delicada. Se trata de  las decisiones arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).

En esos tribunales se procesan más de veinte demandas  millonarias por las expropiaciones a las transnacionales de minería y petróleo decretadas por el Presidente Chávez. Estas expropiaciones se cumplieron en función de la radicalización del modelo socialista, por lo que el procedimiento empleado correspondió al criterio de no compensar, o de resarcir lo menos posible a las compañías  afectadas. Y en ese orden de ideas, en enero de 2012 la Cancillería anuncia su separación de la CIADI, argumentando que la adscripción a ese organismo ocurrida en 1993 formó parte de un plan de desmantelamiento de la soberanía  orquestado por sectores económicos transnacionales. A pesar de ello, el retiro de Venezuela del organismo arbitral  no le exime de  enfrentar las demandas introducidas con anterioridad a esa decisión. Por lo tanto el gobierno de Maduro  debe pagar lo que establezcan cada una de las sentencias pendientes. 

De hecho, las primeras decisiones obligan al Estado a cancelar en términos perentorios 46,4 millones de dólares a la norteamericana Tidewater  por la confiscación de 11 buques; 455 millones a la Owens Illinois por las dos plantas de producción de envases de vidrio que la multinacional tenía en Los Guayos y en Valera; 1600 millones a la Exxon Móbil por la liquidación de sus contratos en la Faja del Orinoco; y a la minera Gold Reserve 740.3 millones por la eliminación de sus  dos grandes proyectos auríferos en el Estado Bolívar.

A estas sentencias ya decididas, vendrán a sumarse otras en CIADI y en diferentes instancias judiciales internacionales. Algunas de esas reclamaciones con sus respectivos montos en dólares son: Crystallex International Corporation, 3.417,85 millones; Highbury International AVV y Ramstein Trading Inc, 633,26 millones; Conoco Phillips 50.000 millones; PDV Sweeeny, Inc y PDV Texas, Inc 548 millones; Opic Karimum Corporation, 325 millones; The Simco Consortium, Wood Group Engineering, 624 millones y 163,34 millones; Helmerich & International, Drilling Co. y Helmerich & Paine de Venezuela C.A, 32 millones; Rusoro, 3.030 millones; Tenaris, 28 millones. Por su parte Gambrinus; Nova Scotia; Venoklim Holding; Saint Gobain; Universal; y Wilpro plantean nuevos juicios por cantidades que no conocemos.

Las nuevas obligaciones derivadas de los juicios a los que nos hemos referido, surgen en tiempos de una creciente escasez de divisas, y de la necesidad de afrontar el pago del servicio total de la deuda externa estimado para este año en 12 mil millones de dólares. Las sentencias dictadas hasta ahora, obligan al Estado a pagar  prontamente más de 2.800 millones de dólares y si consideramos el gigantesco monto de los otros juicios en curso, es de temer que a pesar de la habilidad y competencia de los bufetes contratados para defender al Estado, serán multimillonarias las erogaciones que el Ejecutivo tendrá que cumplir  para evitar el embargo de sus activos, cuentas y bienes en el exterior.

Por cierto, un vocero de la Owens Illinois declaró a los medios internacionales en marzo pasado: “Si Venezuela no cumple sus obligaciones, trataremos de ejecutar el laudo contra sus activos en todo el mundo”.

Julio Cesar Moreno Leon

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JULIO CESAR MORENO LEON, EXPEDIENTE VENEZUELA

Las sanciones por violación a los derechos humanos que Estados Unidos ha impuesto a los militares Antonio Benavides Torres, Gustavo González López, Justo Noguera Pietri, Manuel Pérez Urdaneta, Manuel Bernal Martínez, Miguel Vivas y a la Fiscal del Ministerio Público Katherin Harrington corresponden al derecho que todo país tiene en ejercicio de su soberanía a permitir o negar la visa y la entrada en su territorio a cualquier ciudadano extranjero. 

Es claro además que los gobiernos pueden y deben controlar el origen y la naturaleza de los depósitos, cuentas bancarias y movimientos financieros, con base a sus leyes y a los tratados internacionales. 

Haciendo uso de esas leyes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó el 2012 en la lista negra de personas vinculadas al narcotráfico internacional -cancelando sus visas y congelando sus cuentas- al diputado del Parlamento Latinoamericano Amílcar Figueroa (PSUV), a Cliver Alcalá Cordones, Freddy Bernal, Ramón Madriz, Ramón Rodríguez Chacín, Henry Rangel Silva y Hugo Carvajal. 

En respuesta a estas medidas, el régimen chavista ha ratificado o designado en altas responsabilidades públicas a los sindicados en la comisión de esos graves delitos. El general Hugo Carvajal, detenido en Aruba por solicitud de la DEA en enero de 2014, fue liberado, luego de oscuras negociaciones que concluyeron con la contradictoria decisión de la corona holandesa que reconoció el fuero diplomático de Carvajal, le expulsó de la isla y le declaró “persona no grata”, permitiéndole evadir a la justicia norteamericana y regresar a Venezuela. 

El diputado Freddy Bernal fue designado comisionado para la reforma del sistema policial, mientras que a Rangel  Silva y a Rodríguez Chacín se les eligió gobernadores de Trujillo y Guárico respectivamente. Al general Gustavo González López le nombran ministro de Interior y Justicia, y junto a sus compañeros de negra lista se le rinde homenaje público en cadena nacional transmitida desde el Palacio de Miraflores. 

De esa forma, Maduro responde a las medidas de la administración Obama desconociendo su legalidad y denunciándolas como injerencias que afectan nuestra soberanía y abren camino a la intervención militar. Por su parte, los gobiernos de UNASUR, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, y otros cómplices, protestan la “agresión imperialista y callan en actitud vergonzosa ante la violación de derechos humanos, la persecución y la arbitraria prisión de líderes opositores.

Hasta ahora, esa exitosa estrategia confrontacional de naturaleza político ideológica ha permitido al chavismo vender la idea de un  gobierno revolucionario  acosado por los Estados Unidos y, al igual que en la Cuba comunista, atribuir sus rotundos fracasos a la intensa conspiración del Departamento de Estado y a la cruel guerra económica. Sin embargo tal repertorio argumental se agota ante nuevas situaciones que  desnudan ante el mundo la espantosa realidad venezolana,  y retratan la verdadera naturaleza delincuencial de sus mandatarios.

La congelación de las cuentas chavistas pone en evidencia la corrupción campante en nuestra administración pública, y descalifica el supuesto temple revolucionario de quienes colocaron sus dólares en los bancos del imperio enemigo. Surge además la inevitable pregunta sobre el origen de esos fondos pertencientes a burócratas de modestos sueldos, en un país de un rígido control de cambios que impide convertir lícitamente sus salarios en la impura y costosa divisa gringa.

La medida contra la fiscal del Ministerio Público y los siete oficiales sancionados por violación a los  derechos humanos, fue tan sólo un  abreboca tras el cual se van registrando hechos de mayor gravedad que  descolocan peligrosamente al gobierno de Nicolás Maduro.

En el Banco de Madrid, propiedad  de la Banca Privada de Andorra, PDVSA comparte honores con las mafias rusa y china movilizando de manera ilegal más de 4200 millones de dólares, y como consecuencia de la intervención de esas entidades bancarias la estatal petrolera pierde 2000 millones de dólares que fueron depositados irregularmente. 

Así mismo, la Unidad Antilavado del Tesoro de Estados Unidos detecta empresas fantasmas y pagos de escandalosas comisiones para cubrir operaciones que han circulado por bancos norteamericanos, inoculándo lo que algunos llaman “un ente radioactivo” capaz de contaminar al resto del sistema bancario internacional. De acuerdo con lo señalado por las autoridades norteamericanas muchas de estos tóxicos lavados realizados por Venezuela involucran a Irán a Hezbolá y a otros grupos terroristas.  Por otra parte, al magnate Diego Salazar Carreño, poseedor de cuantiosa fortuna construida al amparo de su primo Rafael Ramírez, le bloquean 200 millones en el Banco de Andorra.

La medida contra Salazar Carreño ocurre dentro de la llamada “Operación Clotilde”, laboriosa tarea de investigación y seguimiento al lavado de activos realizada por la guardia civil española. Y en la lista de millonarias cuentas tramposas en Andorra y Madrid, aparecen además el ex director del SEBIN Carlos Aguilera; Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Energético; el empresario Omar Farías; Nervis Villalobos ex viceministro de Energía Eléctrica; Alcides Rondón ex viceministro de Seguridad Ciudadana; Norman Danilo Puerta ex comisario del CICPC; Javier Alvarado ex presidente de la Electricidad de Caracas; Rafael Giménez y Yomar Farías. Este primer sacudón contra la mafiosa lavadora socialista es apenas el comienzo de una ofensiva de mayor calibre.

Las diligencias adelantadas por Estados Unidos impiden a la banca mundial esconder la procedencia de platas cuyo rastro siguen tenazmente los sabuesos del imperio, y como consecuencia de ello aumentará la lista de involucrados en esos delitos tipificados por la legislación penal de todos los países.

Es de recordar que contra el blanqueo de dinero existen convenios suscritos en la  ONU, OEA, Unión Europeo, Consejo de Europa, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos acuerdos obligan a los gobiernos a impedir el ocultamiento de fortunas que provengan de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo o  de cualquier negocio ilegal.  Por esa razón no será fácil para el actual régimen escudarse en trajinadas proclamas anti imperialistas cuando sus altos funcionarios aparecen “con las manos en la masa”, lavando activos y traficando con recursos de PDVSA y de otras empresas estatales.

El gobierno de Nicolás Maduro en medio de una grave crisis económica y social enfrenta ahora su más difícil trance. El expediente Venezuela apenas comienza a conocerse.

Julio Cesar Moreno Leon

juliocesarmorenoleon6@gmail.com 

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