DIEGO ARRIA: IMPUNIDAD VS. UNIDAD

Este régimen izó desde su fundación la bandera de la impunidad. Esa bandera ondea para avalar la toma de universidades, la violación de los derechos civiles, el secuestro o el exilio de venezolanos que piensan distinto, el asesinato de una sociedad que vive con miedo.

El deber del próximo gobierno; inexorablemente de transición, es arriar esa bandera de la impunidad; es dejar de hacer honores a la burla, a la mentira, a la humillación y a la estafa sistemática. Paradójicamente, aunque los vaivenes de la política electoralista de estos tiempos intenten decir otra cosa; lo opuesto a la impunidad es la justicia; y para aplicarla no hace falta tener un cargo prominente; basta con ser ciudadano.

La impunidad conspira contra la unidad nacional. No se trata de una causa personal; es el sentir de cientos de miles, de millones, de venezolanos que no quieren venganza ni retaliación, sino justicia. Es una visión que se escapa de la coyuntura electoral y se transa en los principios. No hay forma de ser ambiguo en este tipo de temas. La impunidad es la negación de la justicia.

Nefasto régimen

Voceros que defienden la unidad entre quienes adversamos a este nefasto régimen, han sido capaces de desestimar los hechos que sustentan la denuncia contra Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional; con lo cual desacreditan el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es el primer firmante en América Latina. Con ello se enciende una alarma; porque desconocer los delitos de lesa humanidad, descritos en el expediente; es -por decir lo menos- un acto de complicidad con esa bandera que ondea en las astas de las casas del Gobierno; y pareciera, de algunas de la oposición.

Claro objetivo

El Gobierno de transición, que aspiro a presidir, tiene claro que su objetivo, por principios, es arriar la bandera de la impunidad. Liberar a los presos políticos y retornar los medios de comunicación a sus concesionarios son ejemplos que ilustran un seguro primer día de ejercicio presidencial.

Cuando enfrentemos el incierto panorama económico que estos irresponsables dejarán al país, igualmente iremos contra la impunidad; no engavetaremos denuncias, ni esconderemos expedientes. Cohabitar con delincuentes no forma parte del plan que desarrollaremos, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la impunidad.

@Diego_Arria

diego.arria@gmail.com

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PEDRO PAÚL BELLO: SOBRE EL LLAMADO DEBATE.

Decía Arístides Calvani que la política "es el arte de hacer posible lo que es menester."

El Papa Pio XII, en uno de sus famosos “radiomensajes” expresó que "la política es la forma más excelsa de la caridad después de la religión."

De manera infortunada, desde tiempos muy anteriores a los de Maquiavelo, y no sólo por obra suya como se piensa, se ha entendido por política el arte de engañar, dominar y oprimir. En nuestra Patria, tan acontecida por obra de perversos hijos, han sido más los tiempos de ejercicio de esa tan falsa orientación que de lo deseable.

El pasado lunes en la noche, en medio de las tensiones y angustias que predominan en todo nuestro territorio, por obra y desgracia creadas de la que, históricamente, resulta la más proterva expresión negativa de la política, un respiro de esperanzado alivio ha debido salir de los pechos por trece años oprimidos de los venezolanos. Lo indica la frase, no hace mucho de nuevo resurgida a propósito de los triunfos de la Vino Tinto: ¡si se puede!

Sin embargo, la política no es una actividad fácil.  Ocurre con ella, usando la conocida frase “lo que natura no da, Salamanca no presta” [quos natura non dat salmantica non praestat], que podríamos modificar cambiando natura por experiencia. En el caso que nos ocupa, no es que Diego Arria haya sido el mejor, sino que su mayor experiencia resaltó y se concretó en propuestas pertinentes en relación a las exigencias del presente.

En efecto, Arria inició, el mal llamado “debate”, con una propuesta muy concreta, que se presenta, ante los ojos del país, como condición indispensable para que las valiosas propuestas de los demás pre-candidatos puedan ser factibles:  si no hay un tiempo dedicado a restablecer el Estado de derecho y el Orden Constitucional democrático en la Nación, no será posible realizar acciones que sean fructíferas para atender tantos requerimientos de las ingentes necesidades de los ciudadanos y de la República.

Ante la acertada propuesta de Diego Arria, si hay sensatez madura, todos los precandidatos, cuyo valer reconoce el país, podrían acogerla y unificar esfuerzos. Finalizado el período de dos a tres años, los próximos aspirantes a gobernar Venezuela encontrarán despejado el camino para constituir gobiernos que impulsen el tan deseado y necesitado desarrollo nacional que haga, del nuestro, un país de primer mundo y destierre, para siempre, la que –con sus excepciones--  llamara Don Mario Briceño Iragorry “superposición cronológica de procesos tribales” que sólo han significado atraso, dolor y ruina.

Todos los opositores a la presente tribu tendrían su lugar de participación y acción en ese período provisional de gobierno, sin que ello signifique cerrar puertas a otros.  Lo deseable sería, de alcanzarse el necesario acuerdo, que se constituyera una Junta colegiada  de gobierno, en la que participen los actuales cinco aspirantes y que todos aquellos cuyos nombres, con méritos de honestidad y experiencia, se presentaron y  fueran también precandidatos, tuvieran espacios de acción a fin de aportar en la ingente tarea de reconstruir un país y una democracia que están realmente destruidos.

Si de tal manera Venezuela se une para ascender, habremos salvado la gesta libertaria iniciada por nuestros próceres el 19 de abril de 1810 y culminada provisionalmente entre marzo y julio de 1811, pero ahora en espera, no de una nueva guerra, sino de la instauración civilizada de una Nación digna y civilizada para siempre. La oportunidad histórica es ahora.

¡Si se puede!  ¡Si que podemos!

Pedro Paúl Bello 

ppaulbello@gmail.com

www.paulbello.blogspot.com

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VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO: CRIMENES Y CASTIGO

Algunos gobernantes, identificados con prácticas totalitarias, sean de derecha o de izquierda, poco importa, menosprecian las consecuencias que ineluctablemente se producen tras largos períodos de dominación y abusos. El ataque sistemático y generalizado en contra de una parte de la población civil  que se opone a las políticas y planes de esos regímenes no deja de interesar a los gobiernos y democratas del mundo, aunque, en algún momento, el silencio pudiere aparentar cierta complicidad. La comunidad internacional en su conjunto, la sociedad civil organizada incluida, sigue de cerca esos procesos hasta que se agotan y dan paso a la libertad, como en Libia tras la dictadura de mas de cuatro decadas de Gadafi.

Esos dirigentes no quieren entender que la sociedad internacional de hoy tiene rasgos de solidaridad mayores, de intereses comunes que nos hacen transitar hacia una sociedad cuyas relaciones se basan en una verdadera comunidad de intereses, evidentemente distinta a la de hace apenas pocas decadas. El respeto pleno de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la responsabilidad compartida de todos es uno de los aspectos mas importantes de esa nueva sociedad ineternacional, en la que el concepto de soberanía tiene ahora serias limitaciones, para impedir abusos que van en perjuicio del individuo y del medio ambiente.

Los dictadores y aquellos con vocación para ello deben entender que ciertos actos constituyen crímenes y que por ello seran juzgados por los tribunales, incluso los internacionales que tarde o temprano, si no funciona la justica nacional,  procederán a procesar y a castigar a los responsables de tales crimenes. En algunas situaciones los tribunales no existian y daban paso a los tribunales internacionales, como es el caso de la antigua Yugoslavia. En otras situaciones, los tribunales existen pero no funcionan adecuadamente por cuanto estan sometidos a los dictámenes del ejecutivo, presuntamente autor de tales crímenes, por lo que no hay posibilidad de procesar y castigar a los responsables de esos actos, como seria, entre otros, el caso de Sudan cuyo Presidente es solicitado por la Corte Penal Internacional.

Los actos en los que incurren algunos regimenes para dominar y perpetuarse en el poder pueden constituir crimenes de lesa humanidad, segun la definicion generalmente aceptada por la doctrina internacional: “Categoria de crimenes internacionales  que implica conductas punibles realizadas de manera general y sistematica, dirigidas o instigadas por un gobierno, una organizacion o un grupo, en tiempo de paz o de guerra” (Diccionario de Derecho Inetrnacional, El Nacional, Caracas, 2011). En el Estatuto de Roma se precisa que se esta ante un crimen de esta naturaleza cuando uno de los actos a que se refiere el articulo 7 “ se comete como parte de un ataque generalizado o sistematico contra una poblacion civil y con conocimieno de dicho ataque”. Eso actos (Art.7.1.a) a k) son, entre otros, el asesinato, encarcelación u otra privacion grave de la libertad fisica en violacion de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, persecucion de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos y otros  actos inhumanos de caracter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad fisica o la salud mental o fisica, como las confiscaciones decretadas como medida de castigo a quienes se oponen a dicho regimen.

Es muy importante que quienes realizan tales actos y causan muerte y sufrimiento fisico y moral a parte de una poblacion civil conozcan los elementos de este crimen, los supuestos que permiten su identificación. Se trata de “ataques” , un termino que no supone necesariamente bombardeos, armas, tanques. La "persecucion" constituye un ataque, cuando se realiza para causar sufrimiento. No es necesario, ademas, que el "ataque" se produzca en conflictos armados, en medio de guerras. El caracter “general y sistemático” exigido se evidencia por las politicas del régimen de que se trate, traducida en declaraciones y otros actos, lo que a su vez muestra la intención de causar danos a esa poblacion civil.

En todo caso, los responsables por estos y otros actos, autores, cómplices, instigadores serán procesados por los tribunales penales, sean nacionales o internacionales. Hay consenso en cuanto a que los crímenes de trascendencia internacional, como el de lesa humanidad, no deben quedar sin castigo. Hay la voluntad universal de poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y de contribuir a la prevención de nuevos crímenes, tal como se afirma en el Preámbulo del Estatuto de Roma.

Los dirigentes con vocacion totalitaria deben saber que con estos ataques a la poblacion civil en todas sus formas, seran procesados y castigados. La reconciliacion nacional es necesaria para reestablecer el orden en los paises fracturados por politicas criminales de mesias y aventureros, pero ello no puede excluir la mas sana aplicacion de la justicia y la necesidad de erradicar la impunidad, hoy sin cabida en un mundo cada vez mas organizado en el cual prevalecen los intereses de la humanidad.

vitoco98@hotmail.com

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YOANI SÁNCHEZ: SOBRE LA MUERTE DE GADAFY (DESDE CUBA)

Ceausescu se iba en su helicóptero, Sadam Husein se ocultaba en un hueco, el tunecino Ben Alí huyó al exilio, Gadafi se fugaba en un convoy y terminó escondido en un desagüe. Los autócratas escapan, se van, no se inmolan en los palacios desde los que dictaban sus arbitrarias leyes; no mueren sentados en las sillas presidenciales con la banda de tela roja cruzándoles el pecho. Siempre tienen una puerta escondida, un pasadizo secreto por el que se escabullen cuando sienten el peligro. Por décadas construyen su búnker secreto, su “punto cero” blindado o su refugio bajo tierra, pues temen que ese mismo pueblo que los aplaude en las plazas puede ir a por ellos cuando les pierda el miedo. En las pesadillas de los dictadores, los demonios son sus súbditos, los abismos toman forma de turbas que quieren derribar sus estatuas, escupir sobre sus fotos. Estos señores despóticos sufren de un sueño ligero por estar atentos a los gritos, a los golpes contra su puerta… viven –de presagiarla– muchas veces su propia muerte.

Me hubiera gustado ver a Muamar el Gadafi frente a un tribunal, encausado por los crímenes que cometió contra su país. Creo que la muerte violenta de los sátrapas sólo les otorga un halo de martirio que no merecen. Deben quedar vivos para escuchar el testimonio público de sus víctimas, ver a sus países marchar sin el estorbo que ellos representaban y comprobar la veleidad de los oportunistas que un día los apoyaron. Deben sobrevivir para presenciar el desmontaje de la falsa historia que reescribieron, observar como las nuevas generaciones empiezan a olvidarlos y recibir sobre sí la diatriba, el escarnio, la crítica más feroz. Linchar a un déspota es salvarlo, otorgarle una puerta de salida casi gloriosa que le evita el castigo perdurable de ser juzgado ante la ley.

Continuar el ciclo de la crispación que estos tiranos han sembrado en nuestras naciones resulta extremadamente peligroso. Matarlos porque han matado, agredirlos porque nos han agredido, prolonga la violencia y nos convierte en seres como ellos. Ahora que las imágenes de un Gadafi ensangrentado y balbuceante recorren el mundo, no hay un solo totalitario que no se mire asustado en el espejo de ese final. Por estos días, las órdenes de reforzar los túneles secretos y de ampliar los planes de fuga deben rondar por más de un palacio presidencial. Pero cuidado, los dictadores tienen muchas formas de escapársenos y una de ellas es la muerte. Mejor que sobrevivan, que se queden y así comprobarán que ni la historia ni sus pueblos los absuelven jamás.

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VÍCTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO: SOBRE TERRORISMOS

VÍCTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO: SOBRE TERRORISMOS

Recordamos en estos dias con gran pesar los actos cobardes del 11 de setiembre perpetrados por terroristas, aunque algunos gobernantes irresponsables aseguraron otra autoría para solidarizarse con ellos y atacar al “imperio”. Ello, y el señalamiento en contra de algunos países como practicantes o promotores del terrorismo o de no cooperar en la lucha para su erradicación, motiva algunos comentarios sobre este crimen, en sus diversas formas.

El terrorismo es uno de los mayores flagelos de la humanidad. No sólo se trata de actos perpetrados por individuos fuera de la estructura del Estado en contra de éste o de la sociedad, con fines políticos o ideológicos predeterminados; sino de actos llevados a cabo por el Estado con iguales fines, mediante sus propias instituciones o de estructuras paraestadales para amedrentar a una parte de la población.

La definición del terrorismo ha sido difícil. Para algunos, ciertos actos que podrían calificarse de terrorismo son legítimos (luchas por la independencia y de liberación) y no se incluirían dentro del concepto. Para otros, lo que comparto, todos los actos que responden a las definiciones más aceptadas, deben ser considerados constitutivos del crimen de terrorismo.

El terrorismo, en términos generales, consistiría en “el uso, o la amenaza de uso, de la violencia contra civiles inocentes o sus bienes y propiedades, por parte de individuos o grupos organizados no adscritos a Estados, para coaccionar o coartar a sociedades y/o gobiernos, a menudo con fines políticos o político-religiosos”. También se define como los “actos ilegales y criminales utilizados por aquellos grupos que abandonan el camino de la legalidad para enfrentarse a sus opositores, con el fin de tratar de imponer sus criterios, bien sean políticos, religiosos o culturales”.También como “violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado”. (Diccionario de Derecho Internacional, El Nacional, Caracas 2011).

No sólo se trata de actos perpetrados por las estructuras de poder, sean formales o no, sino del apoyo o el financiamiento de tales actividades. Los Estados están obligados a combatir por todos los medios el terrorismo, respetando los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimemente la resolución 1373 (2001), en la que obliga a todos los Estados a tipificar como delito la prestación de asistencia para actividades terroristas, a denegar refugio y apoyo financiero a los terroristas y a compartir información sobre los grupos que planeen ataques terroristas.

El concepto de terrorismo debe verse hoy en forma mas amplia. El terrorismo de Estado es una modalidad particular a la que recurren algunos regímenes. Es el terrorismo que viene de la misma estructura del Estado o de grupos o entidades creados por el régimen, para aterrorizar y amedrentar a parte de la población. Los régimenes que practican tales políticas argumentan “razones de Estado” para justificar su realización. Estos actos suelen traducirse en secuestro;  tortura; ataques y persecución a las personas (discriminación) y la propiedad (confiscaciones) mediante fuerzas oficiales y grupos paraoficiales constituidos para ello; agresiones a los medios de información; procesos judiciales politizados, entre otros. Instruir a las fuerzas armadas formales e informales para causar terror, así como forzar la emigración y el exilio de parte de la población constituirían también actos de terrorismo de Estado.

Libia es un ejemplo claro de Estado terrorista en todos los sentidos. Adentro es conocida la historia y el final de su régimen. Afuera, numerosos crímenes, entre los cuales la voladura de aviones comerciales que causaron centenarse de víctimas y el financiamiento de estas actividades en el mundo. 

En todos los casos, el crimen de terrorismo cualquiera que sea su acepción es condenado por la comundiad internacional. Los responsables de tales actos enfrentarán la justicia en su oportunidad. Lamentablemente, por razones políticas, el crimen de terrorismo no se incluye en el Estatuto de Roma como uno de los crímenes de la competencia de la CPI, aunque se dejó abierta la posibilidad de que el mismo fuese incluido ulteriormente.

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EL CONTRAGOLPE DE LA VENGANZA/ JUAN CARLOS APITZ B.

La muerte de quien hace casi diez años mató a más de 3 mil personas con el atentado a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden, nos hace preguntarnos si con ella “se hizo justicia”, como dijo Barack Obama en su mensaje a la nación norteamericana, o más bien se consumó una venganza.

Primeramente, la venganza no es un capricho, es una pasión que, como las demás pasiones, ayuda a vivir y a morir. Como deber tribal su razón de ser es fomentar el respeto a la tribu, a la familia, a la nación. La venganza, no lo olvidemos, es un deber de los deudos para con el ultrajado. El eterno problema es cómo detener el círculo vicioso de la venganza, pues ésta se instituyó para frenar y disuadir al agresor. Ahora bien, la venganza lo único que consigue es estimular a éste, entonces, termina obrando contra sus propios fines. Por eso la civilización ha ido poniendo freno a la venganza; empezó con Moisés instituyendo las ciudades-asilo para los homicidas involuntarios hasta situarla finalmente en manos de los jueces, quienes son los llamados a encontrar el punto de equilibrio entre la venganza disuasoria y la venganza retadora.

Asimismo, es tan cierto que la justicia es esencialmente venganza (aunque una venganza que persigue detener la sucesión interminable de venganzas), que en griego se llaman prácticamente igual: díke se llama a la justicia, y ekdíke se llama a la venganza. ¿Raro? En absoluto. Más aún, en este caso el prefijo ek parece que funciona de refuerzo de díke, con lo que es probable que al crear la palabra, los griegos pensaron que en realidad la venganza es la justicia más completa y más absoluta. Es así porque la propia díke es polisémica, es decir, significa al mismo tiempo justicia y venganza (y a su vez al significado anterior a justicia, que es "uso/costumbre"). Al alejarse las finalidades de la justicia y de la venganza, los griegos tuvieron la necesidad de crear una palabra distinta para cada una de ellas. ¿Y qué hicieron? Pues bien, a la justicia la llamaron "justicia" a secas (díke) y a la venganza "justicia total" (ekdíke). Aunque este no alude explícitamente a la “fuerza” como sucede con el término latino vindicatio, de donde se origina la palabra venganza, que da a entender, por cierto, que la máxima justicia es la venganza.

Así pues, el oficio de la justicia es canalizar la venganza. Por lo que, a quienes la fortuna ha convertido en vencedores, si no exterminaron a sus enemigos en la guerra ya no deben hacerlo después. La sed de venganza que quede, ha de saciarla, hoy por hoy, la justicia. En otras palabras, habrá que buscar los chivos expiatorios y organizar contra ellos la ceremonia de la venganza, con todas sus solemnidades, y cuanto más larga mejor, para dar tiempo entretanto a que se apaguen las llamas, de manera que se salde la factura con el menor número de víctimas posible. De lo que se trata es de apagar el fuego, no de avivarlo. Eso es, precisamente, lo que pretende la justicia desde que se inventó. Y apagar el fuego requiere, por una parte, disuadir a los pirómanos, y por otra, no irritarlos. Justamente para eso tiene una balanza la justicia: para sopesar cuánto ha de poner en el platillo de la venganza, y cuánto en el del perdón y el olvido.

Al fin y al cabo, la venganza es un plato que se sirve frío y se come despacio.

www.juancarlosapitz.com

justiciapitz@hotmail.com

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LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE. PEATONES SIN BARRERAS. 250.000.000 BS. DE LOS DE ANTES VS 1.350.000.000.000 DÓLERES AMERICANOS DE HOY. IVAN ENRIQUE LEON HERNANDEZ.

CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD, ES PURA CASUALIDAD…?

Fue asi como llegamos antes de 2012, cuando sorpresivamente la fiscal general de La República Socialista Bolivariana del Siglo XXI acudio ante La Corte Suprema de Justicia a solicitar el antejuicio de mérito para el Presidente Comandante y los demás Vergatarios colaboradores mencionados en el enojoso asunto. La fiscal denuncio maniobras para impedir cumplir con su labor.

Luego se sabria que un juez de Primera Instancia Penal y de Salvaguarda, habia habierto un proceso al maximo representante de la vindicta pública sin tener facultades para ello, puesto que el fiscal sólo debe ser investigado por la Corte Suprema.

En medios de la Fiscalia se dijo que se llegó al punto de plantearse un auto de detención a un Vergatario de muy alto calibre, a fin de obstaculizarle el camino hacia el Máximo Tribunal. Al final el Consejo de la Judicatura, a petición de la Fiscal , pues el organismo consideró que su nombramiento estaba viciado de nulidad.

El Presidente insitio en que la Corte lo liberaria de responsabilidades, a pesar de que el procurador renuncio al sentirse engañado. Lo dijo ante sus compañeros de partido (PSUV) y ante quie quiso oirlo. Chávez llego a decir, incluso, que si se encontraban meritos para su enjuiciamiento no tendria problema alguno en renunciar (otra vez), tan seguro como estaba.

Esa segurida se desplomaria, sin embargo, cuando a la proximación a la elecciones del 2012, el presidente de la Corte, presento la ponencia en el caso. Objeto de duras criticas por haberse reservado el proyecto de sentencia, el vergatario magistrado sorprendió a todo el mundo, al encontrar suficiente méritos para enjuciar a Él Presidente y los exministros Vergatarios Revolucionarios, por el delito de malversación, y posiblemente, peculado, en caso de que se sepa a dónde fueron a parar los 1.350.000.000.000 de dólares americanos (una guará, hagarra ese trompo con la uña, “Caspita Santo Pastel de quince años”) convertido a los bolivares de antes, son TODOS.

Esa es la historia de este controversial caso, el segundo que se produce en el pais. Un caso anterior de enjuiciamiento al Presidente ocurrio antes del Perez, del siglo pasado cuando el Congreso pretendio someter a juicio a José Tadeo Monagas. Claro que esa es una historia más antigua; la reciente es la que ha causado conmoción y alarma: el sólo hecho de que un presidente de la República esté nuevamente juzgado por corrupción es motivo suficiente para que no nos sistamos orgullosos de la clase dirigente que tenemos. Pero los sabios dicen que los pueblos crecen corrigiendo sus errores.Hasta ahora ya vemos que en la simple llamada VENEZUELA ha sucedido lo contrario: los errores, como la tierrita debajo de la alfombra, han sido encubiertos.

Todo parece indicar que en esta ocasión sucederá lo que debió ocurrir desde el primer momento: que él Presidente será enjuiciado y el pais marchará por los derroteros por los cuales quiso Bolivar que marchara. No otro sino él, fue quien dijo: “tengo en más al soldado de la ley que al conquistador del Universo”. Amén.

COPIA AL CARBON, AUNQUE USTED NO LO CREA….?

peatones.sin.barreras@gmail.com
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TRIFURCACIÓN. EDDIE A. RAMÍREZ S.

Existen tres vías básicas para sustituir un presidente en caso de grave crisis política. 1-Por intervención del ejército, con o sin participación popular.2- Por decisión de los otros Poderes del Estado y 3- Por medio de elecciones. La solución a la dictadura de Pérez Jiménez fue por intervención de las Fuerzas Armadas, previa labor de la sociedad civil y partidos que promovieron huelgas, manifiestos y protestas callejeras.

En tiempo de Carlos Andrés II, para bien o para mal, la crisis se resolvió por actuación de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y del Senado. Sin duda que fue un juicio político. Algunos acusan a quienes promovieron la destitución de haber procedido por resentimiento o por ambiciones políticas. Otros consideran que fue una actuación de buena fe ante las frecuentes protestas callejeras, saqueos, huelgas y dos intentos de golpes militares. Aunque solo faltaban siete meses para las elecciones, no hay duda de que el ambiente era de crisis severa y todos los días se esperaba una nueva asonada militar. Achacarle el deterioro de los partidos a la llamada antipolítica practicada por los Notables y por los medios de comunicación, “Por estas calles” incluida, pareciera una visión simplista. Definitivamente había un malestar generalizado y esperar podía ser la fórmula menos deseable tomando en cuenta una posible insurrección militar, esta vez con apoyo popular. Particularmente no percibimos una relación causa-efecto entre la salida anticipada de CAP y la llegada del Totalitarismo Siglo XXI. Es de justicia reconocer que CAP se creció en la crisis y demostró ser respetuoso de las instituciones.

La crisis actual es mucho más profunda y difícil de resolver que las ocurridas en tiempos del dictador de Michelena y del demócrata de Rubio. Una opción como la de CAP II no es realista ante a sumisión de los otros Poderes. Está planteada la vía electoral, con la que se completa la trifurcación de las opciones. La dificultad está en que el teniente coronel no es un demócrata y puede proceder a desconocer las elecciones. Por otra parte, faltan dos largos años en los que la República corre el riesgo cierto de una total destrucción y los venezolanos estamos expuestos a perder aún más nuestras libertades y propiedades. A pesar de las reiteradas violaciones a la Constitución por parte del régimen actual, una opción tipo 23 de enero de 1958 tiene el inconveniente de que tanto la población civil, como los militares, están divididos en cuanto a su percepción sobre el inquilino de Miraflores. Por ello, como ahora somos mayoría y deseamos soluciones pacíficas, nos inclinamos por la vía electoral con todos sus escollos, sea como solución definitiva o como catalítico de otras opciones si se atreve a desconocer los resultados. Mientras tanto, no podemos callar ni dejar de protestar ante la radicalización gubernamental.

Como en botica: “La rebelión de los náufragos”, de Mirtha Rivero, es de obligatoria lectura para conocer entretelones de la crisis CAP II. Para refrescar lo duro de la dictadura de Pérez Jiménez, recomendamos la lectura de “Contra las Dictaduras Por la República Civil: Semblanza de José Agustín Catalá, de Marco Tulio Bruni Celli. Al cumplirse ocho años de la huelga del 2 de diciembre, nuestro reconocimiento a Carlos Ortega, a Carlos Fernándes y a quienes perdieron todo por defender principios y valores. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

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REPÚBLICA Y JUSTICIA, SIXTO MEDINA

Si el Poder judicial no es independiente, el Estado de Derecho, que se asienta sobre el principio de división de poderes, indefectiblemente habrá de evaporarse hasta desaparecer. La historia nos revela que les ha pasado a muchos pueblos, incluso a aquellos que parecían fuertes. Pero ¿quién se beneficia con el sometimiento de los jueces? Sólo aquellos gobernantes que buscan una desmesurada acumulación de poder, impúdicamente exhibido las mas de las veces, con el cual pretenden-y generalmente lo consiguen-torcer voluntades, en algunos casos con el implícito objetivo de que no se investigue lo que no conviene, en otros, con el explicito y desenfadado propósito de que se investigue, y más aún, que se condene, pero solamente de acuerdo con las expectativas de quién ostenta el bastón de mando.

Estos gobernantes, y su interminable sequito de aduladores, actúan en forma tan enceguecida que no reparan en que ese beneficio sólo dura lo que duran sus fugases mandatos. Mientras tanto, el daño ocasionado a la República ha de subsistir por mucho tiempo más. Ni siquiera advierten que el sometimiento y oprobio engendra, inexorablemente, resentimiento y sed de venganza. La historia también es generosa en episodios de esta índole.

Quienes así proceden en nuestro país, lanzan al arcón del olvido una obviedad: que los pueblos reflexionan, no son simples instrumentos de renta para los gobiernos, sino seres colectivos que sólo se desenvuelven, se moralizan y prosperan a la sombra de la justicia, al amparo de las leyes y de las autoridades constitucionales que los mismos pueblos han creado.

Pero ¿quién tiene la culpa de que esto ocurra? La culpa es compartida. No sólo es merito de los gobernantes; también es propiedad de aquellos magistrados que, mansamente se dejan someter.

“El juez al que se priva de independencia es un juez sometido”, y el juez que consiente en entregar su libertad de juicio abdica de la más importante de sus atribuciones y pone en peligro la estabilidad del orden jurídico, elemento imprescindible para la vida de la colectividad”, decía el jurista argentino, Juan Silva Riestra, hace más de medio siglo.

“Los jueces-anotaba el ilustre académico-deben ser independientes de las exigencias del poder cuanto de las pasiones de los partidos. En otras palabras, alejarse del César, que todo lo puede menos evitar su propia caída, apartarse de las muchedumbres que, según Groussac, tienen muy cercano el zarpazo a la acaricia, y mantener la equidistancia, asegurando con ella la imparcialidad que es un atributo esencial de la justicia y la manifestación exterior de su decoro”.

Ante los desvíos de poder, ante las recomendaciones o insinuaciones más audaces; ante los retos y admoniciones más irrespetuosas; ante las amenazas de juicio político-cuya idoneidad no se discute pues quien las profiere se encarga a la vez de controlar a los que deben implementar juzgamiento-; ante estas y otras arremetidas del poder político, los jueces deben anteponer la majestad de su independencia e incoercibilidad de su espíritu.

sxmed@hotmail.com
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*"NADIE ESCAPA DE JUSTICIA INTERNACIONAL", DIEGO ARRIA, EN EL UNIVERSAL, SÁBADO MARZO 14, 2009

"En Venezuela, los comunicadores, como ocurrió en Ruanda, pueden ser juzgados por incitación a la violencia y al crimen"

Arria afirma que se engañan quienes esperan que la soberanía les sirva para tapar o enterrar delitos, crímenes y atropellos (Paulo Pérez Zambrano)

Diego Arria advierte desde Nueva York que "la soberanía territorial no es una guarida para cometer delitos y escapar de la justicia internacional", a propósito de la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, por la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pocas horas antes de salir para El Salvador, donde fungirá como observador internacional en los comicios presidenciales que allí se celebran este domingo 15, Arria se refirió a la actitud asumida por el Gobierno venezolano, que cuestionó la supuesta intromisión de la Corte en asuntos internos que eventualmente violan la soberanía de Sudán.

Para el ex embajador de Venezuela ante la ONU "es comprensible que los regímenes que temen ser eventualmente procesados protesten o cuestionen la decisión de la Corte Penal Internacional, no obstante que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma que puso en vigencia la Corte". Igualmente observa que no fue sólo Venezuela la que protestó, sino que también lo hicieron "el régimen iraní, y los movimientos terroristas de Hamas y Hezbollah; los países árabes, en lo que representa una vergüenza para el mundo islámico; China, que es su principal proveedor de armas y socio petrolero y la Liga Arabe, que incluso envió una misión a la ONU para solicitarle al Consejo de Seguridad utilizar su prerrogativa de suspender por un año la orden de arresto, lo cual, afortunadamente, no fue atendido".

Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y ex asesor de su secretario general, dice no entender "la elemental falta de humanidad de los regímenes como el nuestro para condonar el comportamiento criminal del presidente Al- Bashir, quien expulsó a las 13 principales organizaciones humanitarias que le proporcionaban comida, agua potable, medicinas, atención médica y ropa. A su juicio, al tomar esta decisión detona una nueva modalidad: "la de matar a la población no con armas de fuego o machetes, sino de hambre y de sed, calificado por la embajadora norteamericana en la ONU como "genocidio por otros medios". Bashir también amenazó con expulsar a todas las organizaciones o misiones diplomáticas que de alguna manera ofendan la soberanía de Sudán. Incluso dijo que esas organizaciones expulsadas eran espías de la CIA, declaraciones similares a las de Hugo Chávez al expulsar al director De Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco".

Subraya, también, que existen "regímenes que piensan que al interior de sus fronteras nacionales pueden abusar de los derechos y libertades de sus pueblos, convertir su territorio en una especie de guarida para esconderse de la justicia internacional y argumenta cómo la soberanía representa un escudo de protección para sus desmanes: "se engañan quienes esperan que la soberanía les sirva para tapar o enterrar delitos, crímenes y atropellos. No les han explicado que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, desarrolló un nuevo concepto y práctica de la seguridad humana: la responsabilidad de proteger, que representa un cambio fundamental en la consideración tradicional de la soberanía de Estados, la cual pasa a ser concebida como un conjunto de derechos y responsabilidades de los poderes públicos frente a sus ciudadanos, entre los que se encontraría la vida y la integridad de las personas".

-¿Qué efectos prácticos puede tener ese concepto desarrollado por Kofi Annan?

-Estos regímenes y sus líderes están muy equivocados. Desde Pinochet, detenido en el Reino Unido por la comisión de crímenes de tortura, pasando por Milosevic, Charles Taylor, de Sierra Leona, y ahora Karadzic y el presidente Omar Al-Bashir, está claro que ningún jefe de estado en funciones o retirado puede escapar de la justicia internacional, aunque tome tiempo. Ese es el gran valor que tiene la decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya en el caso de Al-Bashir.

-¿Cree usted factible colocar al venezolano entre los gobiernos que menciona?

-La incitacion al delito, a la violencia y al crimen está considerada como uno de los peores crímenes. De hecho, en el Tribunal Penal de Ruanda los que recibieron las penas más severas -cárcel de por vida- fueron unos comunicadores por la capacidad masiva que tienen los medios para promover delitos. En nuestro país hay muchos que serían alcanzados por esta consideración. El uso de los medios de comunicación para estos fines es una de las prácticas más cobardes y perversas y condenables de todas.

Arria ha sido requerido por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia a fin de ser testigo en el juicio contra Radovan Karadzic -lider serbio de la llamada República- (el carnicero de Bosnia) indiciado por la comisión de crímenes contra la humanidad y por genocidio de más de siete mil civiles. Igualmente presidió misiones del Consejo de Seguridad en la zona y al referirse a la situación de las fuerzas armadas venezolanas advierte que "los jefes y oficiales militares que participen en la comisión de delitos no podrán justificarse diciendo que obedecían órdenes superiores, pues el respeto al Estatuto de Roma, creado por la Corte Penal Internacional, señala que no podrán alegar que obedecían órdenes superiores de autoridad militar o civil. Es claro que hoy en día la inmunidad militar o civil ha pasado al terreno de la ficción:y esto es fundamental divulgarlo.

En ese sentido, Arria sostiene que "mientras más se disfraza de militar el jefe de Estado venezolano más arrastra y compromete a la fuerza armada que se lo condona, al igual que la desviación de las responsabilidades militares para atemorizar a civiles o para apropiarse ilegalmente de sus propiedades abusando de su condicion de militares armados".

rgiusti@eluniversal.com