J.J. GOLDBERG, TAL COMO A LOS NAZIS, HAY QUE ENFRENTARSE A ISIS INCLUSO SI ELLO SIGNIFICA ALIARSE A LOS STALINES DE HOY. TRADUCCIÓN: CARLOS ARMANDO FIGUEREDO

No hay Compromiso: Los militantes de ISIS son ambiciosos y despiadados

Si hay algo que hemos debido aprender del siglo 20, es que las guerras son perversas, asuntos asesinos que profanan el espíritu del género humano. Que a pesar de esa verdad universal, hay algunas guerras que hay que pelear, tan perversas como puedan ser, porque la alternativa es algo incluso de lo que no se puede hablar. Y que algunas otras guerras nunca han debido pelearse. Aún no hemos aprendido esa lección.

El siglo pasado vio muchas guerra, pero dos grandes guerras mundiales en particular colgaron sobre la era como una vasta sombra de muerte. La primera guerra mundial fue una estúpida, una orgía sin sentido de matanza, desatada para pulir los egos de algunos bufones reales que se pavoneaban, que procedieron a decimar a una entera generación. Al final, cualquier bien que pudiera haber forjado con el derrumbe de imperios fue minimizado por el infierno que hizo estallar. Al final, también, a no ser por la devastación de esa primera guerra y la vengativa, humillante paz que los victoriosos le impusieron a Alemania, no habría habido una segunda guerra mundial. Y todavía, una vez que el veneno del nazismo comenzó a rezumarse a lo largo de Europa. Una segunda guerra mundial se hizo inevitable. Esa fue una guerra que había que pelear hasta su terrible final. De otro modo la maldad se habría asentado sobre el mundo como una larga, oscura noche.

Ganar la Segunda Guerra Mundial fue una empresa que unió a mucha de la raza humana. Las diferencias entre este y oeste, incluso el conflicto entre la dictadura estalinista y las democracias atlánticas palidecieron ante la urgente tarea de derrotar a Hitler. Nada antes ni desde entonces ha ordenado tal compromiso transcendente.

Las guerras de este nuevo siglo aún no han replicado los monstruosos consumidores del mundo cataclismos que devastaron al último siglo. En lo principal, su escala de destrucción nunca ha estado más limitada. El número de sus víctimas las más de las veces ha sido contado en los miles, no en las decenas de millones. Cada conflicto ha contenido en si mismo tragedias de pérdidas infinitas, pero el mundo aún no ha tenido erupción en llamas tal como  la tuvo dos veces en el último siglo.

De por lo menos una manera, a pesar de ello, los patrones del siglo 21 han comenzado a repetir los del siglo 20. Tal como en el último siglo, éste abrió con una estúpida, sin sentido guerra disparada por una banda de chapuceros a nombre de remover amenazas que no existían, derrocando a un déspota de poca monta y prometiendo democracia pero sólo desatando el torbellino. Y tal como en la marcha de locura del último siglo, esa ha engendrado un mal asesino capaz de marchar a través las fronteras, llevando a cabo masivas atrocidades con miras de dominar al mundo. Y ahora, tal como entonces, debemos luchar.

La mayoría de los norteamericanos han llegado a aceptar que nuestra invasión a Irak en el 2003 fue un error, pero hay poco reconocimiento del estrago que causamos. En los años que siguieron a nuestra invasión, masas de gentes a lo largo del Medio Oriente tomaron las calles en una mal llamada Primavera Árabe para exigir lo que Irak había ganado, y para su gran desgracia y la nuestra, lo han obtenido: una breve promesa de libertad seguida por una guerra civil sectaria, por extremismo asesino, caos o todos los tres. En el propio Irak, islamitas radicales se precipitaron sobre el vacío que habíamos creado y construyeron una fuerza terrorista donde nunca había existido. Ha adoptado varios nombres tal como ha crecido y ha tenido metástasis, llamándose Al Qaeda en Irak, luego Estado Islámico de Irak. Finalmente cruzó a Siria y lanzó un ola de terror que hace mendigar a la imaginación.

Es una marca de cuan mal nosotros subestimamos al Estado Islámico que lo comparamos a otros movimientos terroristas ya sean Hamas o la Hermandad Musulmana o incluso Al Qaeda. He citado en las últimas columnas el análisis de amenaza desarrollado por la inteligencia militar de Israel, tal como se fue presentado en junio por el jefe de investigación en el directorio de planificación estratégica de la FDI, General de Brigada Itai Brun, pero vale la pena repetirlo. El consenso de los servicios de inteligencia de Israel es que Israel se enfrenta a cuatro fuerzas diferentes en el Medio Oriente: el bloque moderado de Egipto, Jordán y Arabia Saudita y de la Autoridad Palestina, el bloque chiita de Irán, Hezbollah y Siria, la Hermandad Musulmana y sus retoños, incluyendo a Hamas, y las fuerza del jihad global. De los cuatro, el jihad global es el único que no es considerado susceptible a negociación o disuasión —ello está más allá del alcance de la coexistencia racional.

¿Por qué es ISIS diferente de, digamos, Hamas? Un simple mirada a los acontecimientos de los últimos meses podría aclararlo. Hamas, tal como su pariente, la Hermandad Musulmana, busca ganar poderío de estado para gobernar al estado según sus nociones de ética islámica. ISIS busca eliminar a estados existentes y crear un estado que se extienda a lo largo de la vasta extensión del temprano califato musulmán. Hamas, como un movimiento religioso palestino no reclama más allá de las fronteras del territorio de la Palestina histórica, la misma mayor Tierra de Israel que le movimiento religioso de Israel reclama como suya. ISIS no reconoce fronteras, naciones y límites para sus apetitos.

Las tácticas de Hamas incluyen la urna de votación y las armas clásicas de los e los guerrilleros terroristas desde Argelia hasta Vietnam, incluyendo secuestro y explosiones de bombas. ISIS avanza sobre el territorio, despejando ejércitos a su paso y casualmente masacrando a sus prisioneros; capturando pueblos y enterrando vivos a sus habitantes; haciendo que las minorías religiosas escojan la conversión, huida o exterminio masivos; despedazando a niños por la mitad, vendiendo a mujeres y niñas en esclavitud sexual, crucificando a quienes disienten y decapitando a transeúnte al azar. Hasta ahora el mundo no ha visto alfo como ISIS en décadas. Incluso Al Qaeda se estremece ante el salvajismo del así llamado Estado Islámico.

Hay moderados occidentales que consistentemente rechazan fáciles comparaciones de ideologías contemporáneas, sin embargo odiosas, con la Alemania nazi. Sin embargo, tan desagradables como puedan ser quienes hacen el mal en el mundo, ellos no tienden a conquistar el mundo ni a exterminar enteras populaciones del mundo. E incluso cundo se valen de tal retórica nunca despliegan en ninguna parte algo cercano a la capacidad de capturar vastos territorios, derrotar a ejércitos presentes y gobernar.

Hasta ahora no. Ahora el mundo se enfrenta a un nuevo movimiento ideológico que tiene la voluntad y la capacidad de conquistar, combinada con la depravación que no reconoce moralidad alguna más allá de su apetito de exterminación.

Detener a ISIS no es otra aventura militar, un nuevo aparecer de Irak o Vietnam. Es una misión para eliminares virus que crece aceleradamente que ya ha mostrado los horrores que puede causar si se le permite seguir creciendo y mutándose. Es una causa que debería unir a Norteamérica y las demás democracias occidentales con aquellas potencias en la región que se enfrentan a los riesgos más inmediatos, ya sean tradicionales aliados sunitas como Jordán y Arabia Saudita o Estálines de tiempos modernos como Bashar al-Assad y los mullahs iraníes. No debemos ser aprensivos. No podemos dejar que los fantasmas de desaventuras pasadas nos enceguezcan frente a la urgencia del presente. No debemos esperar que otros peleen por nosotros bajo la ilusión de que se trata de su lucha y no de la nuestra. Ha llegado un momento de botas sobre la tierra.

Enviado a nuestros correo por

Carlos Armando Figueredo

JJ. Goldberg

goldber@forward.com

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CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL TESTIMONIO DE MOISÉS NAÍM ANTE COMITÉ SENATORIAL DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Observaciones tal como hechas para el Testimonio del  Comité Senatorial de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos

Moisés Naím, Asociado Senior PHd, International Economics  Program, Carnegie Endowment for International Peace 8 de mayo de 2014

En la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado

Traducción de Carlos Armando Figueredo.

Gracias. Presidente Menéndez, gracias, Miembro de Mayor Rango Corque y miembros del comité, por haberme invitado a comparecer ante ustedes hoy. Es un honor estar aquí.

Quisiera empezar sobre una base personal. Paso la mayor parte de mis días de trabajo analizando las tendencias económicas y políticas globales y la capacidad de las naciones de cumplir con sus metas sociales. Para mí, el caso de Venezuela es diferente. Crecí allí, estudié allí, enseñé allí y a principios de los noventa trabajé con un equipo extraordinario de funcionarios gubernamentales como Ministro de Comercio e Industria para llevar prosperidad a un país con una democracia defectuosa pero vibrante. Por más de cuarenta años, los resultados de las elecciones en Venezuela eran bastante impredecibles, se cumplía con las limitaciones a los períodos y los controles y contrapesos ayudaban a ponerle freno a la concentración de poder.

Seré tan desapasionado como sea posible en mi análisis y mi recomendación en cuanto la política de los EU hacia Venezuela. Pero vengo a cumplir con esta tarea con un corazón aquejado. Veo a un país que amo, y que tanto me dio a mi y a mi familia, en una espiral descendiente hacia un caos económico, luchas en las calles, una sociedad profundamente dividida, abusos masivos por parte del gobierno e inimaginable corrupción. El hecho de que este maravilloso país adquiera muchas de las características comunes a estados mucho más pobres y fallidos, y testimoniar como el sufrimiento humano crece es para mí, para mi personalmente, para mi familia y, por supuesto, lo que es más importante, para el pueblo venezolano nada menos que una tragedia.

Venezuela, hoy en día, no es una democracia y, claramente es un fracaso económico. Políticamente, es una autocracia post-moderna. ¿Qué es eso? Es un gobierno autoritario que sabe como parecer democrático a la vez trampeando las elecciones, ahogando a los medios, reprimiendo a la oposición y acabando con lo controles y la verificación, de ese modo concentrando el poder mientras mantiene una apariencia de democracia. Tan solo un ejemplo puede ilustrarlo: durante los catorce años del gobierno de Chávez y uno de Maduro, no hay ni un solo caso en el que los poderes legislativo o judicial se hayan opuesto a una iniciativa o le hayan impedido al presidente que haga lo que a él le parezca, cuando le parezca.

El gobierno, a hurtadillas y efectivamente anuló todos los controles y contrapesos sobre el poder del ejecutivo. La rendición de cuentas y la transparencia se han erosionado sistemáticamente y, para todos los fines prácticos, han dejado de existir desde hace años. 

Dicho esto, compartiré con ustedes cinco pasos prácticos que creo que el gobierno de los EU podría emprender que constituirían una contribución positiva para entender la realidad venezolana, aliviando este sufrimiento y prestándole ayuda a una nación en nuestro Hemisferio para que se aleje de esta horrenda situación.

Es importante, sin embargo, subrayar que cero firmemente que los conflictos en Venezuela sólo pueden resolverlos los venezolanos y que los Estados Unidos no pueden ni deben ser un protagonista en lo que allí está ocurriendo. Las medidas que recomiendo apuntan a facilitar la resolución de conflictos y a aclarar la situación que las autoridades venezolanas están oscureciendo deliberadamente.

Desgraciadamente, mientras hablamos hay otro improbable y sorpresivo poder externo que conduce el juego en Venezuela e interfiere con la voluntad del pueblo allí: Cuba. Espero que el Comité discutirá el papel de definición de Cuba en una próxima audiencia.

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El contexto para los pasos que recomiendo se trata de una crisis de los derechos humanos grave y mal entendida. Tengo pleno conocimiento del alcance de las detenciones arbitrarias, de la falta de revisión judicial, los secuestros, las palizas, las amenazas, las restricciones a los medios, y el encarcelamiento de jóvenes que protestan en prisiones horribles para brutales delincuentes. 

Sé que ustedes recibirán un informe comprehensivo  y confiable sobre estas y otras violaciones de derechos humanos, proveniente de Miguel Vivanco, de Human Rights Foundation, de manera que no las enumeraré aquí, salvo para comentar que mi más arduo deseo es que esa prácticas que quedaron atrás al finalizar los días de brutales dictaduras militares en América Latina no resurjan. Tristemente, han regresado en Venezuela. El choque más importante en la Venezuela de hoy no es el de la izquierda contra la derecha, los ricos contra los pobres ni siquiera de las buenas ideas contra las malas ideas, o como gobernar un país. No; el problema que define lo diario en Venezuela es la violación al por mayor, aprobada por el estado y ampliamente documentada de los derechos humanos de quienes se oponen al gobierno; las violaciones llevadas a cabo por la guardia nacional y por milicias civiles bien entrenadas de corte delincuencial, los infames “colectivos”.

Bajo esas circunstancias es un reto para los EU intervenir de modo constructivo. En el mejor de los casos, los EU pueden tomar medidas que ayudarán a prestar apoyo a los motores centrales de un cambio para lo mejor: el pueblo venezolano.

Las cinco medidas que recomiendo son:

(1) Ayudar a los venezolanos y al mundo a entender el verdadero impacto de quince años del modelo de gobernar que instauró Hugo Chávez;

(2) Ayudar a desenmascarar y hacer público el nivel de corrupción y de influencia extranjera en el actual gobierno;

(3) Sancionar a los responsables de abusos de los derechos humanos, así como a los oligarcas conectados a la elite de Chávez que han amasado fortunas inimaginables a través de negocios corruptos y empresas delictivas;

(4) Prevenir medidas que alimenten la táctica de “culpar a otros” para evitar responsabilidad por un estado fallido y una economía en colapso que el gobierno venezolano y sus apologistas dentro y fuera de país utilizan con tanta frecuencia; y

(5) Promover que los aliados latinoamericanos abandonen su silencio en cuanto a los abusos gubernamentales en Venezuela que no tolerarían en su propio país. No les estoy pidiendo a los vecinos de Venezuela o a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervengan en la política venezolana. Pero es absolutamente válido esperar que los gobiernos decentes –y los líderes decentes– no permanezcan indiferentes respecto de la forma cómo el gobierno venezolano reprime a sus opositores.

Ahora, elaboraré brevemente sobre cada una de estas cinco propuestas.

1) Combatir a las Mentiras con Hechos

Una de las herramientas más potentes utilizadas por el gobierno venezolano es la manipulación y el ocultamiento de la información social, económica, política e institucional.

Para enfrentar esta realidad, recomiendo que el gobierno de los EU ejerza la influencia significativa que tiene en instituciones internacionales y nacionales que recopilan datos y publican informes sobre el estado de la economía, la sociedad y las libertades políticas del país, las relaciones internacionales y la seguridad nacional e internacional. Valerse del voto en organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso la vergonzosamente inefectiva OEA, para promover investigación de calidad sobre la realidad venezolana. Instituciones nacionales de los EU tales como el Servicio de Investigación del Congreso, fundaciones privadas y ONGs podrían comprometerse también.

La primera víctima en una dictadura es con frecuencia la verdad. La realidad venezolana no está siendo presentada por el gobierno ya que no se reportan datos, se manipula o se fabrica. Hay legítimas dudas respecto de lo correcto de los datos relativos a la pobreza y la desigualdad, no se ha llevado a cabo valoración de los programas sociales, el público ignora cuanto cuestan los masivos programas de ayuda a países extranjeros o la naturaleza de las obligaciones que la nación ha adquirido con países como China, Rusia o Bielorrusia. 

Ni siquiera tenemos información confiable acerca de homicidios, secuestros y los crímenes. El gobierno explota hábilmente, con fines de propaganda, sus números y sus beneficios maquillados a partir del vacío de información. 

Recientemente, por ejemplo, el Presidente del Banco Central anunció que los datos sobre escasez de bienes de consumo y medicinas ya no se publicarían.

Haciendo brillar una luz sobre las verdaderas condiciones de la pobreza, la desigualdad, las prácticas laborales, la productividad, la producción petrolera, los saldos fiscales y monetarios, la censura, y, por supuesto, los derechos humanos ayudaría a revelar la falla del liderazgo venezolano en adentrarse en un camino económico y social que le sirva a su pueblo.

No estoy pidiendo que los EU “clasifiquen” explícitamente al gobierno venezolano como una dictadura, sino que los EU usen su poder para combatir a un gobierno abusivo con la fuerza de la información: obtener los hechos reales para que rodos los vean y debatan sobre ellos. Es imperativo ponerles las cosas más difíciles al régimen y sus apologistas a la hora de mentir sobre lo que esté ocurriendo en el país, y de ocultar el impacto devastador de sus políticas

2) Descubrir los Oscuros Secretos

Rumores, casos individuales, revelaciones susurradas, confesiones salvajes e informes esporádicos, todo habla de la influencia cubana sobre las políticas gubernamentales venezolanas, de la enorme influencia de los narcotraficantes y sus cómplices en el gobierno y de la masiva corrupción en el uso de los ingresos y de la contratación. Las agencias de seguridad y fiscales de los EU están bien informadas acerca de cada una de estas realidades. Mi recomendación es que se lleve a cabo una información de auditoría de todos los informes de inteligencia y de aplicación de la ley que dan luces sobre la situación venezolana y difundir la información  que pueda hacerse pública sin amenazar los activos de seguridad ni dañar la necesidad que tienen las comunidades de inteligencia de proteger fuentes y métodos. Estoy seguro de que dicha auditoría hallará que el gobierno de los EU posee información secreta cuya revelación podría arrojar importante luz sobre el funcionamiento del gobierno venezolano y de sus socios cubanos (o  los narcotraficantes en el medio) sin causar algún daño duradero a la inteligencia de los EU.

Es críticamente necesario presentar información, acerca del nivel de influencia extranjera, los flujos ilegales de dinero, la criminalidad gubernamental y las prácticas corruptas en Venezuela y para documentar cómo su gobierno se ha convertido en un importante facilitador del comercio ilícito de drogas, gente y armas. Bajo condiciones de extensa censura de, y coerción a, los medios, el potencial de manipular al público con falsa información es alto. De una vez, el gobierno de los EU podría dar un paso importante para obstaculizar es desinformación al revelar sistemáticamente lo que sabe sobre esas prácticas corruptas

3) Pongan en la mira a los oligarcas bolivarianos y a sus socios

Los EU tienen un número de herramientas para sancionar a los individuos que ingresan al territorio de los EU. Es bien sabido que los mismos individuos corruptos que roban en las arcas del gobierno, aceptan comisiones sobre contratos y legitiman dinero de la droga mientras condenan  a plena voz a los Estados Unidos, también vienen aquí para disfrutar de los bienes y servicios de este país. Estos nuevos multimillonarios, que han amasado fortunas personales inimaginables al apoderarse de fondos públicos, viajan a los EU en jets privados, se aprovechan de los mejores servicios  de salud de los EU, envían a sus hijos a colegios universitarios de los EU y pasan sus vacaciones  haciendo compras en Nueva York, esquiando en Aspen o navegando en yates en Florida. También son fuertes usuarios de bancos de los EU e invierten sus mal habidas ganancias en inmuebles y otros instrumentos de inversión bajo jurisdicción de los EU.

Mi propuesta concreta es ampliar la extensión y el alcance de las sanciones que apunten individualmente contra individuos específicos y sus familias y socios de negocios. Desde que Hugo Chávez llegó al poder, hace quince años, ha sido casi imposible mejorar en el sector privado de Venezuela sin celebrar operaciones comerciales con el gobierno. Es raro que esas operaciones se realicen diáfanamente y sin corrupción. Hay una larga y creciente lista de venezolanos obscena e inexplicablemente opulentos que se hacen pasar por “gente de negocios” pero no son sino delincuentes que se enriquecieron a espaldas de los venezolanos pobres que el gobierno bolivariano tan ardientemente alega representar. Estos ladrones y sus socios deberían ser objeto de sanciones individuales. El gobierno de los EU sabe quienes son.

Negar una visa, congelar cuentas bancarias y limitar el acceso a los EU de los oligarcas de Chávez y sus familias obviamente tendrá un impacto sobre estos individuos. Es gualmente importante, ello hará pública la naturaleza corrupta del régimen e identificará a algunos de sus ricos beneficiarios. Demostrar que los EU no condonan este género de comportamiento corrupto e ilegal, les mostrará a estos individuos, y al mundo, lo que los EU admiten y lo que no admiten.

 

Traduccion de

Carlos Armando Figueredo

figueredo.carlosar@gmail.com

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CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, SOBRE LA FACULTAD DE AMNISTIAR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga al Jefe de Estado la facultad de amnistiar a quienes estén cumpliendo penas por comisión de delitos. Sin embargo, la Constitución de 1999 ha previsto excepciones, tal como lo dispone el artículo 29 que reza como sigue:

Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Si bien el Jefe de Estado no está obligado a amnistiar, sí sorprende que Maduro haya dicho que no le concede amnistía a Ivan Simonovis, porque éste fue condenado por comisión de delito de lesa humanidad y la Constitución le impide conceder amnistía a quienes hayan cometido ese delito, tal como se expresa en el artículo 29 arriba citado. Ignoro si fue por ignorancia o por mala voluntad intrínseca que Maduro se negó a conceder la amnistía. 

En efecto Maduro ignora que Simonovis no fue condenado por crimen de lesa humanidad, sino por complicidad necesaria en la comisión de delito de homicidio, por el cual no se condenó a ningún autor ya que en el proceso no se determinó quien había sido autor del homicidio o quienes lo habían sido. 

Desconoce el hecho de que el 11 de abril, cuando ocurrieron los homicidios que dieron lugar a una condena sin pruebas, no existían en Venezuela los Crímenes de Lesa Humanidad tipificados por el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional ya que ese Estatuto no había entrado en vigencia y sólo entró en julio del mismo año. Es norma fundamental del derecho penal de todos los países en los que impera el Estado de Derecho que las leyes penales no tienen efecto retroactivo sino cuando benefician al reo. El 11 de abril no estaban tipificados en Venezuela los crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto no podía condenarse a nadie por hechos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, tal como los define el Estatuto de Roma. Pero, lo que es más, en la sentencia que condenó a Simonovis y a los comisarios y policías, no hubo acusación alguna por crímenes de lesa humanidad. Sólo hubo condena por complicidad necesaria en homicidio, en sentencia que no se dictó de acuerdo con lo alegado y probado en autos, sino obedeciendo la orden del Jefe de Estado.

Lo dicho por Maduro en su declaración televisada revela mala intención cuando afirma que no puede perdonar a un hombre responsable de tantas muertes. Si bien ha podido atenerse a no amnistiar sin alegar razón alguna, prefirió decir que cualquier medida que implicara la libertad de Simonovis debía ser tomada por los tribunales, ignorando que los tribunales no conceden amnistía y que sólo la acuerdan el Jefe de Estado o la Asamblea mediante ley especial. 

Pero, al colocar la pelota en la cancha de los tribunales, deja abierta la puerta para que se decida concederle a Simonovis una de las medidas sustitutivas de la privación de libertad, contempladas por la legislación penal venezolana y que en su caso son procedentes en virtud de su deteriorado estado que puede causarle la muerte si permanece detenido.

Es bueno advertir que, a lo largo de su reclusión Simonovis fue y sigue siendo objeto de tortura psicológica y que el delito de tortura sí es un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y la recién promulgada Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Los delitos cometidos bajo esa Ley son imprescriptibles y, según lo que dice el propio Maduro no podrán dar lugar a beneficios ni a amnistía

Carlos Armando Figueredo

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CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, MADURO Y SIMONOVIS,

La maldad de Maduro no tiene límites. Le acaba de negar la amnistía a Iván Simonovis alegando que el derecho venezolano no permite que se conceda amnistía a quienes hayan cometido delito de lesa humanidad. Ocurre, señor Maduro que Simonovis no cometió ningún delito sino que fue condenado para esconder los delitos cometidos por partidarios del gobierno  en abril de 2002 . 

En un juicio cuya sentencia fue ordenada por Hugo Chávez, según lo reconoció el ex magistrado del TSJ Aponte Aponte, Maduro, los comisarios y los policías metropolitanos no fueron condenados como autores de homicidios del 11 de abril sino como cómplices necesarios, siendo que el tribunal no determinó quienes habían sido los autores, a sabiendas de que los autores estaban en Puente Llaguno pero fueron amnistiados. La condena no ha podido ser por lesa humanidad porque, en abril de 2002 no había entrado en vigencia el Estatuto de Roma que tipificó el delito de lesa humanidad, delito éste que ni siquiera después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, no ha sido tipificado en la legislación venezolana. Sepa usted, señor Maduro, que las leyes penales, en Venezuela, no tienen efecto retroactivo sino cuando benefician al reo.

El indulto a Simonovis, señor Maduro, sí es cosa que le corresponde a usted como presidente, no es exclusividad del poder judicial. Tan es así que Chávez amnistió a los verdaderos asesinos que dispararon desde Puente Llaguno que, de haber estado vigente en ese entonces habrían cometido delito de lesa humanidad.

Hay que advertirle otra cosa: en Venezuela se acaba de promulgar la ley contra la tortura y son muchos de los funcionarios de su gobierno que han cometido y siguen cometiendo delitos de tortura que, si bien no eran punibles como tales antes de la promulgación de dicha ley ahora sí lo son y no prescriben. Vamos a ver que pasará cunando renazca la justicia en Venezuela.

Si usted quiere negar la amnistía puede hacerlo ya que no se le puede obligar a acordarla. Ahora bien si el caso de Simonovis le corresponde resolverlo a los tribunales, ellos pueden concederle una forma alternativa de cumplir la condena que implique concederle libertad, sobre todo cuando se ha cumplido más de la cuarta parte de la pena con privación de libertad y cuando se sabe que su muy deteriorado y mal atendido estado de salud puede causarle la muerte si permanece detenido.

Carlos Armando Figueredo 

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CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, LA VERDAD DE LO OCURRIDO EL 8 DE DICIEMBRE

Es asombrosa la candidez de los medios de comunicación internacionales al informar que el PSUV le ganó a la oposición las elecciones municipales venezolanas el 8 de diciembre. En efecto, basándose en información proveniente tanto del sector oficial, como de los medios informativos dominados por el gobierno, importantes diarios del mundo han declarado que el gobierno de Maduro ganó las elecciones municipales y salió fortalecido. Si realizaran un periodismo serio y objetivo se darían cuenta de la falsedad de esa noticia.

En efecto, todo parece arrancar del resultado preliminar de los escrutinios anunciado por la presidente del CNE y más que allegada al PSUV, Tibisay Lucena. Dijo que el PSUV le había ganado con 5.111.336 votos frente a 4.435.097  a lo que ella llamó “partido MUD” que no es otra cosa que un cuadro en el tarjetón, colocado abajo y a la izquierda que le daba la oportunidad a los electores de votar por todos los candidatos de la Unidad sin tener que escogerlos uno a uno. Añadió que el partido PC V, oficialista no incluido en la casilla del PSUV había obtenido un número, a mi juicio despreciable, de votos, Pero también agregó que “otros partidos” habían obtenido unos 833.731 votos. Esos partidos son todos de oposición y si sumamos sus votos a los de la MUD vemos cómo la oposición le ganó cómodamente al oficialismo.

Ese triunfo de la oposición es mucho más meritorio cuando tomamos en cuenta las serias dificultades, las desventajas, los innumerables impedimentos, abusos y actos de violencia sufridos por la oposición. Hasta el mismo día de las votaciones se difundió por el canal 8 de Venezolana de Televisión propaganda sutil y no tan sutil a favor del PSUV. La oposición prácticamente no tuvo acceso a la televisión. El día de las votaciones, en los centros de votación en zonas consideradas por el gobierno como francamente opositoras, no funcionaban las máquinas de votación. La actitud de las fuerzas armadas fue de indebida e ilegal interferencia en los centros de votación en lo que su participación debía limitarse a la custodia. Se arrestaba a las personas que informaban a los electores acerca de la forma de votar —para muchos muy compleja— sin que estuvieran diciendo por quien votar. En muchos centros de votación, los oficiales del Plan República, sobre todo los del Ejército, no permitían el acceso de las personas a los escrutinios, a un acto eminentemente público.

Con todas esas desventajas y esos abusos, la oposición triunfó en las ciudades más importantes del país, salvo en Maracay, y ganó las alcaldías de muchos de los más importantes municipios del país, incluso en unos donde nunca había ganado. Y, en lo que se refiere al “efecto plebiscitario” de las elecciones municipales, hemos visto cómo a nivel nacional, el sector opositor de la MUD y “otros partidos¨ derrotó al PSUV. De no haber habido tanta abstención por parte de personas opositoras que algunos tildan de campeonas de la indiferencia, de la ceguera e incluso de traidoras a la patria, el triunfo de la oposición habría sido mucho más rotundo

figueredo.carlosar@gmail.com

NOTA DE LA REDACCION:
Los resultados del primer boletín emitido a las diez de la noche del domingo 8 de diciembre, se ofrecieron con una transmisión del 97,52% del total de las máquinas de votación y el 77% de irreversibilidad en 257 municipios de los 335.

A continuación conozca  a los candidatos quienes resultaron electos por el pueblo para asumir la gestión de las alcaldías durante el nuevo período:

Municipio Libertador de Distrito Capital: Jorge Rodríguez (PSUV) con 474.227 votos, 54,55%.

Municipio Bolívar de Anzoátegui: Guillermo Martínez (PSUV) con 83.029 votos, 52,57%.

Municipio San Fernando en Apure: Ofelia Padrón (PSUV) con 33.208 votos, 65% de votos

Municipio Girardot en Aragua: Pedro Bastidas (PSUV) con 91.017 votos, 51,53%

Municipio Barinas, Barinas: Machin Machin (MUD) con 55.013 votos, 50,45%

Municipio Heres de Bolívar: Sergio Hernández (PSUV) con 47.345 votos, 47,06%

Municipio Valencia Carabobo: Miguel Cocchiola (MUD) con 166.905 votos, 55,87%

Municipio Ezequiel Zamora en Cojedes: Pablo Rodríguez (PSUV) con 20.593 votos, 54,62%

Municipio Tucupita en Delta Amacuro: Alexis González (PSUV) con 19.505 votos, 54,07%

Municipio Iribarren en Lara: Alfredo Ramos (MUD) con 205.275 votos, 53,12%

Municipio Libertador en Mérida: Carlos García (MUD) con 65.173 votos, 63,88%

Municipio Guaicaipuro en Miranda: Francisco Garcés (PSUV) con 57.161 votos, 51,93%

Municipio Arismendi, Nueva Esparta: Richard Fermín (MUD) con 6.299 votos, 48,62%

Municipio Guanare, Portuguesa: Rafael Calles (PSUV) con 39.619 votos, 70,43%

Municipio Sucre en Sucre: David Velásquez (PSUV) con 64.905 votos, 54,39%

Municipio San Cristóbal, Táchira: Daniel Ceballos (MUD) con 81.725 votos, 67,86%

Municipio Trujillo, Trujillo: Luz Castillo (MUD) con 11.225 votos, 53,44%

Municipio San Felipe, Yaracuy: Alex Sánchez (PSUV) con 19.785 votos, 49,55%

Municipio Vargas: Carlos Alcalá (PSUV) con 70.002 votos, 53,72%

Municipio Maracaibo del Zulia: Eveling de Rosales (MUD) con 287.027 votos, 51,8%

Distrito Metropolitano de Caracas: Antonio Ledezma (MUD) con 690.193 votos, 50,81%

NÓTESE QUE NO FUERON INCLUIDOS ALGUNO MUNICIPIOS GANADOS POR LA OPOSICIÓN : 

El Estado Miranda está dividido políticamente por 21 Municipios:

Acevedo, Andrés Bello, Baruta, Brión, Buroz, Carrizal, Chacao, Cristóbal Rojas, El Hatillo, Guaicaipuro, Independencia, Lander, Los Salias, Páez, Paz Castillo, Pedro Gual, Plaza, Simón Bolívar, Sucre, Urdaneta, Zamora.

EN ESTOS MUNICIPIOS, EN LO DE MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL TALES COMO BARUTA, CARRIZAL, CHACAO, EL HATILLO Y SUCRE GANO LA OPOSICIÓN . ESOS VOTOS AMPLIARIA LA VENTAJA.

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CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, PODERES SALVAJES.

Luigi Ferrajoli es reconocido mundialmente como una autoridad en lo que se refiere al estado de derecho y los derechos humanos.

Vale la pena destacar lo que dice el eminente jurista italiano, Luigi Ferrajoli, en un libro publicado en el 2011:

Luigi Ferrajoli

Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional

Editorial Trotta, Madrid, 2011

p.21

Está en curso un proceso de desconstitucionalización del sistema político italiano. Este proceso se ha manifestado en la construcción de un régimen antiliberal basado en el consenso o, cuando menos, en la aquiescencia pasiva de una parte relevante de la sociedad italiana a una amplia serie de violaciones de la letra y el espíritu de la Constitución. Con todo, su aspecto más grave radica en el rechazo por parte del actual grupo del gobierno, más que de la Constitución de 1948, del propio constitucionalismo, es decir, de los límites y los vínculos constitucionales impuestos a las instituciones representativas. Ello ha dado como resultado la progresiva transformación de hecho de nuestro sistema político en una forma de democracia plebiscitaria, fundada en la explícita pretensión de la omnipotencia de la mayoría y la neutralización  de ese complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones de garantía que constituye la sustancia de la democracia constitucional. La idea elemental que está en la base de esta pretensión es que el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, serviría para legitimar todo abuso y para deslegitimar críticas y controles. Así, el edificio de la democracia constitucional resulta minado de raíz en su totalidad: porque no se soporta el pluralismo político y constitucional, por la desvalorización de las reglas; por los ataques a la separación de poderes, a las instituciones de garantía, a la oposición parlamentaria, a la crítica y la prensa libre; en definitiva, por el rechazo al paradigma del estado constitucional de derecho como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder.

Por otra parte, el proceso desconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de valores constitucionales en las consciencias de una gran parte del electorado: por indiferencia, por falta de sentido cívico o por el cambio de la propia concepción de la democracia en el imaginario colectivo. Veinte años de intentos de contrarreformas constitucionales y de agresiones a la carta de 1948 —sistemáticamente descalificada como vieja y superada, e incluso como responsable de la ineficiencia del sistema político— han producido la caída del valor de la Constitución en el sentido común. Es este, como veremos, el daño más profundo. Una democracia puede quebrar aun sin golpes de estado en sentido propio, si sus principios son de hecho violados o contestados sin que sus violaciones susciten rebelión o, al menos, disenso. Recuérdese el último artículo de la Constitución francesa del año III: “El pueblo francés encomienda la presente constitución a la lealtad de los poderes públicos  y a la vigilancia de los padres de familia, las esposas y las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos, al coraje de todos los franceses”. En estas dos garantías, de carácter político y social —la garantía política de la “lealtad” de los poderes públicos y la garantía social de la “vigilancia” de los ciudadanos—, descansa la efectividad de las garantías jurídicas y, con ellas, del estado de derecho de la democracia. Hoy no es posible confiar en la lealtad de los titulares de los poderes de gobierno, al ser ellos mismos los promotores de la deformación constitucional. Y la vigilancia de una parte relevante de la opinión pública decrece progresivamente, anestesiada por la propaganda.

         Este debilitamiento de la dimensión constitucional de nuestra democracia se interpreta habitualmente en el debate público como el precio pagado por el reforzamientos de su dimensión política, debido a la atribución a los electores del poder de elegir en cada ocasión la coalición gobernante. En otras palabras, como reducción y una desvalorización de la dimensión legal de la democracia en beneficio de la valorización de su dimensión política y representativa, concebida, por lo demás, como el único fundamento de la legitimidad de los poderes públicos.

p.50

Cuando la identificación entre jefe y pueblo no es solo un tesis propagandística sino que se propone como un rasgo constitucional y como una fuente de legitimación de los poderes públicos. El populismo equivale a un nuevo y específico modelo de sistema político. Corresponde a esa forma degenerada de democracia que Aristóteles llamó “demagogia” y definió, con extraordinaria lucidez, como el régimen en el que “el soberano es el pueblo y no la ley […] los muchos tienen el poder no como individuos, sino en conjunto”.8 En tal concepción del pueblo como “conjunto” y en la identificación del jefe con él reside el rasgo característico del fascismo.

p. 51

La existencia de un jefe carismático es siempre incompatible con la democracia, o cuando menos indica un debilitamiento de su dimensión política y representativa y no solo de su dimensión constitucional.

p. 60

…los elevados sueldos de que gozan los “elegidos” –en el parlamento nacional como en todas las instituciones electivas— sus privilegios, el consiguiente cambio de estatus económico, unido  su nombramiento desde arriba generan en todos ellos un interés personal en la conservación del cargo y, con ello, la sumisión a quien los ha nombrado y podría volver a hacerlo o revocarlos, que deforman radicalmente su función pública de representación política.

p. 62

Cuando, además, como sucede en Italia, tal propiedad [de los medios] está en la mayor medida en manos de quien es titular del máximo poder político y tiene el control de gran parte de la televisión pública, el destino del que produce información  y, por ello, de la información misma está a merced de ambos poderes, el privado y el público, sólidamente entrelazados. [N. del t.: se refiere a Berlusconi].

p. 63

Controlando la información, escribió Condorcet, el poder político persigue la homologación ideológica y política, haciendo que “los ciudadanos no aprendan nada que no sirva para confirmarles en las opiniones que sus gobernantes quieren suscitar en ellos17

8 Este bello pasaje de Aristóteles (Política, traducción de J. Marías y M. Araujo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989m 1292ª, p, 176) ha sido recordado por V. Pazé. “Democrazia e populismo”, Nuvole 40 (2010). En el mismo pasaje, Aristóteles añade: “En las democracias de acuerdo con la ley no hay demagogos  sino que son los mejores ciudadanos los que tienen la preeminencia, pero donde las leyes no tienen la supremacía surgen los demagogos” y “los aduladores son honrados”. Y más adelante: “•Donde las leyes no tienen autoridad no hay república”, (En la versión italiana se dice “no hay constitución”. [N. del t.]”

17 M. Condorcet, Rapport sur l’instruction publique,  Edlig, 1989, p. 95 (traducción castellana de T, del Amo Martín, Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros escritos, Morata, Madrid, 2000).

Carlos Armando Figueredo

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CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, HABILITANTE Y FACILITANTE

Si bien el diccionario de la Real Academia no reconoce la palabra “facilitante” he creído conveniente incorporar el neologismo porque, en la Venezuela del Socialismo del Siglo Veintiuno, cuando se habilita se facilita.

Vamos a explicarnos: en el régimen sin separación de poderes que rige en Venezuela, cuando el Jefe Supremo quiere lograr algo que fomente su absurda e insostenible “revolución” y que requiera aprobación legislativa, resulta mucho más fácil pedir que se le delegue la facultad de legislar, que se le permitan los ukases, ante de que someter un proyecto de ley a las exigencias constitucionales para la creación y/o modificación de leyes.

Es mucho más fácil imponer el camino hacia el estado totalitario, clon del cubano. Con decretos presidenciales con fuerza y vigor de ley, que permitir que los diputados de oposición, en el curso de los debates de las discusiones que se requieren para aprobar una ley, puedan expresar su opinión en contra de proyectos que no se compadecen con una democracia y no se ajustan a las normas de la Constitución.

Maduro sabe muy bien que con una Asamblea que controla se puede lograr, por la vía constitucional, con las discusiones previstas, le aprueben los proyectos que se le antojen, sobre todos los concebidos por los hermanos Castro desde Cuba. Pero ese proceso toma tiempo y Maduro no quiere esperar, cuando ve que el apoyo popular cae a pasos agigantados. Con un ley habilitante, piensa él, puede poner las barreras que impidan que esa caída en el apoyo popular ponga en peligro la estabilidad de su gobierno.

Para que la Asamblea le delegue el poder de legislar a Maduro, hace falta contar con las dos terceras partes de los votos. Se necesitan 99 votos que no tiene. Pero, para habilitar, ese inconveniente hay modos de facilitar. Basta con pedirle a la Fouquier Tinville venezolana que invente la comisión de un delito inexistente, por parte de una diputada de oposición, par que solicite su antejuicio de mérito, cuya sentencia ya se redactó cuando se supo que se iba a solicitar ese antejuicio, para inhabilitar a la diputada, permitiendo que su suplente, aparentemente saltador de talanquera, le otorgue  a Maduro el voto 99.

Seguramente los Castro le dijeron a Maduro: “si se habilita se facilita”,

figueredo.carlosar@gmail.comEL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,

CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, LA BROOKINGS INSTITUTION Y EL COMERCIO DE DROGAS

El Instituto Brookings es un centro de opinión (Think Tank) privado, con sede en Washington, creado en 1916. Sus artículos y ensayos gozan de prestigio internacional.

El 18 de julio de 2013, el Instituto publicó un artículo de Vanda Felbab-Brown sobre el enfoque que se le debe dar al problema del comercio de drogas. Titulado “A State-building Approach to the Drug Trade Problem”. Por la importancia que tiene ese problema hoy en día, en particular par Venezuela, he creído importante traducirlo al español:

Un Enfoque Constructivo del Problema del Comercio de Drogas en el Desarrollo de un Estado

Por: Vanda Felbab-Brown

El Creciente Disenso Global sobre Cómo Combatir el Tráfico de Drogas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ha dado cada vez más importancia a la delincuencia organizada, en particular al tráfico de drogas y en tal sentido requiere el enfoque coordinado de varios cuerpos de las Naciones Unidas y del Secretario General.

El escalamiento de la violencia relacionada con el comercio de drogas en México y América Central, donde instituciones inadecuadas del estado de derecho han sido sobrepasadas por la intensa delincuencia organizada; la presencia de contrabando de drogas en África Occidental que contribuyen a la aparición de otras economías ilegales y a la pobre gobernabilidad; y la profunda penetración del tráfico de drogas en la vida política y económica de Afganistán y Paquistán han atraído todas la atención sobre políticas.

Pero muchas de la políticas existentes para combatir el comercio ilegal de drogas y la delincuencia organizada asociada no han tenido mucha efectividad. La erradicación prematura de cultivos de droga, la interdicción escasamente preocupada por la detención de los flujos ilícitos, y el arresto de consumidores de droga han demostrado ser inefectivas e incluso claramente perjudiciales par los objetivos clave de políticas, tales como el debilitamiento de organizaciones criminales y sus vínculos con grupos militantes, una mejoría de la seguridad y del estado de derecho y la reducción del consumo. Esas políticas también han sido a veces contra productivas respecto de otras metas importantes, tales como la mitigación del conflicto violento, el fomento de buena gobernabilidad y la promoción de los derechos humanos.

Alabado por críticos del régimen contra-drogas global existente como un importante avance, El Problema de las Drogas en las Américas, un informe reciente de la Organización de Estados Americanos, puso énfasis en las deficiencias de los enfoques dominantes en cuanto a la lucha contra las drogas y los problemas intensos y crónicos que han venido generando en América Latina, incluyendo la violencia, el desplazamiento del delito hacia otras áreas y el conflicto social. Significativamente, el informe impulsó al descriminalización o legalización como respuestas apropiadas para atender al problema de la marihuana, con lo cual fue la primera vez que una importante organización internacional compuesta de gobiernos nacionales sugirió tan importante flexibilización del régimen anti-drogas existente. De hecho, varios países en América Latina parecen estar dispuestos a romper con el modelo de represión legal de sólida supresión de drogas. Tal vez así puedan marcar el comienzo de una desintegración del régimen global anti-drogas que viene existiendo desde hace más de 50 años.

Un deseo similar de reestructurar fundamentalmente el régimen de política de drogas existente no tiene paralelo en otras partes del mundo, China y la Federación Rusa, por ejemplo, prefieren en la actualidad penas más duras contra los consumidores, une erradicación más masiva de los cultivos, y una acción más agresiva contra el tráfico —en otras palabras, una considerable intensificación de los enfoques dominantes existentes. En algunos países africanos, hay enteras instituciones que e ven amenazadas por un posible captura por parte de grupos delictivos organizados, algunas veces vinculados a políticos, llevando a voces locales influyentes a exigir enfoques mucho más duros. Mientras la Organización de las Naciones Unidas se inclina hacia otra importante revisión del régimen anti-drogas en el 12016, ahora hay más disenso del que había desde hace décadas entre los Estados Miembros acerca de cómo enfrentar el comercio de drogas.

Las Amenazas que Presenta el Tráfico de Drogas

Una razón para el disenso es que el comercio de las drogas les presenta diferentes pro con frecuencia intensas amenazas a diferentes sociedades y países.

En particular, en países con instituciones débiles en lo que se refiere al estad de derecho, el comercio de drogas pude amenazar políticamente al Estado cuando les ofrece a las organizaciones criminales y a los políticos corruptos un avenida para que entren al espacio político. Esto debilita al proceso democrático, a la legitimidad de los arreglos políticos existentes y, bajo ciertas circunstancias, incluso a la estabilidad. El problema se perpetua cuando el éxito de políticos ricos con dinero ilícito induce a otros a participar en la economía ilícita, lo que lleva a corrupción endémica y a disfunción institucional tanto al nivel local como al nacional.

Un comercio e drogas intenso con poderosos traficantes produce también efectos perniciosos sobre los sistemas de represión legal y e justicia del país. En la medida en que la economía política se expande, la capacidad investigativa de los procesos de represión legal y judiciales disminuye. La impunidad frente a actividad criminal aumenta también, debilitando la credibilidad y el factor disuasivo del sistema judicial. L que es más, los traficantes poderosos con frecuencia se valen de medios violentos para disuadir y evitar el enjuiciamiento, matando o sobornando a fiscales, jueces y a testigos y periodistas. La economías ilícitas también tienen inmensos efectos económicos. Una floreciente economía de la droga contribuye  a la inflación, dañando potencialmente a industrias legítimas orientadas hacia la exportación o sustitutivas de importaciones. Fomenta la especulación inmobiliaria y una rápida alza de los precios de los inmueble, y debilita la estabilidad de la moneda. Desplaza también a la producción legal.

Sin embargo, el comercio de las drogas, en particular el cultivo ilícito, genera empleos —produciendo a veces empleo para centenares de miles, si no millones de personas en un lugar particular.

En su forma más perniciosa, el comercio de drogas a gran escala puede imponer amenazas al estado. Bajo ciertas circunstancias, la delincuencia organizada, tal como se ha evidenciado en México y en América Central a lo largo de los últimos diez años, puede hacerse tan violento y sobrepasar la capacidad de aplicación de la ley en un país que llega a ser un amenaza a la seguridad nacional y no meramente a la seguridad pública.

El comercio ilegal de drogas exacerba igualmente el conflicto violento. Los grupos militantes que abrazan al tráfico de drogas, tales como los Talibanes en Afganistán, el Sendero Luminoso en Perú y las FARC y los paramilitares en Colombia, obtienen grandes beneficios de tales economías ilícitas. Estas, a su vez, les permiten a los militantes mejorar los recursos efectivos que tienen para luchar contra el Estado: pueden reclutar más combatientes, pagarles mejores salarios y equiparlos con mejores armas. La mejor procura y logística también realzan la “libertad de acción” de los militantes —a saber, el alcance de sus opciones tácticas y su capacidad de optimizar sus tácticas y estrategias. Críticamente, el patrocinio del comercio de las drogas con frecuencia aumenta considerablemente el capital político de los militantes, en particular en la medida en que la populación da la bienvenida y tolera la presencia de los militantes. Cuanto más el estado trata de destruir la economía ilegal de la droga, más crece su capital político.

El Efecto Complejo del Comercio Ilegal de las Drogas sobre la Seguridad Humana

La razón por la que vastas populaciones n muchas partes del mundo se acercan a delincuentes y militantes está en el hecho de que la inadecuada o problemática presencia del estado, la pobreza extrema, y la marginalización social y política les deja pocas alternativas o ninguna para poder satisfacer sus necesidades de  sobrevivencia u otras. Para muchos, el comercio de las drogas es la única forma de lograr su seguridad humana y su única posibilidad de movilización social, incluso cuando involucrados en inseguridad, criminalidad y marginalización. Cuando crece la ausencia del estado en la oferta de trabajo legal y bienes públicos, incluyendo la seguridad pública y a la supresión de la delincuencia callejera, el acceso a la justicia y mecanismos de resolución de disputas, cumplimiento de los contratos así como el suministro de bienes públicos, tales como infraestructura, cuidado a la salud y educación, las comunidades se hacen más susceptibles de hacerse dependientes y se brindar apoyo a entidades criminales y actores militantes que patrocinan el comercio de drogas y otras economías ilegales.

Al patrocinas economías ilícitas con mano de obra incentivas en articular el cultivo de cosechas, los actores delincuentes y militantes pueden suministrar bienes públicos a pesar de no ser de óptima calidad. Lo que es más importante, patrocinan el empleo en la economía ilegal. Esa capacidad de ofrecer empleo es tanto más significativa en lugares donde los arreglos político-económicos y la organización política, tales como los sistemas tributarios, la débil capacidad fiscal, l acceso limitado a la educación y las disposiciones económicas monopolistas y políticas. Con frecuencia fallan en crear puestos de trabajo inclusive en tiempos de crecimiento económico.

Las entidades criminales y los grupos militantes con frecuencia también brindan seguridad física. De hecho, a pesar de que son fuentes de inseguridad y crimen, con frecuencia regulan el nivel de violencia y suprimen la delincuencia callejera, como en el caso de los robos, hurtos, secuestros e incluso homicidios. Por el hecho de que funcionan como proveedores de orden y regla ello les trae importante apoyo de la comunidad, y además facilita el negocio ilícito ya las economías ilícitas también se benefician con la reducción de los costos de transacción y creciente previsibilidad. Los grupos de delincuencia organizada y los acores militante también ofrecen mecanismos de resolución de disputas e incluso instalan tribunales no oficiales y hacen cumplir los contratos. En adición, suministran bines públicos socioeconómicos, como carreteras y clínicas sanitarias. Mientras más lo hagan, más se convierten, de hecho, en entidades para estatales.

Diseño de una Respuesta Efectiva: un Enfoque de Construcción de Estado

Es importante dejar de pensar acerca del comercio ilegal de drogas sólo como un actividad social aberrante que debe suprimirse; en lugar de ello, debemos pensar en el delito como parte de una competencia entre los traficantes de drogas y las instituciones formales del estado por ganarse la lealtad de la populación. En áreas con debilidad del estado y con suministro de bines públicos, la estrategia efectiva el estado frente al comercio de drogas no es así simplemente una de represión legal y supresión del delito.

La erradicación prematura de cultivos ilícitos en ausencia de sustentos de vida alternativos disponibles; el duro apresamiento de consumidores y agricultores; la saturación de áreas con funcionarios policiales, especialmente si son corruptos y no están adecuadamente entrenados; políticas de interdicción que se preocupan excesivamente por la supresión de flujos de drogas; y medidas altamente represivas —tañe como enfoques que sólo atacan los síntomas de la crisis social en lugar de sus condiciones subyacentes.

Una respuesta más apropiada es un esfuerzo con múltiples facetas de construcción de estado que busque fortalecer los vínculos entre el estado y las comunidades marginalizadas que dependen de, o vulnerables frente a, la participación en la actividad ilícita por razones de sobrevivencia económica y de inseguridad física.

Tal enfoque multifacético requiere que el estado se interese en todas las razones complejas por las que las populaciones llegan a la ilegalidad, incluyendo las deficiencias en la represión legal, débil estado de derecho. Supresión de derechos humanos, pobreza económica y marginalización social.

Requiere también el reconocimiento de que los adictos son gente crónicamente enferma cuya condición e interacción con el resto de la sociedad sólo empeorará con el encarcelamiento.

Los esfuerzos tienen que centrarse en asegurarse de que los pueblos y las comunidades respetarán las leyes. Al aumentar la posibilidad de que el comportamiento ilegal y la corrupción se castigarán simultáneamente con la creación de un medio ambiente económico y político en el que las leyes son consistentes con las necesidades del pueblo. Las leyes podrán verse como legítimas y, por lo tanto, se internalizarán.

Incluso hoy en día existen dichos derrames y tensiones.

Notas

1. Ver Declaraciones del Presidente del Consejo e Seguridad (SPRST/2010/4), 24 de febrero de 2010 y (S/PRST/2009/32), 8 de diciembre de 2009.

figueredo.carlosar@gmail.com

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