JOSÉ LUÍS MÉNDEZ LA FUENTE, EL CASO PETRO EN COLOMBIA

Cuando alguien que está ocupando un cargo público de elección popular, es destituido del mismo por una sentencia condenatoria emitida por un tribunal, después de un juicio realizado dentro del marco legal de un país y como consecuencia, todo ello, de haber sido acusado de un delito, puede afirmarse que nos encontramos en presencia de un acto de justicia.

Pero cuando ese mismo funcionario es sacado de su cargo  por la decisión de otro funcionario, sin  procedimiento legal alguno, sin que tenga la oportunidad de defenderse y, sobre todo, sin que la causa de la remoción  esté clara, no hay duda de que estamos en presencia de un caso político, de venganza  política. En Colombia se habla de conspiración política.

Pareciera que esto fue lo que le pasó al, hasta no hace poco,  Alcalde de Bogotá  Gustavo Petro, quien fue destituido de su puesto por el Procurador de Colombia Alejandro Ordóñez e inhabilitado por 15 años para el ejercicio de cargos públicos.

Petro tiene derecho todavía a un recurso de reposición ante la misma Procuraduría, que deberá ser resuelto en un plazo de más o menos un mes. Se trata del segundo alcalde de Bogotá en ser destituido. En mayo del 2011, la Procuraduría también defenestró al entonces alcalde Samuel Moreno por omisión en la vigilancia de la ejecución de contratos de las obras públicas. Moreno, quien siempre ha negado los cargos, está en prisión desde septiembre del 2011 por decisión judicial. Alejandro Ordóñez  es  también, el mismo procurador que inhabilitó en el 2010 a la senadora Piedad Córdoba  por 18 años.

En el  caso especifico de Petro,  el  origen de la drástica decisión del Procurador  estaría en el caos de la recolección de la  basura en la ciudad de Bogotá en diciembre del año pasado, cuando el entonces alcalde, cambió el modelo que venía operando, municipalizando el servicio, con lo cual  resultaron afectados los intereses  de las empresas privadas que lo venían prestando tradicionalmente y que algunos  sectores políticos vinculan con el “uribismo” y la derecha tradicional. Como consecuencia de esa  decisión, por lo demás y a nuestro modo  de ver, dentro de las funciones de un alcalde,  durante casi una semana la capital colombiana estuvo inundada de basura, lo que llevó  a que por esa “irresponsabilidad”,  el Procurador de la Nación decidiera  aplicar  el Código Único Disciplinario (Ley 734 del 2002) y destituir al funcionario, quien ocupaba el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia, después del de Presidente de la República. Con razón el propio Petro dijo en días pasados, que si en lugar de Alcalde, hubiese sido el Presidente, el Procurador  hubiese consumado un golpe de Estado.

Y aquí está el quid del asunto, pues más allá de la competencia legal que pueda tener el Procurador, lo que hay que plantearse es si algún órgano del estado, que no sea el propio poder judicial, puede en justicia y sin que se preste como un instrumento de anulación o revancha política al servicio de  intereses, subalternos, tener la potestad de cesar a un funcionario electo por los votos del poder popular. Yo creo que ninguna ley puede darle esa atribución.

Ni siquiera el Presidente de Colombia que es a quien  el Art 323  de la Constitución colombiana le da realmente la potestad de destitución del  Alcalde Mayor, en los casos taxativamente señalados por la ley, una vez oído el informe del Procurador;  lo cual, por cierto, no ocurrió en este caso pues el Procurador aplicó la supuesta sanción disciplinaria directamente.

Al igual que ocurre en Venezuela con la Contraloría General de la República, el caso Petro sirve para demostrar que determinados cargos públicos designados a dedo, pueden cumplir un rol retorcido ligado a fines políticos particulares, por lo que hay quienes piensan que quien debería haber sido enjuiciado y  destituido es el Procurador de la Nación en el país vecino.

Ahora bien, uno de los puntos que requiere una explicación lógica en Venezuela, pues en Colombia está claro que la sanción justa o no, destituye al funcionario de su cargo “ipso facto”, es cómo quienes resultan inhabilitados estando en ejercicio de un cargo público, no pueden ser elegidos para las próximas elecciones, pero sí mantenerse en el puesto donde supuestamente cometieron la irregularidad administrativa objeto de la sanción, o lo que es más grave, un delito de corrupción. Lo cual no deja  dudas, sobre  cuál es la verdadera intención que está  detrás de las inhabilitaciones políticas en nuestro país.

Aunque la “lógica” del asunto es un tanto diferente en ambos países, la finalidad al final, es la misma.

             xlmlf1@gmail.com

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LUIS JOSÉ SEMPRUM, LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA REVOLUCIÓN

La semana pasada, El Nuevo Herald reveló una noticia sorprendente: funcionarios del gobierno venezolano iniciaron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional "con la titánica tarea de lidiar con la aguda crisis de liquidez y obtener nuevas líneas de financiamiento". (http://to.ly/oXVQ).

Según confesaron las fuentes de El Nuevo Herald "un pacto de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional significaría el fin de la Revolución Socialista Bolivariana y la renuncia de todas las banderas esenciales que ha mantenido por 15 años".

Pero, ¿Por qué algunos chavistas estarían dispuestos a hacer eso? La respuesta es simple: se avecina el colapso total, pero no porque la oposición lo esté planificando, como afirma Maduro, sino por el resultado de quince años de políticas equivocadas que ocasionaron la destrucción del aparato productivo nacional. La  inflación, el desabastecimiento y la devaluación están desbocadas, y para octubre el panorama será realmente apocalíptico.

Maduro y los cubanos quieren contener el naufragio, aplicando las mismas recetas erradas, y forzando a los venezolanos a vivir en la miseria a punta de represión; porque para los hermanos Castro la prioridad es imponer su ideología comunista y seguir saqueando nuestros recursos.

Pero hay chavistas un tanto más pragmáticos. Para ellos la ideología es secundaria; su prioridad es conservar el poder y los privilegios, evitando que caiga el gobierno, lo cual requiere un viraje económico urgente y abrupto. Y como no saben nada de economía, excepto robar, se acercan al FMI para que les fabrique alguna solución.

Por su parte, la MUD se mantiene alejada de estos asuntos; se siente cómoda ocupando algunos camarotes en el Titanic, como lo son las alcaldías y las gobernaciones, sin tener que lidiar con la colisión que se avecina. Prefiere que el gobierno pague el costo político de la crisis, sin percatarse que nos estamos hundiendo todos, la MUD incluida.

Ciertamente urge un viraje económico, aunque no necesariamente a través del FMI. Pero Maduro y los cubanos no lo permitirán. Por eso es tan importante recurrir al tema de la doble nacionalidad de Maduro para destituirlo pronto de la Presidencia de la República.

Seguidamente hay que convocar a un gobierno de transición, conformado por los hombres y mujeres más preparados, capaz de rescatar a Venezuela de las crisis; porque está demostrado que no podemos confiar nuestro futuro ni a los dirigentes del PSUV, ni a los de la MUD.

@LuisSemprumH

l.semprum@gmail.com

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ADOLFO R. TAYLHARDAT, COCHEZ

Como Ex - Embajador que soy, personalmente considero que la desautorización y posterior destitución del Embajador de Panamá ante la OEA, Ricardo Cochez fue una decisión infortunada e injusta.

No conozco personalmente al Embajador Cochez, pero leo sus artículos en este mismo diario, admiro su condición de demócrata a toda prueba y, sobre todo, valoro altamente su solidaridad con la democracia venezolana en los momentos difíciles que atraviesa el país.

Su intervención en el Consejo Permanente de la OEA (CPOEA) fue un discurso de gran altura, oportuno, breve y muy objetivo. Cuando se refirió expresamente a Venezuela o al repitiente, lo hizo con mucho respeto. Una intervención impecable que no planteaba nada que pudiera haber dado motivo para que lo desautorizaran y destituyeran.

En su al Presidente Martinelli del 18 de enero, Cochez rechaza la afirmación de su Cancillería según la cual el discurso fue “improvisado y sin consulta”. El Embajador responde señalando que durante su desempeño en la OEA nunca recibió instrucciones ni directrices de ninguna especie y que al parecer su Cancillería no tenía tiempo para discutir su trabajo, que nunca lo había hecho y que siempre hubo una “muy marcada falta de instrucciones y guías”

Debo decir que su caso no es único. Pido disculpas por referirme a mí mismo pero durante mi desempeño como Embajador raras veces recibí instrucciones de mi Cancillería y mis informes aparentemente también pasaban directamente al archivo apenas se recibían. Tuve que actuar, como Cochez, guiado “por mi mejor criterio democrático y los mejores intereses del país”. Mis instrucciones y guias permanentes estaban en la Constitución Nacional.

Cochez es víctima del neo-colonialismo y el neo-imperialismo cubano-venezolano. Estos dos países se vanaglorian de ser anti-imperialistas pero sus conductas reflejan el más rancio imperialismo reinante en el mundo durante el siglo XX. Vuelvo a pedir disculpas por referirme a mí mismo, pero vienen al caso dos experiencias de presión imperialista que me tocó vivir. Siendo Embajador ante la ONU en Ginebra y Representante de Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos (CDHNU), una noche me visitó en mi residencia mi colega cubano, el Embajador Lechuga acompañado de Raúl Roa hijo, a la sazón representante de Cuba en la CDHNU. Pretendieron presionarme para que apoyara la posición cubana e impedir que las NNUU siguieran ocupándose de los derechos humanos en Cuba. Les respondí: “yo me atengo a las instrucciones que recibo de mi gobierno”, las cuales nunca recibí y mantuve la tradicional posición venezolana de abstención en ese tema. La otra experiencia fue con el Representante de los Estados Unidos quien no solo intentó presionarme verbalmente sino que llegó al extremo de entregarme una nota según la cual el gobierno venezolano se había comprometido a apoyar la posición norteamericana,  lo cual era mentira. Mi respuesta fue la misma que di a los cubanos. Además remití  la carta a mi Cancillería, la cual no solo me respaldó sino que me dio instrucciones de darla por no recibida” y denunciar en la CDHNU la indecorosa actitud del representante norteamericano.

En su carta al Presidente Martinelli Cochez le recrimina que su gobierno se deje ”amedrentar por las críticas y amenazas de Venezuela”, con lo cual denuncia que gobierno se somete a las presiones neo imperialistas y neocolonialistas del régimen venezolano.  Nuestras denuncias de esa política habían caído en saco roto. La voz autorizada y valiente de Cochez ha hecho trascender la denuncia hasta más allá de nuestro continente.

Es triste constatar cómo el bozal de petróleo mantiene a los gobiernos de la región indiferentes con lo que ocurre en nuestro país. En la sesión del CPOEA. Salvo Canadá y los Estados Unidos, los únicos que intervinieron para negar las violaciones de la Constitución en Venezuela fueron los sempiternos adulantes y beneficiarios de la munificencia del “comandante”. El resto no se atrevió a abrir la boca para no desencadenar las iras del Júpiter criollo.

No puedo dejar de referirme, aunque sea brevemente, a la pobre y ridícula actuación de Chávezton en la sesión del CPOEA. Con un aire de prepotencia, superioridad y desprecio hacia sus colegas comenzó autodefiniéndose como “político, diplomático y caballero”. Si para él ser político consiste en haber dado un salto mortal de fanático social-cristiano copeyano a fanático chavista marxista-leninista esa auto-calificación le sienta perfectamente.  Si para él ser diplomático consiste en tener la habilidad de acumular las funciones de Embajador en la OEA, Diputado en el Parlamento Latinoamericano, facilitador en las negociaciones del gobierno colombiano con las FARC y otras que no recuerdo en este momento, se equivoca, porque diplomacia no es policamburismo. Finalmente, su caballerosidad la demostró con agresiones verbales contra el Embajador Cochez y con el lenguaje procaz empleado en su discurso.

adolfotaylhardat@gmail.com

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FERNANDO MIRES, PARAGUAY: ENTRE LA POLÍTICA Y LA DEMAGOGIA, DESDE ALEMANIA,

Ya esclarecida parte de los hechos que llevaron a la caída de Fernando Lugo, es posible afirmar –si vamos a hablar seriamente- que lo que tuvo lugar en Paraguay no fue un golpe de estado. Fue, en primera línea, una destitución institucional. Si además fue constitucional, no está resuelto. Esa, en cualquier caso, es la principal diferencia que separa el caso paraguayo con respecto al ocurrido en 2009 en Honduras en donde la destitución constitucional de Zelaya fue ratificada por un golpe de estado.

ZELAYA Y LUGO

La diferencia entre destitución y golpe no es ociosa. Una destitución altera la continuidad política de una nación, pero no la rompe, como en el caso de un golpe militar. O dicho de modo escueto: si todo golpe implica una sustitución, no toda sustitución implica un golpe.

La diferencia entre golpe de estado y destitución no significa, por cierto, calificar a la segunda como positiva. En algunos casos sus efectos podrían ser iguales a los de un golpe de estado. De ahí que frente a una destitución hay que preguntarse acerca de las condiciones de tiempo y lugar en que fue llevada a cabo. Eso lleva necesariamente a separar el juicio jurídico del político o, como han destacado algunos observadores, entre la legalidad y la legitimidad del acto. Y ahí, justamente ahí, reside el gran error de Federico Franco y su gente. Pues si bien la razón política se sirve de la razón jurídica, no son iguales.

La razón jurídica indica los motivos por las cuales un presidente puede ser destituido. La razón política indica “cuándo”, y  “cómo” puede ser destituido. La razón jurídica es automática. La razón política es reflexiva. La razón jurídica no requiere de la discusión. La razón política no existe sin discusión.

De ahí que en política no baste probar la legalidad de un acto para que éste obtenga inmediata aprobación. Eso quiere decir que si bien la destitución de Lugo, aunque realizada de acuerdo a leyes, desde el punto de vista político puede ser –y lo fue- un acto aberrante. Tanto o más si violó usos vigentes en el “occidente político”. Y una de esos usos dice: los presidentes han de ser elegidos y revocados mediante la voluntad popular. Es por eso que si Lugo hubiera clausurado la salida electoral, lo más probable es que los destituyentes –aún actuando en desacuerdo a leyes- habrían obtenido aplauso internacional.

Creo que ningún político latinoamericano ha sintetizado el tema de un modo tan sencillo y a la vez con tanta apostura de estadista, como el candidato de la oposición venezolana Henrique Capriles cuando dijo: "No estoy de acuerdo con esto de que existan juicios políticos a un presidente; es el pueblo el que elige y es el pueblo el que quita gobernantes”

Más claro que el agua: el procedimiento pudo haber sido legal –es el argumento de Capriles- pero al pasar por alto la voluntad popular “que es la que elige y quita”, es ilegítimo.

Lo dicho por Capriles contrasta con la actitud asumida por el gobernante de su país. Chávez, quien no se cansa de violar la Constitución (acaba de declarar que las fuerzas armadas venezolanas son de uso personal, es decir “chavistas”), ha usurpado el poder judicial, gobierna con leyes habilitantes; ha fabricado, pese a no poseer mayoría, un parlamento incondicional y controla el poder electoral. Y precisamente ese gobernante pretende erigirse como baluarte de la democracia paraguaya. Lo mismo –aunque en tono menor- ocurre con sus íntimos aliados. Correa, el peor enemigo de la libertad de prensa del continente. Ortega, un “ladrón de elecciones” (Dora Tellez). Y suma y sigue.

Son los que han concertado alianzas “estratégicas” con la dictadura de Siria, a la que aplauden cuando derrama la sangre de niños por las calles; los que reciben con honores a Ahmadineyah en cuyas cárceles padecen cientos de opositores.

Incluso, la señora Cristina Fernández, quien ha retirado su embajada de Asunción ¿ha dicho algo -ella que siempre estuvo al lado de las Madres de la Plaza de Mayo- en contra de los apaleos salvajes, secuestros y amenazas a que son sometidas las Mujeres de Blanco bajo la tiranía de los Castro en Cuba?  “Paraguay es un país vecino”, aducirá más de alguien. Pero –convengamos- los derechos humanos no son para los vecinos: Esos derechos son universales o no son.

Afortunadamente hay gobiernos en América Latina que, condenando la ilegítima destitución de Fernando Lugo, se niegan a practicar una política internacional al servicio de intereses gobierneros. Dilma Rousseff –quien solidarizando con la suerte de tantas mujeres iraníes se negó a recibir a Ahmadineyah– ha condenado duramente la destitución de Lugo, pero no aplicará sanciones. Los gobiernos de Perú y Colombia también han condenado la destitución, pero en el marco de los usos políticos que corresponden al caso. Interesante y significativa fue la posición del gobierno chileno del cual, al ser “de derecha”, se esperaba una posición favorable a la destitución de Paraguay.

No ocurrió así; por el contrario, Piñera se pronunció en los siguientes términos:  “En nombre del gobierno de Chile, quiero expresar nuestra profunda preocupación por el juicio político al que fue sometido el ex Presidente de Paraguay, el señor Fernando Lugo, el pasado viernes 22 de junio. Estamos conscientes que la Constitución de Paraguay contempla el juicio político; que la cámara de diputados inicia ese juicio político y al senado le corresponde actuar como jurado. Sin embargo, estimamos que no se cumplieron ni se respetaron las normas del debido proceso y del legítimo derecho a defensa que están contempladas en la propia constitución de Paraguay y también el derecho internacional”

No se trata de expresar simpatías por un determinado gobierno (y con respecto al de Piñera, el autor de estas líneas no siente ninguna). La de Piñera podría haber sido también una declaración de Ricardo Lagos o de Michelle Bachelet. Pues esas son declaraciones que se enmarcan en la línea de continuidad de quienes, a través de experiencias con a veces díscolos vecinos, han logrado diferenciar entre una política de gobierno y una política de estado. A través de esas líneas, el gobierno chileno dejó muy claro que, condenando la destitución de Lugo, no se sumará al circo de los autócratas encabezados por Hugo Chávez.

Ojalá Fernando Lugo logre entender esa diferencia elemental que nunca entendió como gobernante: esa diferencia entre política y demagogia que, desgraciadamente para tantos, es todavía imperceptible.

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CHILE LIBERAL, PARAGUAY, NO SOY ALLENDE, LA DESTITUCION DE LUGO HA SIDO LEGAL Y LEGITIMA,

"No soy Allende, me voy a mi casa", declaró el destituido Fernando Lugo culminado el juicio express en su contra, y tranquilamente se retiró a su hogar mientras asumía el mando el vicepresidente, Federico Franco.  ¿Ha sido esto un Golpe, como claman las cleptocracias de Kirchner, Morales, Corra y del agónico Chávez?  No, no lo ha sido. Primero, acá no hubo cambio de régimen. Nadie ha sacado un gobierno para nombrar otro, sino que sólo se ha removido de su cargo a un Presidente acusado de negligencia. Es legítimo que un país acuse a un mandatario de no ceñirse a la ley o de incumplir sus obligaciones, y que proceda a acusarlo constitucionalmente, enjuiciarlo y expulsarlo.  En segundo lugar, cabe reconocer que el juicio político en su contra no fue prolijo, y deja mucho que desear. No obstante, la institucionalidad paraguaya es débil, por lo que difícilmente podemos ponerlos quisquillosos ante los tecnicismos legales. En general, no fue un proceso arbitrario, eso sí podemos atestiguar.  Atenerse a las consecuencias Un aspecto que no podemos soslayar es el de la responsabilidad del electorado en una democracia. Cuando un pueblo vota en comicios, hace una elección, nomina a sus mandatarios, y esta decisión —errónea o sensata— debe respetarse hasta las últimas consecuencias. Si la gente se equivoca, debe sufrir las consecuencias de sus propios errores.  Votar por el "Obispo de los pobres" fue desde siempre una idea completamente estúpida. Los paraguayos, por lo tanto, debieron joderse y aguantar hasta el final el mandato de Lugo, y hacerse cargo de su propia imbecilidad de elegir a un cura promiscuo y populista. No vale esto de arrepentirse a medio camino. Acá rige la doctrina caveat emptor. Y en Paraguay, en principio parecería injusto que las instituciones del país ahora trataran de corregir el error del electorado.  No obstante lo anterior, el Presidente de una república debe ante todo respetar la ley, y si deja de cumplirla, más allá de lo bueno o malo de su gestión, debe ser apartado de su cargo. Lugo evidentemente falló en mantener el mando del país, lo que fue patente con la matanza que colmó la paciencia de su propia coalición de gobierno y que fue la gota que rebosó el vaso.  En Paraguay han dado un ejemplo a Chile. Nadie duda que la gestión de Salvador Allende fue pésima, pero lo terrible es que sus errores siempre contaron con la complicidad de la derecha. El punto de no retorno del Golpe Militar lo marcó la usurpación vergonzosa del cobre, que fue votada en el Congreso y aprobada por unanimidad. Después, cuando la situación se volvió insostenible, nunca hubo una acusación constitucional contra Allende. Sólo el polemista ultraconservador de Hermógenes Pérez de Arce sostiene aquello, tratando de hacer creer que una mera declaración de los diputados en 1973 tiene el peso de una acusación constitucional. Nunca hubo tal cosa.   En Chile se removió a Allende de forma cobarde y sangrienta, por parte de la derecha golpista, la misma que hundió al país luego de destruir la economía nacional con el robo descarado del cobre. Paraguay, un país modesto con una institucionalidad enclenque, demostró así todo estar a la altura de las circunstancias. Apenas unas pocas protestas, disuadidas con gas lacrimógeno, fueron registradas. No pasó más que eso.  Es de esperar que ahora los paraguayos, en las próximas elecciones, decidan un poquito mejor. Por nuestra parte, recomendamos encarecidamente al Presidente Piñera que el Gobierno de Chile pronto reconozca a Franco en su calidad de primer mandatario de Paraguay. chileliberal@gmail.com

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