Tras anunciar Mariano Rajoy que no se subirían
los impuestos, lo que parecía improbable ha ocurrido. Y no hay peor fraude para
el votante que no cumplir la palabra dada antes de unas elecciones, mentir a su
electorado diciendo que no se subirían los impuestos y luego, nada más iniciar
su mandato, hacer precisamente lo contrario a lo prometido. Las consecuencias
pueden ser impredecibles para el PP. El viernes pasado cuando se hacían
públicas las medidas urgentes para hacer frente al déficit presupuestario,
quedó patente que el partido popular se ha convertido en un fiasco para buena
parte de su electorado más liberal, pues su política de elevar
considerablemente —por no decir confiscatoriamente— la presión fiscal, olvida
los principios más elementales del liberalismo económico que le había
caracterizado. El PP abraza políticas keynesianas que buena parte de la
izquierda española ya había propuesto y que ahora ha aplaudido. Lamentablemente
quienes habían votado a Rajoy no lo hicieron para que finalmente utilice las
recetas que ya habían sido enterradas junto al sarcófago socialdemócrata.
Estamos ante la mayor subida del IRPF (Impuesto dela Rentade las personas
físicas) de la historia de España, que nos convierte en el tercer país con
mayor presión fiscal dela UniónEuropea.Los grandes perjudicados nuevamente las
clases medias, que ante la subida de los impuestos no les quedará otra, al
menos a corto plazo, que reducir su consumo y su ahorro privado, lo que
originará la irremediable agonía de nuestra economía pues volverán las cifras
de decrecimiento económico. Una nueva depresión económica nos conduciría a toda
prisa e irremediablemente sin escalas, hacia el «tercer mundo». Todo es
cuestión de tiempo. Si la economía no llega a reactivarse en los próximos cinco
años, la economía española retrocederá en el ránking de los países más desarrollados
y será arrollado por los países emergentes.
Se han reducido de forma timorata las subvenciones a partidos políticos,
sindicatos y patronal, solo un 20%. Buena parte de los españoles habrían
querido que empiecen con reformas que permitan adelgazar el Estado Autonómico.
Son necesarias además muchas otras, como la reforma de la educación, la de la
justicia,la Leyelectoral, la sanidad, etc. Esperemos que al menos se planteen
soluciones para hacer frente al grave problema financiero de endeudamiento público
y privado, pues la medida de elevar la presión fiscal sobre el ahorro incluso
agrava aún más el problema de la falta de crédito. Uno de los elementos
imprescindibles para generar liquidez es aumentar nuestro ahorro privado, no
solo el público.
Los economistas liberales sabemos que la base de la economía productiva
está en el ahorro, por lo que no se debe atacar esta variable clave para
nuestra economía aumentando impuestos, es decir, no debemos gravar más aún las
rentas salariales, ni las rentas del capital (rendimientos de productos
financieros, plusvalías por venta de acciones o vivienda o seguros de vida,
etc.), puesto que con ello se corre el riesgo de empeorar nuestros problemas de
liquidez. Otro elemento clave para resolver el problema de la liquidez de
nuestra economía está en nuestro propio sistema bancario, es aquí donde hace
falta una reforma profunda de su actividad. Además, mientras no se obligue a
las entidades bancarias a valorar correctamente sus activos y a asumir
pérdidas, no será posible dar fluidez al crédito, imprescindible para activar
la economía productiva.
A los economistas más liberales nos produce estupor pensar que se va a
seguir castigando el ahorro como ya lo hizo el Gobierno del PSOE en 2010.
Porque, una subida del IVA incidiendo sobre los bienes de lujo, probablemente
hubiera tenido los mismos efectos negativos sobre el consumo de estos bienes
suntuarios, pero al menos no retrotraería el ahorro privado de las familias de
clase media, como es previsible que ocurra con el alza del IRPF, al dejar menos
renta disponible. Pero, no es solo eso, con la reforma del IRPF se
desincentivará el esfuerzo por trabajar y conseguir más rentas del trabajo, y
no se garantiza en absoluto además, que la recaudación fiscal vaya a aumentar,
tanto porque el menor consumo restará impuestos indirectos, como porque las
personas intentarán buscar vías alternativas para evadir a hacienda. Si
seguimos por este camino, exprimiendo tanto la base impositiva, nos vamos a
quedar sin tener de dónde recaudar y eso nos podría colocar en una situación
difícil, sin apenas margen de maniobra con la política fiscal en un futuro.
Las políticas más coherentes hubieran sido ampliar las reducciones del
gasto. Por ejemplo, pdríamos ahorrar una cantidad próxima a los 30.000 millones
si evitamos duplicidades en las funciones de organismos y administraciones
públicas, pero claro, ello implica entrar en una reforma de calado con el fin
de adelgazar el Estado Autonómico y las Administraciones Públicas que el
partido popular parece que intenta evitar.
A estas alturas, aún considerando que el déficit se haya disparado al 8%,
algunos economistas vemos que esta intervención estatalista y coercitiva del
nuevo gobierno, no ha sido una política acertada. Conste que no echamos la
culpa del elevado déficit al gobierno del PP, todos sabemos que los culpables
últimos de la situación actual son los anteriores gobernantes del PSOE, pero no
nos creemos que el nuevo gobierno del PP no supiera el estado de las cuentas
públicas antes de las elecciones. Muchos también nos preguntamos si todo vale
con tal de poder continuar en el euro, incluso la ruina económica de España.
Dudo que a España le hubieran impuesto finalmente el aumento de impuestos, como
sugiere el Ministro de Economía; porque además, nada está garantizado después
de tomar estas medidas y, porque con dichas medidas no le será posible ganar
competitividad a la economía española, que es el tema de fondo que subyace en
esta grave crisis y que lamentablemente será difícil conseguir que nuestras
empresas sean más productivas. En cualquier caso serían medidas estructurales
de largo plazo. Pero, la urgencia es a corto plazo, y, hasta donde sabemos,
solo es posible ganar competitividad con correcciones del tipo de cambio.
Quizás, si no estuviéramos encorsetados como lo estamos en el euro y, si
dispusiéramos de una moneda propia, el tipo de cambio actuaría como mecanismo
corrector de nuestros desequilibrios, porque una cosa es que sea el propio
mercado quien se encargue de corregirlos y, otra muy distinta, que sea un
gobierno fiscalizador —del signo que sea— el que decidida arbitrariamente y en
nuestro nombre, a quién hay que reducir sus salarios y a quién no, y, cuál es
la medida económica más oportuna que conseguirá acertar en dicha corrección de
los desequilibrios.
De qué vale además, que un gobierno incentive a punta de subvenciones la
compra de vivienda, si por otro lado eleva el Impuesto sobre bienes Inmuebles
(IBI); que nos lo expliquen. En ningún caso debería ser un argumento el buscar
favorecer a los ayuntamientos, que en muchos casos han dilapidado el dinero de
los ciudadanos. Al menos deberían anunciar que ese aumento del IBI sirviera
para pagar en primer lugar a los proveedores, y, en segundo lugar, lo que
habría que pedir son responsabilidades, incluso penales, a todos aquellos
responsables políticos que han hecho un mal uso del dinero público. ¿Para qué
tenemos sino el Tribunal de Cuentas? Lo que realmente necesitamos son leyes
fiscalizadoras de los excesos de los políticos y, para nuestras entidades
locales «buenos gestores», verdaderos administradores de la ciudad, no
políticos manirrotos.
De qué sirve que un gobierno castigue congelando el salario de los
funcionarios, si no se acompaña con una reforma dela Función Públicaque impida
que se sigan colando funcionarios sin oposición, o que se les coloque a dedo.
De que sirve hablar de flexibilidad laboral, y de no reposición de funcionarios
(amortizando plazas), si incluso la propia Administración no garantiza la
flexibilidad que permita trasladar a los funcionarios entre departamentos o
entre distintas Administraciones Públicas. No solo hace falta una reforma
laboral, también es preciso una reforma de nuestras Administraciones Públicas,
pero sobre todo, es necesario abandonar las políticas coercitivas y las
subvenciones que lo que hacen es distorsionar las reglas del mercado y, apostar
por medidas liberalizadoras que den una mayor importancia al sector privado de
nuestra economía.
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