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miércoles, 17 de febrero de 2010

ALCANZA OPOSICIÓN VENEZOLANA ACUERDO PARA ELEGIR CANDIDATOS, DECLARACIONES DE RAMÓN GUILLERMO AVELEDO, RESEÑADAS POR NOTIMEX

Caracas, 16 Feb (Notimex)- Los adversarios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, alcanzaron un acuerdo que garantizará elegir candidatos unitarios para las elecciones legislativas del 26 de septiembre, aseguró hoy el ex diputado Ramón Guillermo Aveledo.

El ex presidente del extinto Congreso venezolano explicó a Notimex que "en el acuerdo al que llegamos, 30 candidatos, más o menos el 25 por ciento de los postulados, serán elegidos por primarias y los demás serán elegidos por consenso".

Aveledo precisó que "para alcanzar los acuerdos de candidaturas por consenso se necesita del apoyo de tres quintas partes de los partidos opositores que componen la llamada Mesa de la Unidad Democrática", que agrupa a la mayor oposición venezolana.

Los adversarios del mandatario informaron la semana pasada que llegaron a un acuerdo para realizar elecciones primarias en 22 de las 87 circunscripciones electorales en las que está dividido el mapa electoral venezolano.

Sin embargo, varias individualidades opositoras anunciaron sus pre-candidaturas para los comicios legislativos de forma independiente, por lo que estarían al margen de las negociaciones de la mesa opositora.

Durante el acto de lanzamiento de su candidatura, el empresario Eduardo Gómez Sigala hizo un llamado a la cúpula opositora a elegir a todos los candidatos mediante elecciones de base, en vez de querer "centralizar" el poder, como haría el gobierno venezolano.

"Queremos decirle a toda Venezuela que creemos en la descentralización, pero no le reclamemos al gobierno que no descentraliza si nosotros queremos centralizar las decisiones en el país", expresó Gómez Sigala.

Al respecto, Aveledo subrayó que este tipo de declaraciones están lejos de causar un problema: "no veo ningún tipo de conflicto, los que anunciaron sus candidaturas pueden postularse a las primarias".

Consultado sobre qué sucedería si alguien lanza su candidatura sin apoyo partidista en un circuito donde inicialmente está descartado realizar una elección primaria, el catedrático universitario afirmó que ese escenario ya está contemplado.

"Si alguien se encuentra en un circuito donde no están contempladas las primarias, hay dos posibilidades: que haya acuerdo, o de lo contrario, que no haya acuerdo y en ese caso se llamaría a primarias", explicó.

Aveledo aseguró además que los factores opositores venezolanos se encuentran trabajando en lo que será su programa de gobierno y su agenda legislativa, que deberían tener lista para principios de marzo a más tardar.

"Tanto el programa de gobierno, como la agenda legislativa están en proceso de elaboración, para finales de febrero o comienzos de marzo deben estar listos", prometió el ex legislador socialcristiano.

Terra/Notimex
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LA DISYUNTIVA DE LA SOCIALDEMOCRACIA: ¿SOCIALISMO O DEMOCRACIA?, ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA

La soledad de la socialdemocracia venezolana en el contexto mundial es una prueba fehaciente de este contra sentido. Antes que respaldarla en su lucha contra la autocracia imperante, los partidos socialistas de la región, con la notable excepción del APRA, respaldan abierta o solapadamente al teniente coronel Hugo Chávez.

La muerte de dos iluminados próceres de la socialdemocracia mundial como Willie Brandt y Olof Palme, amen de la desaparición del escenario político de grandes líderes de la socialdemocracia latinoamericana, como Rómulo Betancourt y Raúl Haya de la Torre, han dejado en la más triste orfandad política e ideológica a la socialdemocracia mundial. Convirtiendo a la Internacional Socialista, su instrumento orgánico, en un fantasma inoperante, prisionero de organizaciones políticas absolutamente ajenas al social democratismo e incluso antagónicas entre sí en su accionar político. El eclipse de grandes líderes socialistas, como François Mitterrand o Felipe González, la decadencia de los socialismos democráticos europeos y la irrupción de una nueva oleada de castrismo en América Latina, de la mano del caudillismo autocrático más ramplón, han conducido a la debacle de las izquierdas democráticas en América Latina, permitiendo la hegemonía de un socialismo autoritario plagado de incrustaciones caudillescas y nuevas formas de regresión política, como el indigenismo. Las que han venido, a su vez, a presionar sobre los socialismos democráticos, empujándolos a una solidaridad automática en desmedro del contenido democrático de sus identidades. La soledad de la socialdemocracia venezolana en el contexto mundial es una prueba fehaciente de este contra sentido. Antes que respaldarla en su lucha contra la autocracia imperante, los partidos socialistas de la región, con la notable excepción del APRA, respaldan abierta o solapadamente al teniente coronel Hugo Chávez.

El Foro de Sao Paulo ha sido no sólo el instrumento del nuevo empuje del castrismo en América Latina, sino el factor clave de la penetración del marxismo en la Internacional Socialista. ¿Qué tienen de común el sandinismo nicaragüense con Acción Democrática, el principal partido social democrático venezolano? No sólo son incompatibles en sus proyectos estratégicos: son, en el momento actual, partidos que propugnan proyectos antagónicos. Uno, privilegiando la necesidad de restablecer o consolidar la democracia en Venezuela; el otro, estrictamente interesado en respaldar un gobierno autocrático y militarista como el propio de Daniel Ortega o el que pretende empujar a la clandestinidad a Acción Democrática, el del teniente coronel Hugo Chávez. Ambos declaradamente marxistas. ¿Qué los une? Una supuesta fidelidad al socialismo. ¿Qué socialismo? La internacional Socialista bajo el secretariado del chileno Luis Ayala no parece interesada en dilucidarlo. ¿Qué los separa? La valoración de la democracia. Y a pesar de una contradicción tan flagrante, uno y otro participan de una común organización internacional, de unívoca identidad ideológica: el socialismo democrático.

El caso del socialismo democrático chileno o el del supuesto socialismo democrático brasileño es paradigmático. Salvo la acción esporádica de Ricardo Lagos, que en su momento tuviera el coraje de enfrentar al teniente coronel – antes, es cierto, por motivos personales que por razones de ideología – el socialismo chileno no sólo ha respaldado mayoritariamente a Hugo Chávez sino que le ha cerrado las puertas a sus congéneres venezolanos sometidos a una feroz persecución policial. Llegando a extremos sencillamente repudiables. Al iniciarse la persecución del régimen contra los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, por razones de estricta retaliación política, solicitamos al gobierno chileno, entonces presidido por Ricardo Lagos, les fuera concedido el derecho de asilo. La respuesta fue negativa. Luego de cinco años de un juicio amañado y violatorio de las más elementes normas jurídicas, fueron condenados a 30 años de cárcel. Dada su edad, prácticamente una condena a muerte.

El caso de Lula da Silva es aún más ominoso. Privilegiando sus intereses nacionales y su fidelidad al castrismo, no sólo ha estrechado al máximo su alianza estratégica con Hugo Chávez sino que ha llegado al despropósito de considerarlo el mejor gobierno de la historia de Venezuela en sus últimos cien años. Una afirmación tan peregrina, en boca del presidente de la octava potencia del mundo, no merece mayores comentarios.

Esta contradicción entre socialismo y democracia en el seno de la socialdemocracia latinoamericana y mundial encuentra una viva expresión en los avatares del socialista chileno José Miguel Insulza. Algún día, la presidenta socialista Michelle Bachelet o el ex presidente socialista Ricardo Lagos tendrán que explicarnos por qué razón un socialista chileno como el Secretario General de la OEA debió ser llamado a terreno y ser comprometido formalmente a defender las democracias en América Latina – cosa que no hiciera durante los primeros cinco años de su mandato - por un gobierno de derecha. Es una señal manifiesta de la crisis del socialismo democrático en América Latina.

Antonio Sánchez García
sanchezgarciacaracas@gmail.com
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PARA RECONSTRUIR A VENEZUELA: UN PROYECTO DE PAÍS, ANDRÉS SIMÓN MORENO ARRECHE, FEBRERO DE 2010

Las naciones se conceptualizan a partir de tradición y memoria de sus ciudadanos, pero sobre todo con la voluntad creadora de un futuro compartido. Concretar tal posibilidad es un proceso de construcción democrática que trasciende a los gobiernos pero en la que ellos tienen responsabilidades y competencias ineludibles e intransferibles.

Conceptualmente, un Proyecto País se enmarcan a partir de una visión y de las estrategias de desarrollo de sectores nacionales, en un plan coherente que maximice su contribución de esos sectores al desarrollo del País, explicitando el nivel que puede alcanzar este aporte al desarrollo económico y social e identificar acciones que se requieren para su obtención.
La Metodología que se necesita para llevar adelante un Proyecto País se traduce en un plan estratégico de desarrollo nacional, cuya principal característica sea el resguardo de la coherencia intersectorial y macroeconómica. Este plan debe priorizar los cambios estratégicos para potenciar la oferta del país en el mundo globalizado y los servicios y oportunidades entregados a la población, aumentando las capacidades nacionales y mejorando el accionar público y privado.
El Proyecto básico de “País Posible”, el que se necesita Venezuela le presenten detalladamente sus líderes democráticos, debe proponer medidas para alcanzar metas de crecimiento, desarrollando sectores incipientes e incorporando desafíos pendientes que son fundamentales para proyectar al país hacia el desarrollo en forma sustentable. Algunas de estas medidas se pueden resumir en lo siguiente:

La Venezuela Posible tiene que desarrollar una nueva identidad de país a nivel nacional e internacional. Una identidad fundamentada en valores ciudadanos y compatible con la necesidad de multiplicar de manera sostenida y a lo largo del tiempo las exportaciones no tradicionales; de transformarse en un país turístico, de consolidarse como plataforma regional de negocios y de atraer la re-migración de los talentos que partieron en la última década. Esto hace necesario sentar los fundamentos legales y operativos para aumentar sustancialmente la inversión privada nacional e internacional, proteger la seguridad de las personas y su calidad de vida, además de eliminar posibles incertidumbres en materias regulatorias, incluyendo aspectos tributarios y laborales.

La Venezuela posible también tiene que desarrollar las áreas como el turismo (para convertirla en una plataforma de negocios) y la inversión sostenida en ciencia y tecnología, áreas que ofrecen un desarrollo de alto impacto social a corto y mediano plazo, con alta incidencia en el impulso a nivel de regiones, de la pequeña y mediana empresa y en la consolidación nacional en materia de innovación y crecimiento. Estos sectores diversificarían la oferta del país, resguardando el potencial de crecimiento posterior al horizonte del 2012. Las proposiciones en materia de tecnología deben desencadenar la creación de valor basado en el capital humano, lo que transformaría al país en un polo de atracción de talentos tecnológicos desde el exterior y permitiría consolidar un círculo virtuoso de innovación y crecimiento.

Cualquier proyecto de país democrático debe considerar a la educación como una herramienta de crecimiento y desarrollo y no como un elemento propagandístico. Para transformar la educación en una fortaleza nacional, ella debe preparar una fuerza de trabajo que genere ventajas competitivas. Los expertos priorizan el esfuerzo de mejorar la calidad de la fuerza laboral a través de tres programas estratégicos: la profesionalización de la labor docente, el incentivo a la participación de las familias en el proceso educativo y el mejoramiento de la oferta educacional, focalizándola en temas prioritarios para el desarrollo y aumentando la competencia existente. Esta gran reforma educacional se incluye dentro de las medidas destinadas a aumentar el capital social, que son las siguientes:

1. Fomentar las aspiraciones de superación y de aprovechamiento de los talentos en la población.
2. Desarrollar una educación y una cultura- país basada en valores ciudadanos que fomente el funcionamiento de las instituciones, las acciones en redes sociales, grupales e individuales, con fuerte énfasis en materias prioritarias para el desarrollo nacional.
3. Aumentar la valoración y la participación del ciudadano en la cultura nacional, promoviendo sus características intrínsecas y sus expresiones y valorizando el aporte de la individualidad en un mundo que se vincula permanentemente con la diversidad.
Incorporar a la población y a las organizaciones a la economía digital asegurando la igualdad de oportunidades.
4. Encantar a grupos de interés y a la población con una visión de desarrollo nacional en positivo y desafiante.

La Venezuela posible y esencialmente democrática debe desarrollar una profunda reforma del Estado, destinada a mejorar la focalización y coordinación de su acción social, asegurar los liderazgos a nivel nacional y local, aumentar el aporte de los recursos entregados por el estado a las regiones, incentivar la descentralización a partir del desarrollo de áreas con potencial para asegurar el abastecimiento de la población y de los sectores productivos, eliminar incertidumbres, distorsiones y rigideces en materias regulatorias, laborales y tributarias, entre otras.

Un proyecto de país sustentado en la igualdad debe generar espacios de colaboración público-privados que permitan legitimar las materias prioritarias para el desarrollo nacional, posibilitando orientar los esfuerzos de fomento. Ello requiere la promoción y la aplicación de buenas prácticas en emprendimientos, innovación, gestión, medio ambiente y certificación, para mejorar la definición estratégica, la eficiencia organizacional y la aceptación en mercados internacionales. Destaca la importancia de mejorar las prácticas utilizadas por la empresa nacional, porque el país presenta sus peores índices en materia de competitividad microeconómica, determinados por la sofisticación de las estrategias y operaciones de las compañías y por el entorno de negocios microeconómicos.

Será objeto de unas estrategias específicas la mejora sustantiva y subjetiva de la gestión, la calidad y la institucionalidad de los sectores de impacto social, tales como salud, deportes, previsión, seguridad, educación, cultura y vivienda. Tanto en salud como en educación, el presupuesto se ha incrementado permanentemente, pero no se han logrado mejoras apreciables en estos sectores. Esto lleva a proponer una serie de medidas para mejorar la gestión.

Las proposiciones consideran una importante transformación a nivel de las personas y grupos que se puede expresar en los siguientes términos:

La meta en el ámbito de las personas es que sean ciudadanos del mundo, que aporten individualidad en un mundo que aprecia la diversidad, que se caractericen por la motivación para desarrollar sus talentos, la capacidad de trabajo en equipo y la movilización focalizada en la estrategia. Esto permitirá al país ser el primero en realizar grandes reformas, tales como adecuar su educación al tercer milenio, modernizar su institucionalidad y transformarse en polo regional en tecnología e innovación, focalizando sus capacidades para agregar valor en las industrias con ventajas competitivas en el ámbito mundial -tales como alimentos, forestal, turismo y centro de negocios y gestión- abordando tanto la producción de bienes y servicios tradicionales, relacionados directa e indirectamente con la industria petrolera, como de los servicios, tecnología, insumos y bienes de producción con mayor valor agregado.

Estas proposiciones se traducen en proyectos e iniciativas específicas que forman parte del plan estratégico de desarrollo nacional que constituye el Proyecto País, destinado a asegurar el aprovechamiento del potencial de los sectores con ventajas competitivas y a generar una sólida base de nuevas capacidades nacionales en materia de capital social, institucionalidad, tecnología y nuevos pilares de desarrollo, para asegurar futuros crecimientos que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

Andres Simon Moreno Arreche
andresmorenoarreche@gmail.com
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LA CAJA È MACHETE, ANTONIO MARCANO, DESDE MATURIN

Definitivamente: se nos están planteando cambios. Tanto de influencias externas, así como de influencias internas. Y sugiero, simplemente, no cerrarnos ante ellos; para que el libre arbitrio marque las decisiones de lo que realmente queremos.

Eso si, esperando que sean las mas certeras y cónsonas posible, conforme al deseo de la gran mayoría. Consiente estoy que esta toma de decisión dependerá, por lo democrático y por su numero, de los estratos que, por su condición económica, son los que menos tienen.

Y es precisamente en estos estratos, donde radica la mayor masa de votantes. Quienes, muchas veces, es historia de Venezuela, se pliegan, sin análisis previo, a quienes tienen posibilidades reales de triunfo.

Así que partiendo de esta premisa pudiéramos decir, en conclusión, que este es un pueblo de TRANSFUGAS. Quienes, por la carencia de una tesis ideológica creíble, por la carencia de un Estado de Derecho fiable, por el mismo poder centralista que desde tiempos inmemorables hemos exhibido, y por la misma dependencia exagerada, económica y en todos los sentidos, a que nos han sometido los Gobiernos de turno, el sistema mismo, así lo demuestra la historia Patria, casi nos obliga a: Anotarnos a Ganador. Tenemos, generalizando hasta lo posible, un olfato increíble para detectar al ganador. Y en consecuencia, de esta viveza propia de los latinos: EXPRESIVAMENTE VOTAMOS POR EL. Entendiéndose que EL pudiera ser, o bien el contrario del oficialista, o el oficialista mismo.

Es así tan de fácil como votamos que solo: el ¡va pà rriba! o ¡va pà bajo! es la guía del buen votar. Y cuando gana, por fin, el oficialista oímos decir: “GANO EL POPULISMO”. O cuando gana el contrincante decimos: GANO EL VOTO CASTIGO.

Yo en lo particular pienso que deberíamos, en elecciones futuras, no solo ver las posibilidades reales de triunfo de los candidatos, sino que deberíamos verle, además del perfil, como dije en anteriores artículos, deberíamos verle el lado, el costado, el frente y hasta el cuadro, en su conjunto; porque creo que es necesario moralizarnos y concientizarnos para poder hacer lo que tanto hemos anhelado: UN VERDADERO PAIS.

Ejemplo de lo planteado podría ser Chile, una de las mejores economías de América Latina: Gano el candidato de la oposición a pesar de que su Presidenta mantiene su popularidad por encima del 80%...Creo que seria muy conveniente el análisis de esta experiencia.

Por tales motivos, a manera de conclusión, recomiendo que, en las próximas elecciones: VOTEMOS. Que le digamos no a la ABSTENCION; pero eso si: VEAMOS BIEN POR QUIENES VAMOS A VOTAR. VOTEMOS POR LOS MEJORES. ¡VOTEMOS POR LOS CAJA È MACHETE! Y ¡¡¡ QUE VIVA LA DEMOCRACIA!!!

SERVICIO DE EXTENSION SOCIAL: Sin querer convertirme en un DENUNCIANTE DE OFICIO. Reporto, para su consideración, a quien le competa, una queja, que el sector de La Muralla, me hiciera llegar: Se trata de un bote de agua que esta en la calle 1ª del sector San Simón. Igualmente, la gente del sector de La Avenida Las Palmeras: Reportamos el mal drenaje, de toda la Avenida. Cuando llueve los transeúntes, obligados por la humedad, caminan, obligados, por la vía. La cosa se agrava porque, en las horas pico, el tráfico de vehículos se incrementa poniendo, así, en peligro la seguridad ciudadana. Así mismo los asientos, bancos, consideramos están muy mal ubicados, pues impiden el libre transito de los transeúntes. Sobre todo en la esquina Este, es poco el espacio para caminar.

Antonio Marcano
lamarca44@hotmail.com
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CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA, ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Desde el año 2000, la CIDH ha venido observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica.

Por información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión. Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 31 de julio de 2009, 34 radioemisoras de FM y AM debieron cesar sus transmisiones de manera inmediata. En las decisiones que revocan los permisos o licencias, se habría argumentado razones técnicas relativas al masivo incumplimiento de algunas disposiciones de la ley de telecomunicaciones. Por otro lado, la CIDH recibió información de que las autoridades habrían anunciado como una de las razones para proceder a los cierres que se trata de emisoras que “juegan a la desestabilización de Venezuela”.

La CIDH expresa su preocupación por la existencia de elementos que sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para el cierre de estas radioemisoras. La Comisión reconoce la facultad del Gobierno de regular las ondas radioeléctricas, pero destaca que dicha facultad debe realizarse con un estricto apego al debido proceso y respetando los estándares interamericanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión de todas las personas.

En particular, las limitaciones impuestas a la libertad de expresión no deben fomentar la intolerancia, ni pueden ser discriminatorias, producir efectos discriminatorios o estar fundadas en la línea editorial de los medios de comunicación.

Por otro lado, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es sancionar los llamados “delitos mediáticos”. El proyecto prevé penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que divulguen información “falsa” o que produzca “perjuicio a los intereses del Estado”, y también establece penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que se nieguen a informar sobre “hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley representaría un serio retroceso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

Asimismo, la CIDH recibió información de que el 3 de agosto de 2009 personas armadas ingresaron por la fuerza a la sede del canal Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas. Este ataque se suma a otros hechos de violencia que se han registrado en los últimos años contra los periodistas y trabajadores de Globovisión y otros medios de comunicación que tienen una línea editorial crítica al Gobierno.

La CIDH insta al Estado a investigar estos hechos, sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los periodistas y trabajadores de Globovisión y de todos los medios de comunicación de manera que puedan realizar su tarea sin restricciones.

La CIDH en reiteradas oportunidades ha expresado su seria preocupación por la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Asimismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado su preocupación y ha enviado numerosas comunicaciones al Estado, solicitando información y expresando la necesidad de que las disposiciones legales y administrativas se ajusten a los estándares interamericanos en la materia. El cierre de 34 emisoras de radio, la amenaza de más cierres, las agresiones a periodistas y ataques a medios con línea editorial crítica, y el reciente proyecto de ley representan graves limitaciones al libre ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

La CIDH está abocada a preparar un informe sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Las solicitudes de información sobre estos temas de libertad de expresión forman parte de los esfuerzos de la Comisión Interamericana con el objeto de obtener insumos para la elaboración de dicho informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a país alguno en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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LAS BENDICIONES DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, DEJE UN COMENTARIO PUBLICADO EL 13 DE FEBRUARY, 2010 EN COLUMNISTAS, INTERNACIONAL, JOSÉ L. DECAMILLI

Acabo de recibir el informe sobre la situación económica y social del país, con datos y cifras que causan verdadera consternación y ponen de manifiesto la responsabilidad criminal de la administració n de Chávez.

El informe es de enero de 2010 y creo útil hacerlo accesible a las personas de habla hispana, con un par de datos complementarios tomados de “Venezuela hoy” del 15 de enero de 2010.
Actualmente no se puede encontrar en Venezuela azúcar, leche, harina, bombonas de gas (a pesar de que el país cuenta con enormes reservas de gas (!); el agua y la electricidad están racionados. A consecuencia de la reciente devaluación de la moneda nacional (el bolívar fuerte) en un 100 %, los precios de todos los productos han aumentado vertiginosamente.
Miles de jóvenes venezolanos (economistas, ingenieros, médicos, especialistas en informática, empresarios) han abandonado el país. Huyen de la creciente inseguridad, de la represión de la iniciativa privada y de la mala remuneración.


Las industrias de materias primas ya en manos del Estado o que se acaban de socializar son ineficientes y trabajan con grandes pérdidas; otras han tenido que paralizar parcialmente la producción. El perjuicio para la situación laboral y para la producción nacional es enorme.
La fuente principal del ingreso de divisas del país, la industria petrolera, se halla en una situación deplorable: la producción ha disminuido; no existen inversiones de mantenimiento o nuevas inversiones. En los once años de Gobierno de Chávez no se ha instalado ninguna nueva planta de producción. El personal capacitado profesionalmente fue sustituido por personas políticamente confiables.


Según datos publicados por la OPEC, Venezuela produce actualmente sólo 2, 271 millones de Bpd de aceite crudo. El gobierno asegura que la producción es de 2, 5 millones de Bpd. En los últimos diez años la producción petrolera ha disminuido en más 1, 5 millones de barriles. El 85 % de de las exportaciones es adquirido por los Estados Unidos, su enemigo capital.


El 95 % del ingreso en dólares por las exportaciones en el pasado año correspondió al petróleo y productos derivados. Venezuela depende más que nunca de las exportaciones de petróleo.
El parque industrial del país ha disminuido radicalmente. El número de empresas industriales se ha reducido casi a la mitad debido al control e intervención del gobierno y a una política monetaria que sobrevalúa permanentemente la moneda nacional, lo que privilegia las importaciones en perjuicio de la producción nacional.


La nación pasa por una crisis energética de gran calado. La falta de inversiones de mantenimiento y de ampliación de la producción, la ausencia de técnicos, la politización de los trabajos y proyectos, y el constante derroche de los recursos han determinado el derrumbe del suministro de energía, a pesar de que Venezuela cuenta con un potencial de reservas verdaderamente fabuloso. Para Chávez, la explicación es sencilla: la culpa la tiene la “cuarta república” y el fenómeno natural de “El Niño”.


Los continuos cortes de energía eléctrica mantienen en oscuridad hasta a un 60 % del país y afectan seriamente el funcionamiento del metro, de las fábricas, de los comercios públicos, de las instituciones de enseñanza, hospitales, alumbrado público, etc. En lugar de construir en Venezuela plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, Chávez se preocupa de donar a Bolivia 80 millones de dólares y a Nicaragua 250 millones de dólares para cubrir sus necesidades energéticas.


La administració n pública de Venezuela contaba en 1999 -fecha en que se inicia el gobierno de Chávez- con un millón de empleados. Hoy su número ha ascendido a 2, 3 millones de empleados públicos. En el año 2002 la industria petrolera estatal ocupaba a 45. 000 personas; hoy son más de 100. 000, la mitad de ellos sin una función determinada. 2200 miembros de las fuerzas armadas, en situación de retiro o en activo, trabajan en la administració n pública.

En 1999, la deuda pública de Venezuela (incluida la de la PDVSA) ascendía a 32, 5 mil millones de dólares americanos. Hoy su monto es de más de 95 mil millones de dólares.


Chávez ha gastado alrededor de 8 mil millones de dólares en la adquisición de armas y sistemas de armas. Pagó 12 mil millones por la expropiación de empresas privadas que, al poco tiempo, trabajaban con cifras rojas. Los regalos y otros pagos semejantes al extranjero se mueven entre los 60 y 80 mil millones de dólares. En su conjunto, en los once años de poder, el gobierno revolucionario ha “invertido”, en el interior y en el exterior, aproximadamente un billón de dólares.

La moneda venezolana, el “bolívar fuerte”, ha perdido desde su introducción el 1 de enero de 2008 el 55 % de su poder adquisitivo. Venezuela registró en 2009 una inflación del 25, 1 %. La mayor en Hispanoamérica. En el 2010, como consecuencia de la última devaluación (la cuarta) hay que contar con una inflación anual que oscilará entre el 50 y el 60 por ciento. Desde que Chávez subió al poder, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda (cuota de inflación acumulada) asciende a un 733 %.


Los órganos gubernamentales expropiaron u ocuparon 600 centros de producción agraria (2, 5 millones de hectáreas). Desde entonces la producción agrícola ha menguado tanto que Venezuela depende cada vez en mayor medida de la importación de alimentos. Venezuela era un país que exportaba azúcar. Hoy tiene que importar 500. 000 toneladas del Brasil. En el año 2008 Venezuela importaba sólo el 1 % del consumo total de carne de vaca; hoy tiene que importar aproximadamente la mitad de lo que consume.


El producto interior bruto se redujo en el 2009 en un 2, 9 %. Para el primer trimestre de 2010 se calcula una disminución del 4 al 6%.


En 1998 murieron en Venezuela a consecuencia de la violencia criminal 4500 personas. En el año 2009 esta cifra saltó a 19. 400. Cada fin de semana mueren 300 personas, víctimas de la violencia. En total, a lo largo del gobierno de Chávez, perecieron por esta razón 150. 000 seres humanos. En el 2008 se produjeron 5000 secuestros. El 97 % de los crímenes que tienen lugar en el país quedan impunes.


Las prisiones del país tienen capacidad para acoger a 12. 000 personas; actualmente cobijan a 32. 500 personas.

En el 2008 el gobierno construyó 23. 223 viviendas sociales. En la primera mitad del 2009 su número fue de 12. 000. El número de los que buscan vivienda asciende a 2, 5 millones.
Aproximadamente un millón de venezolanos padecen la enfermedad infecciosa chagas, la enfermedad que acompaña a la pobreza.

Cuatro millones de niños no acuden a la escuela. El 70 % de los que reciben formación escolar primaria no siguen los estudios secundarios.

El gobierno controla un imperio de comunicación de 731 estaciones de radio y televisión, y periódicos. Los medios de comunicación independientes están sujetos a constante persecución o simplemente se los clausura.


En resumen: Venezuela atraviesa por una situación socio-económica de suma gravedad que se refleja en la inseguridad, la extrema violencia y criminalidad, la pobreza, el desempleo y la destrucción de aparato productivo. A ello hay que sumar ahora la crisis bancaria y financiera.
Autor: J. L.Decamilli,

Comunidad Internacional de Trabajo “Libertad y Democracia”, Berlín

Alvaro Albornoz
dr.alvaroalbornoz@gmail.com
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EL COMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS -CPJ- ACUSA AL GOBIERNO DE VENEZUELA DE SILENCIAR VOCES INDEPENDIENTES Y CRITICAS

Ccs. 16 feb (Enfoques365).- El Comité de Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) acusó hoy al gobierno del presidente Hugo Chávez de estar utilizando instrumentos legales para “silenciar voces independientes y críticas” a su gestión y de realizar “investigaciones politizadas” contra medios de comunicación.

“Luego de obtener una importante victoria en el referéndum de febrero que le abrió las puertas para la reelección indefinida, el Presidente Hugo Chávez Frías y su gobierno intensificaron su embestida de años contra los medios privados”, señaló el CPJ en el informe "Ataques a la prensa en 2009", presentado este martes.

El Committee to Protect Journalists (CPJ), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, presentó su informe sobre los ataques a las y los periodistas en el mundo en cinco capítulos regionales entregados simultáneamente en Bogotá, El Cairo, Tokio, Nairobi y Bruselas.

En la introducción general del capítulo referido al continente americano, el informe señala que el gobierno venezolano ha hecho “pocos esfuerzos por ocultar su espionaje en contra de periodistas”.

“A menudo –dice el informe - las conversaciones que involucran a opositores políticos del Presidente Hugo Chávez Frías y a sectores críticos del gobierno son monitoreadas y registradas por el servicio secreto, según la investigación del CPJ e informes de prensa”.

“Los medios estatales han reproducido fragmentos de esas conversaciones con el fin de dañar las reputaciones de los críticos del gobierno”, sostiene el documento.

Ejemplo de ello fue el caso de Alberto Federico Ravell, quien siendo aún director general de Globovisión “escuchó” una conversación telefónica que sostuvo en octubre de 2008 con Teodoro Petkoff, director del semanario Tal Cual, la cual fue “transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. Ravell presentó una demanda judicial, pero no generó resultado alguno”, dice el informe.

A continuación transcribimos textualmente el punto referido a Venezuela:

“Ataques a la prensa en 2009: Venezuela

Principales acontecimientos

• El organismo regulador le quita las licencias a las emisoras críticas.

• El gobierno emprende investigaciones politizadas contra Globovisión.

Estadística Clave

34: Las emisoras de radio y televisión privadas que fueron sacadas del aire.



Luego de obtener una importante victoria en el referéndum de febrero que le abrió las puertas para la reelección indefinida, el Presidente Hugo Chávez Frías y su gobierno intensificaron su embestida de años contra los medios privados. El organismo que regula las frecuencias del espectro radioeléctrico adoptó medidas sin precedentes en su ataque contra los medios audiovisuales críticos. Decisiones arbitrarias les quitaron las concesiones a emisoras de radio privadas, al tiempo que una serie de investigaciones amenazó con clausurar a la última estación de televisión crítica de Venezuela, Globovisión. En el interior del país, un duro crítico del gobierno fue encarcelado, mientras que un reportero de investigación fue asesinado en directa represalia por su labor informativa.

Considerada por Chávez como un instrumento de la oligarquía involucrada en “terrorismo mediático”, Globovisión fue blanco de una ráfaga de investigaciones. En septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) le inició un proceso administrativo luego de acusar a la televisora de incitar a la rebelión por transmitir un mensaje de texto de un telespectador que llamaba a un golpe de estado. En julio, la CONATEL inició una investigación sobre acusaciones de que Globovisión estaba transmitiendo mensajes que podían crear “angustia, ansiedad y temor”. El canal había dirigido una campaña publicitaria defendiendo la propiedad privada (en un momento en el cual el gobierno estaba nacionalizando las industrias más importantes, incluyendo telecomunicaciones, electricidad y cierta producción de alimentos). Sin embargo, otra investigación fue iniciada en mayo, por acusaciones de “incitar al pánico y a la ansiedad en la población,” luego de que Globovisión informara sobre un terremoto que sacudió a Caracas. Durante la transmisión, el Director General de Globovisión, Alberto Federico Ravell, instó a los telespectadores a que permanecieran en calma y culpó a las autoridades del fracaso en informar a los venezolanos de un modo oportuno, según informes de prensa internacionales. La emisora, conocida por sus estridentes opiniones antigubernamentales, también tenía dos investigaciones en curso desde 2008. Una sanción en cualquiera de los dos casos podría significar una suspensión de hasta 72 horas, mientras que una segunda sanción podría resultar en la revocación de la licencia.

El gobierno amenazó con tomar otras medidas. En junio, justo horas después de que Chávez solicitara a Globovisión que cesara su cobertura crítica si no quería enfrentar su clausura, la CONATEL solicitó a la Fiscalía General que investigara si la emisora privada era responsable penalmente por las violaciones a la ley de telecomunicaciones. El CPJ lo describió como una “seria escalada” en la campaña de intimidación contra los medios. Ninguna investigación penal se había iniciado hacia fines de año.

Globovisión fue también víctima de un violento ataque en agosto, cuando un grupo de más de 30 individuos armados en motocicletas irrumpieron en sus oficinas de Caracas, arrojaron cartuchos con gas lacrimógeno e hirieron a un oficial de la policía local y a dos empleados. Conforme a una cinta de video difundida más tarde por el canal, los asaltantes eran miembros del partido político Unión Patriótica Venezolana (UPV), aliado del Presidente Chávez. Lina Ron, líder de UPV, fue arrestada unos días más tarde por las autoridades y acusada de “conspirar para cometer un delito”, según una declaración del Ministro del Interior y Justicia Tarek El Aissami. Ron fue liberada en octubre, pero todavía el proceso judicial se encontraba pendiente de resolución hacia fines de año.

CONATEL utilizó la regulación de las licencias de radiodifusión como un pretexto para silenciar voces independientes y críticas y sacó del aire 32 estaciones privadas de radio y televisión a principios de agosto. Las emisoras, según CONATEL, no habían actualizado sus registros de inscripción para un plazo fijado en junio. Según el ente regulador, las emisoras operaban de modo ilegal porque sus licencias habían sido otorgadas a “personas físicas”, mientras que la Ley de Telecomunicaciones del año 2000 requería que fuesen entregadas a “entidades con personería jurídica”. Las emisoras apelaron la decisión y muchas presentaron evidencia de que habían presentado los documentos para conformarse al cambio. Aún continuaban fuera del aire hacia fines de año.

El organismo regulador había amenazado anteriormente con revocar las licencias de 154 emisoras FM y 86 emisoras AM. En una carta de julio, el CPJ instó al Ministro de Obras Públicas y Vivienda Diosdado Cabello a que asegurara que la entrega de licencias de radiodifusión fuera realizada de un modo imparcial y transparente.

El gobierno de Chávez actuó de modo agresivo para coartar la libertad de los medios a través de legislación restrictiva. En julio, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz presentó un proyecto de ley que castigaría los “delitos mediáticos” con penas de prisión. El objetivo, afirmó Ortega, era enfrentar las “nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión.” La iniciativa definía “los delitos mediáticos” como acciones que “atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad”. La medida expresaba muy vagamente que “impediría y castigaría las acciones u omisiones exhibidas a través de los medios que constituyeran un delito” y que sancionaría a “toda persona que divulgue a través de un medio, noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, que haya alterado el orden público o producido un perjuicio a los intereses del Estado”. Luego de una airada protesta internacional, el proyecto de ley fue archivado por la Asamblea Nacional en agosto. En enero de 2005, la Asamblea Nacional ya había aumentado drásticamente las sanciones penales por difamación al tiempo que extendía el número de funcionarios públicos protegidos por las cláusulas de difamación.

La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley de educación con disposiciones que prohibían la distribución de material que pudiese incitar “odio, agresividad”, “rebeldía” o causar “terror en niños.” Luego de la aprobación del proyecto el 13 de agosto, una docena de periodistas de los matutinos de Caracas Últimas Noticias, El Mundo y Líder — propiedad del conglomerado privado de medios Cadena Capriles —organizó una protesta en la calle contra el proyecto que, según ellos, impedía el ejercicio de la libertad de expresión. Esa misma tarde recibieron golpes de puño y puntapiés de individuos que los periodistas identificaron como empleados estatales que los acusaban de ser “oligarcas” y “enemigos del pueblo”, según las entrevistas del CPJ. Nadie resultó con heridas de gravedad, pero el episodio siguió en el centro de la atención pública cuando Chávez acusó a reporteros de Cadena Capriles de provocar el ataque. El 15 de agosto, las autoridades arrestaron a Gabriel Uzcátegui, empleado de la emisora estatal Ávila TV, en relación al ataque. La emisora negó su participación y cuestionó la veracidad de las víctimas denunciadas. Hacia fines de año no se habían formulado cargos contra Uzcátegui.

Los periodistas que cubrieron protestas fueron hostigados y atacados de modo sistemático. En enero, los manifestantes golpearon a Rafael Garanton, fotógrafo del matutino El Carabobeño, en el estado Carabobo, cuando cubría una manifestación estudiantil que protestaba por la inseguridad en las calles, según informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El periodista, cuya cámara fue robada por manifestantes, fue llevado al hospital con heridas menores. El IPYS documentó otros casos: José González, fotógrafo del matutino El Mundo Oriental, fue atacado en febrero por miembros de la Guardia Nacional de Venezuela mientras fotografiaba una protesta de conductores de transporte público en Anzoátegui. En abril, un fotoperiodista del matutino Pico Bolívar, Héctor Molina, fue amenazado por manifestantes encapuchados cuando cubría una manifestación estudiantil. En julio, oficiales de la Guardia Nacional retuvieron a Zulay López y Jesús Molina, reportera y camarógrafo de la emisora RCTV Internacional, y a Thais Jaimez, periodista del matutino Panorama, luego de que intentaran cubrir una manifestación de obreros de la construcción en la provincia de Táchira.

En julio, un juez de Táchira ordenó el arresto de Gustavo Azócar, ex corresponsal del matutino nacional El Universal, conductor de televisión y bloguero y duro crítico de Chávez. El juez dictaminó que Azócar, acusado de fraude en un caso que llevaba años y estaba relacionado con un contrato de publicidad, había violado una orden anterior de no hacer comentarios públicos sobre el caso. Azócar indicó al CPJ que hizo públicas en su blog algunas notas de otros medios sobre el caso, pero que él particularmente no había escrito nada sobre el tema. El abogado de Azócar y sus colegas señalaron al CPJ que el periodista estaba siendo injustamente castigado por sus críticas sobre los funcionarios del gobierno local.

Una escalada en la violencia general causó alarma, especialmente en el interior del país. En enero, individuos no identificados dispararon e hirieron a Rafael Finol, el director de noticias políticas del matutino El Regional, fuera de las oficinas del periódico en Acarigua, al sudoeste del país. El periodista señaló al CPJ que creía que el ataque era en represalia por la labor informativa política del periódico, que respalda al gobierno de Chávez. Finol afirmó al CPJ que los investigadores creían que eran asesinos a sueldo quienes habían estado involucrados en el ataque.

Durante el mismo mes, un individuo no identificado disparó y mató a Orel Sambrano, director del semanario político local ABC de la Semana y Radio América, en la ciudad occidental de Valencia. Sambrano, de 62 años, era conocido por sus investigaciones y comentarios sobre política local. Sus colegas explicaron al CPJ que Sambrano había publicado recientemente una serie de notas de investigación sobre la familia del empresario local Walid Makled. Informes de prensa indicaron que Sambrano también había mencionado a Rafael Segundo Pérez, sargento de la policía de Carabobo, como uno de los 13 policías con vinculaciones al clan Makled. El 13 de febrero, las autoridades arrestaron a Pérez y lo acusaron de trabajar como asesino a sueldo y de conspirar para cometer un crimen. Informes de prensa locales señalaron que las autoridades también emitieron una orden de arresto contra Makled, cuya familia negó las acusaciones. Se cree que Makled abandonó el país, según la prensa. La violencia letal contra la prensa es poco frecuente en Venezuela, según el CPJ. Cinco periodistas, incluyendo Sambrano, cayeron en cumplimiento de su labor desde 1992.

Rafael Poleo, director de noticias y editor del matutino El Nuevo País y de la revista de noticias Zeta, uno de los críticos más estridentes del gobierno de Venezuela, huyó del país en septiembre luego de que fuera citado por las autoridades con motivo de su aparición en un programa de Globovisión en 2008. Durante esa aparición, Poleo afirmó que “Chávez podría terminar como Mussolini”. Poleo, quien se encuentra exiliado en Miami, sostuvo que el gobierno está buscando encarcelarlo como parte de su campaña contra los opositores, según informes de la prensa local.



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RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 11 DE FEBRERO DE 2010, SOBRE VENEZUELA.

El Parlamento Europeo,– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Venezuela, y en particular las de 7 de mayo de 2009, 23 de octubre de 2008 y 24 de mayo de 2007,

– Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que el concepto de libertad e independencia de los medios de comunicación constituye un componente esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

B. Considerando que la libertad de los medios de comunicación es de capital importancia para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales, dada su función esencial a la hora de garantizar la libre expresión de opiniones e ideas, con el debido respeto de los derechos de las minorías —también el de la oposición política—, y contribuir a la participación efectiva de las personas en los procesos democráticos, permitiendo la celebración de elecciones libres y justas,

C. Considerando que el derecho del público a recibir información de fuentes pluralistas es fundamental para toda sociedad democrática y para la participación de los ciudadanos en la vida política y social de un país,

D. Considerando que la obligación de retransmitir íntegramente todas las alocuciones del Jefe de Estado, impuesta a todos los medios de comunicación en virtud de la Ley de responsabilidad social en radio y televisión, no se corresponde con los principios del pluralismo,

E. Considerando que la Constitución venezolana garantiza, en sus artículos 57 y 58, la libertad de expresión, comunicación e información,

F. Considerando que los medios de comunicación deben cumplir las disposiciones legales; que el cierre de un medio de comunicación debe ser el último recurso y una medida que sólo debe ejecutarse una vez se hayan ofrecido todas las garantías procesales, incluido el derecho a la defensa y a recurrir ante tribunales de justicia independientes,

G. Considerando que en mayo de 2007 la señal en abierto de Radio Caracas Televisión fue suspendida por el presidente Hugo Chávez y que el canal se vio obligado a convertirse en internacional para poder emitir a través de la televisión por cable,

H. Considerando que con motivo del citado cierre se iniciaron las primeras protestas del movimiento estudiantil,

I. Considerando que el 1 de agosto de 2009 el Gobierno de Hugo Chávez ordenó el cierre de 34 emisoras de radio mediante la negativa a renovar sus licencias,

J. Considerando que en enero de 2010 el Presidente Chávez ordenó el cierre de RCTV International (RCTVI) y otros cinco canales de televisión por cable y satélite (TV Chile, Ritmo Son, Momentum, America TV y American Network) al no haber retransmitido estos canales el discurso presidencial oficial con motivo del 52 aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez; que dos de ellos —America TV y RCTVI— siguen estando inhabilitados,
K. Considerando que este nuevo cierre provocó una nueva ola de protestas estudiantiles, reprimidas con dureza por la policía en numerosos estados y ciudades del país, y que estos sucesos se saldaron con la muerte de dos jóvenes estudiantes en la ciudad de Mérida y decenas de heridos,

L. Considerando que estas medidas persiguen obtener el control y el amordazamiento de los medios de comunicación, cuando no cercenar los derechos democráticos a la libertad de expresión e información,

M. Considerando que la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha alertado de que el nuevo cierre de canales tiene enormes repercusiones en cuanto al derecho a la libertad de expresión,

N. Considerando que el Presidente Chávez declaró recientemente que el uso de los sitios de redes sociales, como Twitter, de Internet y de la mensajería de texto a través de los teléfonos móviles para criticar u oponerse a su régimen constituye un acto de terrorismo,

O. Considerando que la reforma de la ley sobre ciencia y tecnología, sometida actualmente a debate en la Asamblea Nacional de Venezuela, pretende regular las «redes de información» de tal manera que podría conducir a la censura de Internet,

P. Considerando que Venezuela ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Q. Considerando que Venezuela es el país con las mayores reservas energéticas de América Latina y que medidas tales como la confiscación y expropiación arbitrarias, algunas de las cuales afectan a los intereses de la UE, socavan los derechos sociales y económicos básicos de los ciudadanos,

R. Considerando que algunos dirigentes cercanos al Presidente Chávez, como el Vicepresidente y Ministro de Defensa, Ramón Carrizález, la Ministra de Medio Ambiente, Yubiri Ortega, y el Presidente del Banco Central, Eugenio Vázquez Orellana, han presentado su dimisión recientemente,

S. Considerando que, según el informe de Transparencia Internacional 2009, Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo,

T. Considerando la preocupación que está generando entre la población venezolana el latente clima de inseguridad y los índices de delincuencia y violencia, que han convertido a Venezuela y a su capital, Caracas, en uno de los lugares más peligrosos del mundo,

U. Considerando que los numerosos insultos, amenazas y ataques a dirigentes nacionales e internacionales proferidos por el Presidente Chávez han generado malestar e innecesarias e innumerables tensiones, que en algunos casos han conducido a que se ordenara incluso la movilización de las tropas de cara a una posible guerra con Colombia,

1. Muestra su consternación ante la muerte de los dos jóvenes estudiantes, Yonisio Carrillo y Marcos Rosales, acaecidas durante las protestas en Mérida, solicita a las autoridades que se lleve a cabo una investigación de las causas del homicidio de dichos jóvenes y pide que los culpables sean puestos a disposición de la justicia;

2. Lamenta la decisión gubernamental de no permitir en adelante la emisión de los mencionados canales en Venezuela y pide su restitución;

3. Pide a las autoridades de Venezuela que revisen esa decisión, así como la obligación de retransmitir íntegramente las alocuciones del Jefe del Estado;

4. Recuerda al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que es su obligación respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, obligación establecida en su propia Constitución y en las distintas cartas y convenciones internacionales y regionales de las que Venezuela es parte signataria;

5. Pide al Gobierno de Venezuela, en nombre del principio de imparcialidad del Estado, que garantice un trato jurídico igual a todos los medios de comunicación, incluido Internet, ya sean públicos o privados y con independencia de toda consideración política o ideológica;

6. Considera que los medios de comunicación venezolanos deben garantizar una cobertura pluralista de la vida política y social de Venezuela;

7. Considera que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debe actuar con independencia de las autoridades políticas y económicas y velar por un pluralismo justo;

8. Pide al Gobierno venezolano que se comprometa con los valores del Estado de Derecho y que promueva, proteja y respete el derecho a la libertad de expresión, también en Internet, y a la libertad de reunión;

9. Señala que, según establece la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, en democracia, junto a la indudable y necesaria legitimidad de origen, fundada y obtenida en las urnas, ha de observarse igualmente la legitimidad de ejercicio, que ha de basarse en el respeto del pluralismo, de las normas establecidas, de la Constitución vigente, de las leyes y del Estado de Derecho, como garantía de una democracia plenamente viable, y que necesariamente ha de incluir el respeto a la oposición política pacífica y democrática, tanto más si ésta ha sido elegida en las urnas e investida del mandato popular;

10. Manifiesta su honda preocupación por la deriva autoritaria del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, cuyas medidas pretenden debilitar a la oposición democrática y coartar los derechos y libertades de los ciudadanos;

11. Solicita al Gobierno venezolano que, de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre, respete las reglas de la democracia y los principios de la libertad de expresión, reunión, asociación y elección;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

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"LAS PROTESTAS SON EL CLAMOR DE UN PUEBLO DESCONTENTO PORQUE NO HA LOGRADO SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS", OPINAN EX RECTORES DE ULA

Los ex rectores de la Universidad de Los Andes emitieron un comunicado sobre los sucesos ocurridos en Mérida en enero pasado, en el cual instan tanto al gobierno nacional como al estadal a interpretar las protestas no como un intento de desestabilización, sino como lo que efectivamente son: el clamor de un pueblo descontento porque no ha logrado solución a sus problemas, que en muchos casos se han agravado.

Ccs. 15 feb. (Enfoques365).- Los ex rectores de la Universidad de Los Andes emitieron un comunicado sobre los sucesos ocurridos en Mérida en enero pasado, en el cual instan tanto al gobierno nacional como al estadal a “interpretar las protestas no como un intento de desestabilización, sino como lo que efectivamente son: el clamor de un pueblo descontento porque no ha logrado solución a sus problemas, que en muchos casos se han agravado”.

A continuación reproducimos textualmente el comunicado:

“Al Gobierno, al pueblo de Mérida
y a los universitarios merideños

Los ex Rectores de la Universidad de Los Andes que suscribimos, hondamente tocados por los sucesos que han sacudido a Mérida en el transcurso de este mes de enero y por las implicaciones de los mismos en la tranquilidad ciudadana y en el desempeño de las actividades ordinarias de nuestra Primera Casa de Estudios, en cumplimiento de lo que hemos aceptado como una obligación ética, derivada de la circunstancia de haber desempeñado la Rectoría de la Universidad en distintos momentos de su historia más reciente, hemos creído pertinente comunicar a la ciudadanía, a la comunidad universitaria, al gobierno y a las instituciones más representativas de nuestra sociedad las siguientes reflexiones:

1. Como la gran mayoría de los universitarios ulandinos y el pueblo de Mérida, somos demócratas convencidos y decididos defensores de la democracia. La Constitución Nacional y las Leyes aún vigentes autorizan a los venezolanos a manifestarse en defensa de la democracia y de los derechos que ella consagra cuando son conculcados por los gobernantes. Desde esta perspectiva, hemos participado activamente e invitado a marchas de protesta organizadas por los universitarios y por entidades representativas de la sociedad.

2. Consideramos que los merideños y los universitarios tenemos motivos suficientes para reclamar, en la calle, derechos y conquistas logrados. El cierre del teleférico y del aeropuerto Alberto Carnevali, con el consiguiente aumento de las dificultades para acceder a Mérida, atentan contra el turismo; recursos presupuestarios insuficientes para la Universidad, es un elemento fundamental que impide el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión universitaria y el ingreso de mayor número de aspirantes a las aulas universitarias. Estas dos fuentes de ingresos, junto con la producción agrícola y pecuaria que también ha sufrido daños por las medidas gubernamentales adoptadas, constituyen la principal actividad económica y fuente de empleo en la región. La inseguridad, el desempleo y la inflación crecen en forma incontrolable y atentan contra los de menores recursos, creando un clima conflictivo que debe ser tratado con mucha prudencia. Pero la gota que derrama el vaso, es la situación del sector eléctrico, donde el propio gobierno ha reconocido la falta de planificación en los cortes de electricidad en este estado y también que han sido excesivos, cuando se les compara con otros estados o con la capital de la República. En consecuencia, el merideño protesta porque tiene motivos y no porque este intentando desestabilizar al Gobierno.

3. Quienes conocemos Mérida y somos merideños por nacimiento o por adopción, recordamos que siempre en nuestra ciudad han ocurrido protestas estudiantiles. Es una condición intrínseca de la juventud protestar y exigir. La historia merideña muestra que esas protestas han sido unas pacificas y otras violentas y que se han desarrollado siempre a lo largo y ancho de la ciudad. Hoy solo encontramos dos diferencias con el pasado. Una, que al igual que en la época de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, no se permite el paso de manifestaciones de la oposición por la Plaza Bolívar. Otra, que ahora las manifestaciones han tenido lugar en espacios del Estado Mérida donde la Universidad de Los Andes no tiene dependencias, lo cual identifica claramente la naturaleza específica de las más recientes manifestaciones. La historia también nos enseña que con el fin de pacificar la ciudad y por el bien de los estudiantes y de los merideños, han sido indispensables canales de comunicación y acuerdos entre el Gobierno y la Universidad. Así se han evitado males mayores y así se ha logrado superar dificultades, aún cuando quienes dirigían al Gobierno y a la Universidad, hubiesen sido adversarios políticos. Para ese liderazgo, la Universidad y la Ciudad estaban por encima de sus intereses políticos o personales.

4. Las acusaciones de dirigentes gubernamentales contra las autoridades universitarias señalándolas de permitir en el recinto universitario, la presencia de individuos encapuchados y armados, además de injustas, no contribuyen a la solución del problema de fondo. Endosar la responsabilidad del orden público a quienes no tienen posibilidad de enfrentar a colectivos que se encuentran armados y protegidos por personas y grupos extraños a la Institución, es un procedimiento francamente cínico de evadir las obligaciones propias. Recordemos que la Universidad carece de cuerpo de vigilancia armado y en consecuencia la única arma que tiene una autoridad universitaria es su poder de convencimiento a través del ejemplo y la palabra.

5. El Gobierno nacional y el estadal deben interpretar las protestas, no como un intento de desestabilización, sino como lo que efectivamente son: el clamor de un pueblo descontento porque no ha logrado solución a sus problemas, que en muchos casos se han agravado. Recordemos que este Gobierno hizo de la cuestión social el gran tema de los venezolanos y su lucha contra la pobreza como objetivo esencial. Ese mismo pueblo hoy con mayor autoestima es más exigente y se siente frustrado en sus expectativas.

6. El Señor Presidente de la República en acto celebrado ayer en Miraflores, expresó entre otras palabras, las siguientes: “Si siguen así (con las protestas) me obligarán a tomar decisiones radicales”. Estas afirmaciones solo estimulan más protesta y más violencia. Estamos seguros de que si por el contrario modificara su vocabulario y señalara, cómo y cuándo va a solucionar los problemas que originan la protesta, volvería la paz a Venezuela.

7. Somos contrarios a la violencia, venga del sector que venga. Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad universitaria a los familiares y amigos de los jóvenes fallecidos, como lo hemos hecho en el caso de las decenas de jóvenes que en las calles de Mérida perdieron su vida en los últimos 50 años. Nuestras plegarias para que los jóvenes Guardias Nacionales heridos se recuperen satisfactoriamente.

8. Hacemos un llamado a los estudiantes y al pueblo de Mérida, para que cuando realicen protestas justificadas, alejen a los violentos y mantengan una actitud que no perjudique a la colectividad, transportistas y otros sectores. A los gobernantes que tengan en cuenta que Mérida es diferente y como tal debe ser tratada, en consecuencia debe utilizarse la inteligencia y el control para enfrentar las manifestaciones, impidiendo daños a personas y propiedades y garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos. A las autoridades universitarias, prever situaciones explosivas por causas intra o extra universitarias, tomando medidas precautelativas que eviten daños a la Institución y a los miembros de la comunidad universitaria.

9. Finalmente expresamos nuestro respaldo a las autoridades universitarias, elegidas democráticamente por el voto directo y secreto de una amplia mayoría del Claustro Universitario. En consecuencia repudiamos las campañas que pretenden desacreditarlos, las solicitudes de renuncia y las acusaciones infundadas, pues en conjunto, solo pretenden eliminar a unas autoridades legítimas escogidas en acto democrático, para intervenir a la universidad con pérdida absoluta de su autonomía.

En Mérida, a los 29 días de enero de 2010.

José Mendoza Angulo

Néstor López Rodríguez,

Miguel Rodríguez Villenave

Genry Vargas Contreras”

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