BIENVENIDOS AMIGOS PUES OTRA VENEZUELA ES POSIBLE. LUCHEMOS POR LA DEMOCRACIA LIBERAL

LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS; CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRAN LA TIERRA Y EL MAR: POR LA LIBERTAD, ASÍ COMO POR LA HONRA, SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA. (MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) ¡VENEZUELA SOMOS TODOS! NO DEFENDEMOS POSICIONES PARTIDISTAS. ESTAMOS CON LA AUTENTICA UNIDAD DE LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA

domingo, 5 de mayo de 2013

OSWALDO ÁLVAREZ PAZ, CAMBIO RADICAL URGENTE, DESDE EL PUENTE

Los sucesos que tuvieron como escenario la Asamblea Nacional reflejan la realidad venezolana. No son los únicos, pero sí de los más graves. Todos reafirman la necesidad de un cambio radical urgente. Esto no puede ni debe continuar. 
Refiriéndonos a lo sucedido, diremos que este poder “legislativo” incumple las obligaciones claramente establecidas en la Constitución de la República. Las tareas básicas son legislar y controlar las demás ramas del poder público, especialmente al ejecutivo. Pero ni legisla ni controla. Es controlado desde el ejecutivo y la escasa legislación producida es, básicamente, producto de delegaciones sucesivas con los resultados trágicos a la vista. Venezuela está muy mal y camina hacia peor. La situación es insostenible. El cambio se hace necesario y urgente.
Algunos nos acusan de ser demasiado radicales. No me molesta el calificativo. Ser radical es trascender los abundantes diagnósticos  existentes e ir a la raíz de los problemas. Será imposible lograrlo mientras el régimen se mantenga. Tenemos la obligación de trabajar para cambiarlo por otro que protagonice el relanzamiento de la nación hacia el progreso y el bienestar general. Seguridad de las personas y de los bienes, trabajos estables y bien remunerados, crecimiento económico y desarrollo social en un país integrado por estados y municipios autónomos. Eficacia, honestidad y pasión para construir una patria digna, verdaderamente independiente, dueña de su presente y futuro.
Llegó la hora de trabajar en la dirección señalada. Indispensable tener clara la verdadera naturaleza del problema para acertar en el diseño estratégico. No olvidar que, más allá de los calificativos sobre el supuesto “fascismo” que el régimen atribuye a la oposición y viceversa, estamos en presencia de una dominación castro-comunismo, desesperada y creciente, pero absolutamente indispensable para mantener la existencia de aquella podrida estructura que se desdibuja después de más de medio siglo de tiranía.
Impresiona, a propios y extraños, la manifiesta incapacidad de las torpes cabezas de los poderes públicos y la complicidad de estructuras humanas e institucionales de las fuerzas armadas y el cómplice silencio de quienes sin estar de acuerdo con lo que viven, cuidan su estatus sin arriesgarse a enfrentar a un régimen totalitario orientado por cubanos especialistas en sembrar terror y miedo. Los servicios de inteligencia, civiles y militares, dirigen el acoso. No hay tiempo que perder.
oalvarezpaz@gmail.com

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LUIS DANIEL ÁLVAREZ V. DESPRECIARON A HAITÍ

Mientras Jaua justificaba la ausencia del presidente, Maduro anunciaba que viajaría a Cuba
Muchos son los epítetos que se le endilgan regularmente al gobierno y los calificativos van desde cuestionar su legitimidad hasta señalar que el presidente no ha gobernado por estar en constante gira por el país en la que las declaraciones, las re-inauguraciones y las desordenadas cadenas buscan avasallar propagandísticamente a los adversarios.
En medio del constante flujo de informaciones y la poca transparencia que inspira el nuevo régimen, se dio un acontecimiento de política exterior que pasó desapercibido, pero que sus implicaciones no dejan de ser un asomo de la continuidad de una acción internacional lejana a cualquier noción de Estado y que responde simplemente a criterios partidistas.
El pasado 26-4 el canciller Elías Jaua viajó a Haití para participar en la V Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. El funcionario manifestó que Nicolás Maduro no había asistido porque estaba tomando una serie de medidas que eran pertinentes durante los primeros días de gestión y que tenía que mantenerse en Venezuela para revisar su Gabinete y dictar algunos lineamientos.
No importó que a la reunión asistieran también algunos jefes de Estado que con su silencio han convalidado la situación en Venezuela. Sencillamente Maduro, según su canciller, no podía salir de Venezuela porque estaba atendiendo asuntos prioritarios.
Sin embargo, mientras el canciller justificaba la ausencia del presidente venezolano en Haití, Nicolás Maduro anunciaba que viajaría el mismo día a Cuba para participar en una serie de negociaciones tendentes a estrechar los vínculos con Cuba.
En fin, Maduro no viajó a Haití y sí a Cuba. Es decir, que para el nuevo presidente no sólo hay venezolanos, sino también países de primera y segunda categoría.
luisdalvarezva@hotmail.com

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ROMULO LANDER, LA GOBERNABILIDAD HABRÁ QUE RESCATARLA

Todos los regímenes seudo revolucionarios, y en  nuestro caso el de quien hoy nos desgobierna, o sea el del aprendiz de sátrapa, o sea, el de los rojos rojitos, o sea… necesitan, en aras del enemigo necesario, el envilecimiento de la población para poder mantenerse en el poder.
La falta de un proyecto propio que mostrarle a los ciudadanos,  la falta de un liderazgo propio conque mantener aglutinados a los ciudadanos,  la falta de criterios que confrontar con sus pares a cualquier nivel, los hace comportarse como guapetones de barrio, como verdaderos cobardes que remedando a su fenecido jefe, gustan de golpear mujeres,(solo hay  que acordarse de aquella foto de quien hoy día parece haberse olvidado que cuando le daban lo suyo, ello incluía una cuantos coñacitos)  lastima no tener unos 50 años menos, a ver de a como nos tocaba….
Por allá, entre  los sesentas y los noventas, era casi pan de cada día ver a muchos ciudadanos diputados, (en ese entonces no se decía el barbarismo diputadas) de los de antes y de los de ahora  armando bronca con pitos y pancartas  en el hemiciclo. Se les permitió eso y mucho más, siempre en función de la libertad de expresión, siempre en función de un juego democrático que aunque imperfecto le permitía a TODOS sus actores decir lo que pensaban sin temor a que la cobarde gavilla se cerniera sobre ellos
            En lo que a Venezuela respecta; la inseguridad que genera el  incremento de la violencia parlamentaria y ciudadana; ya por razones propias de sus integrantes o sus huestes  rojas, ya por la constante inducción intencional o subliminal de los medios (que son casi todos), ha afectado profundamente a ese elemento básico de la democracia y tarde o temprano  generará en la población necesidad  de respuesta . Nada más apropiado a los planes de quienes hoy en desgobiernan, para poder declarar la ingobernabilidad y por esa vía eliminar la necesidad de mantener las apariencias de régimen democrático.
Quienes hoy nos desgobiernan han logrado con perfecta planificación y marcado éxito, aumentar los niveles de entropía en el sistema introduciendo factores como el debilitamiento del estado de derecho, el incremento a las violaciones de los derechos humanos, la dificultad al acceso al sistema judicial; Generando un estado de indefensión sobre aquellos a los que está dirigido. Pero al mismo tiempo está generando una sensación de revancha “justa” en aquellos que constantemente están siendo atropellados, la cosa no pinta bien,  porque ese odio inducido en algún momento pasara factura y ese momento que por ahora nadie desea será la única alternativa que quienes hoy nos desgobiernan le dejen a los ciudadanos.
Mucho de lo que pensamos es simple ineficiencia o desconocimiento de este desgobierno como  es; el problema de la basura, o el de la electricidad, o el de la seguridad, en realidad no lo es, el desarrollo de los acontecimientos en estos últimos catorce años nos ha ido demostrando, sin prisa pero sin pausa que todos estos factores están fríamente calculados como diría el Chapulín… colorado.
Es la misma estrategia que desde tiempos inmemorables se ha usado en TODOS los sistemas socio comunistas que se han tratado de implantar en el mundo y cuyas secuelas son harto conocidas.
La intolerancia inducida, el crimen impune que genera frustración, rabia y deseos de venganza, la incertidumbre, la crisis económica y política crónicas, el riesgo cotidiano y la sensación cierta de que impera la del más fuerte y no la del más justo, son las situaciones que históricamente se han convertido en  los detonantes de sangrientas guerras fratricidas.  Espero, de quienes hoy nos desgobiernan lo entiendan y lo eviten, a menos que así lo deseen .
La gobernabilidad  es  inversamente proporcional a la cantidad y calidad de la Democracia. Habrá que rescatarla!!!
Amanecerá y Veremos
rlander48@yahoo.com
Romulo E. Lander Hoffmann

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NARCISO GUARAMATO PARRA, EL LIBERALISMO ECONOMICO EN LATINOAMERICA, ECONOMIA

Como se vio en artículo anterior, Raúl Prebisch y la CEPAL, con su teoría estructural de la dependencia y la política de sustitución de importaciones por producción interna, marcaron el inicio de  la segunda parte del siglo XX en Latinoamérica.
 Esta política no fue tan exitosa como se esperaba, los estímulos fiscales que se aplicaron a la industria naciente, generó una industria dependiente del Estado, trayendo como consecuencia, un desarrollo regional inestable e ineficiente con una marcada desigualdad en la distribución del Ingreso, dando a lugar, formas dramáticas de pobreza crítica.
Estos elementos, de acuerdo al ex presidente del BID, Enrique Iglesias, los desequilibrios internos, se vieron agravados por el fácil acceso al endeudamiento externo que tuvieron los países de la región en la década de los años setenta, gracias a las peculiares condiciones que caracterizaron a los mercados financieros internacionales, y del cual hicieron intenso uso con el objeto de atenuar los shocks petroleros y la recesión mundial. Al inicio de los ochenta, México tuvo problemas para el pago de su deuda externa, desencadenando de esta forma la mayor crisis de América Latina hasta la actualidad.
A partir de ese momento y, básicamente en los ochenta, se comenzó a hablar de la necesidad de realizar ajustes o reformas estructurales para agrupar un conjunto de medidas encaminadas a la liberalización de los mercados internos, la privatización de empresas estatales y de ciertos servicios sociales, y la apertura de las economías al comercio internacional y a los flujos privados de capital.
Estos ajustes estructurales, inicialmente fueron inspirados por una corriente liberal proveniente de Chicago, mediante un convenio entre la Universidad de Chicago (donde Milton Friedman era el profesor más destacado) y la Universidad Católica de Chile. Los economistas formados bajo ese convenio son conocidos como “Los Chicago Boys”.  Igualmente, estas medidas de ajuste cobraron una inusitada popularidad regional, con el éxito obtenido por Alberto Fujimori, presidente de Perú para la época. Su política económica se centró en la aplicación de conceptos liberales y de libre mercado. Si bien llegó a estabilizar la vida económica y permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, así como la privatización de las compañías del Estado a manos extranjeras, también ocasionó despidos masivos de obreros y empleados públicos, así como la supresión de las protecciones a la ineficiente industria nacional, lo cual llevó a su quiebra y a altos índices de desempleo. En consecuencia, se redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal. Por otro lado, la reducción del estado y la liberalización de la economía nacional fomentaron la inversión extranjera. Como resultado, en 1994, la economía peruana creció un 13%, a pesar de los despidos masivos acaecidos.
El economista John Williamson  (Hereford, Inglaterra, 7 de junio de 1937, es un profesor y economista británico,. Trabajó en el Departamento del Tesoro británico «1968-70», en el FMI «1972-74» y el Banco Mundial «1996-99», miembro del Institute for International Economics. Acuñó el término de Consenso de Washington, para designar un listado de políticas económicas consideradas por los organismos financieros internacionales y centros económicos (FMI y Banco Mundial), con sede en Washington D.C. (District of Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos deberían aplicar para impulsar el crecimiento. A lo largo de la década el listado y sus fundamentos económicos e ideológicos se afirmaron, tomando la característica de un programa general.
A pesar de la popularidad del término, el conjunto de medidas que agrupa no se originan unilateralmente en las instituciones bancarias estadunidenses ni en los organismos financieros internacionales, sino en una combinación –en proporciones diversa- entre sus recomendaciones y os esfuerzos de modernización económica y de apertura externa de los propios países latinoamericanos. Lo es más, el “Consenso de Washington” no es una denominación comúnmente aceptada, sino un título afortunado puesto a este conjunto de recetas por una prestigiosa institución y por sus distinguidos miembros (Enrique Iglesias, 1993).
El “Consenso de Washington”, ha recibido duras críticas, sobre todo por la izquierda latinoamericana, quienes en forma despectiva utilizan el término “neoliberal”. Esta izquierda ha logrado en los últimos años alcanzar el poder en algunos países, revertiendo las medidas liberales realizadas en esos países.
guaramatoparra@gmail.com
@guaramatoparra

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FERNANDO FACCHIN BARRETO, DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA

“Si nuestra historia es nuestro infierno, no podemos apartar la vista de ella. Este horror no puede ser eludido sino asumido para superarlo, por los mismos que lo han vivido lúcidamente, no por los que, habiéndolo provocado, se creen con derecho a juzgarlo.” Albert Camus (El hombre rebelde).
La violencia provocada por el presidente de la AN y sus matones, es un cáncer que carcome la moral y los principios básicos de la convivencia política; la ilegitimidad gubernamental aunada a la incapacidad sociopolítica se demuestra en esas actuaciones propias de sus pequeñeces humanas y de la descomposición moral de un gobierno forajido que no tiene base de sustentación popular
Abundan las tinieblas que hieren la dignidad humana y golpean fuertemente a la sociedad y que todos conocemos, lo que causa desconcierto político, creando una seria situación de crisis de valores y de sentido común. La estafa político electoral motiva al presidente de la AN y sus matones a dar un permanente espectáculo bochornoso que degrada las instituciones,  en política, lo que no sirve empeora con el tiempo.
Quebrada la viabilidad del régimen por el marcado fraude de “Doña Mentira” y su cohorte, la falta de razones éticas para justificarlo se traducen en un despliegue determinante y pleno de crisis de gobernabilidad, es la quiebra del régimen; el clima de confrontación es irreductible y el gobierno sólo busca llenar, de cualquier manera, su vacío de legalidad y legitimidad, esas tendencias apuntan a un estallido social, a una grave crisis de desestabilización, se avecina un golpe social de impredecibles resultados.
La sociedad venezolana ha sido estoica, heroicamente pacífica y extremadamente civilizada, con muestras de una gran integridad moral frente a la perversidad de un gobierno forajido, aprendiz de dictadura,  que ha rebasado todos los límites de la democracia, la razón y la moral, más los límites razonables del ridículo político,   recordemos a Robespierre: “Se puede abandonar a una patria  dichosa y triunfante: pero amenazada, destrozada y oprimida  no se le deja nunca; se le salva o se muere por ella.”
Amigos lectores, nos espera un sinnúmero de situaciones adversas que nos harán sufrir embates absurdamente injustos, explicables solo por la perversidad política gubernamental que no sabe de escrúpulos ni de principios morales, vienen vilezas que no caben en nuestra visión de la política, para el oficialismo son armas válidas en sus afanes de dominio; se ejecutaran acciones  devastadoras en busca del desastre absoluto como única salida ante su inevitable derrumbe; las amenazas y las acciones terroristas serán de gran envergadura y se precisa de toda la integridad ciudadana y sus esfuerzos para mantener los valores que sustentan nuestros derechos humanos y políticos. No debemos aceptar la  opresión política,  económica y social a la cual estamos sometidos,   no es posible procurar el bien sembrando el mal pues lo único que se obtiene es la multiplicación del mal. Cabello se ha convertido en el mercader de la descomposición política del país.
ffacchinb@gmail.com

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ALFREDO RAÚL WEINSTABL, DESESPERADOS, BUSCAN SALVARSE Y NO DEJAR NADA EN PIE, TABANO INFORMA, DESDE ARGENTINA

Cada día que pasa el oficialismo, sin objetivos y sin rumbo, va mostrando su verdadera esencia. Ya no les importa disimular ni fingir su principal meta: aferrarse a toda costa al poder, utilizando cualquier medio.
El ropaje democrático y las banderas enarboladas durante casi un década, van cayendo una a una, dejando ver clara y indudablemente la verdadera naturaleza del kirchnerismo: un gobierno poco y nada democrático, autoritario y personalista, pero además, completamente incapaz e incompetente.
Y ese bastardo objetivo, cada vez más evidente ante todos los argentinos, que ve y siente en carne propia la proximidad del naufragio de este inexistente, pero a la vez tantas veces  proclamado "modelo", que nos conduce a la negrura de un oscuro y cada vez más profundo abismo.
Las banderas tantas veces presentes en los verborágicas discursos de la presidente Fernández, ya mueven a risa si no fueran tan dramáticos: los "Derechos Humanos" consistió simplemente en  agitar los fantasmas del pasado, que como una dosis de veneno fue alimentando el rencor, odio y resentimiento, a la vez que se convirtió en una fuente casi nagotable de desmedida y escandalosa corrupción.
La "distribución de riqueza" no solo no redujo la distancia entre los más ricos y más pobres, sino, la aumentó. Fundamentalmente, teniendo en cuenta los "amigos del poder". También ello constituyó una fuente de desvergonzada corrupción.
La "institucionalidad" que la mandataria prometió varias veces en incrementar, desde antes de asumir la primera magistratura y varias veces durante su mandato, prácticamente va desapareciendo totalmente en este "unicato" y destruyendo las bases de lo que debe ser una República.
Los "servicios públicos" se fueron degradando a lo largo de todos estos años, absorbiendo enormes y millonarias sumas de dinero de los contribuyentes en formas de subsidios sin control y supervisión, constituyendo también en una fuente casi inagotable de corrupción. Viajar en transportes públicos hoy día, significa prácticamente poner en riesgo la vida por la obsolescencia del material.
Las "nacionalizaciones y estatizaciones", tales como Aerolíneas Argentinas o YPF, realizados por la presidente, fueron verdaderos y estruendosos fracasos que también arrojan enormes y multimillonarias pérdidas del erario público.
La inseguridad de la sociedad argentina por el sistemática denigración y destrucción de las Fuerzas Policiales y lo que es más grave aún, nuestro país, el octavo en el mundo en superficie territorial, sin FF.AA. en capacidad de defender nuestras inmensas riquezas.
Hoy sin tapujos y sin disimulo quieren arrasar con lo poco que queda de este burdo experimento político iniciado por el perverso "matrimonio" en el año 2003.
Pero lo más grave de este mal llamado "modelo", entre muchos otros, que sería muy largo de enumerar, a semejanza de Venezuela, ha polarizado a la población. Prácticamente los argentinos están en dos bandos antagónicos e irreconciliables.
El pasado vuelve ser traído una y otra vez sobre el tapete causando una permanente irritación y hartazgo en la ciudadanía. Toda la gestión del gobierno se aleja cada vez más de la paz social.
El estancamiento político y la ausencia de paz social en la Argentina están reflejados en una excelente frase de la escritora Françoise Sagan; "para abrir las puertas al futuro es necesario cerrar las ventanas al pasado".
Hay que saber cuándo una etapa llega a su fin. Cuando se insiste en alargarla más de lo necesario, se pierde el sentido de la construcción del desarrollo del porvenir.
El centro de gravedad del esfuerzo se pierde en la nada. Poner fin a un ciclo, cerrar puertas, concluir capítulos…, lo importante es dejar en el pasado aquellos hechos que ya pertenecen a la historia.
Por otro lado la economía del país se ha convertido en un verdadero laberinto sin salida. Cuatro o más personajes que crean las medidas y disposiciones económicas, muchas francamente opuestas entre si. Estos personajes, sin la aptitud y condiciones adecuadas, o tal vez también sin el valor personal de decirle a la presidente que de esta manera es imposible arribar a un buen puerto.
Pero ahora entre las tantas acciones sin sentido y desprovistos de toda racionalidad (obviamente me refiero al sin sentido y racionalidad para afianzar la República), arremete contra uno de los Poderes de la Nación. el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema de Justicia.
En su falso y erróneo concepto de lo que es la República aducen que los tres poderes deben estar en sintonía y acompañar las decisiones del Ejecutivo.
Especialmente la "Dra." Fernández debería releer a  Montesquieu, quien claramente expresó que la mejor alternativa para garantizar las libertades individuales era el sistema republicano, pero con el requisito de que el gobierno tuviera tres poderes independientes.
Está claro que desconocen, adrede, el sistema de balance, equilibrio y contrapesos previsto en nuestra Constitución.
Se deduce claramente, en esta absurda maniobra, cuál es la finalidad de esta arremetida y nuevo factor de discordia nacional. Pero por su extensión será reflejada en un próximo artículo.
Mientras tanto el país cada vez retrocede más en el concierto de las Naciones. Ya sin disimulo, otros países, inclusive nuestros vecinos y amigos reflejan nuestras inconsistencias y prácticamente se nos ríen en la cara por torpezas cada vez más absurdas y desprovistos de la más mínima lógica.
Este es un reenvío de un mensaje de "Tábano Informa"
Para subscribirse envíe un mensaje a: tabano_informa-subscribe@gruposyahoo.com.ar
alfredo@weinstabl.com.ar

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DAVID ESTELLER ORTEGA, COOPERATIVAS E IMPUESTO, ECONOMÍA SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN

Algunas alcaldías han estado amenazando a las cooperativas para que paguen un impuesto por sus actividades económicas. Confunden el acto de comercio con el acto cooperativo.
En el primero, el objetivo esencial es la obtención de lucro mientras que en el segundo, es el servicio. En el acto de comercio se da la ganancia para el comerciante. En el acto cooperativo no hay lucro sino un servicio para los asociados en las cooperativas de consumo y, en general, en las de obtención de bienes y servicios; y en las cooperativas de producción se obtiene un excedente que es el resultado del trabajo de los asociados, el cual se reparte entre ellos, conforme a su aporte en la producción. En las cooperativas no existe la explotación del trabajador, ellos son los propios dueños de su empresa.
El retorno de excedentes es una característica del acto cooperativo. Cuando los afiliados o no a una cooperativa de consumo o de obtención de servicios, adquieren un artículo o un servicio, pagan un precio y al final del lapso económico, reciben el excedente que les corresponda, en proporción a las operaciones realizadas con la cooperativa y en nuestro país esos excedentes, regularmente, van a invertirse en la misma cooperativa o en la comunidad. En las de producción, los trabajadores que son los mismos asociados, reciben semanal o quincenalmente un anticipo por su trabajo y al final del año económico, reciben el excedente que les corresponda, en proporción al trabajo aportado para la producción de los bienes de la cooperativa.
El Art. 70 de la Constitución de la República, establece que las cooperativas constituyen medios de participación y protagonismo del pueblo. Entonces, ¿por qué obligarlas a pagar impuestos y de esa manera limitarlas en el cumplimiento de ese cometido? El Art. 118 de la misma Constitución ordena al Estado promover y proteger a las cooperativas. ¿Y es que acaso las alcaldías no son el Estado a nivel municipal? Y el Art.
184, ejusdem, numeral 3, ordena esa promoción de cooperativas, claramente, a los estados (gobernaciones) y (municipalidades) alcaldías.
Las cooperativas producen bienes y servicios para la población, hacen más llevadera la vida de los venezolanos. La LEAC establece en su Art. 89, numeral 11, la exención de impuestos, y aunque no es muy precisa, se infiere de las mismas ordenanzas municipales, que las patentes de comercio deben cobrarse a los actos de comercio, pero no a los actos cooperativos.
Cuando se trate de otras empresas que utilizan el calificativo de "cooperativa" para encubrir actos de comercio, las alcaldías podrían solicitar, en todo caso, el correspondiente informe de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, antes de tomar cualquier
estellerd@hotmail.com

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CARLOS VILCHEZ NAVAMUEL, FIN DE LA POBREZA ABSOLUTA ANTES DEL 2030 ES POSIBLE

Si no lo cree, siga leyendo, esta afirmación la ha hecho nada menos que el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en un discurso que pronunció recientemente en la Universidad de Georgetown en la ciudad de Washington, adaptado luego y publicado en un artículo titulado “Un mundo sin pobreza es posible”
Entre las cosas que afirma Jim Yong Kim dice: “En la actualidad, nos encontramos ante una oportunidad histórica. El fin de la pobreza absoluta, un sueño que ha atraído e impulsado a la humanidad durante siglos, está ahora a nuestro alcance. En las últimas décadas, el mundo ha logrado avances impresionantes en la lucha contra la pobreza, un hecho que demasiado a menudo se pierde entre los titulares de las crisis inmediatas.”
Y más adelante agrega: 
“Con base en la fortaleza de un sólido crecimiento del sector privado, respaldado por una mejor gestión pública económica, hoy en día la pobreza extrema está en retirada en todo el mundo en desarrollo.”
Más clarito no se puede decir, el mundo avanza rápidamente gracias al esfuerzo de la empresa privada y de una mejor gestión pública, esa parece ser la “receta ideal” para hacer un mundo mejor.
Con datos concretos Jim Yon Kim nos dice que “En 1990, el 43 por ciento de sus habitantes vivía con menos de US$1,25 por día. El Banco Mundial estima que para 2010 esta cifra se redujo al 21 por ciento. El primer objetivo de desarrollo del milenio — reducir a la mitad la pobreza extrema — se alcanzó cinco años antes de lo previsto.”
Continúa el artículo haciendo énfasis en que: “Nuestro deber colectivo, ahora, es hacer que a esas circunstancias favorables se aúnen decisiones deliberadas que logren convertir en realidad esta extraordinaria oportunidad.” Y luego afirma de una manera clara y contundente un pensamiento que pensamos lo desean todas las personas cuando dice: “El mundo puede terminar con la pobreza extrema antes del final de 2030. Este ambicioso objetivo, pero factible, debe aportar unidad, sentido de urgencia y energía a nuestros esfuerzos colectivos.” (Las negritas son nuestras)
http://www.nacion.com/2013-04-26/Opinion/Un-mundo-sin-pobreza-es-posible.aspx
Y contrario a lo que los catastrofistas y derrotistas puedan pensar, existen muchas posibilidades de tener un mundo sin pobreza en los próximos años  porque la historia nos ha mostrado que la pobreza extrema ha ido disminuyendo en el mundo año con año, tal y como lo interpreta el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, cuando nos dice que “En los últimos 50 años la pobreza global ha disminuido más que en los 500 años anteriores a eso. El número de pobres absolutos -gente que vive con menos de un dólar al día- ha sido reducido de acuerdo al Banco Mundial en 200 millones de personas en las últimas dos décadas, aun cuando la población mundial creció en 1.500 millones durante ese período.
http://www.liberalismo.org/articulo/180/83/globalizacion
Carlos Vilchez Navamuel
carlosvilcheznavamuel@gmail.com

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FRAUDE ELECTORAL, INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. • PUBLICADO EL 30/04/2013

I. Definición básica
Conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano.
El fraude constituye un atentado contra la libertad electoral (falta de equidad y de competitividad) y la transparencia de los comicios, destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio y, por ende, la directa manifestación de la voluntad popular en las ánforas.
No existe un sujeto único que pueda considerarse promotor típico de un fraude electoral. Si bien suelen gestarse desde la administración estatal, para impedir la posible alternancia en el poder, también el fraude electoral puede ser cometido por cualquier grupo o individuo, como caciques2, terratenientes o empresarios, o bien por determinado partido político (o por sus militantes o simpatizantes, en forma particular), o por la autoridad local, funcionarios electorales, policías, militares en servicio3, fuerzas de carácter extra gubernamental, etcétera.
En algunas legislaciones de América Latina, la noción “fraude electoral”, lejos de ser unívoca, recibe usos complementarios, que tipifican modalidades específicas en su comisión. Así, por ejemplo, el Título VIII del Código Penal colombiano, al regular los delitos contra el sufragio popular, emplea en forma expresa la noción “fraude electoral” para aludir a la maniobra violenta o engañosa destinada a obtener que un elector vote por determinado candidato o partido, así como para tipificar la destrucción, suplantación, falsificación o sustracción del registro electoral o de sellos de urna o de arca. Paralelamente, dicho Código consigna, como ilícito penal, a los “votos fraudulentos”, aquellos que son fruto de la suplantación a otro elector o de haber ejercido el sufragio más de una vez.
II. Tipología
En principio, pueden detectarse tres niveles de fraude, conforme a su incidencia en fases determinadas del proceso electoral: en los preparativos, en la mesa receptora del sufragio y en forma sistemática, como un fraude masivo o generalizado. A continuación, un somero repaso de algunas de esas conductas fraudulentas, con ejemplos específicos, en cada caso:
A) En los materiales y preparativos. Amañar circunscripciones electorales en forma arbitraria (“gerrymandering”), adulterar reglas básicas de la competencia electoral, negar principios mínimos de representación y de proporcionalidad electoral4, o bien falsear el sistema de conversión de votos en escaños para sobre dimensionar la representación en el Congreso de determinada agrupación5. Uso y abuso de fondos públicos y de la maquinaria estatal para favorecer alguna candidatura. Adulteración del padrón electoral o negarse a depurarlo o a actualizarlo en función a los cambios poblacionales6. Restringir la inscripción de candidaturas, excluir a partidos del proceso electoral o bloquearle a un partido o agrupación política –o a varios de ellos– el acceso a mecanismos básicos para hacer campaña y para difundir sus propuestas programáticas a los ciudadanos7. Coacción a los medios de comunicación, en particular a la televisión (privada), para restringir el acceso de candidatos o partidos y difundir campañas de desinformación y desprestigio respecto a ellos8. Ubicación de centros de votación distantes a los centros poblacionales, sin acceso del transporte. Distribución irregular de documentos de identificación utilizando el nombre de personas fallecidas, o bien de credenciales de personeros y apoderados con el propósito de suplantarlos, o bien la confección de un número superior de cédulas de votación o la preparación de cédulas ya marcadas. Entrega de carnets electorales a miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, impedidos de votar por una expresa prohibición constitucional, para hacerlos votar como si fueran civiles9. Ampliación artificial o restricción del número de electores efectivos o acciones de discriminación política –o de otra índole entre candidatos o electores. Ausencia de información electoral básica. Abuso de encuestas, habitualmente amañadas, para dar la imagen de que las elecciones ya se consumaron y ya existe ganador, haciendo perder la seguridad y confianza de los electores en el poder de su voto. Instalación de mesas de sufragio en forma ilegal, sin ofrecer las mínimas garantías a las opciones políticas en pugna.
B) En la mesa receptora de sufragio. Cuando se ejerce la coacción al elector, se obstruye por la fuerza a los votantes, se afecta el secreto del sufragio o se intenta destruir las cédulas de votación o se intenta modificar el resultado escrutado o se busca alterar el resultado en el acta electoral. En esta conducta, pueden estar involucrados los testigos electorales, miembros de mesa o jurados electorales, quienes puedan aprovecharse de la eventual ignorancia del elector (de preferencia en zonas rurales y entre electores indígenas), bien marcándole la tarjeta electoral a favor de un candidato, o bien insinuándole el sentido de su voto.
C) El fraude masivo. En este caso, el fraude no es localizado, sino impuesto en forma amplia y sistemática, con la pretensión de alterar en forma sustantiva el resultado global, evitando que la voluntad ciudadana plasmada en el voto sea respetada y adecuadamente canalizada. Si bien se apoya en conductas fraudulentas habitualmente diseñadas o cometidas desde los preparativos del proceso electoral, dicho “fraude generalizado” suele apoyarse en cuatro mecanismos de muy distinta estirpe, a saber:
1) El voto múltiple. Esta conducta fraudulenta, que infringe el principio de “Un hombre, un voto”, exige la previa emisión de documentos de identidad a un grupo sustantivo de personas en forma tal de que puedan sufragar varias veces en el mismo día, bien suplantando personas, o bien asumiendo identidades distintas a la suya, previamente incorporadas en el registro electoral. De producirse, requiere una emisión numerosa de documentos personales y una organización y destreza muy especiales para consumar el doble o triple voto el mismo día y conseguir una alteración sustantiva del resultado electoral.
2) El “anforazo”. Se producía antes de haberse implantado el escrutinio en mesa, mediante el cambio del ánfora empleada en la mesa de votación por otra ánfora, previamente amañada, con votos que traducen un resultado favorable a los autores del fraude. Al término de la votación, el ánfora era sellada y resellada y conducida, en esa condición, hacia un local especial, asignado para el conteo público de los votos. En el trayecto, se hacía el cambio del ánfora original por otra, igualmente sellada y resellada, pero con votos amañados en su interior. Así, al llegar al lugar del conteo, se abría en público esa falsa ánfora, arrojando un resultado distinto. Así se consumó el fraude en las elecciones peruanas de 193910.
3) Auto calificación del proceso y entrega de credenciales, a cargo del Congreso recién electo. Aunque este viejo sistema, sustentado en la doctrina de la separación de poderes, aún rige en varios países del mundo, fue una oportunidad ideal para desnaturalizar el proceso electoral, forzando el acceso al Congreso a quienes no siempre han logrado vencer en la contienda popular. (En México, si bien la reforma constitucional de 1977 habilitó la reclamación de asuntos electorales ante la Corte Suprema de Justicia, luego de una áspera polémica doctrinal y política, dicha facultad fue eliminada en 1987).
4) Cohonestación de funcionarios y autoridades electorales. La autoridad electoral, encargada de garantizar la limpieza del proceso y de custodiar el ejercicio libre y efectivo del voto ciudadano, es utilizada para desnaturalizar el proceso electoral, bien rechazando las impugnaciones solicitadas o bien convalidando las conductas fraudulentas11. Mediante métodos de coacción, se copan puestos de decisión, nombrando en ellos a funcionarios comprometidos, o se fuerza a los existentes a renunciar a su imparcialidad. El objetivo: adulterar documentos definitivos, proclamar resultados dudosos, encubrir actos irregulares, o simplemente convalidar el irregular triunfo de determinado candidato o agrupación política. Este tipo de coacción puede también involucrar a policías y a miembros del Ejército.
5) El fraude electrónico. Versión electoral del moderno “delito informático”. Vendría a ser el sustituto electrónico del “anforazo”, aunque en este caso se procura alterar los resultados, bien al momento de digitarlos o bien, apelando a mecanismos más sofisticados, que logren interceptar, restringir o anular votos a algún candidato o agrupación, colocándole, en el registro informático, un tope o “barrera” mínima en su margen de votos.
III. Garantías contra el fraude electoral
Las garantías establecidas contra las conductas fraudulentas no sólo procuran evitarlas, sino facilitar su detección e impugnación. Así, por ejemplo, aunque la mesa electoral es la base esencial de la organización del sufragio, debido al amplio número de mesas existente en un proceso electoral, el “fraude en mesa”, si es aislado, difícilmente podrá alterar el resultado global. No obstante, cada agrupación política debe tener inscritos a sus personeros o apoderados, vigilando no sólo cada mesa electoral, sino las diversas instancias del proceso. Y si localiza esta conducta fraudulenta, podrá denunciarla e impugnarla ante la respectiva autoridad electoral, procurando la nulidad del acto electoral afectado y la sanción para quien o quienes hayan cometido aquel ilícito electoral.
Para evitar la autocalificación del proceso electoral por el propio Congreso electo, procedimiento que daba pie a conductas fraudulentas, se nombraron funcionarios imparciales para administrar el proceso y, luego, o bien se recurrió a la jurisdicción ordinaria para dirimir conflictos derivados de la denuncia en torno a actos irregulares, o bien se establecieron jueces especializados, encargados de declarar la nulidad o validez de algún acto electoral, viciado por la presencia de alguna conducta fraudulenta. Así, por ejemplo, cuando la secular Constitución colombiana de 1886 introdujo los “jueces de escrutinio”, encargados de decidir sobre la validez y nulidad de los votos, las actas y de las mismas elecciones, el tratadista Samper, quien además fue delegatario (constituyente), arguyó que así el escrutinio, “afirmado sobre la sólida base de la legalidad, conjurará las apelaciones a las armas, de los partidos vencidos en comicios y asambleas electorales, por cuanto los vencedores no fundarán su autoridad en la violencia o en el fraude, sino en limpias decisiones que llevarán el sello de la cosa juzgada”12.
A su vez, el tradicional “anforazo” se subsanó al implantarse el escrutinio del voto en mesa, debidamente registrado en un acta suscrita por los miembros de la respectiva mesa electoral. En algunos casos, la papeleta electoral se destruye y queda el voto registrado en el acta. En otros, los votos prosiguen su curso, para corroborar la veracidad del acta y contribuir a un cómputo definitivo del sufragio. Aun así, para evitar un “fraude masivo” diseñado desde los preparativos (y que abarque la propia organización de la mesa electoral), se podría auditar y certificar la elaboración y distribución de los materiales electorales, del padrón electoral y de las credenciales que identifican a los miembros de mesa y a los electores.
En general, hay una serie de recomendaciones standard, destinadas a evitar el fraude y a garantizar la transparencia y limpieza del desarrollo del proceso electoral, así como la integridad del voto ciudadano, que aquí intentamos recordar:
a) Aprobación de reglas electorales por consenso, caracterizadas por la procura de elecciones libres y equitativas, que ofrezcan espacios propicios en la campaña, limpieza en su ejecución y transparencia en sus resultados, así como una ley de partidos, que establezca condiciones similares en su organización, funcionamiento y capacidad de difusión de propuestas13.
b) Una ciudadanía educada y motivada, deseosa de participar en la vida pública y de defender el sentido de su voto y hasta de integrar mesas electorales como señal de su aporte cívico. En ese sentido, es valiosa la labor de los órganos electorales y de algunas ONGs en la realización de programas sostenidos de educación ciudadana. En el mediano plazo, el ejercicio frecuente y orgulloso del voto desde la escuela, motivando y formando al niño como futuro ciudadano, como elector responsable de su voto, parece constituir una fórmula apropiada.
c) Evitar las“megaelecciones” (tres o cuatro elecciones conjuntas), que generan mayor confusión entre los electores y los propios miembros de mesa, facilitando las oportunidades de fraude. En Venezuela, por ejemplo, en 1968 se separaron las elecciones nacionales de las municipales, y en Brasil, Colombia y El Salvador, se ha evitado la simultaneidad perfecta entre la elección presidencial y la elecciónparlamentaria14.
d) También debe evitarse la complejidad del escrutinio. Las elecciones municipales con lista abierta de concejales (para que el elector construya su propia lista), con cuadernillos de listas de candidatos por partidos para elegir entre todos ellos, es un notable caso de entrampamiento del elector, que no sólo aumenta las quejas y reclamos, sino que puede propiciar conductas fraudulentas al momento del escrutinio.
e) La equidad electoral exige pautas mínimas para regular el acceso de los movimientos y partidos inscritos a los medios de comunicación de propiedad estatal y particular, en particular de la televisión. Hay fórmulas distintas para regular el acceso: acceso gratuito en espacios restringidos (Brasil y Chile), libre con topes, tarifas promocionales, etcétera15. Para certificar el uso equitativo de los espacios contratados (o concedidos), así como la imparcialidad de los noticieros, es útil el monitoreo que algunas Universidades u ONGs puedan efectuar durante el proceso electoral16.
f) Selección imparcial de los funcionarios encargados de administrar el proceso electoral, así como de los miembros de la Junta Receptora de Votos. En algunos países (Bolivia o Perú), las mesas electorales se integran con ciudadanos seleccionados por sorteo; en otros (Costa Rica, Honduras o Colombia) intervienen los propios partidos políticos.
g) Precisión en la determinación de los actos impugnables y de los criterios de nulidad de los diversos actos electorales, así como en los delitos y faltas electorales. Imparcialidad, presteza y sanción ejemplar en los órganos encargados de velar por la justicia electoral y de resolver respecto a la validez o nulidad de los actos impugnados17.
h) Revisión, certificación y auditoría (si fuera necesaria) del padrón electoral y del número efectivo de votantes, del número de papeletas o cédulas de votación y de otros materiales electorales. Respecto al padrón, deben tomarse precauciones para garantizar su legitimidad, apelando a mecanismos de actualización, depuración y control18. Para el acto de votación, es de gran ayuda instalar un “padrón fotográfico”, que facilita la identificación visual del elector por los miembros de la mesa electoral.
i) Ubicación próxima de los centros de votación, accesible mediante medios de transporte locales.
j) La cabina o cubículo, así como la cédula o papeleta, debe reunir características especiales para garantizar el secreto del voto. En algunos países, como Argentina, Bolivia y Colombia, la cédula se introduce en un sobre y éste, cerrado por el elector y firmado por los miembros de la Junta Receptora de Votos, se introduce en el ánfora.
k) Inviolabilidad de la urna. Si es transparente, mejor. Debe ser abierta antes de iniciarse la jornada electoral para corroborar que se encuentra vacía. Al término de la jornada, será abierta con testigos electorales. El escrutinio debe ser un acto público, verificable incluso por medios de comunicación.
l) Preparación y capacitación de los funcionarios electorales y de los integrantes de mesa o de Juntas Receptoras de Votos, evitando que éstas sean acaparadas por un solo partido. Un mecanismo adicional sería la juramentación de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos ante una autoridad política del vecindario, “con lo cual asumen graves responsabilidades, encontrándose sancionado su incumplimiento en el Código Electoral con penas de prisión”19. Y luego, asistencia técnica a las mesas para evitar confusiones y fiscalizar la correcta marcha de la jornada electoral.
m) Si los miembros de la mesa electoral son ciudadanos imparciales, elegidos por sorteo, se sugiere la participación complementaria de personeros o apoderados de los diversos partidos en las mesas electorales, desde su instalación hasta el escrutinio mismo de los votos, con la posibilidad de retener copia del acta electoral suscrita en mesa.
n) El uso de tinta indeleble (auditada en su calidad y garantía de continuidad) en la mesa, colocada en el dedo del elector que ya ejerció su derecho al voto, previene el doble voto y bloquea la posibilidad de suplantar a otro elector en otra mesa electoral.
o) Para evitar la utilización o intromisión política de la fuerza pública, en algunos países es puesta al mando del propio órgano electoral, quien actúa a través de un Consejo de Delegados, regulando el orden público, las manifestaciones y otras actitudes que puedan perturbar la jornada electoral. En otro casos (Argentina, Ecuador o Perú), la Fuerza Armada está obligada a prestar colaboración a los electores, a las mesas electorales y en el transporte de los materiales de sufragio. En el caso del Perú, desde 1962 el Ejército conserva un acta electoral propia, que sólo se abre en caso de disputa irremediable entre los partidos y órganos electorales respecto al sentido de los votos escrutados.
p) Delegados técnicos de los partidos para verificar el traslado de los votos a los programas informáticos. Auditorías técnicas de carácter internacional a los documentos y materiales electorales, así como revisión anticipada del padrón electoral y de los equipos informáticos que emplea el órgano encargado de administrar las elecciones.
q) Fiscalización ciudadana debidamente legitimada ante los órganos electorales y los partidos políticos en contienda. Misiones de observación nacional (ONGs) e internacional del marco normativo, de las condiciones de equidad y del desarrollo del proceso electoral, desde los preparativos hasta la proclamación oficial de los resultados.
Finalmente, en América Latina es posible recurrir a la jurisdicción supranacional, derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (1969). A raíz de las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en las elecciones mexicanas de 1986, se alegó entonces, ante la Comisión Interamericana, la violación del libre ejercicio de los derechos políticos, garantizado en el referido Pacto, y aunque el gobierno de México arguyó que había una intromisión de la Comisión a su soberanía y que ella carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre la validez de un proceso electoral interno, la Comisión replicó que sí tenía poderes para “verificar, en lo que respecta a esos derechos, si se produce la celebración de elecciones periódicas y auténticas, con sufragio universal, igual y secreto, en el marco de las garantías necesarias, de modo que los resultados representen la voluntad popular, incluida la posibilidad de que los electores, puedan, si es necesario, apelar efectivamente contra un proceso electoral que consideren fraudulento, defectuoso e irregular o que ignore el derecho al acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país”.
Vocablos de referencia:
Auditoría electoral
Corrupción electoral
Delitos electorales
Documentación electoral
Fiscalización de elecciones
Medios de impugnación
Informática electoral
Justicia electoral
Nulidad de elecciones
Observación internacional de elecciones
Observación nacional de elecciones
Resultados electorales
Bibliografía:
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Brenes Camacho, Gonzalo: «La Jornada Electoral»; en: Conferencia Interamericana sobre Sistemas Electorales; CAPEL/IFES; San José, 1990.
Brewer-Carías, Allan: «La nulidad de los actos electorales. Una perspectiva constitucional comparada»; en: Transición democrática en América Latina. Reflexiones sobre el debate actual; IIDH/ CAPEL, San José, 1990, pp. 89-137
Encinar González, Juan José; y Fernández Segado, Francisco: «Delitos electorales», en: Goodwin-Hill, Guy: Elecciones libres y justas. Derecho internacional y práctica; Unión Interparlamentaria; Ginebra, Suiza, 1994.
Nohlen, Dieter; Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores): Tratado de derecho electoral comparado en América Latina; FCE/ IIDH, México, 1998, pp. 631-672.
Nohlen, Dieter: Sistemas electorales de América Latina. Debate sobre la reforma electoral; Fundación Ebert; Lima, 1993.
Pinzón de Lewin, Patricia: El Ejército y las elecciones. Un ensayo histórico; Cerec; Bogotá, 1994.
Planas, Pedro: Comunicación política y equidad electoral; Universidad de Lima, 1998.
___________: «Normas para regular la campaña electoral»; en: Simposio sobre Reforma Electoral. Memoria; IFES; Lima, 1996. pp. 215-270.
Varela Ortega, José: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración. Alianza Editorial; Madrid, 1977.
Pedro PLANAS
NOTAS
1 Cfr. Goodwin-Hill, Guy: Elecciones libres y justas. Derecho internacional y práctica; Unión Interparlamentaria; Ginebra, Suiza, 1994.
2 Sobre la metodología del caciquismo y su influencia electoral, puede ser útil revisar los estudios sobre la España de fines del Siglo XIX. La mejor obra sigue siendo: Varela Ortega, José: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900). Alianza Editorial; Madrid, 1977. Hay un útil resumen de los elementos electorales usados por el caciquismo (distrito uninominal, censo, “encasillado”, control de mesas,“pucherazo”, “distritos propios” y “distritos disponibles”, etc.), en: Carreras, Francesc de; Josep M. Vallés: Las Elecciones; Editorial Blume; Barcelona, 1977; pp. 216-235.
3 Sobre la intervención electoral del Ejército y la procura de su imparcialidad mediante la suspensión del voto a los militares en actividad, con aplicación al caso colombiano, ver: Pinzón de Lewin, Patricia: El Ejército y las elecciones. Un ensayo histórico; Cerec; Bogotá, 1994.
4 Ver el caso de las potestades constitucionales del Presidente de la República de Panamá, quien podía designar a la mayoría de integrantes del Consejo Legislativo, principal órgano legislativo. En su Informe de 1978, la Comisión Interamericana denunció esa“aplicación abusiva del poder”, que “permite que se anule, limite o distorsione el ejercicio efectivo de la representación política y de la participación popular”. El Informe también cuestionó la desproporción entre los distritos electorales rurales y los urbanos, diseñada para evitar una mayor representación de los partidos de oposición, con asentamiento en las zonas urbanas de Panamá.
5 Ver los sistemas con “prima”aplicados en la Italia de Mussolini o en el Paraguay de Stroessner, en: Nohlen, Dieter: Sistemas electorales del mundo; Centro de Estudios Constitucionales; Madrid, 1981; pp. 359-363. No muy lejano estuvo el sistema de asignación de escaños en México hasta 1963, cuando se facilitó el acceso a las minorías políticas. O hasta la reforma electoral de 1977, que introdujo para la Cámara de Diputados el sistema mixto, con doble voto (mayoritario y proporcional), sin olvidar la controvertida “cláusula de gobernabilidad” (1986).
6 La primera elección pluripartidista celebrada en Comoros (1992) fue falseada mediante el rechazo del gobierno a actualizar su padrón electoral. Cfr. Unión Interparlamentaria. Chronicle of Parliamentary Elections and Developments; Nº 27; pp. 63-65.
7 Valentino, Henry: “Establecer y mantener un apoyo equilibrado de los medios de comunicación para obtener elecciones libres y justas”, en: Elections Today. Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES); Octubre de 1995 (Edición especial).
8 Fue el notable caso de las elecciones peruanas del 2000: la televisión abierta fue “cerrada” y solo un canal cerrado, de cable, al que solo accedían sectores medios y medio-altos de la población, ejerció sin cortapisas el pluralismo político e informativo.
9 Ver, por ejemplo, la denuncia del presunto “fraude colosal” habido en las elecciones dominicanas de 1990, en: Espinal, Rosario: “República Dominicana”; Boletín Electoral Latinoamericano III; IIDH/CAPEL, 1990; pp. 41-46.
10 Seis años después, cuando se restauró la democracia en el Perú, se encontraron una serie de ánforas (reales), aun selladas, sin ser abiertas.
11 Particular interés tiene el caso de las elecciones panameñas de mayo de 1989. El Tribunal Supremo de Elecciones emitió un decreto de nulidad de la elección, que fue revisado y rectificado por la Corte Suprema, que solo tenía facultad para pronunciarse en cuestiones de constitucionalidad. Cfr. Brewer-Carías, Allan: “La nulidad de los actos electorales. Una perspectiva constitucional comparada”; en: Transición democrática en América Latina. Reflexiones sobre el debate actual; IIDH/CAPEL, San José, 1990; pp. 126-137.
12 Cfr. Samper, José María: Derecho Público Interno; Temis; Bogotá, 1982 (1887); p. 592.
13 Un conjunto de propuestas específicas para realizar campañas electorales mas instructivas y equitativas, puede verse en: Planas, Pedro: “Normas para regular la campaña electoral”, en: VV.AA.; Simposio sobre Reforma Electoral. Memoria; IFES; Lima, 1996; pp. 215-270.
14 Cfr. Nohlen, Dieter: Sistemas electorales y partidos políticos; Fondo de Cultura Económica; México, 1994; pp. 129-133. También: Nohlen, Dieter:Sistemas electorales de América Latina. Debate sobre la reforma electoral; Fundación Ebert; Lima, Perú, 1993; pp. 39-49.
15 Para una tipología del acceso de los movimientos y partidos políticos a los medios de comunicación en América Latina, ver: Planas, Pedro: Comunicación política y equidad electoral; Universidad de Lima; Lima, 1998; en especial, pp. 67-131.
16 Cfr. el valioso rol cumplido por el monitoreo de los noticieros de TV en México, en: Aguayo Quezada, Sergio; y Manuel Acosta: Urnas y pantallas. La batalla por la información; edit. Océano/ Academia Mexicana de Derechos Humanos, 1997. En las discutidas elecciones peruanas de abril del 2000, en que las televisoras de señal abierta se cerraron para los candidatos y partidos de oposición, fue muy importante el monitoreo efectuado por la ONG“Transparencia”, así como los informes emitidos por la Misión de la OEA y por la misión del NDI.
17 Cfr. Brewer-Carías, Allan: Ibid. pp. 89-137.
18 Cfr. León-Rosch, Marta: “Los registros electorales”, en: Nohlen, Dieter; Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores); Tratado de derecho electoral comparado en América Latina; FCE/ IIDH, México, 1998; pp. 269-298, en concreto.
19 Brenes Camacho, Gonzalo: “La Jornada Electoral”; en: Conferencia Interamericana sobre Sistemas Electorales; CAPEL/ IFES; San José de Costa Rica, 1990; p. 165.
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