BIENVENIDOS AMIGOS PUES OTRA VENEZUELA ES POSIBLE. LUCHEMOS POR LA DEMOCRACIA LIBERAL

LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS; CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRAN LA TIERRA Y EL MAR: POR LA LIBERTAD, ASÍ COMO POR LA HONRA, SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA. (MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) ¡VENEZUELA SOMOS TODOS! NO DEFENDEMOS POSICIONES PARTIDISTAS. ESTAMOS CON LA AUTENTICA UNIDAD DE LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA

lunes, 29 de marzo de 2010

PERMISO PARA HABLAR, MI COMANDANTE, JUAN CARLOS APITZ

No hay voluntad política en el gobierno nacional para proteger a los venezolanos de los violentos homicidios de los que son víctimas a diario; lo demuestra el número de casos impunes que cada día es mayor. Esa impunidad creciente multiplica exponencialmente la criminalidad y la violencia en Venezuela. Pero peor aún, tampoco existe disposición de la Asamblea Nacional para crear o modificar leyes que combatan eficazmente esa criminalidad e impunidad.

Desde 1998, año en el que Esteban asumió el poder, entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, del cual se han producido tres reformas, y otras dos al Código Penal. El objetivo proclamado por los legisladores ha sido, en todos los casos, acelerar los procesos judiciales y disminuir la impunidad, aunque las modificaciones impuestas al Código Penal, en realidad, han tenido el interés de proteger al Gobierno de la oposición y no a la ciudadanía de los delincuentes. Eso explicaría por qué se amplía la gama de delitos de opinión, por una parte, y por la otra, se le conceden beneficios procesales a reos reincidentes. En esa, ahora extensa, escala de delitos de opinión destacan los llamados "delitos de desacato". Se trata de la penalización de la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, a través de normas conocidas como "leyes de vilipendio" o "leyes de desacato".

Ahora bien, las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al Gobierno a controles, como es el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos. Estas leyes disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias. Incluso, las leyes de desacato no admiten la institución de la "Excepción de la Verdad", ya que, generalmente, las mismas establecen que el agravio al funcionario público se consuma con la expresión misma. Igualmente, las leyes sobre desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el "orden público", ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público.

En las reformas hechas por esta Asamblea Nacional al Código Penal encontramos una serie de normas que al aplicarlas son restrictivas al pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos. Son normas para proteger al Gobierno no al ciudadano; no para combatir la criminalidad o resolver la impunidad sino para abatir la libertad.

La reciente imputación por el Ministerio Público a Oswaldo Álvarez Paz por conspiración, instigación a delinquir y difusión de información falsa, delitos que presuntamente cometió por las opiniones emitidas en el programa Aló Ciudadano, de Globovisión, son el resultado de un Código Penal acomodaticio, reformado al gusto del Gobierno para implantar los delitos de desacato y acallar la libertad del pensamiento y opinión. Expresión misma de la esencia antidemocrática y autoritaria del Gobierno y sus apéndices institucionales.

Así que, la próxima vez que a algún ciudadano se le ocurra siquiera imaginar que en Venezuela se violan los derechos humanos, existe una vinculación directa con las organizaciones terroristas FARC y ETA, o que nos han convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico, para expresarlo primero deberá solicitar un: "Permiso para hablar, mi comandante".


www.juancarlosapitz.com
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LA DEMAGOGIA DE LA SOLUCIÓN CONCRETA, TEÓDULO LÓPEZ MELÉNDEZ

Tenemos enfrente eso que han llamado “socialismo del siglo XXI” y hay que producir una respuesta que he considerado no puede ser otra que la “democracia del siglo XXI”, no sin la aclaratoria sobre la natural presencia de un verdadero socialismo de estos tiempos en estos tiempos.

Sin embargo, algunos anuncios que comienzan a circular pareciera entramos en lo colectivo sin colectivo, esto es vamos hacia una la concepción de una democracia contra sí misma, pues no se conjuga en la ciudadanía lo general y lo particular, o lo que es lo mismo, la asunción por cada uno del punto de vista del común desde su propio punto de vista. En lo que ahora tenemos prevalece la disyunción: cada uno hace valer su particularidad. Pareciera que estamos en un ejercicio profesional de la política basado en la “demagogia de la diversidad”.

Es necesario rescatar la política como “fenómeno pensable”, en su “operatividad como acontecimiento”. Es decir, liberarla del sentido centrado en una filosofía de la historia y de su carácter superestructural. Acontecimiento es lo que detiene la mera sucesión de los hechos y exige una interpretación.

Hay que partir de lo cotidiano para reencontrar lo social. Hay que innovar en las actitudes y comportamientos y en las bases teóricas que los sustentan. Hay que entender las posibilidades del nuevo tejido social para fijar objetivos compartidos que puedan convertirse en propósitos y objetivos de la lucha

La apuesta fundamental es que hay que innovar o la democracia retrocederá. La desconfianza en la política hay que vencerla y ello pasa por la formación de ciudadanos y por darles a esos ciudadanos un poder que exceda la simple participación electoral.

Los cambios hacia una democracia del siglo XXI implican, a mi entender, meter el análisis en todos los conceptos, inclusive el de libertad. Hemos venido entendiéndola como la posibilidad de hacer todo lo que la ley no prohíba o lo que no dañe los intereses de los terceros y colectivos o la posibilidad de opinar y de expresarse libremente o de postular o ser postulado a los cargos de elección. La libertad debe implicar la capacidad de controlar efectivamente a los elegidos para desterrar los vicios de la democracia representativa, de organizarse en lo que alguien llamó “sindicalismo de masas” y en otro que es el de la capacidad de imaginar, pues esta última nos permite convertir la democracia en un campo permanente de crecimiento de la libertad misma. El clima de lo que me propongo denominar la “libertad creativa” impide la conversión de la democracia en un campo estéril agotable como un recurso natural no renovable cualquiera, para hacerlo un recurso natural renovable.

El principal partidario de la destrucción es el grupo de políticos tradicionales que se niegan a regar la planta o a abonarla, pretendiendo que la planta es así y no se le debe intervenir. Tenemos, pues, que ensanchar la “libertad creativa”, la intervención directa de los ciudadanos en el control de la gestión pública y la organización social de masas en nuevos tejidos. Todo como una forma de restablecer las instituciones de intermediación entre el poder y la sociedad, cuya pérdida es una de las causas fundamentales de la crisis democrática. Sabemos bien que entraron en crisis todas las instituciones que cumplían ese rol. Los procedimientos que he estado mencionando restituirían el equilibrio entre un poder desbordado e inepto y una sociedad contralora de lo público.

La legitimidad surge del acto electoral, la confianza proviene del convencimiento moral de que un gobierno busca el bien común. Sin confianza no hay estabilidad. Una mayoría electoral no es equivalente a una mayoría social. El voto es una preferencia, la confianza una sensación convincente de pertenencia. Frente a las exigencias sociales no puede producirse una reacción populista reactiva. Hay que partir de una programación de ejecución gradual, consistente y constante. Quiere decir, una acción incesante sobre las situaciones. Las mayorías electorales son una suma de votos. Las mayorías sociales son una suma que se llama pertenencia.

Hay que revalorizar los principios: los básicos de la libertad y de la democracia, entendidos no como parabas hechos de granito, sino como un proceso permanente de vuelo hacia la justicia y la equidad. Los relativos a una economía social inclusiva, con diversas formas de propiedad conviviendo pacíficamente. Hay que sacar a flote al Derecho, entendido como una construcción jurídica que procura una conformación social para la equidad. Hay que poner sobre el salvavidas la concepción de ciudadano que interviene y participa y recurre a toda forma de organización para hacer sentir su voz.

No podemos seguir considerando a la democracia como algo establecido sobre la que ya no hay nada que decir. Elecciones, Estado de Derecho, independencia de los poderes, respeto y tolerancia, todo eso sí, pero el fardo ya no aguanta más. Hay que renovar todos los conceptos, desde la economía hasta el derecho mismo, desde la concepción de la política hasta el criterio sobre los liderazgos, desde lo que se considera un partido y la determinación de su rol social hasta la organización horizontal de los ciudadanos, desde la participación permanente hasta una inclusión social progresiva y acelerada. Hay gente que se empeña en hacer política con los mismos instrumentos y las mismas declaraciones falsas.

teodulolopezm@yahoo.com
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