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lunes, 23 de abril de 2012

PEDRO PAÚL BELLO, ¿CUAL HA SIDO EL PEOR GOBIERNO DE VENEZUELA?, PRIMERA PARTE

Nuestro país, históricamente, ha  tenido poca fortuna con sus gobiernos. Si dejamos de lado los correspondientes a nuestra etapa como Colonia y las tres primeras Repúblicas que se constituyeron entre 1811 y 1830, podemos limitarnos, en nuestra sintética reflexión, al período 1830-2012.
Contrariamente a lo difundido por el reinante Régimen, la 4ª. República se inició, precisamente, en 1830, después de las perdidas en 1812, 1814 y de la que nació del Congreso de Angostura que aprobó la 2ª. Constitución.  El 22-9-1830, el Congreso Constituyente de Valencia aprobó nuestra 3ª. Constitución, descontadas las Provinciales y la de Cúcuta y, el 28 de marzo de 1864, bajo el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, se aprobó la 5ª. Constitución que designó a la Nación como Estados Unidos de Venezuela, pues la 4ª fue la que hizo aprobar José Tadeo Monagas, en 1857, para lograr la relección inmediata.
El primer gobierno de la etapa, desde 1830, fue presidido por Páez, en el período que mal se designó como de la Oligarquía Conservadora, que terminó con la Presidencia de Falcón y el desarrollo de la Guerra Federal. Sus Presidentes fueron: Páez (1831-1835), quien condujo un gobierno muy serio e institucional; el ilustre y muy digno Vargas, elegido Presidente el 9-2-1835, pero derrocado por la “Revolución de las Reformas” el 8 de julio, recuperó el poder, apoyado por Páez, el 20 de agosto, pero renunció el 24 abril de 1836. Andrés Narvarte, como vicepresidente sustituyó a Vargas hasta el 20-1-1837, y  lo remplazó el Gral. José María Carreño también como vicepresidente. El 11-4-1837 Soublette fue electo Presidente y gobernó hasta el 1-2-1839. Se caracterizó por una gestión muy seria. Entonces, retornó Páez hasta 1843 y Soublette fue elegido el 28 de enero para una segunda presidencia hasta enero de 1847, cuando el Congreso eligió a José Tadeo Monagas.  De manera que el período 1830-1847, hasta que llegó Monagas al poder, fue una etapa de gobierno bastante seria y satisfactoria.
Con la llegada de J.T. Monagas (1-3-1847), se inició la etapa llamada “liberal”, y  Venezuela ingresó al oscuro túnel de la delincuencia política. Fueron características estrenadas entonces: la ambición de la relección continuada; asumir el control de todos los poderes y someter el Congreso de la República a la voluntad del primer mandatario, quien (24-1-1848), lo atropelló con armas de la Nación y asesinó cuatro ilustres venezolanos.  ¡El abuso del poder en su peor expresión! “La Constitución sirve para todo”, frase de Monagas que fue credo común de todos los culpables de los males de la Patria. Entonces nacieron el atropello, la corrupción, el fraude, el engaño y la manipulación de masas mantenidas en la ignorancia. A  José Tadeo le siguió su hermano José Gregorio, elegido en 1851 con 397 votos de amañado Congreso, contra uno sólo para Fermín Toro, el mismo que respondió a los esbirros de su hermano: “Mi cadáver podrán llevarlo, pero Fermín Toro no se prostituye.” José Gregorio, por lo menos, decretó una abolición mal realizada de la esclavitud existente. Pero los libertos solo aumentaron la masa de los manipulados por su extrema pobreza. Después, el espurio Congreso eligió en 1855, de nuevo a José Tadeo, con 2 años más, para completar 6 en la presidencia, hasta 1861. Pero Julián Castro conspiraba para derrocarle con su “Revolución de Marzo” y Monagas se asiló en la Legación francesa y dejó el país. Hay sobre esto un comentario de Rafael Arraiz Lucca que es de tener en mente: “Es sorprendente la manera expedita como fue obligado a abandonar el poder. Ello prueba que aquel ´hombre fuerte´ no lo era tanto, y que la trama de poder que había tejido en su respaldo no funcionó. Todo indica que su mismo personalismo le condujo a perder el apoyo de sus seguidores. Había llegado muy lejos en sus pretensiones hegemónicas y de permanencia en el poder. La reforma constitucional a su favor dejaba desnudas sus aspiraciones de eternizarse al mando de la República, y la alternabilidad había sido norma consagrada y respetada desde la Constitución Nacional de 1830.”
Al socaire de tan vil doctrina, prendieron los caudillos que siguieron el fatal ejemplo, la insensata guerra civil, cuyo pregón indirecto fue el cinismo de Antonio Leocadio Guzmán: “porque si los contrarios, señores, hubieran dicho Federación, nosotros hubiésemos dicho Centralismo" Guerra que destruyó haciendas, cultivos y vidas, dejando postrada una dolorosa Venezuela de hijos muertos e ilusiones frustradas.  Los únicos frutos de la contienda fueron  odio y frustración, la viveza del “pájaro bravo” y el “póngame donde haiga”. La ruina cayó sobre una Patria concebida en 1811 con ideales que fueron destrozados.  Guerra que reforzó el poder de los “caudillos”, quienes establecieron un feudalismo sui géneris en nuestro país y de éste emergieron todos los males y vicios escondidos en trágicos orígenes de nuestro pueblo.  Guerra que dejó más de 350 mil muertos, cuyo balance sentenció el General Federalista José Loreto Arismendi, cuando el “Héroe Victorioso” Falcón repartió entre sus amigos beneficios materiales obtenidos en los combates: “Luchamos 5 años para sustituir ladrones por ladrones, tiranos, por tiranos.”
Después, la lista de sacerdotes del horrendo culto de simulación ante el Jefe de turno fue muy grande, con excepciones raras y escasas.  El país,  despojado de la orientación republicana vivida entre 1830 y 1848, inició ese estilo violento y perverso, que con aisladas presencias democráticas ha sido, acá, el ejercicio del poder político en lo nacional y regional.  
Más tarde, fueron 17 años de Antonio Guzmán Blanco, hijo del cínico, designado por Falcón Jefe de los ejércitos centrales, llegó al poder total con su “Revolución de Abril”. En esos tiempos, en paréntesis que Guzmán disfrutaba en Europa,  aduladores fantoches hechos presidentes gobernaron la Nación. Algunos quisieron jugarle con engaños: Linares Alcántara, por ejemplo, juró que de ser Presidente, “Recibiría sus consejos y las inspiraciones de su genio, con el mismo respeto con el que recio y he recibido siempre sus indicaciones y sería un centinela de la gloria inmortal que ha conquistado.”  Le regaló un bastón con la inscripción: “Guzmán, dejarás de tener amigos que te admiren cuando la gratitud se extinga.” Pero al estallar en Caracas la violencia anti-guzmán, le dio la espalda. Los únicos que lo respaldaron fueron Joaquín Crespo y Rojas Paúl.
Guzmán fue pródigo en conflictos con otros países: limítrofes con Colombia e Inglaterra; con Estados Unidos por deudas que no quiso pagar; con Chile porque criticó que se hiciera llamar “Ilustre Americano.” Con Holanda por admitir exilados en Curazao. Con la Iglesia, guerra permanente: expulsó Congregaciones religiosas y sacerdotes; cerró todos los Conventos; impidió venir a Caracas al Vicario (Nuncio) del Papa, desterró Obispos; confisco bienes e inmuebles de todas las comunidades religiosas y demolió templos. Sin embargo, no se le puede negar que tuvo realizaciones positivas: Estableció la Educación Primaria, obligatoria y gratuita; modernizó la administración pública; en Caracas hizo obras de mejoras, realizó el Acueducto y el ferrocarril a La Guaira, construyó algunas carreteras, etc., y también en el Interior: Valencia, San Cristóbal, Mérida, Maturín, San Carlos, etc. 
En 1887 Guzmán se fue definitivamente a París y dejó a Hermógenes López en la Presidencia, quien terminó el Bienio. Luego, el Consejo Federal designo Presidente a Rojas Paúl. Desde el tiempo del Dr. Vargas, excepto por los interinatos y vicepresidentes, ningún civil había sido Presidente. Contra esta elección se alzó Joaquín Crespo, pero fue controlado y apresado, pero el Presidente Rojas lo  visitó e indultó con el compromiso de no volver a tomar armas, pero Crespo lo respetó poco tiempo. Hubo gran diferencia entre el nuevo gobierno civil y sus antecesores: reanudación de relaciones con la Iglesia, obras como el Hospital Vargas, acueductos, escuelas, teatros, el Monumento de Carabobo, Academia de la Historia, etc., en medio de una gran paz y armonía.
Después de Rojas fue Presidente Raimundo Andueza Palacios. Quiso prolongar su mandato de 2 años a 4, pero no lo logró. El país continuó disfrutando de un crecimiento económico importante desde el gobierno de Rojas Paúl. Los propósitos continuistas de Andueza condujeron a un serio conflicto político: disolvió al Congreso que lo declaró traidor a la Patria; renunciaron los Magistrados de la Corte y la Nación quedó sin poderes públicos. 
Esto lo aprovechó Crespo quien desató una guerra de 7 meses, hasta que entró el 7-10-1892, en Caracas como vencedor. Mandó por 7 años (1892-1898), hasta que, en batalla contra Hernández, en la Mata Carmelera, una bala lo mató el 16-4-1898.  Crespo, como Presidente, tuvo grandes conflictos con Inglaterra por deudas de de Guzmán y alzamientos del bando liberal de Hernández.
En las elecciones de setiembre 1897, venció Ignacio Andrade, que era el favorito de Crespo y Presidente del Gran Estado Miranda. Hombre honesto pero limitado en sus relaciones humanas. Al morir Crespo, el Presidente Andrade se sintió desamparado y comenzó a desconfiar de cuantos le acompañaban como amigos, refugiándose en el ambiente familiar, con descuido de graves problemas que amenazaban a su gobierno, entre ellos los de los Generales Ramón Guerra y Antonio Fernández que aspiraban a ser Presidentes del Gran Estado Miranda que dejaba al Presidente Andrade; de  Cipriano Castro quien, insatisfecho por malos tratos del gobernante, conspiraba desde el Táchira y del Mocho Hernández quien, con razón, sentía que había sido robado en las elecciones ganadas por Andrade. Los dos Generales quedaron descontentos por una maniobra acertada propuesta por sus Ministros Bello Rodríguez y Villanueva, que fundada en una disposición constitucional, permitía que los Estados que habían sido declarados secciones de Estados mayores unificados, volvieran a su anterior condición.
En medio de esa situación, Cipriano Castro, el 23-5-1899 invadió desde Colombia, entrando por el Táchira con 70 hombres y, gracias a la descomposición del gobierno y el enfrentamiento de los Generales, pudo avanzar casi sin resistencia, hasta Valencia, y derrotar en la batalla de Tocuyito, a las fuerzas del gobierno comandadas por dos militares que eran enemigos. Ante la derrota, Andrade se fue del país y dejó acéfalo al gobierno. El 22 de octubre, Castro entró victorioso en Caracas.
Quien escribe estas líneas pensaba, hasta 1999, que el peor Presidente de Venezuela había sido Cipriano Castro. Contrariamente a como muchos creen, Castro no era inculto ni improvisado. Educado en el Seminario de Pamplona en Colombia, era muy inteligente, sagaz y hábil, especialmente como militar y político. Había sido diputado al Congreso por su Estado y Gobernador militar de la Sección Táchira. No es posible, en estas líneas, dar detalles de su vida y de su disoluta conducta personal y como Presidente. Como diputado hizo oposición a Rojas Paúl y apoyó el continuismo de Andueza. Con Crespo intentó establecer contacto y colaborar con su gobierno, pero sin éxito. Llegó a la Presidencia a sus 41 años. Ordenó asesinar, en playa del Orinoco, a Antonio Paredes, a quien temía, cuando éste invadió por Guayana. Trajo a Juan Vicente Gómez como su mano derecha, fue el financista de su campaña victoriosa y le hizo Vicepresidente, pero su círculo de amigos intrigó contra Gómez, pese a que fue el militar que derrotó a la sumatoria de Caudillos que constituyeron la Revolución Libertadora. Encargó a Gómez de la Presidencia en fingido retiro, pero el Taita, más sagaz que él, no cayo en la trampa. 
Castro tuvo muchos conflictos internacionales: Rompió relaciones con Francia en 1906 y también con Colombia. En 1908 rompió con Estados Unidos y Holanda, y de nuevo con Francia. Fue considerado, como anota Arellano Moreno, “la mayor molestia internacional de comienzos del siglo XX.” Tampoco escatimó conflictos con la Iglesia: Entre otros atropellos, expulsó a Mons. Jáuregui, fundador del famoso Colegio Corazón de Jesús de La Grita. Cerró en 1901 la Universidad Central y en 1903 las de Carabobo, Zulia y Guayana.
En lo constitucional hizo aprobar una nueva Constitución, a su gusto, que fue la 10ª, el 21-3-1901 que aumentó su período a 6 años, volviendo a la elección indirecta del Presidente a través de los Concejos Municipales. En 1907 obligó al Congreso a redactar otra Constitución, la 11ª, de 1904, para extender su mandato hasta 1911 y redujo los 20 Estados a solo 13. A su obligada salida al exterior, por razones de salud, dejó un país en crisis, con real agotamiento de sus posibilidades sociales, económicas y políticas. En este punto, es interesante destacar el sorprendente paralelismo que existe entre los procesos políticos de la Venezuela de 1899 y 1999. ¿Casualidad o causalidad? Es muy interesante indagar sobre los factores actuantes que, con sus diferencias, presentan mucho en común y dejan muchas enseñanzas cara al futuro.
 Continuará con la segunda parte.
ppaulbello@gmail.com

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EDISON CHIRINOS,. PODER JUDICIAL VENEZOLANO COMO HERRAMIENTA DE VERDUGOS


“No hay nada más peligroso que un verdugo suelto”
¿QUE ES UN VERDUGO?
Define el diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales del ilustre tratadista MANUEL OSSORIO, como un funcionario de justicia encargado de ejecutar la pena de muerte en la antigüedad ejecutaban otras penas corporales, tales como la del azote y la tormenta psicológica. Igualmente la pena podía y puede ser ejecutada por el factor castrense, como,  esta instituido el paredón en Cuba, en aquellos casos en que la ley así lo exige;  también en los  gobiernos tiránicos donde se aplican la tortura arbitraria por instrucción y  complacencia del autócrata. 
Cualquier parecido con lo que acontece en el país es mera coincidencia.   Viendo y analizando el poder público venezolano como sistema estructurado en los sub-sistemas previstos y establecidos en  la Constitución Nacional y la  inseguridad pública reinante en el País, con resultados dantescos en su ocurrencia en el día a día. Situación que mantiene al Poder Judicial bastante cuestionado en los temas de la criminalidad y de la impunidad.  Esta temática permite  la posibilidad de plantear el tema de la reforma del Poder Judicial en un esfuerzo  Mancomunado de todos  los sectores que conforman la sociedad Venezolana para impedir el colapso de la Institucionalidad de la Republica. Proceso que debe ser patrocinado e  instaurado por todos los Venezolanos para partir de  las cenizas del que ya  tenemos y a través de un proceso de reingeniería con capacidad de tomar decisiones con el  límite de la conciencia de los titulares de esos ministerios, para que gestiones los mecanismo que aseguren la independencia, de sus actuaciones  que funcione y desarrolle procesos rápidos, fluidos, transparente constitucionales y legales que realcen la sacrosanta administración de justicia y establezca controles que  eviten el trafico de la miseria humana de la  corrupción Judicial  y permita detectar a tiempo las  sabandijas que son promocionadas por grupos de intereses que estructura la  delincuencias organizadas. Este Poder Público requiere nuevas leyes que le permitan esta vital instancia  su funcionamiento autónomo y mejorar de manera radical la administración de Justicia con sistemas e infraestructura que responda a las realidades del siglo XXI, con tecnología de punta, que permitan la economía y el desarrollo de  los procedimientos y las sentencias jurisdiccionales de manera expeditas, que permitan investigar e instruir y administrar justicia, sobre todo evitar la estructuración de mafias de capos  que son los que ponen la agenda en este vital subsistema del poder público de la Republica.  
             Sin embargo, por  otra parte, surge un planteamiento que va más allá de lo visible: ¿Acaso reformar el Poder Judicial no podrá significar construir un sistema de justicia distinto, sustentado en la vida social que tome en cuenta la equidad, la inclusión y la dignidad?  Qué lo saque de este dilema y del atolladero en que está inmerso en la actualidad por un grupo de  ofidios  de oficio.
             Antes que nada, hay que hacer un intento por comprender cuáles son las variables que le han dado forma a nuestro Poder Judicial. En primer lugar se encuentra el elemento  histórico. Nuestro Poder Judicial fue calcado, con bastante fidelidad del sistema judicial francés. En aquel momento, el racionalismo y el individualismo tuvieron su expresión política en una supremacía del contrato social como algo constitutivo de la sociedad y no como algo declarativo. Así, de la visión clásica y católica de entender a la sociedad como un todo, se pasa a una visión fragmentada donde los individuos actuando como átomos, necesitarían un lazo que, descubierto a través de la razón pura, pudiera sostener relaciones más permanentes, en la búsqueda de del bienestar   social.
             De esta manera, el papel de la razón como percepción clara y distinta que fundamenta toda certeza, a través de la influencia cartesiana, llevó a privilegiar un sistema jurídico construido sobre las bases de universalidad y de las necesidades sociales.
             Otra lección adicional al elemento abstracto y universalista de una legislación basada en la razón por la razón misma, el sistema judicial francés se construyó a partir de una profunda desconfianza hacia la figura del Juez.
             De este modo, al Juez le fue negada toda posibilidad de interpretar la ley, debiendo limitarse a aplicar su texto, que ya contenía una solución que la razón pura había desentrañado. Para ROBESPIERRE,  “ese término, jurisprudencia de los tribunales, considero y ha prevalecido  hasta presente debía  ser desterrado de léxico jurídico. En un Estado que tiene una Constitución y una Legislación y por lo tanto  la Jurisprudencia de los tribunales no debe ser otra cosa que la Ley”.
             Sobre estos dos pilares se ensambló el Poder Judicial en América Latina, quizá con la buena intención de facilitar la integración social de nuevos pueblos cuajados por la diversidad cultural, racial y social ante un marco único de referencia.
             Sin embargo, al hacer un balance de lo que ha contribuido nuestro sistema judicial universalista y racionalista a la integración social y cultural de nuestro continente, el resultado es negativo y excluyente, que utilizan con gran maestría los  mercaderes de oficios de la sacrosanta administración de justicia.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  PODER JUDICIAL, LA JUSTICIA Y LA IMPUNIDAD
      Para el estudio y análisis del proceso de degradación del Poder Judicial venezolano, su organización y funcionamiento, lo iniciamos con  el antecedente expuesto y con el estudio organizacional del Estado, partiendo del esquema formulado por el Constitucionalista HAN KELSEN, que lo define como una estructura compuesta por: Territorio, Población y Orden Jurídico. En este orden de ideas, el Legislador Patrio preveo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el  esquema organizacional del Poder Público y así lo dejó establecido en Poder Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal en su organización vertical, ya que, en su orden horizontal está estructurado en Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder Electoral, Gobernaciones, Concejos Legislativos, Alcaldes, Juntas Parroquiales. Organización que a través del tiempo ha evolucionado para conformar el Estado Nación, cuya principal Misión es la de satisfacer las necesidades del colectivo. Una de estas necesidades es la Seguridad Pública y Ciudadana. 


Sin embargo, la anarquía imperante en el País emplaza al ciudadano a definir el Poder Público para ver si a través de este conocimiento conocer por lo menos, cuales son entes  responsable de su seguridad personal y la de su grupo familiar, a tales efectos cito el concepto del Ilustre doctrinario LUIS A. CAICEDO  que define el Poder Público como “La facultad o potestad caracterizada por su unicidad consubstancial con el Estado, que la Constitución de la República le confiere poder jurídico para la realización de sus fines. No se trata sólo de una concepción orgánica o estructural de Estado, la cual se manifiesta a través de los órganos de los Poderes Públicos. El Poder Público es además una situación jurídica constitucional individualizada que se manifiesta a través del poder jurídico de carácter operativo que tiene el Estado conferido por la constitución, de expresar e imponer su voluntad de ejercer su poder de dominación por medio de sus órganos esenciales a través del ejercicio de sus funciones. En ese sentido, consiste es un concepto jurídico de carácter constitucional que se traduce en forma orgánica por medio de los órganos del poder público y en forma operativa a través de las atribuciones que la Constitución le asigna a cada uno de esos órganos. Así pues, el Estado actúa a través de una sola potestad denominada PODER PÚBLICO.                
      En este orden de prelación de las diferentes instancias que conforman el Poder Púbico en Venezuela se observa que, el Poder Judicial es  un sub-sistema del Poder Público Nacional, que tiene como misión Administrar Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley. En este orden de ideas, le Corresponden a las diferentes Instancias  del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan la Constitución y las  leyes, y ejecutar y hacer cumplir sus sentencias.
      Sin embargo, la situación del Poder Judicial es muy deprimente, al designarse de manera apresurada y a través de procedimientos pocos transparentes a Jueces inexpertos en cargos provisorios de niveles de decisión complejas en la sacrosanta función de Administración de Justicia. Estos funcionarios gestionan esos cargos sin espaviento, tomando decisiones que afectan derechos constitucionales de los ciudadanos, tales como: el  derecho a la vida, la libertad y los derechos humanos y en particular la libertad de expresión. Atributos esenciales de cualquier democracia. Sin embargo, las atribuciones que cumplen estos ofidios en nombre de la República y por Autoridad de la ley, la realizan a su libre arbitrio con imprudencia y planificadas y contaminadas por el fragor político  por parte de estos funcionarios públicos que asumen sus gestiones con actitudes contrarias a sus deberes y atribuciones a los postulados constitucionales y legales y sin ningún tipo de ética.           
          Lo planteado evidencia que el Sistema Judicial del País ha funcionado al garete, designando  funcionarios en este sub-sistema del Poder Público con filiación Política vinculado al partido político que esté de turno en el poder, y bajo este esquema politizan la Justicia y lo más grave, convierte esta rama del Poder Público en una herramienta política de persecución y exterminio, estos hechos ocurren a pesar de saber el ciudadano que es designado para estos cargos públicos, que al estar investido de autoridad de la JURISDICTIO Constitucional en nombre de la Republica y autoridad de la ley,  tiene que cumplir con las atribuciones y las disposiciones señaladas en la Constitución y las Leyes.
     Estos funcionarios  deben saber que el  ejercicio de sus  funciones la  pagamos todos los venezolanos con nuestros impuestos, para que los mismos cumplan y hagan cumplir la Constitución y las Leyes. Estos cargos no son honoríficos como era en la época imperial romana, son altamente remunerados. Especial atención merece citar que, estos cargos son muy buscados y demandados por ciudadanos graduados en Derecho, que es un requisito sine qua non para ocupar estos privilegiados cargos públicos.  Sin embargo, estos ciudadanos  habidos de poder y de otras buenas intenciones, llegan a esos cargos como auténticos Socialistas y no es razonable ni justo que al dejar estos cargos se reincorporen a sus actividades privadas como auténticos Capitalistas, dejando como antecedente de su trabajo una gestión Oscura y Macabra  de Injusticia. Como la del  Mapurite  APONTE ELADIO (A) pinga pinga.
        El Poder Judicial como sub-sistema del Poder Público Nacional está estructurado piramidalmente por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales de la República en su orden organizacional, y en el ejercicio de sus atribuciones comparte responsabilidad con el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal,  los funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia, los abogados autorizados para actuar en estas instancias, quienes en el ejercicio de sus funciones y actividades por lo menos en el papel, gozarán de autonomía funcional, financiera y administrativa. Sin embargo, en las oportunidades en que rinden cuenta de sus gestiones sus resultados  son Oprobiosos acusadores. Develan que lo que impera en la actividad judicial del país es la impunidad en constante desarrollo,  un atavismo de corruptela  estructurada. 
          En este orden de ideas, la sociedad no entiende,  como el Tribunal Supremo de Justicia como órgano jerarca del Poder Judicial, cuente en su infraestructura funcional con  (ABOGADOS) con la honrosa designación de Jueces, sin la más elemental cultura gerencial y lo que es más grave aún, que incurren a diario en el delito de denegación de  justicia, y ante esta ordinaria ocurrencia solo se escucha el estridencia silencio sepulcral de la impunidad reinante en el Poder Judicial, y el nivel jerárquico permanece inmutable como si en el mismo  no estuviera ocurriendo nada, a pesar que las Morgue del país acusan en sus parte semanales la ocurrencia promedio de (100) homicidios semanales, y esta Instancia permanece inmutable como si todo estuviera normal, que no existiera esta realidad dantesca. Este silencio ha permitido que se conforme y se estructura en este poder lo que se conoce en la jerga criminalística policial  como “el cangrejo organizacional”. Tipo ADOLFO CAPONE. Mafioso que con gran maestría domino el poder Judicial la ciudad de los viento CHICAGO. En este orden de ideas, en  la Imprenta Nacional abundan resoluciones (penalidades) publicadas en Gacetas oficiales, con penalidades impuestas a Jueces que los descalifican para ocupar estos cargos,  y lo que es más grave no las  cumplen. Esta situación ha permitido que los niveles de decisión de este  Poder Público conviertan estas situaciones en la típica impunidad a favor del delincuente Esta triste realidad ocurre y el poder moral permanece ciego ante esta realidad. El mismo permanece hipnotizado  con su correspondiente bozal de arepa que no le permite ver el actuar de estos funcionarios que actúan  en este honorable Magisterio, amancebado   vendiendo  su conciencia y su ética por miedo al Mando. Estos funcionarios bajo estos esquemas negocian la justicia y le venden el alma al DANTE  ROVOLUCIONARIO.  Evidenciando  estos abogados que no son probos para que en nombre de la Republica y Autoridad de la Ley, Administren Justicia en perjuicio de ciudadanos honestos. La degradación del Poder Judicial se ha convertido en un desencadenante de la Inseguridad Pública Institucionalizada reinante en el país. Poco a poco ha ido desapareciendo el estado de derecho y se ha venido instaurando en el País una Injusticia Anárquica y  Arbitraria y forajida.
QUE ES LA JUSTICIA
      La justicia fue definida en la época Imperial Romana por el jurisconsulto ULPIANO, como el deber que tienen los órganos que la administran en: “DARLE A CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDE, VIVIR HONESTAMENTE Y NO DAÑAR A NADIE”.  Este concepto ha prevalecido a través del tiempo, sin embargo, en nuestro País la justicia clama a diario por sus principios rectores por su orden sacramental, su transparencia, por la probidad de los que administran y gestionan. El ciudadano no entiende y no aprueba que se designen en estos cargos personas con filiación política del partido que gobierna, copia exacta de los Tribunales del Terror de la Alemania Nazi de los años 1945. Esta designación tiene que tener como requisito fundamental el conocimiento y los meritos de los designados, tal imperativo lo plasmó el Legislador Patrio consciente de estos fundamentos, lo estableció en la Constitución Nacional  en su artículo Nº (255) el siguiente mandato que  determina: “El ingreso a la carrera Judicial y el ascenso de los jueces y juezas se hará por concursos de oposición Públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos Judiciales, en la forma y condición que establezca la ley. El nombramiento y el juramento de los jueces o juezas corresponderán al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos por los procedimientos establecidos por la ley. La ley propenderá la profesionalización de los jueces, las Universidades colaborarán con este propósito, organizando en los estudios Universitarios de derecho las especializaciones judiciales correspondientes. Los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determina las leyes, por los errores, retardos u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales por los delitos de denegar Justicia, por la parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.”
     Como se observa en lo planteado, el ciudadano que aspire a una designación de Juez debe saber y conocer el perfil profesional que debe tener, su record académico, su experiencia profesional su honestidad, las limitaciones que le impone el ejercicio de la Sacrosanta Administración de Justicia. A tales efectos el Legislador Patrio estableció el mandato constitucional expresado en el artículo Nº (256)  que determina: “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, los jueces, los fiscales del Ministerio Público y los defensores públicos desde la fecha de su nombramiento y hasta su salida del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo el activismo político, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí, ni por interpuestas personas, ni ejercer ninguna otra función a excepción de actividades educativas”.
     Ante este mandato el ciudadano se pregunta ¿Porqué el Poder Judicial Opera tan dantescamente? Esa pregunta retumba en el horizonte y el eco, que produce las ondas sonoras en su retorno  como un búmeran, la repuesta basada en el imperativo de la existencia  de principio de la Separación de los Poderes Públicos, suponiendo el criterio de la despersonalización del Poder Público su difusión orgánica y con ello la fijación de un límite y la concreción del viejo anhelo del constitucionalista americano que se tradujo tiempos más tarde en la expresión acuñada en Europa del estado de derecho, es decir, el gobierno de las leyes y no de los hombres tracaleros y mafiosos que nos ha impuesto esta logia perruna del  siglo XXI.
     Este es el síndrome que corroe el Poder Público Venezolano y en particular el Poder Judicial, cuya sintomatología lo evidencian algunas  de sus variables como son la delincuencia organizada, la inseguridad pública desatada, el sicariato, delito foráneo que nos ha impuesto este oprobioso régimen, los dantescos partes de guerras que semanalmente presentan las Morgues del País, así lo confirman.  Lo  más  grave de lo planteado es que, los ciudadanos, los familiares de las víctimas no reclaman, callan y con su silencio se convierte en coautores de estos hechos criminales. Los agraviados deben saber que tienen que reclamar no importa que los Holgazanes que administran la Cosa Pública no actúen, usted si tiene que hacerlo, para cuando retorne al País el estado de derecho y estos Verdugos revolucionarios sean emplazados rindan cuenta de sus macabras gestiones y usted sea indemnizado.
QUE ES LA IMPUNIDAD
     La impunidad, es un delito calificado, que consiste en dejar un crimen sin castigo. La sola lectura de la acepción dice su importancia en relación a la Jurisdicción Penal. El ilustre doctrinario CARRARA establece que la impunidad es “la falta de castigo, esto es la libertad que un delincuente logra, de la pena que le corresponde, por el delito que ha cometido y que debe cumplir”
      Como se observa en lo planteado los motivos y circunstancias que pueden llevar a esa situación son razones de naturaleza políticas, por ser este factor del Poder el elemento de mayor incidencia en la  sensibilidad colectiva, en el ámbito social venezolano se pueden ilustrar “Con aquellos casos en que han estado implicados funcionarios Públicos, que siendo culpables de hechos punibles de Notoriedad Pública, conociendo la opinión pública nacional e internacional los sujetos activos de los delitos, son liberados de manera tácita de la responsabilidad criminal y en algunas oportunidades premiados,  no se les persigue, no se les castiga  por razones de orden político, desviando así la discrecionalidad del Poder Público, creando con ese accionar la sensación abusiva propia del Estado, el abuso del Poder Público en un ámbito social, donde la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder secuestrado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo  y la cobardía de la mayor parte de la sociedad”.
       A lo planteado sólo cabría agregar que la posibilidad que  opere así, es, por la ceguera del Poder Ejecutivo que crea la tentativa del  mantenimiento de la impunidad de los delitos al darle esta  la tentativa  posibilidad a una infraestructura criminal que le sirve de soporte a sus intereses políticos. Estos esquemas muestra la historia, sistemas políticos  con poca estabilidad; esta situación son muy practicadas en aquellos Países donde el Poder Ejecutivo concentra todo el Poder Público. En este orden de ideas concluyen los doctrinarios y estudiosos  de la impunidad, que esta puede ser de hecho y de derecho, entendiéndose y la de hecho, como aquellos crímenes que ocurren y ocurrirán siempre, más o manos desconocidos a los ojos de los que administran Justicia, por no haber sido determinada su autoría o por no haber sido aprehendidos sus autores que son ampliamente conocidos, que actúan a mansalva, porque no se les persigue, ni se castiga, simple y llanamente por los  cargo Públicos que ocupan la filiación al  partido que gobierna en determinado tiempo y Países.
      Este escrito fue posible a los soporte documentales de notoriedad Pública que rielan a diario en los medios de comunicación, que  han permitido formular el presente  Clamor Justicia de los sin voces, de un gran cantidad de hermanos ciudadanos Venezolanos que han sido víctimas de VERDUGOS JUDICIALES, patrocinadores de la Inseguridad Pública y de la Impunidad,  que gestionan sus conciencias. Ante tales ocurrencias los funcionarios competentes  se ríen se mofan de la inteligencia de los ciudadanos  de los  perjuicios y daños irreparable que sufren familias y  de los que claman en el desierto social pidiendo Justicia y los representantes de los Niveles que la Administran permanecen tranquilos, inmutables, disfrutando de los privilegios y mieles del Poder como Auténticos Mercaderes de la JUSTICIA; como Nerón tocando su lira, cuando Roma se destruía consecuencia del fuego que había ordenado este caporal romano.  Estos Funcionarios se olvidan de la máxima que afirma, que el Poder es muy bueno pero no es eterno y que  “Verdugo es Verdugo y que Verdugo no pide clemencia.”  Estos cuando les llegue el momento de rendir cuenta  muere con la Carroña en el Buche.
       La  informaciones  recientes y actuales  evidencian  hechos similares a lo acontecido al triste celebre  verdugo APONTE ELADIO, este perdió su cualidad de Magistrado pero no su condición de verdugo muy similar  a la de los  ofidios, Ex magistrado VELASQUEZ ALVARAY, La del general eructo de  Mapurite ACOSTA CARLE Y EL GATO MIRRUNGUE que desgobierna en  Cumana sus actuaciones,  mantiene en expectativas  a una legión de connotados revolucionarios, prestos a seguir su ejemplo y saltar la talanquera,  en la actualidad  empiezan darse golpe de pechuga y buscan ubicación en la cera del frente, bienvenido sean,  en este país cabemos todos. En este orden de ideas estos compatriotas toman posesión del sitio de partida esperando la señal que se dictará en el  concierto donde cantara el reciente ruiseñor, verdugo en otrora,  recientemente decretado  agente libre de la revolución y contratado por los ESTADO UNIDOS DE NORTE AMERICA, todo depende de su garganta,  su musa y las partituras que se llevó para entregarse al sus contratantes que escucharan sus interpretaciones. Para que se dé la estampida y al Ruiseñor  se le premie con los órganos reproductores del DONKY.  
      El análisis expuesto conforma la infraestructura operativa de un Poder Judicial, disminuido, deteriorado y obsoleto como lo evidencia   cualquier juzgado de la Republica  en cualquier jurisdicción con  (10.000 y 12.000) causas represadas  esperando sentencia. Evidenciándose así  el delito de denegar justicia. Convirtiéndose de esta manera este vitar poder del Estado,  en una herramienta política. Parecida a los Tribunales del Terror y los Jueces del Horror en la Alemania nazi en la década de  1945. Lo expuesto recoge  diversas opiniones, hechos noticiosos opiniones de expertos, los partes de fallecidos de las diferentes Morgues del País que han sido cronológicamente analizadas, sintetizadas, en el presente trabajo.
      Finalmente   fundamentado en la Garantía Universal de los Derechos Humanos que determina en su artículo Nº (19): “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de su opinión, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión”
    En este orden de ideas y recordando el contenido filosófico de la máxima: “Que en la guerra una parte de la información es contradictoria, otra es falsa y la mayor parte dudosa”. SUN-ZI EL ARTE DE LA GUERRA.                              

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JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, ECONOMÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO, (SÉPTIMA PARTE)

A lo largo de de la presentación de este tema, hemos señalado, entre otros aspectos, que para el caso venezolano la pobreza de tipo estructural presentará una circularidad en su comportamiento, a menos que las personas puedan potenciar sus capacidades hasta convertirla en capital humano, y así poder mejorar su desempeño al integrar al empleo digno como su aliado estratégico. En tal acción, ha de fomentarse el empleo por cuenta propia con el concurso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), y donde los clúster deben jugar un papel trascendente.

En tal sentido vale observar, que en la actualidad (marzo 2012) y según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Venezuela cuenta con una población censada de 29.382.620 personas (50,3% mujeres y 49,7% hombres) y una población ocupada de 12.390.268 personas donde el sector público representa el 21,0%, equivalente a 2.607.369 personas que laboran en ministerios u organismos de la administración nacional, regional, estatal, municipal, universidades o instituciones de educación superior del Estado, o en empresas con capital mayoritariamente del Estado; mientras que el sector privado representa el 79,0%, lo cual equivale a 9.782.899 personas que laboran en compañías anónimas o empresas familiares o en organizaciones no lucrativas.

En tal contexto, las MIPYMEs generan el 73% del empleo total nacional, y dentro de ese gran total las formales representaron el 58,7% (7.271.657 trabajadores) y las informales el 41,3% (5.118.611 trabajadores). Tal escenario, nos resulta lo suficientemente contundente para permitirnos afirmar sobre la necesidad de instrumentar una política que procure, por una parte,  la formalización del sector no estructurado, y por la otra, el desarrollo del sector formal. Ello, sin duda alguna, tendrá positivo efecto sobre la creación de empleo digno, la reducción del desempleo y subempleo estructural, y el fomento del empleo independiente; así como una alternativa para enfrentar el aumento del empleo eventual u ocasional.

En aras de una más cabal comprensión sobre el tema de la pobreza y del empleo, consideramos obligatorio, en primer lugar, presentar una categorización cuantitativa de los estratos sociales, y en segundo lugar, una revisión de la situación de la Fuerza de Trabajo.

Para el primer caso, seguimos a Luis Pedro España (Detrás de la Pobreza, Diez años Después; 2009), con la finalidad de reflejar las características principales de cada estrato:

Estrato E: Hogares con ingresos que, en promedio, no alcanzan para cubrir las necesidades de alimentación, viven en viviendas muy precarias (ranchos), las cuales, obviamente, carecen de uno o todos los servicios conexos básicos (agua y recolección de basura); y el promedio educativo de los mayores de 20 años escasamente llega a la educación primaria. Este estrato se denomina: pobreza extrema, y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 10,55% del total, es decir 3.099.866 personas.

Estrato D: Hogares con ingresos que, en promedio, si alcanzan para cubrir las necesidades de alimentación, pero éstos no promedian hasta alcanzar dos veces la canasta de alimentos (esto se conceptualiza  como línea de pobreza); viven en viviendas precarias sin llegar necesariamente a ser ranchos, pero pueden carecer de algunos servicios conexos básicos (agua y recolección de basura); y el promedio educativo de los mayores de 20 años se ubica algo por encima de educación primaria. Este estrato se denomina: pobreza no extrema, y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 37,25% del total, es decir 10.945.026 personas. La suma de los estratos E y D, conforma el total de personas en situación de pobreza, y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 47,8% del total, es decir 14.044.892 personas.

Estrato C: Hogares y personas que no están en situación de pobreza, y viven en viviendas consolidadas con acceso completo a los servicios conexos básicos (con algunas deficiencias); y el promedio educativo de los mayores de 20 años, en gran número, completaron o estuvieron cerca de completar la educación media. Este estrato representa la mayoría de los hogares del país, y se denomina: sector popular y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 37,77% del total, lo cual equivale a 10.510.163 personas.

Estrato B: Grupos de ingresos medios, con un nivel educativo por encima del promedio (profesionales, técnicos o bachilleres), con viviendas propias (en su mayoría) localizadas en zonas residenciales o más consolidadas de las ciudades. Este estrato se denomina: grupo medio, y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 12,74% del total, equivalente a 3.743.346 personas.

Estrato A: Este es el grupo más alto de la jerarquía, con estilo de vida confortable localizados en zonas residenciales con edificaciones de lujo; con un promedio educativo en los mayores de 20 años que tiende a estudiar y terminar una carrera universitaria. Este estrato se denomina: ingresos altos, y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 3,69% del total, lo cual equivale a 1.084.219 personas. La suma de los estratos A, B y C estructura el total de personas consideradas como no pobres, y representa aproximadamente, según nuestros cálculos, el 52,2% del total, es decir 15.337.728 personas.

En cuanto a la situación en la Fuerza de Trabajo, y apoyándonos en el Informe Semestral de INE a marzo 2012, consideraremos los siguientes aspectos:

Población Económicamente Activa (PEA): Está constituida por todas las personas de 15 años y más, con disposición y disponibilidad para trabajar, la cual se ubicó para marzo 2012 en 13.458.589 activos; por su parte, la Tasa de Actividad referida al porcentaje de la PEA con respecto a la población de 15 años y más,  para el período en referencia se situó en un 64,2%; incluyendo como personas ocupadas aquellas que trabajan tres (3) horas diarias.

Población Económicamente Inactiva (PEI): Son aquellas personas de 15 años y más, que trabajan menos de 15 horas a la semana (estudiantes, amas de casa, rentistas, pensionados, jubilados y trabajadores familiares), la cual se ubicó para marzo 2012 en 7.489.558 inactivos; por su parte,  la Tasa de Inactividad es el porcentaje de la PEI con respecto a la población de 15 años y más, que para el período en referencia se situó en un 35,8%.

Población Ocupada: Son aquellas personas de 15 años y más que estaban trabajando al momento de ser entrevistadas, las cuales alcanzaron para marzo 2012 un total de 12.390.268 ocupadas; por su parte, la Tasa de Ocupación referida al porcentaje de la población ocupada con respecto a la PEA,  para marzo 2012 representó un 92,1%, con alta participación de las  MIPYMEs y dentro de ellas las microempresas.

Población Desocupada: Son aquellas personas de 15 años y más que no estaban trabajando, y estaban buscando trabajo con remuneración al momento de ser entrevistadas, las cuales alcanzaron para marzo 2012 un total de 1.068.321 desocupados; por su parte, la Tasa de Desocupación referida al porcentaje de la población desocupada con respecto a la PEA, representó para marzo 2012 un 7,9%.

Sector Formal: Se considera que una persona está ocupada en este sector cuando labora en empresas de 5 personas o más, tanto del sector público como del sector privado. También se incluyen a los trabajadores por cuenta propia profesionales universitarios. Para el período en referencia (marzo 21012), se ubicaban en este sector, como ya mencionamos, 7.271.657 personas; mientras que el Porcentaje de Formalidad, entendido como el porcentaje de la población ocupada, se situó en 58,7%.

Sector Informal: Son aquellas personas ocupadas como trabajadores por cuenta propia no profesionales (vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.), al igual que el servicio doméstico. También se incluyen a los patronos, empleados, obreros y trabajadores familiares que laboran en empresas con menos de 5 personas ocupadas. Para el período en referencia (marzo 2012), se ubicaban en este sector, como ya mencionamos, 5.118.611personas; mientras que el Porcentaje de Informalidad, entendido como el porcentaje de la población ocupada en el sector informal con respecto al total de la población ocupada, se situó en 41,3%

Ec. Jesús Alexis González

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