Los
malos augurios de continuar con la tesis de “Guerra Económica”
El
ardid de denunciar una “Guerra Económica” de comerciantes y empresarios le dio
frutos a Maduro a finales del año pasado. Le permitió tomar la iniciativa por
vez primera y remontar la brecha que lo separaba de la oposición en las
preferencias del electorado. En el mejor estilo chavista, escogió un problema
de gran sensibilidad para los venezolanos –el alto costo de la vida- para proyectarse
como un gobernante decidido, “revolucionario”, dispuesto a tomar las medidas
que fuesen necesarias para doblegar este flagelo “en beneficio del pueblo”, que
no se amilana por sus posibles consecuencias.
Su
padre putativo, Hugo Chávez, nunca fue un doctrinario, no obstante abrazar una
retórica comunistoide para identificar su gestión. Mostró tener, sí, una aguda
perspicacia para captar los temores y vulnerabilidades de la gente y
aprovecharse de ello, como Mussolini, para desplegar un pragmatismo oportunista
que le sirviese para adelantar sus propósitos de control. Entretuvo a los
venezolanos con grandes promesas, como el desarrollo del eje Orinoco-Apure o el
gasoducto a Argentina, y nos “vendió” los gallineros verticales, los cultivos
hidropónicos, la ruta de la empanada y las cooperativas como base de su
propuesta societaria -mientras asomaba el coco de las conspiraciones
imperialistas, los intentos de magnicidio y los sabotajes “terroristas”- hasta
atracar finalmente en la idea de un “Socialismo del Siglo XXI”. Invocó, según
fueran las circunstancias, a Marx, a las enseñanzas de Jesús o versiones
edulcoradas de comunidades indígenas precolombinas -dependiendo de la audiencia
a seducir- como su fundamentación.
La
propuesta “socialista” le permitió acaparar áreas crecientes del quehacer
político y económico, así como la destrucción de la institucionalidad del
Estado de Derecho, mientras edificaba un formidable dispositivo de expoliación
de la riqueza social, cuyo reparto discrecional pasó a conformar la columna
central de su ejercicio personalista y autocrático del poder. Este dispendioso
e irresponsable comportamiento pudo durar mientras fluyesen a las arcas del
Estado cuantiosísimos ingresos por exportación de petróleo. Pero, como nos
enseña la historia o la justicia divina –escoja usted-, llega, tarde o
temprano, la ineludible y desagradable tarea de afrontar las consecuencias.
No
se tienen las cifras definitivas sobre el resultado económico del 2013, pero
las de 2012 son preocupantes. De acuerdo con el BCV, las exportaciones totales
para ese año fueron de USA $97,3 millardos, casi todas de origen petrolero. Las
importaciones de bienes y servicios montaron en $75,3 millardos, arrojando un
aparente superávit tranquilizador. No obstante, buena parte del ingreso por
exportaciones no entró al país. Según los estados financieros de PdVSA, hubo un
incremento en las cuentas por cobrar de USA $10.130 millones entre 2012 y 2011,
mayormente debido a los muy generosos créditos a los países asociados en PetroCaribe
para la compra de crudo venezolano. Estimaciones de lo erogado en servir el
crédito chino basados con crudo exportado a ese país sitúan en $8.231 millones
lo que dejó de percibir PdVSA en 2012. Finalmente, el BCV registra que el pago
por servicio de la deuda externa ese año montó en $14.132 millones, lo cual
parece no incluir lo del crédito chino referido antes. En total, por estas
deducciones se redujo el ingreso efectivo a unos $65 millardos. Si,
adicionalmente, se utilizan las cifras de exportación petrolera que registra
para Venezuela el Monthly Report de la OPEP y no los de PdVSA, los ingresos se
reducen aun más, a sólo $40 millardos, magnitud alarmantemente inferior al pago
de las importaciones. ¡No en balde la extrema estrechez de divisas durante 2013!
Según
fuentes noticiosas, las Industrias químicas tenían $550 millones en deudas con
proveedores internacionales por la no entrega dólares CADIVI a finales del año
pasado; la deuda de este ente con empresas electrodomésticas por tal motivo era
de $150 millones; se debían $5 millardos a ensambladoras y autopartistas y $2,6
millardos a las líneas aéreas internacionales; la industria de las
telecomunicaciones invirtió sólo 60% de lo requerido por falta de dólares; y el
Presidente de Fedecámaras, reportó una deuda de $1,8 millardos a la industria
farmacéutica y de $400 millones al sector gráfico, y pare usted de contar.
El
problema está en que, mientras el “comandante eterno” disponía alegremente del
patrimonio de los venezolanos amparado en la prédica socialista, hubo quienes,
dentro del oficialismo, le tomaron la palabra, le creyeron el cuento de
construir un “socialismo del siglo XXI”. Me refiero a los chicos del Frente
Francisco de Miranda quienes, con devoción, se dieron presurosos a poner sobre el
papel los planos de semejante adefesio. Como verdaderos creyentes, no
escatimaron malabarismos para concordar los disparates que se le ocurrían a
Chávez con los autos de fe de la liturgia marxista, peaje imprescindible para
ingresar a la cofradía de quienes sólo aceptan las verdades reveladas de la
Revolución (con mayúscula).
Como
resultado, aparecieron el Primer Plan Nacional Socialista, 2007-2013 y el
reencauchado Plan de la Patria (2013-2019).
Desaparecido
el teniente coronel, con su carisma que disolvía falsamente las dificultades, y
dilapidada la cuantiosa renta, cabe indagar si Maduro y su equipo van a
intentar aplicar este engendro. En juego está si lo de la “Guerra Económica”
fue una habilidosa treta a-lo-Chávez para ganar tiempo y espacio político, o si
constituye la cabeza de proa de un empeño por acabar con lo que queda del
aparato productivo venezolano.
El
sistema de controles extendidos de precio, regulaciones, prohibiciones y
desconocimiento de los derechos de propiedad y procesales consagrados en la
Constitución sobre el cual se monta la tan cacareada “Guerra Económica” de
Maduro, ha generado una situación de precios distorsionados que ha agravado la
incertidumbre en materia económica y ha arraigado un conjunto de incentivos
perversos que hacen sumamente atractivas actividades que el ordenamiento
económico actual ha convertido en ilícitas. Así como el narcotráfico es
estimulado al arreciarse las medidas represivas en su contra porque eleva los
precios y la rentabilidad del “negocio”, los precios artificialmente bajos de
los bienes en el mercado venezolano incentivan el contrabando de extracción,
cuando al otro lado de la frontera pueden venderse mucho más caros. El ejemplo
más notorio es el de la gasolina cuyo precio en Colombia -70 veces mayor (a la
tasa oficial de cambio)- da margen para pagar cualquier cantidad de coimas a
Guardias Nacionales y custodios fronterizos y todavía hacer una fortuna.
Igualmente, el precio oficial del dólar, muy inferior al que equilibraría el
poder de compra interno y externo del bolívar, ha provocado su racionamiento
cada vez más restrictivo y, como resultado, ha disparado su precio en el
mercado paralelo, incentivando la actividad especulativa. Más allá, las
comisiones, sobreprecios y robos descarados encubiertos en muchas
contrataciones con PdVSA y otras dependencias públicas, sin rendición de
cuentas como para hacer la debida contraloría, estimula el arrime a un “pesado”
como la vía más expedita para meterse unos millones. Frente a este dinero
fácil, los empresarios de verdad están obligados a vender a precios que muchas
veces no cubren sus costos, son amenazados con multas, expropiaciones y otros
mecanismos de intervención, no pueden combatir el ausentismo laboral y les es
cada vez más difícil ponerse en los dólares oficiales con base en los cuales le
son fijados los precios de venta. La grosera sobrevaluación del bolívar impide
competir, además, con las importaciones y mucho menos exportar. ¿Puede alguien
sorprenderse de que haya prácticamente desaparecido la inversión productiva,
que escasamente crezca la economía, que haya desabastecimiento? ¿Se puede
esperar que quiénes fueron conminados a vender sus mercancías a descuento
repongan como si nada sus inventarios cuando desconocen a qué tasa podrán
conseguir los dólares y los precios a que deberán vender? El hecho de que el
país que haya implantado la mayor cantidad de controles –Venezuela- tenga, por
mucho, la inflación más elevada de América Latina y la mayor dependencia de las
importaciones, ¿no le dice algo al gobierno?
Entrado
el nuevo año, se anuncia la centralización de todas las importaciones en un
Centro Nacional de Comercio Exterior con requisitos adicionales (pago de
fianza) para las empresas que quieren traer bienes de afuera, la extensión del
sistema de controles de precio (ahora los automóviles) y más “vigilancia”
–punitiva- de las transacciones realizadas a lo larga de las cadenas de
producción y distribución de bienes y servicios. El gobierno parece creer que
los graves desequilibrios de la economía venezolana, que amenazan con mayor
inflación, desempleo y escasez este año, puede resolverse mano militari, impartiendo
órdenes y castigando a quienes, por otro lado, incentiva con su manejo de la
economía a especular y acometer negocios turbios. Es la “Guerra Económica”
pues, que será librada hasta que no quede “ladrillo sobre ladrillo” de
actividad económica autónoma. Dentro de esta psicosis bélica el Banco Central
esconde las cifras de inflación, por primera vez no da a conocer su Mensaje de
Fin de Año sobre el desempeño de la economía y libra un “parte de guerra” sobre
la escalada de precios atribuida a “sectores de la oposición política y algunos
empresarios” que agudizaron “artificialmente el deterioro de variables
económicas”, aprovechándose de “la enfermedad y el fallecimiento de nuestro
líder (¡!), Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”. Prosigue el otrora serio
instituto: “se conjugaron tensión política y desestabilización económica en la
forma de una auténtica guerra económica en
perjuicio del pueblo
venezolano…”. ¡Qué vergüenza!
El
disfrute de las mieles del poder ciega al resentido. Mas si tiene a mano un
dogma que le ahorra tener que pensar. ¡Aprés moi le déluge!
Nos
esperan tiempos difíciles este año. En una próxima entrega examinaremos el Plan
de la Patria.
Humberto
García Larralde
humgarl@gmail.com
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