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domingo, 11 de enero de 2015

MANUEL MALAVER, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN BAJO EL ASEDIO DE “LOS FUNDAMENTALISMOS DEL SIGLO XXI”

MANUEL MALAVER
“Los fundamentalismos del Siglo XXI” no son iguales, ni siquiera parecidos, pero no hay dudas que comparten una pasión que es como su huella dactilar, la prueba que dejan de los desafueros donde, por lo general, siembran la muerte, el terror o el silencio: es su odio a la libertad de expresión, y la decisión de destruirla en cualquiera de sus expresiones, pues están convencidos que, donde haya hombres y mujeres libres, es imposible que germine su mensaje árido, pútrido y seco.

Y tras este objetivo, es indiferente que estén instalados en los desiertos del Cercano, Medio o Lejano Oriente, o en las selvas, llanos y cordilleras sudamericanas, o en los cómodos butacones de estados neototalitarios que, desde Managua, Caracas, Quito, La Paz o Buenos Aires, activan la censura casi con la única misión de que no se conozcan las corruptelas, incompetencias y violaciones masivas de los derechos humanos de sus regímenes con vocación vitalicia y dinástica.

Pueden llamarse, entonces, “Estado Islámico”, Al Qaeda, FARC, ELN, “Guerreros Unidos”, carteles de Tijuana o Sinaloa, imperio ruso o república china, revoluciones cubana y nordcoreana o “Socialismos del Siglo XXI”, pues, en cualquiera de estas denominaciones, no perderán segundos para que periodistas y editores sean asesinados, o medios impresos, televisoras y emisoras desaparezcan o sean de ellos y solo de ellos.

Los recientes asesinatos en París de cuatro caricaturistas del semanario satírico “Charlie Hebdo” (Stephane Charbonnier, “Charb”; Jean Cabut, “Cabu”; Georges Volinki; y Bernard Verlhac, “Tignous”) y siete de sus compañeros de redacción por un comando del “Estado Islámico” o de Al Qaeda, es la última, sangrienta, escalofriante y perturbadora prueba de hasta dónde puede llegar la barbarie de los fundamentalismos.

Pero no se piense que es la única de cuantas han estremecido la opinión mundial en los últimos meses, pues en el semestre final del 2014, el planeta se enteró con horror de brutales decapitaciones públicas de comunicadores, como las de los reporteros autónomos británicos, James Foley y Steven Sotloff a manos de militantes del autoproclamado “Estado Islámico”.
Hubo mucha violencia en el mundo contra el periodismo y los periodistas durante el año pasado, como que, “Al menos 118 periodistas murieron en ataques con bomba o incidentes de fuego cruzado en el 2014 y Pakistán es el país más peligroso y riesgoso para la profesión”, según un informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

En su 24ª lista anual la FIP califica a la región Asia Pacífico por segundo año consecutivo como la más peligrosa, con un total de 35 periodistas muertos, entre ellos el corresponsal de la AFP en Kabul, Sardar Ahmad, víctima de un ataque en un hotel de la capital afgana en el que murieron su esposa y dos de sus tres hijos menores de edad.

Le sigue Oriente Medio con 31 fallecidos, América con 26, África con 17 y Europa con 9. Pakistán, con 14 periodistas muertos, y Siria, con 12, son los dos países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.

En América Latina 25 reporteros murieron en hechos de violencia registrados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Honduras, México, Paraguay y Perú”

Sin embargo, la que nos interesa destacar es la violencia desatada “por el régimen de terror del crimen organizado, que en países como Honduras y México produjo un total de 11 periodistas asesinados”

“En esos dos países, muchos periodistas pagan con su vida por informar sobre sucesos tales como la corrupción o el tráfico de drogas”, añade la FIP que extrae esta conclusión de la misión que llevó a cabo en septiembre en el estado mexicano de Guerrero, “una de las áreas más violentas de México”, con el propósito de “alertar a las autoridades de la necesidad de una acción drástica para proteger a los periodistas locales”.

Pero en eso en cuanto a periodistas asesinados “con ataques de bombas o incidentes de fuego cruzado”, o simplemente por la acción de comandos del “Estado Islámico”, Al Qaeda, las FARC, los carteles de la droga, o el terrorismo de estado de los regímenes de Rusia, Bielorrusia, Irán, Siria o Irán, porque en lo que se refiere a la acción de no matar periodistas, sino medios, ese récord lo está batiendo la dictadura neototalitaria de Nicolás Maduro en Venezuela.

Al efecto, es bueno subrayar que Maduro no está cerrando medios impresos, ni radioeléctricos a la usanza de los viejos totalitarismos que, simplemente, enviaban pelotones de soldados a bajarles la Santamaría y conducir a las cárceles y cámaras de tortura a sus dueños, redactores y anclas, sino, a los primeros, negándoles dólares para que no puedan proveerse de papel, y a los segundos, forzando a sus propietarios a venderlos a agentes del gobierno que proceden a despedir a los periodistas de oposición y a sustituirlos por burócratas que siguen la línea oficial.

Así desaparecieron hasta 100 diarios el año pasado en toda Venezuela, y en la capital, Caracas, de seis grandes diarios nacionales, dos (los de mayor circulación) cambiaron de dueños y se convirtieron en oficialistas, dos están siendo presionados y forzados a vender, y apenas, dos, se mantienen independientes y de oposición.

En cuanto a la televisión, puede asegurarse que la escabechina ha sido más profunda y devastadora, pues de cinco canales independientes que existían cuando comenzó Chávez en 1998, tres fueron presionados para que se adscribieran a la línea oficial, a uno no se le renovó la licencia y fue obligado a cerrar, y el sobreviviente que era un canal de cable pero de oposición, fue comprado por agentes del gobierno de Maduro y transformado en órgano del dictador y sus políticas.

En lo que se refiere a las emisoras de radio, apenas sobreviven unas pocas, pero boicoteadas y asfixiadas y en espera de que en algún momento tengan que silenciar sus transmisores.

En otras palabras que, desde el poder de un estado, y valiéndose de argucias, algunas veces seudolegales, y otras simplemente autoritarias, el “fundamentalismo del Siglo XXI” que encarnan Nicolás Maduro y su revolución, también se proponen los objetivos de los integristas del “Estado Islámico”, de Al Qaeda y de las bandas del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero solo que de una manera más solapada, menos ruidosa y menos sangrienta.

Pero estableciendo y logrando el estrangulamiento de las voces disidentes, para solo dejar oír el vozarrón de este disparatero que completa cabalmente la obra de la destrucción de Venezuela que dejó pendiente Chávez o una propaganda oficial que trata de convencer a los venezolanos de que no hay inflación, desabastecimiento, violencia y vivimos en el mejor de los mundos posibles.

Maduro, sin embargo, no es el único “fundamentalista Siglo XXI” que en Sudamérica la ha emprendido contra la libertad de expresión y con el ánimo de hacerla desaparecer, sino que en Ecuador, Rafael Correa, lleva seis años desapareciendo medios y multando y encarcelando periodistas y confesando de manera pública y abierta que no tolera la libertad de expresión y que no descansará hasta verla reducida a su mínima expresión.

Sinceridad que no forma parte del estilo de Cristina Kirchner, presidenta argentina que emprendió una guerra contra la familia propietaria del grupo de medios “Clarín”, a quienes, incluso, acusó en los tribunales de haber adoptado a sus hijos legítimos de una pareja desaparecida durante la monstruosa dictadura del general, Videla.

Casos, historias y expedientes de la más diversa índole, con argumentos de disímiles facturas, pero que en todos está la presencia y el furor de “los fundamentalismos del Siglo XXI” contra los hombres y mujeres libres de todo el planeta.

Manuel Malaver
manuelmalaver@gmail.com
@MMalaverM

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viernes, 18 de mayo de 2012

CHARITO ROJA, ¿POR QUÉ ATACAN A NOTITARDE?

La forma arbitraria como el gobierno chavista ha encarado el tema fundamental de la libertad de expresión, denota su desprecio absoluto hacia la democracia establecida en una Constitución Nacional que estiran o rompen a la medida de su gordura comunista.
La libertad de expresión no es solo poder manifestar libremente el pensamiento propio, por cualquier vía, sino que también implica poder hacerlo sin tener consecuencias negativas. Es decir, sin que te procesen, insulten, descalifiquen, boten o te tengas que exilar o hasta morir para defender tus ideas. La única limitante para libertad de expresión es el respeto hacia los términos legales establecidos en las leyes. Nadie, alegando libertad de expresión, puede difamar, mentir o dañar a otra persona. Tampoco incitar a terceros a tales agresiones.
La libertad de expresión lleva conexas la libertad de prensa y la libertad de información, ésta última referida casi en exclusiva al derecho que tiene todo ser humano a buscar la información donde desee, a escoger el medio impreso o electrónico, la televisora o radio que le va a suministrar la información que necesita.
Sólo teniendo claros estos conceptos podemos medir el nulo interés de este gobierno de al menos aparentar respeto por la libertad que tienen no solo los periodistas y los medios sino todos los venezolanos de expresar sus opiniones libremente, en el medio que escojan y sin consecuencias negativas para ellos. Mientras más se cierra la ventana de la libre expresión, más dictatorial es el régimen.
Aunque se disfrace de demócrata y sus seguidores repitan como loros que en este país hay plena libertad de expresión porque hay columnistas y periodistas que decimos lo que queremos, lo que no aclaran es la segunda parte: que eso tiene consecuencias nefastas y que el gobierno usa todas sus armas para silenciar las voces disidentes.
Hay que ser muy ciego o muy fanático o tener grandes intereses económicos para no darse cuenta que en trece años y medio, la radio ha sido amedrentada, amenazada y cerrada. Después del cierre de 34 emisoras y la salida del aire de la mayoría de los programas de opinión que actuaban como tribunas para el público, lo que hay en las emisoras venezolanas es una lamentable autocensura, solo violada por alguna emisora que ya tiene poco que perder o por algún ancla que bajo peligro de ser sacado del aire, se arriesga a alguna crítica. Una a una, las figuras emblemáticas del periodismo libre venezolano han salido del aire o les han obligado a “bajar el tono”.
Y quienes pierden son los ciudadanos, que cada vez tienen menos espacios para la denuncia, para la comunicación de los problemas que les afectan. Para nadie es un secreto que ni las emisoras comunitarias, ni las televisoras y radios oficiales aceptan denuncias ciudadanas. Ellos están en otro país, donde no hay problemas de agua, luz, vivienda o inseguridad. En el país de los medios oficialistas solo existe una revolución, según ellos, bonita.
Después del cierre de RCTV hace ya casi cinco años, cualquier agresión hacia un medio de comunicación, es cosa menor. Si se atrevieron a cerrar la planta más grande, la decana de la televisión nacional ¿no se atreverán a cerrar una emisora de radio o una televisora local? Por supuesto que sí. La Ley Resorte, las reforma a la Ley de Telecomunicaciones y al Código Penal tienen como verdadero objetivo un férreo control de la información y la opinión en los medios de comunicación.
Contraste entre democracia y dictadura
Vamos a estar claros que a ningún gobierno le gusta las críticas de la prensa libre. Pero los democráticos la toleran mientras que los totalitarios la persiguen. La revista Time, una de las más prestigiosas y antiguas revistas del mundo occidental acaba de publicar en su portada una foto del Presidente Barak Obama con una corona con los colores de la bandera gay. El titular: ” Barak Obama. El Primer Presidente gay”. La frase que alude a que es el primer presidente norteamericano que apoya abiertamente el matrimonio gay podría también interpretarse en el sentido de que Obama tiene esa preferencia sexual. Hasta este momento, Obama no ha insultado a la revista, a sus dueños, a los periodistas, a la prensa libre, no ha mandado a recoger la revista, ni ha enviado fiscales de impuestos para que le revisen hasta la última factura. Tampoco ha ordenado que no le vendan papel para imprimir, ni los seguidores de Obama han tapizado las calles de Estados Unidos con pancartas ofensivas para Time. Eso es democracia.
En Cuba, esto no puede suceder. Ningun órgano de prensa critica a los Castro, ni revela cómo ellos llevan sesenta años viviendo a costa de la sangre cubana. Porque no hay prensa libre es que los cubanos han podido ser adoctrinados, porque llevan sesenta años oyendo una sola campana, los libros o periódicos de ese otro mundo donde hay libertades ciudadanas, han sido quemados o prohibidos. Solo se lee, se ve o se escucha lo que le conviene a los amos de la isla. No hay programas de opinión, la gente no acude a los periódicos para denunciar sus problemas, no hay articulistas que escriban temas de interés ciudadano. Dos periódicos hay en la isla: Gramma, gubernamental por supuesto y el periódico del partido comunista, gubernamental para qué decirlo. Allí tienen la medida exacta de la libertad en Cuba, pues la libertad de expresión es la medida de las otras libertades.
Modernamente se atribuyen seis tareas fundamentales a la prensa: 1)servir a la democracia brindando información, discusión y debate sobre los asuntos públicos 2)ilustrar al público para capacitarlo en el autogobierno 3) proteger los derechos del individuo frente al poder del gobierno 4) hacer un servicio al mercado, acercando a compradores y vendedores de bienes y servicios mediante los avisos de publicidad 5) brindar entretenimiento 6) mantener su propia autosuficiencia financiera para librarse de las presiones de los intereses especiales.
Por qué atacan a Notitarde
Y por fin llegamos al punto, porque estas tareas son exactamente las que hace cumplidamente Notitarde, diario que esta siendo atacado por el oficialismo dirigido desde el Consejo Legislativo Regional, siguiendo la línea del Presidente de la Asamblea Nacional. Hay que destruir el prestigio de este periódico que en sus años de historia ha servido a la comunidad carabobeña como norte y principio. Y todos los gobiernos se han molestado en algún momento con el periódico que siempre está del lado de las libertades democráticas. ¿Cuántos periódicos en el país tienen una página llamada “El pueblo en la redacción” donde todos los que acuden pueden hacer sus denuncias y peticiones para que la autoridad respectiva les atienda?¿Cuántos periódicos diversifican sus páginas para ponerla al servicio de poblaciones del estado para que tengan esa ventana informativa de salida nacional? Y en estas aciagas circunstancias del disfraz de democracia que vive el país, ¿cuántos periódicos se han arriesgado a mantener a columnistas que como yo, pueden resultar hasta peligrosos, solo por defender el derecho a la libertad de expresión?
Esta ofensiva contra el periódico, bajo la ridícula acusación de que como se cumplió un contrato publicitario de un candidato, aceptado por el CNE y aprobado por el Seniat, llamado Aldalá Makled, quien no estaba acusado ni juzgado cuando optaba por la Alcaldía de Valencia y publicaba sus avisos, tiene el preciso objetivo de amedrentar, chantajear y silenciar a un medio de comunicación que les dice la verdad en su cara. Verdades tan simples como que este Consejo Legislativo no se ha ocupado de los casos de corrupción que corroen las entrañas de su revolución, como el de la comida podrida de Mercal en Puerto Cabello, o la contaminación de las aguas carabobeñas que están enfermando al pueblo. Jamás han acudido como representantes de Carabobo a la Asamblea Nacional a exigir recursos para la infraestructura del estado o para mejorar los servicios de salud de los hospitales regionales. Al contrario, se la pasan saboteando el presupuesto estatal y cualquier acción que emprenda el gobierno regional, sólo porque no es de su tolda roja el gobernador.
Esta campaña contra Notitarde tendrá consecuencias. La primera de ellas, que fortalecerá a todos los periodistas de esta casa, más claros que nunca en que su función es ser los ojos, oídos y palabras de este pueblo que no es escuchado por un Consejo Legislativo ocupado de servir a un hombre y no a quienes los eligieron. Luego, las pancartas, grafittis, repetidores, calcomanías y todo el material insultante contra Notitarde tiene un costo económico y un responsable de su financiamiento. Malversar dineros públicos es un delito y más temprano que tarde los responsables serán denunciados públicamente para que paguen por su falta.
Por último, déjenme decirles que para gran arriechera de los oficialistas, esos sucios manejos no hacen sino incrementar la fe que los lectores tienen en la pulcritud de este periódico, que se está vendiendo como pan caliente. Recuerden: cada vez que guindan una pancarta insultante, vendemos mil periódicos más.
La denuncia contra Notitarde no tiene pies ni cabeza, pero la malversación y la calumnia sí. Siempre recuerdo a los obnubilados que llegan a creer que el cargo o el poder es para siempre, que yo como periodista he visto pasar seis presidentes, cientos de Ministros, miles de gobernadores y alcaldes. Todos ellos pasaron…y los periodistas seguimos aquí. Porque la prensa libre siempre estará de frente a cualquiera que detente el poder y al lado del pueblo, que es con el único que tenemos compromiso.

Charitorojas2010@hotmail.com
Twitter:@charitorojas

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sábado, 25 de febrero de 2012

REDLAD: EN RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN EN ECUADOR.

COMUNICADO CONJUNTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA (REDLAD) Y UN MUNDO SIN MORDAZA EN RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN EN ECUADOR.FEBRERO DE 2012.
Petición: Presidente Rafael Correa detenga la persecución contra la libertad de expresión y de prensa y respete los derechos humanos y la CIDH La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en conjunto con Un Mundo sin mordaza y los firmantes de este comunicado alertan de los peligros que sufren la libertad de expresión y prensa en Ecuador. El gobierno del Presidente Correa, continúa con una política de persecución en contra de los medios de comunicación y grupos de presión que han denunciado irregularidades y prácticas antidemocráticas.

En febrero de 2011, el presidente demandó a los dos periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón por 10 millones de dólares, por daño moral e injurias. En julio de 2011, Rafael Correa demandó al diario El Universo por el mismo motivo, luego de artículos publicados en la sección de opinión del periódico en donde alertaban de serias deficiencias en el gobierno. La demanda contra El Universo, exigía tres años de prisión y una multa de 80 millones de dólares contra los dos Directivos y el Ex Editor de Opinión del diario el Universo, a quién Correa obligó a renunciar. La demanda fue acogida en su totalidad por un magistrado ecuatoriano. En el Poder Judicial, el Asambleísta Abdalá Bucaram solicitó una acción de protección sobre 10 derechos violentados en el país, y a pesar de ser acogida la acción por parte de la jueza Mariela Zunino en resolución 034-11, fue finalmente descartada y revocada por decisión expresa del presidente Correa.En días pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno ecuatoriano medidas cautelares de protección para los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez así como para Emilio Palacios, todos del diario El Universo y juzgados por Correa. El gobierno de Panamá, ofreció asilo a Carlos Pérez.

A raíz de esto, el gobierno ecuatoriano, a través del canciller Ricardo Patiño ha anunciado que las medidas solicitadas por la CIDH son “inejecutables”, además, se solicita a la entidad interamericana fundamentar su pedido de medidas cautelares de protección. Luego de haber sido otrogadpo asilo a los perseguidos el gobierno ecuatoriano, pide además al gobierno panameño justificar las razones de la concesión de asilo a los enjuiciados. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Un Mundo sin Mordaza y los firmantes de esta petición:

Solicitan la inmediata intervención de la OEA y de su Secretario General José Miguel Insulza para que se procuren los mecanismos que detengan la continúa violación de derechos humanos en Ecuador y en particular la persecución constante contra la libertad de expresión. Instan a la Comunidad Internacional, gobiernos democráticos de América y organismos adscritos a la Organización de Estados Americanos y al Sistema de Naciones Unidas a exigir el respeto de la libertad de expresión y demás libertades consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Exigen al gobierno ecuatoriano, el respeto y ejecución inmediata de las medidas cautelares de protección expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se solidarizan con los medios de comunicación y ciudadanía ecuatoriana, en particular con los personeros del diario El Universo y otros diarios sujetos de persecución gubernamental invitan a las Organizaciones de la Sociedad Civil del continente, medios de comunicación masiva, medios de comunicación local y grupos defensores de la libertad de prensa, expresión y pensamiento a manifestarse y movilizarse sobre el caso y exigir el pleno respeto a la libertad de expresión en América. A su vez, se insta a organizar y desarrollar una movilización multitudinaria internacional el 27 de mayo de 2012, manifestada a través, de marchas pacíficas en los diferentes países para exigir a los gobernantes políticos mundiales el respeto a la libertad de prensa y expresión.

AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA DESTINATARIO: JOSE MIGUEL INSULZA (OEA), RAFAEL CORREA (PRESIDENTE DEL ECUADOR), MARVIN SCHULZ (PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO) CATALINA BOTERO (OEA), SANTIAGO CANTON (OEA), CONSEJO PERMANENTE OEA

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en conjunto con Un Mundo sin mordaza y los firmantes de este comunicado alertan de los peligros que sufren la libertad de expresión y prensa en Ecuador. El gobierno del Presidente Correa, continúa con una política de persecución en contra de los medios de comunicación y grupos de presión que han denunciado irregularidades y prácticas antidemocráticas.


En febrero de 2011, el presidente demandó a los dos periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón por 10 millones de dólares, por daño moral e injurias. En julio de 2011, Rafael Correa demandó al diario El Universo por el mismo motivo, luego de artículos publicados en la sección de opinión del periódico en donde alertaban de serias deficiencias en el gobierno. La demanda contra El Universo, exigía tres años de prisión y una multa de 80 millones de dólares contra los dos Directivos y el Ex Editor de Opinión del diario el Universo, a quién Correa obligó a renunciar. La demanda fue acogida en su totalidad por un magistrado ecuatoriano. En el Poder Judicial, el Asambleísta Abdalá Bucaram solicitó una acción de protección sobre 10 derechos violentados en el país, y a pesar de ser acogida la acción por parte de la jueza Mariela Zunino en resolución 034-11, fue finalmente descartada y revocada por decisión expresa del presidente Correa.

En días pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno ecuatoriano medidas cautelares de protección para los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez así como para Emilio Palacios, todos del diario El Universo y juzgados por Correa. El gobierno de Panamá, ofreció asilo a Carlos Pérez.

A raíz de esto, el gobierno ecuatoriano, a través del canciller Ricardo Patiño ha anunciado que las medidas solicitadas por la CIDH son “inejecutables”, además, se solicita a la entidad interamericana fundamentar su pedido de medidas cautelares de protección. Luego de haber sido otrogadpo asilo a los perseguidos el gobierno ecuatoriano, pide además al gobierno panameño justificar las razones de la concesión de asilo a los enjuiciados.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Un Mundo sin Mordaza y los firmantes de esta petición:

Solicitan la inmediata intervención de la OEA y de su Secretario General José Miguel Insulza para que se procuren los mecanismos que detengan la continúa violación de derechos humanos en Ecuador y en particular la persecución constante contra la libertad de expresión.

Instan a la Comunidad Internacional, gobiernos democráticos de América y organismos adscritos a la Organización de Estados Americanos y al Sistema de Naciones Unidas a exigir el respeto de la libertad de expresión y demás libertades consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Exigen al gobierno ecuatoriano, el respeto y ejecución inmediata de las medidas cautelares de protección expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se solidarizan con los medios de comunicación y ciudadanía ecuatoriana, en particular con los personeros del diario El Universo y otros diarios sujetos de persecución gubernamental.

Invitan a las Organizaciones de la Sociedad Civil del continente, medios de comunicación masiva, medios de comunicación local y grupos defensores de la libertad de prensa, expresión y pensamiento a manifestarse y movilizarse sobre el caso y exigir el pleno respeto a la libertad de expresión en América. A su vez, se insta a organizar y desarrollar una movilización multitudinaria internacional el 27 de mayo de 2012, manifestada a través, de marchas pacíficas en los diferentes países para exigir a los gobernantes políticos mundiales el respeto a la libertad de prensa y expresión.

secretariado@redlatinoamerica.org


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lunes, 19 de diciembre de 2011

SUSANA MORFFE: VENEZUELA EN RETAZOS (ENTRE CIELO Y TIERRA)

Todo en el país se encuentra a la inversa en  lo que se refiere a las leyes, los recursos económicos, el comportamiento ciudadano y los derechos que tiene cada quien por el simple hecho de ser individuos de  esta sociedad.

La libertad de expresión ahora solo le pertenece a los políticos, el derecho a la vida le pertenece al hampa, la privacidad es un derecho que ya no se puede tener porque forma parte del capitalismo salvaje. La justicia es solo para los más cercanos al régimen por lo que un ciudadano común se puede ir despidiendo de su defensa contra un ataque, verbal o físico, porque la impunidad es el nuevo código de la ley del embudo.
Estamos en el país bizarro donde el ordenamiento social ha sido llevado a su máxima intolerancia. Lo que está pasando en el país pareciera que no le preocupa a la gente sensata, ver por ejemplo, ante sus propios ojos, situaciones tan insólitas que producen espasmos. Y no es que lo del pasado fue mejor,  aquello que vivimos también tuvo sus decepciones.
Ahora nos ubicamos en el lugar de las incoherencias, y sabemos reconocerlas, como la corrupción, pero las aplaudimos porque la nada es mejor que lo peor. Insensibilidad, desprotección y una atmósfera de vida poco desarrollada que no permite  vivir de acuerdo con la constitución  para no ser considerados en estado de esclavitud, sino protegidos.

La complicidad se sigue manteniendo como una norma para derrumbar costumbres, creencias, valores y hasta la organización del país para que no existan modos de vida precarios que no han sido superados aún con la legislación vigente. El asunto está planteado así “si te resbalas pierdes” o “lo tomas o lo dejas”. Entretanto, soportar situaciones de relajamiento social resulta una nueva frustración.
Solo vemos que algunos sectores están interesados en la situación del país, pero en el fondo tampoco hacen nada o muy poco para que se produzca un cambio. Todo está en las manos de unas posibles elecciones que igualmente forman parte de lo incierto, con aproximaciones de encuestadoras o adivinadores de oficio. Pasa el tiempo y Venezuela sigue cayéndose a pedazos ¿Quién recogerá el último retazo?
En verdad nos balanceamos entre  la lealtad y el miedo, dos ingredientes que calzan a la perfección para fines personalistas del poder en esta Venezuela a la que le urge hasta un zapatero remendón.


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jueves, 20 de octubre de 2011

ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ: IRRESPETO A DH BICENTENARIO (CON VOZ PROPIA)

El 24 de octubre 1808 se registró el nacimiento de la prensa en Venezuela con la Gazeta de Caracas, y en ese mes de este siglo XXI, el régimen que más ha violado el derecho a la información rechazó  recomendaciones de acatarlo expuestas en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU.
LA GACETA DE CARACAS
ANDRES BELLO
Varios países, algunos considerados aliados como Brasil, se pronunciaron en defensa de tal derecho, consagrado constitucionalmente por primera vez en el mundo hispano  en la Carta Magna de 1811 y establecido en la actual con mayor número de normas (13).
Menospreció el régimen la responsabilidad de libre expresión como insinuó Eslovenia. Igual posición tuvo las  sugerencias de Eslovaquia de armonizar el marco jurídico con las obligaciones internacionales; proporcionar pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social (mcs) como componente del derecho a la información y asegurar que los periodistas se desempeñen sin  procesos injustificados.
También desdeñó la sugerencia de Canadá de eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea los derechos humanos y promover la libre expresión sin restricciones indebidas. En ese sentido se pronunció Noruega al aconsejar modificación de los Código Penal y el Orgánico Militar.
 Negadas fueron las insinuaciones de Suiza e Israel de respetar  y proteger la libertad de expresión y abolir el uso del sistema judicial para silenciar a críticos del gobierno.
Jamás pensó Francia que desaprobaría la renovación de la libre  expresión y de opinión plural y la garantía de acceso a la información con medidas para combatir amenazas y ataques contra los periodistas.
Otro rechazo provocó la advertencia de Alemania de reevaluar la legislación de los mcs e intensificar esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas.
Reprobada resultó la invitación de Australia de garantizar acceso oportuno y efectivo a la información gubernamental. Contradictoriamente el régimen difirió la indicación de “tomar medida para proteger la libertad de expresión y de opinión de acuerdo al pacto internacional de derechos civiles y políticos”.
Quedó claro el acoso contra medios y comunicadores por el régimen que tiene periodistas presos, enjuiciados y exiliados; la inobservancia de sentencias y medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el impedimento a relatores de Libertad de Expresión de ONU y OEA de verificar in situ infracciones a libertad de información.
Y para ratificar su evidente y cuestionada línea de limitar el derecho fundamental de la información ordenó el criminal atropello contra Globovisión.
E irrespetando el bicentenario de ese derecho humano (DH) el régimen conmemora el 203º aniversario de aquel histórico 24 de octubre, antes Día Nacional del Periodista.
NOTA MARGINAL: A lo que nos ha llevado la corrupta dirigencia. Un partido comunista que se opuso al ingreso del Che Guevara a la guerrilla venezolana, hoy sumisamente acepta la invasión cubana sin disparar un solo tiro a instalaciones militares. Y para colmo que cuarteles icen la bandera antillana. 
albertojordanh@gmail.com.

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jueves, 14 de julio de 2011

VENEZUELA: HRF DEPLORA LA CONDENA A DOS AÑOS DE PRISIÓN CONTRA OSWALDO ÁLVAREZ PAZ

Nueva York (14 de julio de 2011) – La Human Rights Foundation (HRF) deploró hoy la condena a dos años de prisión dictada contra Oswaldo Álvarez Paz por expresar opiniones críticas del gobierno de Venezuela en un programa de televisión. La sentencia condenatoria se leyó anoche luego de 16 meses de juicio. En los próximos diez días, el juez debe definir si Álvarez Paz cumple su pena en la cárcel o bajo libertad condicional.

"El mensaje es claro: critique al presidente Chávez por la televisión y podrá convertirse en un criminal convicto", dijo Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la HRF. "Entre todos los casos de persecución política en Venezuela, el de Oswaldo Álvarez Paz es el que mejor representa el deterioro de la democracia venezolana. Un parlamentario lo denunció, un fiscal lo acusó, la policía política lo detuvo, y un juez lo condenó por criticar al presidente. Chávez no necesitó mover un dedo. El sistema represivo funciona a la perfección", explicó Halvorssen.

El 8 de marzo de 2010, Álvarez Paz, ex gobernador de Zulia, criticó por televisión la situación de los derechos humanos en Venezuela y difundió información sobre supuestos vínculos del gobierno venezolano con el narcotráfico, con ETA y con las FARC. Al día siguiente, un miembro de la Asamblea Nacional denunció sus declaraciones ante el Ministerio Público (MP). Diez días después, el MP lo acusó formalmente por los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa. Álvarez Paz fue luego encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por 51 días, y desde entonces ha estado bajo libertad condicional.

Anoche, el Tribunal 21° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas leyó la parte dispositiva de la sentencia condenatoria, declarando a Álvarez Paz culpable de la comisión del delito de "difusión de información falsa" y condenándolo a dos años de prisión (durante el proceso penal el MP declinó las acusaciones por los otros dos delitos). De acuerdo al artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, el juez tiene hasta diez días para hacer pública la sentencia escrita, en la que se definirá si Álvarez Paz debe cumplir su condena en la cárcel o bajo libertad condicional.

"Con esta condena, Venezuela continúa demostrándole al mundo que ha dejado de ser un país libre y democrático", enfatizó Halvorssen.

El 5 de abril de 2010, HRF declaró a Álvarez Paz prisionero de conciencia del gobierno de Venezuela, luego de publicar un informe jurídico que determinó que las acciones a cargo de los distintos órganos del Estado venezolano que hicieron posible la acusación, detención y enjuiciamiento de Oswaldo Álvarez Paz, violaron el estándar internacional de protección de la libertad de expresión.

"El derecho internacional prohíbe la penalización de las expresiones u opiniones, especialmente cuando están dirigidas contra los funcionarios públicos, porque tales son las exigencias de una sociedad democrática", señaló Javier El-Hage, director jurídico de la HRF. "La condena contra Oswaldo Álvarez Paz por expresar opiniones críticas contra el presidente Chávez y su gobierno viola el derecho internacional y hace al Estado venezolano responsable internacional", concluyó El-Hage.

Desde el año 2000, el Estado venezolano ha venido restringiendo sistemáticamente el derecho a la libertad de expresión de las personas dentro de su territorio. Desde 2007, Venezuela ha sido condenada repetidas veces por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a la libertad de expresión. Venezuela es el único Estado del continente americano que no permite el ingreso de la Comisión a su territorio.

En 2008, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia que declara "inejecutable" una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que "solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar" la Convención Americana sobre Derechos Humanos "ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana". Desde el año 2009, el índice para la libertad de expresión en el mundo, elaborado anualmente por la organización Freedom House, ha calificado a Venezuela como un país "no libre". Otros Estados en el mundo con esta calificación son China, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Libia, Birmania y Turkmenistán.

La Human Rights Foundation (HRF) es una organización internacional, apolítica, dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de la HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. La HRF no justifica ni aboga por la violencia. El Consejo Internacional de la HRF está constituido por individuos que fueron presos de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel, Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.

Contacto:
Pedro Pizano, Human Rights Foundation, (212) 246.8486, pedro@thehrf.org.

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miércoles, 22 de junio de 2011

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Desde el año 2000, la CIDH ha venido observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica.

Por información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión. Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 31 de julio de 2009, 34 radioemisoras de FM y AM debieron cesar sus transmisiones de manera inmediata.
En las decisiones que revocan los permisos o licencias, se habría argumentado razones técnicas relativas al masivo incumplimiento de algunas disposiciones de la ley de telecomunicaciones. Por otro lado, la CIDH recibió información de que las autoridades habrían anunciado como una de las razones para proceder a los cierres que se trata de emisoras que “juegan a la desestabilización de Venezuela”.
La CIDH expresa su preocupación por la existencia de elementos que sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para el cierre de estas radioemisoras. La Comisión reconoce la facultad del Gobierno de regular las ondas radioeléctricas, pero destaca que dicha facultad debe realizarse con un estricto apego al debido proceso y respetando los estándares interamericanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión de todas las personas.
En particular, las limitaciones impuestas a la libertad de expresión no deben fomentar la intolerancia, ni pueden ser discriminatorias, producir efectos discriminatorios o estar fundadas en la línea editorial de los medios de comunicación.
Por otro lado, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es sancionar los llamados “delitos mediáticos”. El proyecto prevé penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que divulguen información “falsa” o que produzca “perjuicio a los intereses del Estado”, y también establece penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que se nieguen a informar sobre “hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley representaría un serio retroceso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
Asimismo, la CIDH recibió información de que el 3 de agosto de 2009 personas armadas ingresaron por la fuerza a la sede del canal Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas. Este ataque se suma a otros hechos de violencia que se han registrado en los últimos años contra los periodistas y trabajadores de Globovisión y otros medios de comunicación que tienen una línea editorial crítica al Gobierno.
La CIDH insta al Estado a investigar estos hechos, sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los periodistas y trabajadores de Globovisión y de todos los medios de comunicación de manera que puedan realizar su tarea sin restricciones.
La CIDH en reiteradas oportunidades ha expresado su seria preocupación por la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Asimismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado su preocupación y ha enviado numerosas comunicaciones al Estado, solicitando información y expresando la necesidad de que las disposiciones legales y administrativas se ajusten a los estándares interamericanos en la materia.
El cierre de 34 emisoras de radio, la amenaza de más cierres, las agresiones a periodistas y ataques a medios con línea editorial crítica, y el reciente proyecto de ley representan graves limitaciones al libre ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

La CIDH está abocada a preparar un informe sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Las solicitudes de información sobre estos temas de libertad de expresión forman parte de los esfuerzos de la Comisión Interamericana con el objeto de obtener insumos para la elaboración de dicho informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a país alguno en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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viernes, 29 de abril de 2011

EL DERECHO DE OPINIÒN Y A LA INFORMACIÓN. ZENAIR BRITO CABALLERO

Para lograr un equilibrio responsable entre libertad e igualdad en una verdadera sociedad democrática, es necesaria la voluntad política compartida que garantice  lealmente y sin cortapisas la libertad de prensa, de modo que haya tanto un cabal reconocimiento de la libertad de expresión Y de opinión como un resguardo del derecho de la sociedad venezolana a informarse debidamente

Este es un derecho fundamental del público: ha ser informado, considerado como parte de un acto de justicia: el dar a nuestra sociedad venezolana una correcta percepción de sí misma, al tiempo que se permite a cada persona tener una adecuada integración al entorno que lo rodea. Con la adecuada información de los medios cada persona tiene más opciones donde elegir, lo que aumenta, consecuentemente, la libertad social. Así, la libertad de información, opinión o libertad de prensa puede sustentar tanto una libertad de expresión para todos los ciudadanos que leen las columnas de opinión o a los articulistas, como también el respaldo más profundo de un derecho a la información.

Eso significa no solamente asumir el valor de la libertad de expresión u opinión  individual sino el valor de la expresión medido también en términos de beneficio público. Es trascender una interpretación de libertad puramente individualista, para llevarla también a nivel de institución social, a través del reconocimiento de un derecho. ¿Existe en muchos diarios de nuestro país este llamado derecho a la información y a la opinión? ¿Y vale la pena reconocerlo? Antes que nada es necesario establecer que la libertad de expresión y de opinión es el primer fundamento de un régimen auténticamente democrático.

Toda persona debe, al menos en teoría, tener el pleno derecho de expresar libremente sus opiniones, recoger la información que estime conveniente, y darla a conocer en los diarios Pero si se sigue esa línea de pensamiento hasta sus extremos, la existencia de cualquier medio informativo en la medida en que limita la expresión de algunos (nadie puede exigir que una empresa publique algo), sería una limitante de la libertad de expresión, así entendida.

 Aun cuando se sustente en el derecho de propiedad de sus periódicos.  Uno de los desafíos del Estado democrático moderno radica, entonces, precisamente en asegurar a sus ciudadanos que reciban la máxima información posible. Y eso puede ser por vía de garantizar a todos y todas las expresiones de sus opiniones, ser fuente informativa y acceder a otras. Pero también por regular una profesión periodística entendiendo que a quien informe profesionalmente puede tomársele cuenta de sus acciones, especialmente desde perspectivas legales y éticas. La profesión informativa se constituye, así, en torno al deber de informar

En 1985, en un simposio sobre La verdad y la prensa, seis periodistas norteamericanos analizaron la relación entre prensa y gobierno; allí uno de ellos, Francés Fitzgerald, señaló: « el público tiene derecho a saber, equivale a afirmar que el gobierno tiene el deber de permitir que las personas reciban la información que necesitan como ciudadanos de una democracia». En síntesis, y para efectos de los medios, la relación entre democracia y libertad tiene:• un ámbito general que es acrecentar la libertad de todos y cada uno de los hombres, • una libertad más específica que se basa en ésa más general: la libertad de expresión y de prensa. • Y finalmente ella deriva en el establecimiento del derecho a la información y de su subsecuente deber de informar, como una garantía mayor de la libertad de expresión y como manifestación de un objetivo valórico de la libertad de prensa.

 Porque lo que no puede suceder nunca es que el concepto de libertad del hombre se asocie a una gracia otorgada por la autoridad, y la libertad de expresión termine por convertirse, como sucedió en algún momento en Grecia, en «permiso para la libertad de palabra». La libertad de prensa es el concepto que traspasa a las empresas parte del poder individual de la libertad de expresión.

Esto es legítimo, si se resguardan los intereses del público, o sea los intereses de los hombres, más aún de cada hombre. No lo es si solamente genera un grupo de poder. Por esta razón, desarrollar el derecho de la información es -en síntesis- proteger la importancia general del principio de libertad de expresión y opinión e introducir en la democracia venezolana el verdadero concepto de deber de informar y de opinar.


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domingo, 10 de abril de 2011

TOMEN SU PREMIO Y…ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ. CON VOZ PROPIA

        
                Para el Comandante Presidente (CP), primero propusieron el Nobel de la Paz, y “si no por el trabajo educativo hecho”, tal lo promovió Fidel Castro a quien reconoce como su padre político.

                Ahora en acto del cual “se avergonzará” –como dice Antonio Pasquali-  la Universidad Nacional de La Plata, que en su Facultad Periodismo y Comunicación Social le concedió el galardón El Comunicador. Creado en 1997 “se premia trayectoria profesional, labor periodística del año y la mejor tesis de investigación”

Se le dio el nombre del periodista argentino Rodolfo Jorge Walsh,  de reconocida trayectoria que trascendió con resonantes reportajes recopilados en libros como ¿Quién mató a Rosendo?, homicidio  del  sindicalista Rosendo García; Caso (Marcos) Satanowsky, abogado que asesinaron efectivos de Inteligencia por intereses en propiedad del diario La Razón;  Operación Masacre, en el cual detalla el fusilamiento de doce personas por la Policía.

En marzo de 1977, un pelotón policial lo asesino y su cuerpo nunca apareció. Un día antes publico su último trabajo: “Carta abierta a Junta Militar”, que hizo llegar a la Casa de Gobierno y  a todos los medios, que no la publicaron. Dejó inédito El violento oficio de escribir, sobre su actividad periodística.

Consideran un insulto para quien El periodismo es libre o es una farsa, que con su nombre se premie a quien ha cometido los mayores atropellos contra la libre expresión. Hubiera ingresado a la lista de 35 comunicadores muertos, algunos en pleno ejercicio. Lacerante enaltecer por una “comunicación popular"  a quien ha cerrado 36 emisoras y mantiene 285 ‘‘procesos administrativos sancionatorios'' contra otras;  once televisoras, incluida RCTV y su señal de cable; y tres periódicos, además de seis suspendidos temporalmente. 

Y el permanente acoso contra Globovision con  agregado de multas. Sumense numerosas detenciones de periodistas y 300 juicios contra ellos y medios y los asilados.

Entre nosotros igualmente resultó agraviado el periodista Fabricio Ojeda, luchador contra tirania  perezjimenista, quien presidio la Junta Patriótica que la derribo. En  2009 le otorgaron  al CP mención del Premio  que lleva su nombre.

 Joaquín Morales Solá ganador del laurel Walsh, protesto porque que se premie a un cuestionado por limitar la libertad de prensa.

Para la senadora y periodista argentina Norma Morandini, de la Comisión libertad de Prensa,   “Están consagrando el desprecio por la prensa”.

El diputado y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín dice que ese otorgamiento “es tan disparatado como darle premio de tolerancia religiosa a Tomás Torquemada, el Inquisidor General de Castilla y Aragón en el siglo XV y proscribió a los judíos en España”.

En Argentina piden explicaciones al gobierno anfitrión del dictador sobre el  bloqueo de los talleres de La Nación, Clarín y Olé. Editorialmente el primer diario opino: Hugo Chávez, una visita no grata.
El rector de la centenaria Universidad platense, Fernando Tauber, también manifestó desacuerdo con la absurda distinción.

Ante el tajante cuestionamiento, el CP debe actuar como acostumbra cuando es atacado: mandar a meterse ese premio en el bolsillo trasero.

NOTA MARGINAL: La limitación del debate en la Asamblea Nacional, impulsa a diputados de la unidad democrática a intensificar contactos con el pueblo. Y que la MUD acceda a la pronta elección del futuro presidente. 
albertojordanhernandez@yahoo.es

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jueves, 17 de marzo de 2011

¿SON DEMOCRACIAS VERDADERAS O FALSAS DEMOCRACIAS? ZENAIR BRITO CABALLERO

En su informe “Ataques a la prensa en 2010: Análisis de Américas”, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) resalta una triste realidad que ya desde hace un tiempo sufre el continente y que cada vez es más evidente y difícil de disimular: esto es, que la censura y los ataques a la libertad de prensa en América Latina ha alcanzado los niveles más altos en los últimos 30 años, tras el retorno a la democracia. El informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), además de consignar el alto número de periodistas asesinados y la impunidad imperante para estos crímenes y condenar el crimen organizado, resalta y señala otras vías de censura que se aplican, especialmente a través de la justicia, para acallar a los medios y coartar la información. 

En el informe, por ejemplo, se señala a la Justicia brasileña, a la “censura judicial” concretamente, como el gran obstáculo al trabajo periodístico en Brasil. Pero esa realidad de Brasil es la misma o hasta mucho peor en Venezuela, ya que es más grotesca y ordinaria –que menos se puede esperar del Comandante, quien da las órdenes a los jueces y a sus Ministros por TV– y se da en muchos otros países del continente donde los magistrados incluso se adelantan y no esperan las órdenes. Y cuando la censura no es por la vía judicial, recurren a la persecución fiscal y sueltan a jaurías de inspectores, o salen a la compra de prensa complaciente con publicidad oficial, con créditos blancos y plata dulce. 

Dicen voceros del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ que los niveles de censura no alcanzan aún a los de la era de las dictaduras militares, aunque igual es muy preocupante. Es difícil hacer una comparación, pero seguramente es así solo en términos absolutos. Aquellas eran dictaduras y ahora se habla de democracias. En aquella época se sabía que había censura y que se estaba en dictadura. Hoy, ¿es posible seguir hablando de democracia cuando se sabe que la libertad de prensa, como en Venezuela, está limitada, y que la independencia de poderes, como ha sido afirmado por el propio presidente de la Asamblea Nacional el Diputado Soto Rojas en una entrevista reciente, no existe, aunque la OEA no se anime a encararlo? 

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se apresta a hacer un plebiscito para concentrar más poder, del que ya abusa. La propuesta de consulta popular aparentemente cae en varias inconstitucionalidades que, como corresponde, analiza la Corte Constitucional. La prensa informa al respecto, como también informa sobre un caso de corrupción que involucra a dos diputados del partido del presidente Correa. Este se enfurece y utiliza todos los medios de comunicación públicos y oficialistas y el dinero del Estado, y acusa a la prensa de “sicariatos de tinta”, “corruptos”, “conspiradores”. 

En cualquier momento dice que quieren dar un golpe de Estado contra él, se abre la camisa y dirá que lo quieren matar (eso sí, rodeado de decenas de custodios no sea que corra algún riesgo) y decreta la censura de prensa y el estado de emergencia. ¿Cree alguien que si un medio le hace un juicio al presidente Correa por sus insultos y agravios algún juez lo condenará? ¿Creen que la Corte Constitucional que estudia la propuesta para el plebiscito, o quienes investigan los casos de corrupción, no se sienten “algo” presionados? Todo esto hace difícil hablar alegremente de democracia. Cuando el secretario de la OEA se jacta de que la organización hoy está integrada solo por democracias, habría que pedirle al Señor Insulsa que sea más humilde o prudente y hable de “democracias reprendidas”. Y si lo insultan, como a veces ocurre, que busque respaldo en el informe del (Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

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miércoles, 2 de febrero de 2011

“DEMOCRACIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN”. ZENAIR BRITO CABALLERO

Para lograr un equilibrio responsable entre libertad e igualdad en una verdadera sociedad democrática, es necesaria la voluntad política compartida que garantice  lealmente y sin cortapisas la libertad de prensa, de modo que haya tanto un cabal reconocimiento de la libertad de expresión, como un resguardo del derecho de la sociedad venezolana a informarse debidamente.

Este es un derecho fundamental del público: a ser informado, considerado como parte de un acto de justicia: el dar a nuestra sociedad una correcta percepción de sí misma, al tiempo que se permite a cada persona tener una adecuada integración al entorno que lo rodea. Con la adecuada información de los medios cada persona tiene más opciones donde elegir, lo que aumenta, consecuentemente, la libertad social.

Así, la libertad de información o libertad de prensa puede sustentar tanto una libertad de expresión para todos los ciudadanos, como también el respaldo más profundo de un derecho a la información.

Eso significa no solamente asumir el valor de la libertad de expresión individual sino el valor de la expresión medido también en términos de beneficio público.

Es trascender una interpretación de libertad puramente individualista, para llevarla también a nivel de institución social, a través del reconocimiento de un derecho.

¿Existe en nuestro paìs este llamado derecho a la información? ¿Y vale la pena reconocerlo? Antes que nada es necesario establecer que la libertad de expresión es el primer fundamento de un régimen autenticamente democrático.

Toda persona debe, al menos en teoría, tener el pleno derecho de expresar libremente sus opiniones, recoger la información que estime conveniente, y darla a conocer. Pero si se sigue esa línea de pensamiento hasta sus extremos, la existencia de cualquier medio informativo en la medida en que limita la expresión de todos a algunos (nadie puede exigir que una empresa publique algo), sería una limitante de la libertad de expresión, así entendida. Aun cuando se sustente en el derecho de propiedad.

Uno de los desafíos del Estado democrático moderno radica, entonces, precisamente en asegurar a sus ciudadanos que reciban la máxima información posible. Y eso puede ser por vía de garantizar a todos la expresión de sus opiniones, ser fuente informativa y acceder a otras.

Pero también por regular una profesión periodística entendiendo que a quien informe profesionalmente puede tomársele cuenta de sus acciones, especialmente desde perspectivas legales y éticas. La profesión informativa se constituye, así, en torno al deber de informar.

En 1985, en un simposio sobre La verdad y la prensa, seis periodistas norteamericanos analizaron la relación entre prensa y gobierno; allí uno de ellos, Francés Fitzgerald, señaló: « el público tiene derecho a saber, equivale a afirmar que el gobierno tiene el deber de permitir que las personas reciban la información que necesitan como ciudadanos de una democracia».

En síntesis, y para efectos de los medios, la relación entre democracia y libertad tiene:• un ámbito general que es acrecentar la libertad de todos y cada uno de los hombres, • una libertad más específica que se basa en ésa más general: la libertad de expresión y de prensa.

Y finalmente ella deriva en el establecimiento del derecho a la información y de su subsecuente deber de informar, como una garantía mayor de la libertad de expresión y como manifestación de un objetivo valórico de la libertad de prensa.

Porque lo que no puede suceder nunca es que el concepto de libertad del hombre se asocie a una gracia otorgada por la autoridad, y la libertad de expresión termine por convertirse, como sucedió en algún momento en Grecia, en «permiso para la libertad de palabra». La libertad de prensa es el concepto que traspasa a las empresas parte del poder individual de la libertad de expresión. Esto es legítimo, si se resguardan los intereses del público, o sea los intereses de los hombres, más aún de cada hombre. No lo es si solamente genera un grupo de poder.

Por esta razón, desarrollar el derecho de la información es -en síntesis- proteger la importancia general del principio de libertad de expresión e introducir en la democracia venezolana el verdadero concepto de deber de informar y de opinar.

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