JUAN PÁEZ ÁVILA, DEVALUACIÓN DEL SIGLO

Para tratar de engañar incautos el Presidente de la República utiliza las plantas oficiales y llama ajuste a lo que en la práctica es  la gran devaluación del siglo XX al estilo neoliberal, del bolívar, que  tendrá repercusiones negativas contra la capacidad de compra de los más pobres, de la clase media y de todas aquellas personas que tengan un ingreso fijo, porque el bolívar ha perdido su valor en más de  un 50% para comprar algunos alimentos.

         Después de asegurarle a los venezolanos y al mundo que la economía nacional siempre ha estado blindada, gracias a las políticas económicas que el gobierno había implementado, sin que ninguno de los ministros del ramo le haya  explicado, con la excepción del Embajador en Cuba Alí Rodríguez, en varias intervenciones públicas de los últimos días,   la realidad al heredero de Hugo Chávez, porque los miles de millones de dólares que ingresarán al Fisco Nacional por las exportaciones petroleras no alcanzarán para que continúe la regaladora a otros gobiernos y para el gasto público necesario para mantener las misiones viejas y nuevas.

         Un gobierno socialista o de cualquier otro signo ideológico que tenga como norte la defensa de los intereses de la población de menores ingresos económicos, para  aprobar una devaluación como la anunciada por el Presidente Maduro, tenía que tomar primero un serie de medidas, como aumento de sueldos y salarios, que compensaran en parte, si no en su totalidad, el impacto negativo en el bolsillo de esos sectores populares. Y aunque decretó a partir de enero un aumento del 10% del salario mínimo, ya el mal está hecho, y el nivel de consumo de alimentos y de algunos bienes necesarios como la  ropa de vestir hombres y mujeres, podrá provocar no sólo malestar en la población de menores recursos, sino también hambre y miseria entre los más pobres o marginales,

         El alto costo de la vida no será evitado ni siquiera entre aquellas familias que hacen largas colas para comprar algunos bienes importados.

         Y lo más grave del paquete económico aprobado por el Presidente en reunión de gabinete, es que los grandes beneficiarios serán en lo inmediato no sólo  los especuladores, sino también, y entre los fundamentales, los importadores de la boliburguesía, que esconderán mercancías importadas a 6,30 bolívares por dólar, para luego venderla al doble, como si la hubiesen  adquirido a 11 o más, tal como fue establecido por el gobierno.

         De allí que el bienestar de la población seguirá siendo una esperanza, porque si a los apagones de luz eléctrica, al racionamiento de agua, a la inseguridad que viven pobres y ricos y al desempleo, se le agrega un más alto costo de la vida de los últimos tiempos, la mayoría de los venezolanos podrá constatar que el socialismo del siglo XXI, es el mismo del siglo XX aplicado en la Unión Soviética donde fracasó rotundamente, y en China donde ha sido desechado para buscar una economía productiva que le dé bienestar a sus mil y tantos millones de habitantes.

         Finalmente, el principal beneficiario será el gobierno que obtendrá más bolívares por cada dólar que venda a los importadores, quienes trasladarán a los consumidores el aumento de sus importaciones, encareciendo el costo de la vida en más del doble del que existe  hoy en el país. Lanzará a la calle más bolívares devaluados para buscar algún respaldo para su estabilidad, pero ya parece demasiado tarde para mantener el engaño: el socialismo del siglo XXI de Chávez, heredado por Maduro  ha resultado un gran fraude, no sólo para quienes le han hecho oposición desde que asumió el poder, porque ya lo sabían y lo habían denunciado, sino para millones de hombres y mujeres humildes que creyeron en las palabras de un Teniente Coronel carismático, pero  incapacitado para gobernar y hasta para escoger a sus ayudantes, que han resultado los más corruptos e ineficientes de nuestra historia republicana. Y para culminar su política destructiva de nuestra economía y de la democracia en general, impuso como su heredero en la Presidencia de la República a Nicolás Maduro, formado en la escuela cubana del centralismo autoritario, del estatismo dogmático que ha conducido al fracaso de todos los gobiernos que lo establecieron en sus países.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, LA INSEGURIDAD Y EL DERECHO A LA VIDA

La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la  incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales, más los crímenes cometidos por mafias paramilitares, en que han devenido los grupos de defensa de la revolución, creados por el gobierno.

                                                                                                       

Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente   ordenó la intervención del Ejército para intentar de frenar  los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo,  a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al Ejército revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica. Al hampa común se suma el hampa uniformada, verdaderas mafias que manejan armas de guerra, frente a las cuales la policía  se encuentra en situación de inferioridad, con pistolas 9 milímetros.

En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, bien armadas y entrenadas, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas. En Venezuela el Presidente  ha colocado a la cabeza de la ofensiva contra la delincuencia a varios   Generales del Ejército,  Rodríguez Torres y  González López entre los últimos, Ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quienes comandan, según anuncios oficiales, a miles de  hombres de tropa y a todas las policías de la  nación.

                                                                                                         

La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al atacar las consecuencias y no corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a  millones de marginales y se creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha  servido una nueva policía nacional ni la intervención de la Fuerza Armada. Por lo contrario, esa policía y algunos guardias nacionales se han convertido  una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos  de los integrantes de esos cuerpos policiales y militares en el contrabando, la extorsión y la represión a ciudadanos inocentes.

                                                                                                       

La utilización de la FANB ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados del Ejército no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como ha sucedido con muchos jóvenes apresados por la Guardia Nacional Bolivariana.

                                                                                                       

Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se procede al desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, incluyendo granadas militares, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.

                                                                                                       

Y como  todos los  ciudadanos se sienten  amenazados por el hampa, no hay dudas de que muchas personas  apuestan por el éxito del último plan de seguridad nacional, denominado Operación por  la Liberación del Pueblo (OLP) después que fracasaron los 20 anteriores, concebidos y dirigidos por 15 Ministros de Interior y Justicia. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado por reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que vienen devengando los empleados públicos desde hace 3, 4 y hasta más años, durante los cuales no se han firmado contratos colectivos con la Administración Pública. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

                                                                                                       

De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia políticas, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular  para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar el nuestro.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, EL PAPA EN CUBA Y EE.UU.

El viaje del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos de Norteamérica después de visitar a Brasil,  el país con el mayor número de católicos, apostólicos y romanos, ha tenido un impacto trascendental no sólo en el mundo religioso, sino también político, porque su Santidad se ha referido a los problemas espirituales que confronta la Iglesia católica en el mundo de hoy,  a los problemas socio económicos que enfrentan millones de pobres en América Latina y en el universo, y en particular a la reconciliación entre los dos países que durante 50 aproximadamente mantuvieron rotas las relaciones diplomáticas.

                                                                                                       

La palabra del Papa Francisco ratifica, como lo hizo en Brasil, la necesidad de acabar con una iglesia burocratizada que  circunscribe o limita a muchos de sus sacerdotes   a decir o cantar una misa, sin vincularse con los más humildes hombres y mujeres que padecen una inhumana y anticristiana miseria que los induce a toda clase de delitos para sobrevivir. Como en Brasil y otros países como Bolivia, Ecuador y Paraguay reiteró el llamado a sus pastores para que bajen del mundo celestial a que los induce un evangelio divorciado de las nuevas realidades que fenómenos como la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación social crean en la sociedad contemporánea.  Con el rescate  de la Doctrina Social de la Iglesia su Santidad Francisco ha iniciado un profundo cambio en el seno del catolicismo. Quiere que vuelva a sus orígenes de humildad y de práctica de un verdadero apostolado, como la planteó el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II.

                                                                                                       

Pero si bien la prédica del Papa Francisco ha estado dirigida en lo fundamental a los sacerdotes que forman parte de la estructura eclesial, como corresponde a su rol de Santo Padre de la Iglesia, la repercusión de sus palabras ha tocado también a los políticos, que aplicando ideologías fracasadas, han engañado, explotado y mantenido en la miseria  humana a millones de seres que no han vivido ni encontrado las condiciones necesarias y favorables  para  superarse.  

                                                                                                       

Para un cristiano con sensibilidad social, cualquiera sea la posición que ocupe en los rangos creados en la sociedad moderna, la presencia y la palabra del Papa francisco en América Latina, debería resultarle una guía para orientar y conducir  sus actividades religiosas, de acuerdo a una nueva prédica que rescata la Doctrina Social de la Iglesia, abandonada por muchos pastores,  más influenciados por la tradición de la inercia y las invocaciones a una fe, sin contenido social. El Papa Francisco exige el riesgo de vivir al lado de los más necesitados, aunque sea en el interior de una favela brasileña o en un barrio pobre de Venezuela.

                                                                                                       

Del contenido de los discursos del Papa Francisco se deduce que estamos en presencia de un gran líder mundial y de la Iglesia Católica, que marca una pauta no sólo para los sacerdotes, sino también para los laicos. El llamado a la paz en Colombia, a la juventud para que  defienda su futuro, para que no se lo deje quitar por parte de políticos inescrupulosos, que buscan el poder para beneficio personal, constituye una nueva doctrina o la reafirmación del pensamiento del autor de la Encíclica Rerun Novarum, León XII, o del más moderno expresado en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII.

                                                                                                       

Todo indica que el nuevo liderazgo de su Santidad Francisco no sólo va dirigido al rescate de una Iglesia penetrada por la indiferencia ante graves faltas de algunos de sus pastores, sino también a contribuir a un  mundo más humano, al servicio del hombre y no de las ideologías.

                                                                                                       

Los jóvenes cubanos  que  recibieron la bendición y la solidaridad del Papa Francisco, también deben tomar en cuenta las palabras del Papa Benedicto XVI cuando visitó  la Isla, y afirmó: ¨Cuba mira al futuro¨, para participar en los cambios sociales, económicos y políticos, que contribuyan a la creación de una sociedad más justa y libre.

                                                                                                       

El Papa Francisco pretende una mejor Iglesia en una mejor sociedad, en un mundo de paz. De allí su participación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Su Santidad mira el futuro de la humanidad, la quiere sin guerras, sin odios, reconciliada en el respeto a la pluralidad de pensamiento. Lo veremos actuar con sus bondades y sabiduría, hoy y mañana.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, DELITOS EN LA FRONTERA

En la frontera colombo-venezolana, desde hace muchos años, se han venido cometiendo todo tipo de delitos, algunos como el contrabando y el narcotráfico con participación de influyentes personeros gubernamentales civiles y militares, que se han enriquecido en tiempo record,  según múltiples denuncias formuladas por periodistas que realizan investigaciones para los medios nacionales y extranjeros en los cuales trabajan, y sobre todo por grupos de inteligencia policiales también nacionales e  internacionales. Al parecer todo conocido por tirios y troyanos.

Pero la emboscada de que fueron víctimas 2 tenientes, un sargento y un civil pertenecientes al Ejército, de la que salieron gravemente heridos, cuando realizaban labores de inteligencia en un sector de la zona,  provocó la movilización de unos 3.000 hombres de tropa, para tratar dar con los criminales: paramilitares o contrabandistas que se disputan el control del comercio ilícito.  Y aunque es casi seguro que los paramilitares son contrabandistas y éstos están armados como los paramilitares, las sospechas y las acusaciones se han hecho, antes de los resultados de la investigación, según intereses políticos.

Y aunque el delito contra los jóvenes oficiales, el sargento del Ejército y el civil que les acompañaba, es absolutamente condenable, para los expertos criminólogos debió actuar primero una comisión de inteligencia militar y civil en la investigación. La movilización de 3.000 hombres de tropa, fundamentalmente del Ejército, revela que sus altos mandos no confían en la labor de la Guardia Nacional, cuerpo que ha estado a cargo de la custodia de la frontera.

Es lógico suponer que si se actúa tal como lo sugieren los criminalistas, no hubiera llegado al atropello, a la deportación de familias colombianas humildes y por lo tanto a la violación de los Derechos Humanos, según lo evidencian imágenes de hombres y mujeres del pueblo cruzando a pie el río Táchira con sus pocos enseres en sus espaldas, y a niños abandonados al otro lado de la frontera, separados de sus padres.

Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchas, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes  que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían.

La salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, queda en evidencia que tuvo y tiene como objetivo dejar sin protección a los ciudadanos  venezolanos o extranjeros, víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, sin percibir que se les pueden convertir en un boomerang, debido a los compromisos que ha adquirido   nuestro país en diferentes tratados  internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA, de MERCOSUR  y UNASUR que exigen su cumplimiento insoslayable.

El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Por diferentes aberraciones humanas,  no lo han podido disfrutar los pueblos donde  la cultura de la violencia  ha  predominado en la conciencia no sólo  de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población, o mediante el fraude electoral.

La reacción del  Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo  a las evidentes denuncias de violación de los Derechos Humanos de humildes colombianos que habitaban en la frontera , y la descalificación a quienes las presentan a partir de informaciones de familiares  o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en el país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir sus contenidos para garantizarles la impunidad a los delincuentes.

Existen Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quedarán en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos,  delitos condenados por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela.  Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben,  su impunidad será transitoria y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.

En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que   algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia nacional e  internacional

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, LA IGLESIA Y LA LIBERTAD

El reciente llamado de los Arzobispos y Obispos de Venezuela a todos los venezolanos y en particular a los católicos, a defender una Constitución Nacional que sea patrimonio de los ciudadanos, sin exclusión alguna, se suma a la decisión de la mayoría de los encuestados que expresan en más del 80%  su rechazo a la tendencia autoritaria y a la ineficiencia de un gobierno que ha dilapidado miles de millones de dólares en la corrupción administrativa, en el reparto de nuestra de nuestra riqueza petrolera a gobiernos complacientes con sus políticas repetitivas del fracasado comunismo soviético, disfrazado de socialismo del siglo XXI, y sobre todo tratando de imponer un capitalismo de Estado, que ha provocado la ruina de la economía nacional.

         La exhortación de los Arzobispos y Obispos del país a defender la libertad como un derecho fundamental innato en cada ser humano, lleva implícito no sólo la oración cristiana por el favor de Dios, sino también la participación en la lectura y discusión de las políticas propuestas y ejecutadas  por el oficialismo, desde un punto de vista ético y social  para concientizar a los ciudadanos acerca de los peligros de que desaparezca todo vestigio de democracia, si no se produce un cambio fundamental en la conducción del Estado en los próximos meses. Por eso el debate sobre las elecciones parlamentarias  no es de exclusivo interés de los partidos políticos, ni un simple enfrentamiento entre oficialismo y oposición, sino algo de interés nacional, que afecta a todos los venezolanos.

         La elección de una Asamblea Nacional es un hecho político que concierne a todos los ciudadanos de un país democrático, expresión de un pacto social que garantice la convivencia, la pluralidad de pensamiento y de participación  en el marco de un Estado de Derecho. De allí el  rechazo a las políticas del Presidente de la República de arrogarse  poderes ilimitados, sin contrapeso de otros Poderes Públicos, que dejen abierto el camino hacia el abuso autoritario del Jefe del Estado contra adversarios políticos e incluso contra partidarios suyos que puedan  pensar y expresar alguna disidencia o idea contraria a sus decisiones unipersonales.

            La conclusión de Arzobispos y Obispos de Venezuela de que el régimen comunista que trata de imponer el gobierno, es moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. La intervención del Presidente de la República descalificándolos y no rebatiendo sus planteamientos, revela que estamos en uno de los momentos políticos trascendentales de nuestro tiempo. La Iglesia Católica por una Constitución para todos los venezolanos, y el gobierno por una política violatoria de la Carta Magna que no le otorga poderes dictatoriales al Comandante en Jefe.

         Y aunque los ciudadanos tendrán la última palabra, expresada por cada uno en el ámbito de su circuito electoral, en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con el respaldo de miles estudiantes y las ONG que vigilarán dicho proceso electoral, para mayor abundamiento y satisfacción del pueblo venezolano católico, el Vaticano acaba de respaldar irrestrictamente la posición de la alta jerarquía eclesiástica de nuestro país, en su llamado a luchar para Vivir en Libertad.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, DIÁLOGO POST ELECCIONES

En política el diálogo, como se realiza en Colombia, se establece entre factores de poder, que generalmente  tienen profundas diferencias ideológicas  en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso las conversaciones  se adelantan en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, previo acuerdo de que el mismo tiene como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país.

         En nuestro país, afortunadamente no estamos en guerra, pero existen peligrosas manifestaciones  de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa  que también amenaza a la clase media y a toda la población. Sin embargo existe un estado de permanente violación de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.

         La  violación de la Carta Magna ha sido una práctica  frecuente, antes y después  de la decisión del Presidente de la República extinto, de designar al Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, como su sucesor en caso de que fuese declarado Inhabilitado, cuando el artículo 233 de la Constitución Nacional establece que debe encargarse el Presidente de la Asamblea.

El año pasado el gobierno dio algunos pasos para el diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que se sentaron algunos empresarios y representantes oficialistas, sin resultado alguno, porque no pasó de simples ofrecimientos que nunca cumplió el régimen. Debido a su  política hegemónica, en la creencia de que tiene la verdad en las manos  se ha negado a establecer un diálogo con Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que representa el 50% o más del electorado nacional.

         Estos hechos revelan lo complicado y difícil de creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del  impopular Presidente, que trata de buscar su legitimación en el mundo económico y social, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar. 

         Y aunque como se dice en corrillos políticos, Maduro es el candidato de los hermanos Castro,  el pensamiento de los comandantes cubanos, que hoy dialogan y negocian con los Estados Unidos, olvidados de la vieja prédica del antiimperialismo, parece no entenderlo Nicolás Maduro ni  el Presidente de la Asamblea Nacional y  la totalidad de los parlamentarios oficialistas,  que no sólo actúan  al margen de la tendencia mundial  a la convivencia civilizada, sino también en contravención al Orden Jurídico nacional , cuando proceden con absoluta complicidad en la flagrante violación de la Ley fundamental de la República.

         Y aunque  se han dado algunos pasos para que se produzca la liberación de algunos presos políticos en  condiciones de la casa por cárcel y presentación periódica a los tribunales, todavía existe un largo o mediano trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo, si la Alternativa Democrática gana las elecciones parlamentarias y aprueba una Ley de Amnistía.

Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión,  iniciar un diálogo constitucional, después de las elecciones parlamentarias, entre representantes del gobierno y de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy  cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, les piden a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos. Cualquiera sea la conducta del impopular Presidente y de su incapacidad para seguir al frente de la  nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados al texto de la Constitución Nacional Bolivariana.

 El desempeño  de los integrantes de la Mesa de la Unidad  Democrática (MUD) ha permitido a la Alternativa Democrática avanzar hasta  alcanzar  la Unidad de la inmensa mayoría de la oposición, capaz de entusiasmar a los votantes  y  evitar un mega fraude contra más del 60 ó 70% de los venezolanos que acudan a sufragar contra el hambre, el desempleo,  la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad de las personas y los bienes. Es decir: todos los demócratas  organizados y dispuestos a defender el voto, en las elecciones del 6 de Diciembre expresados en una aplastante victoria.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, ¡POR QUÉ VOTAR!

La sociedad democrática venezolana tiene el 6 de diciembre del presente año la extraordinaria oportunidad de propinarle una derrota a un buen número de candidatos oficialistas a la Asamblea Nacional, la mayoría  ineptos y corruptos que han actuado con  servil incondicionalismo a las políticas centralistas y militaristas del fracasado socialismo del siglo XXI, que ha continuado y trata de profundizar Nicolás Maduro.

                                                                                                

El triunfo de la oposición en los estados  más populosos y de mayor peso político en el país, tal como sucedió en las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional se extiende hoy a la mayoría del Estados en los que ganó el chavomadurismo, lo que la convierte en una fuerza  capaz de contener los desmanes políticos y económicos que viene cometiendo el cuestionado  Comandante en Jefe con la anuencia de unos Poderes Públicos controlados desde Miraflores. Si en la mayoría de las principales ciudades del país el pueblo elige diputados  autónomos, que apoyen y contribuyan a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, el país puede avanzar hacia un cambio importante en lo político, lo económico, social y ético.

                                                                                                       

Las disidencias en importantes sectores. Humillados por las colas para comprar alimentos y medicinas, por la escasez y el alto costo de la vida, sobreviviendo con al desempleo y amenazados por el hampa común y política,  que apoyaron al difunto Comandante, no sólo son evidentes, sino que pueden adquirir una dinámica que los impulse  hasta el rompimiento, si tomamos en cuenta la prepotencia, la soberbia, con que actúan los incondicionales y oportunistas que rodean transitoria y circunstancialmente al  Jefe del Estado. Si la oposición y la disidencia obtuvieron el 50% o más en las últimas elecciones, hoy con una oposición unida, con más experiencia política y una nueva disidencia, hay que votar, para crear un contrapeso político en la Asamblea Nacional,  que fortalezca la democracia social y enfrente el totalitarismo, defienda la propiedad privada al lado de la plural;  la seguridad jurídica de bienes y  personas.

                                                                                                       

En síntesis, votar es un ejercicio democrático que ha servido en el mundo civilizado para consolidar sociedades plurales, respetuosas de los derechos  humanos y ciudadanos en general, y en algunos casos, como el nuestro, evitar la prolongación del autoritarismo por las décadas que  llevan los hermanos Castro en Cuba, y que ya  constataron lo inservible del comunismo, según palabras de Fidel el máximo jefe de esa revolución.

                                                                                                       

Los demócratas no tenemos otra alternativa, debemos acumular mayor respaldo de los venezolanos oprimidos y convencer al sector abstencionista de la clase a que se incorpore a la única actividad civilizada, que es el voto,  para decidir el futuro del país. La experiencia nacional e internacional indica que los autoritarismos son derrotables, aunque transitoriamente se mantengan en el poder mediante la utilización de la fuerza. Su perdurabilidad depende del espíritu y voluntad de resistencia de los hombres y mujeres que creen en las virtudes  del imperio de la ley,  del Estado de Derecho. Cada demócrata en su área de influencia, con su palabra sincera y convincente puede y debe tratar de  persuadir a sus amigos y a familiares acerca de que es posible derrotar el autoritarismo y encontrar medios legítimos y dignos de vivir en libertad y de mejorar su calidad de vida.

                                                                                                       

El balance  realizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuyos integrantes, por razones obvias, son los más interesados en ganar y preparar las condiciones para continuar la lucha para derrotar a Maduro y a sus acólitos, debemos reconocerlo como producto de una investigación técnica y sincera, tanto por la confianza que hemos depositado en ellos, como por la experiencia y capacidad de la mayoría de los candidatos a diputados escogidos en elecciones primarias y por consenso. Si no colaboramos ni votamos le estamos entregando el país a los llamados socialistas del siglo XXI, combinación del estalinismo y el fascismo.

                                                                                                       

La victoria debe ser enfrentada con humidad y espíritu de reconciliación de todos los venezolanos, no más discriminaciones, no más odios, no más persecuciones por diferencias políticas,  con la gallardía de Henrique Capriles, que perdió y luego ganó una nueva elección, con el coraje de Antonio Ledezma, quien a pesar de que los despojaron del Presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, preservó su legitimidad y se erigió en uno de los principales líderes del país, con la perseverancia de Leopoldo López. María Corina Machado, todos los presos políticos e exilaidos y  los miembros de la MUD, para continuar la lucha por la derrota,  del cuestionado Nicolás  Maduro y sus candidatos incapaces y oportunistas que intentan preservar o ganar algunas curules para aumentar sus privilegios y en algunos casos sus riquezas mal habidas. 

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, LA PROTESTA EN ASCENSO

Las protestas que casi todos los días se producen en el país, expresadas por diferentes sectores populares acosados por el desabastecimiento, el desempleo, la inseguridad, la falta de vivienda y de pago de sus prestaciones, algunas acumuladas por varios años, y los bajos sueldos y salarios que devenga la mayoría de los venezolanos pobres, que ya alcanzan a niveles propios de la otrora clase media como médicos, maestros y profesores, enfermeras y  empleados públicos, demuestran el fracaso de una política de dádivas y decretos presidenciales de sueldos, que se los come la inflación en poco tiempo, por lo que cada mes, cada semana e incluso diariamente dichas protestas  ascienden peligrosamente y se pueden convertir  en indetenibles.

La sociedad venezolana ha entrado en una etapa conflictiva, que cada día se agrava como consecuencia de unas políticas económicas y sociales que ejecuta el gobierno de Maduro y Cabello, cuyos resultados conforman, para especialistas y simples observadores, una crisis económica que provoca un profundo malestar e indignación en amplios sectores de la población.

         Pero además, también revela la incapacidad del los gobernantes, en particular del Presidente de la República, para comprender lo errático de algunas políticas económicas y sociales que repite, apegado a viejos esquemas del socialismo autoritario, personalista y militarista, que tirios y troyanos conocen y expresan por distintos vías y medios de comunicación, como fórmulas fracasadas en todos aquellos países, cuyos gobernantes  los pusieron en práctica, y se derrumbaron en años o décadas de obstinación  dogmática, acompañada de duras y feroces represiones policiales. Y lo que queda en pie también lo han señalado como despojos de un régimen que sembró la miseria en países como Cuba y Corea del Norte, sostenidos a base ayudas extranjeras y brutales tiranías.

         El intento del heredero del Comandante Chávez de insistir en restaurar el régimen soviético, que cobró millones de muertos y exiliados en un país que  no conoció la democracia por siglos, sino el autoritarismo de los Zares, al tratar de imponerlo en nuestro país, después de más de 40 años de gobiernos democráticos y alternativos, si incluimos la forma de llegar al poder de Hugo Chávez con una prédica democrática, ha encontrado una tenaz resistencia, que aumenta cada día en nuestra sociedad. Y si el empleo de su carisma personal y una política demagógica de reparto de los dineros públicos entre los más pobres, le permitió al Comandante eterno ganar varias elecciones, los resultados desastrosos de su administración y lo repetitivo del discurso de Nicolás Maduro, ya toca el agotamiento de su empeño en gobernarnos como a borregos.

         De allí algunas razones del ascenso de la protesta social encabezada por los que más sufren los efectos de unas políticas inviables, para avanzar hacia el progreso y bienestar, sembrando cada día más miseria, entre quienes seguramente, según todas las encuestas conocidas, pueden y deben cobrar tamaño disparate del gobierno, en las próximas elecciones.          Y si estas protestas se llegasen a encontrar unas con las otras, se pueden hacer incontenibles y el país podría entrar en una etapa de ingobernabilidad, difícil de superar aún cuando el gobierno extreme la represión. De llegar producirse una coordinación de las protestas sociales, daría  paso a una crisis política, que podría cambiar el panorama nacional, con consecuencias impredecibles. Lo único que puede evitar una profunda crisis política es la confianza en las elecciones parlamentarias pautadas por el 6 de diciembre, en las que los electores den una demostración de voluntad, de firme decisión de rescatar la democracia en el marco establecido por la Constitución Nacional de 1999.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, LA INSEGURIDAD Y LA FANB, CASO VENEZUELA,

La inseguridad de las personas y de los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en uno de los  problemas más graves que confronta el venezolano frente al hampa desbordada,   la  incapacidad y, en algunos casos, la descomposición de los cuerpos policiales.

En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas. El Venezuela el Presidente Maduro ha colocado a la cabeza de la ofensiva contra la delincuencia a un General del Ejército, Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien comanda, según anuncios oficiales, a miles de hombres de tropa y a todas las policías de la  nación.

         Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades, como planes de Seguridad de la nación, se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente de la República decidió la intervención de la FANB para intentar de frenar  los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo,  a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al FANB revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica.

         La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al aprobar la creación de una policía nacional, sin antes establecer y tratar de corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a  millones de marginales y creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha  servido una nueva policía nacional. Por lo contrario, importantes miembros de esa policía han sido una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos  de los cuerpos policiales.

         La utilización de la FANB ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados de la Fuerza Armada no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como sucedió con varios de los jóvenes apresados por la Guardia Nacional Bolivariana en la Cota 905.

         Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se aprueba una política de desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.

         Y como  todos los  ciudadanos se sienten  amenazados por el hampa, no hay dudas de que hay que apostar por el éxito de  este último plan de seguridad nacional, denominado Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), después que fracasaron los 20 anteriores, concebidos y dirigidos por 15 Ministros de Interior y Justicia. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado para reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que vienen devengando los empleados públicos desde hace 3, 4 y hasta más años, durante los cuales no se han firmado contratos colectivos con la Administración Pública. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir a la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución Bolivariana de Venezuela.

         De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia políticas, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular  para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar el nuestro.

Juan Paez Avila

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@jpaezavila

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,

JUAN PÁEZ ÁVILA, DESCONTENTO INFLACIONARIO, CASO VENEZUELA

         El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que por una u otra razón decide tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, de lo que ya no se exceptúan ni  las importaciones subsidiadas por los mercales, que no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos, que anualizados superan el 100%. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos, y sobre todo por desempleados llevados de las ciudades, sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.

         Nunca la sociedad venezolana, en los últimos 15 años de gobierno ¨revolucionario¨  había vivido, con la gravedad que expresan amas de casa y padres sostenes de familia, la espiral de la inflación, que algunos economistas calculan que superará el 100 % en 2015, y la destrucción del aparato productivo privado por autoridades gubernamentales, en un intento de sustituirlo por un capitalismo de estado que no sólo fracasó en todos aquellos países que trataron de imponerlo o lo  impusieron por varios años, sino que también en nuestro país ha convertido en un cementerio de chatarras a las fincas y empresas estatizadas.

Y como la única alternativa frente  a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal  para los productores industriales y agropecuarios, el gobierno no garantiza dichas inversiones, por lo que las políticas económicas decididas por Nicolás Maduro, continúan generando menos producción y mayor inflación.

De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y a la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares.  El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo  cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.

El régimen cabellomadurista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que  se apresta a cobrar, por la vía democrática, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.

Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en más de  una década de imitación, del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso,  ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.

         En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados, como sucede en las colas para comprar alimentos o medicinas, se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación, también se infló el descontento que los llevó a  la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.

Juan Paez Avila

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JUAN PÁEZ ÁVILA, DESCONTENTO INFLACIONARIO, CASO VENEZUELA,

El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que por una u otra razón decide tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, de lo que ya no se exceptúan ni  las importaciones subsidiadas por los mercales, que no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos, que anualizados superan el 100%. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos, y sobre todo por desempleados llevados de las ciudades, sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.

         Nunca la sociedad venezolana, en los últimos 15 años de gobierno ¨revolucionario¨  había vivido, con la gravedad que expresan amas de casa y padres sostenes de familia, la espiral de la inflación, que algunos economistas calculan que superará el 100 % en 2015, y la destrucción del aparato productivo privado por autoridades gubernamentales, en un intento de sustituirlo por un capitalismo de estado que no sólo fracasó en todos aquellos países que trataron de imponerlo o lo  impusieron por varios años, sino que también en nuestro país ha convertido en un cementerio de chatarras a las fincas y empresas estatizadas.

Y como la única alternativa frente  a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal  para los productores industriales y agropecuarios, el gobierno no garantiza dichas inversiones, por lo que las políticas económicas decididas por Nicolás Maduro, continúan generando menos producción y mayor inflación.

De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y a la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares.  El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo  cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.

El régimen cabellomadurista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que  se apresta a cobrar, por la vía democrática, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.

Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en más de  una década de imitación, del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso,  ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.

         En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados, como sucede en las colas para comprar alimentos o medicinas, se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación, también se infló el descontento que los llevó a  la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.

Juan Paez Avila

jpaezavila@gmail.com

@jpaezavila

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,