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domingo, 19 de julio de 2015

JUAN PÁEZ ÁVILA, DESCONTENTO INFLACIONARIO, CASO VENEZUELA,

El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que por una u otra razón decide tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, de lo que ya no se exceptúan ni  las importaciones subsidiadas por los mercales, que no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos, que anualizados superan el 100%. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos, y sobre todo por desempleados llevados de las ciudades, sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.

         Nunca la sociedad venezolana, en los últimos 15 años de gobierno ¨revolucionario¨  había vivido, con la gravedad que expresan amas de casa y padres sostenes de familia, la espiral de la inflación, que algunos economistas calculan que superará el 100 % en 2015, y la destrucción del aparato productivo privado por autoridades gubernamentales, en un intento de sustituirlo por un capitalismo de estado que no sólo fracasó en todos aquellos países que trataron de imponerlo o lo  impusieron por varios años, sino que también en nuestro país ha convertido en un cementerio de chatarras a las fincas y empresas estatizadas.
Y como la única alternativa frente  a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal  para los productores industriales y agropecuarios, el gobierno no garantiza dichas inversiones, por lo que las políticas económicas decididas por Nicolás Maduro, continúan generando menos producción y mayor inflación.
De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y a la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares.  El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo  cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.
El régimen cabellomadurista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que  se apresta a cobrar, por la vía democrática, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.
Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en más de  una década de imitación, del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso,  ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.
         En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados, como sucede en las colas para comprar alimentos o medicinas, se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación, también se infló el descontento que los llevó a  la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.
Juan Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila

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viernes, 7 de noviembre de 2014

PEDRO A. PALMA, REPUNTE INFLACIONARIO Y RECESIÓN

PEDRO A. PALMA
La presencia y agravamiento de una serie de desequilibrios económicos a lo largo de 2014 han agudizado el problema inflacionario en Venezuela, a pesar de los esfuerzos de controles impuestos por el gobierno y de las amenazas de retaliación hacia aquellos que los incumplan. Los menguados resultados de esas acciones restrictivas han llevado a las autoridades a esconder las cifras que reflejan el comportamiento de los precios, quizá creyendo ingenuamente que con esas acciones la población se olvidará del problema y dejará de prestarle atención al encarecimiento de los bienes y servicios.  No se dan cuenta de que lo que se logra con ese tipo de conducta es crear escepticismo y aumentar las expectativas y la incertidumbre, llevando al convencimiento de que lo que se pretende esconder es algo muy grave, por lo que hay que buscar protección contra la agudización esperada del problema, contribuyendo ello a exacerbarlo. 

La situación se agrava con la reciente y acentuada caída de los precios petroleros, pues ello restringirá aún más las divisas para importar y recrudecerá el problema de desabastecimiento y escasez que padecemos, dada la imposibilidad de que el menguado aparato productivo interno pueda elevar la producción y substituir los bienes importados por productos locales. Adicionalmente, la menor oferta de dólares agregará presión para que se revise el tipo de cambio preferencial que aún se mantiene en el absurdo nivel de 6,30 bolívares por dólar, a pesar de que esa cantidad de moneda local compra en Venezuela menos de un tercio de lo que se puede adquirir con un dólar afuera.
Con la finalidad de analizar el posible comportamiento de la economía en 2015  estudiamos varios escenarios. Uno de ellos supone que el precio promedio de la cesta petrolera venezolana será de 75 dólares por barril, mucho más bajo que el de 2014, haciendo que la menor disponibilidad de divisas lleve a que a comienzos del próximo año se elimine el tipo de cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar, pasando todas las transacciones que hoy se hacen a esa tasa a la de Sicad 1, y que esta última se vaya ajustando a lo largo del año, logrando un promedio anual de 16 bolívares por dólar.  Adicionalmente, suponemos en ese escenario que se pasan progresivamente transacciones externas al tipo de cambio de Sicad 2, el cual se mantendría en torno a los 50 bolívares. Adicionalmente, se presupone que dadas las importantes elecciones parlamentarias del próximo año, el gobierno le seguirá dando alta prioridad al gasto público, particularmente al dadivoso que genera dividendos políticos. De darse este escenario, el comportamiento de la economía sería muy adverso, generándose una altísima inflación que pudiera superar el 100%. Ello se debería, en primer término, al encarecimiento de los productos foráneos debido a la devaluación del bolívar; en segundo término, a la sostenida expansión monetaria, exacerbada por la masiva creación de dinero inorgánico por el BCV para financiar gasto público deficitario; y, en tercer término, a la incapacidad cada vez mayor del aparato productivo y de distribución  de ofrecer bienes y servicios en consonancia con la demanda, entre otras razones por los desproporcionados controles de precios y de otra índole que condenan a muchos a trabajar a pérdida, y por las dificultades para importar insumos o bienes terminados.
La altísima inflación y la devaluación de la moneda restringirían la capacidad de compra de los ingresos de la población y generarían efectos recesivos de importancia, pudiéndose producir una contracción del PIB muy intensa y aún más profunda que la de 2014. Todo ello, obviamente, deterioraría la situación laboral debido a las limitaciones en las posibilidades de crear fuentes de empleo y a la caída de la capacidad de compra de las remuneraciones, generándose un adverso y cargado clima social, así como un aumento inevitable de la pobreza.
Pedro A Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa

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