JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, EL PODER POPULAR

Si algo se hace bien con la izquierda es la propaganda y el proselitismo mediante la creación de imágenes y realidades emocionales a través de la palabra. Frases como “control social”, “gobierno de calle” o “estado comunal”, ya forman parte de nuestro vocabulario cotidiano, dando forma además a un conjunto de entidades políticas de nuevo cuño, que independientemente de su cuestionable utilidad, dejan un sensación de mejoramiento institucional en adeptos y simpatizantes de la revolución y el socialismos del siglo XXI, este último, por cierto, una ficción de construcción verbal, semejante a las anteriores.

De entre esas singularidades políticas de raigambre socialista, destaca sin lugar a dudas la del “poder  popular”, un concepto que expresa las posibilidades reales del poder que posee el pueblo cuando se organiza, pero que más allá de eso no deja de ser una falacia. Hablar del poder popular a cada rato  y hacerlo creer participe de las más altas decisiones del Estado, es una de las mayores y más sagaces muestras de demagogia de que es capaz este gobierno y el chavismo en general. En la Venezuela actual hemos llegado a un extremo tal de hacer populismo con el propi pueblo, que a los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo junto con el Presidente, les hemos antepuesto al nombre de la cartera correspondiente, la rimbombante etiqueta de Ministerio del Poder Popular. Un cliché propagandístico que pretende vender la idea de que los distintos Ministerios existentes en el gobierno revolucionario, socialista y chavista emanan del poder popular y que es el pueblo, realmente, quien gobierna por medio de ellos.

Chávez le dio además, al “poder popular” fuerza y rango de ley de la república, definiéndolo  en su Artículo 2 como “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal”; teniendo como finalidad  “garantizar la vida y el bienestar social del pueblo”. Todo ello sin importar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableciese en su Artículo 5 que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” o que en el texto constitucional se hable más bien de “poder ciudadano”, en su art 273 y siguientes, que de “poder popular”.

Nicolás Maduro lo menciona igualmente, cada vez que habla en cadena nacional, es decir, casi todos los días. Recientemente, desde el estado Zulia, donde activó la segunda fase del Gobierno de Calle, recalcó que el poder popular es una fuerza determinante de la historia venezolana, “es el poder del pueblo para entender su patria, para construirla, para remontarse sobre las dificultades, para no dudar jamás”. 

En la Venezuela actual hemos llegado a un extremo tal de hacer populismo con el propi pueblo, que a los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo junto con el Presidente, se les ha antepuesto al nombre de la cartera correspondiente, la rimbombante etiqueta de Ministerio del Poder Popular. Un cliché propagandístico que pretende vender la idea de que los distintos Ministerios existentes en el gobierno revolucionario, socialista y chavista emanan del poder popular y que es el pueblo, realmente, quien gobierna por medio de ellos. Pero la verdad es que basta con tener algún contacto con algunos de esos Ministerios y ver las largas colas que hacen las personas, a veces desde muy temprano, esperando algunos de sus servicios, para darnos cuenta que el poder popular no está presente allí por ningún lado y que el pueblo es más bien tratado como plebe  y no como ciudadanía  con derechos.

Sin ir muy lejos, podemos visitar la página web del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, y bastará una simple lectura para percatarnos que no obstante tratarse de un organismo del Estado al servicio de la gente, del pueblo, de la ciudadanía en general, allí se resalta también como información de la Presidencia de la República y de su Gestión de Gobierno, noticias referentes al III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) relativas a la lealtad y disciplina exigida por el presidente venezolano a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch) o al interés que tiene dicho congreso. Aunque por supuesto, alguien pudiera decir que el poder popular también está en presente el PSUV y que, por lo tanto, es el propio pueblo el que ordenó colocar aquella información en  la página del ministerio en cuestión.

Un “poder popular” que, al final de cuentas, ni tiene poder, ni es del pueblo.

José Luis Méndez La Fuente

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, SALARIOS Y PRECIOS JUSTOS

Como si el país fuese el mismo de hace quince años atrás o como si nada hubiese cambiado en todo ese tiempo, el gobierno del señor Maduro decretó un nuevo aumento salarial, esta vez de un 30 %, que junto al del 10% del pasado mes de enero suma un total de un 40% de incremento del salario mínimo nacional para el presente año 2014.

INFLACION, SALARIOS Y PRECIOS

Los aumentos por  decreto presidencial, una costumbre de vieja data en nuestro país, pueden ser una ayuda en épocas no inflacionarias para el trabajador y la economía, en general, sobre todo si se busca promover el gasto y aumentar el circulante en la calle, sostener el nivel de empleo y la producción de bienes y servicios en general. Pero en épocas inflacionarias suponen una nueva causa de inflación y su impacto en la economía es todo lo contrario, pues disminuye el poder adquisitivo del trabajador,  al trasladarse dicho aumento a los precios de los productos. Por eso, también se ha hecho rutinario el congelar los precios por decreto de determinados productos básicos de la canasta alimentaria, o bien regularlos con precios incluso inferiores a su costo de producción, subsidiados por el estado.

En Venezuela ha habido dos maneras de hacer dichos aumentos salariales. Una, concertada, entre empresarios, trabajadores y ejecutivo nacional, y otra por simple decisión del gobierno. En los últimos quince años ha sido una práctica constante, pues desde que llego al poder en 1999, con tan solo dos meses de gobierno, Chávez decretó un incremento del salario mínimo mensual de un 20%,  que lo llevó de 100.000 a 120.000 bolívares mensuales de los de antes. Estos aumentos con diferentes porcentajes, se siguieron produciendo en los años subsiguientes durante todos sus gobiernos, conformando, en principio, una política social al ser implementados conjuntamente con otras medidas, como las famosas misiones que aparecen el 2003,  bien en forma de subsidio a productos como los de la cesta básica alimentaria o bien de manera gratuita en materia de salud.

Para el año 2008, el salario mínimo estaba en 799,23 bolívares de los de ahora, o sea, de los denominados fuertes luego de la conversión monetaria, y es fácil ver, entonces, como en los seis años posteriores llegó aceleradamente a los 4.251, 40 bolívares mensuales, en que el gobierno de Nicolás Maduro, lo puso el primero de mayo pasado. Es decir, que el salario mínimo subió en más de un 500% en los últimos seis años, sin que el poder adquisitivo del trabajador creciese de manera real, en la misma proporción o en una parecida, no obstante el complemento salarial del cesta ticket y la aparición de los MERCAL y los PDVAL que venden a menos del precio de costo. Mientras tanto, la inflación que era del 31% en el 2008 y bajo al 20 % en el 2012, llegó al 56% en el año 2013 según las cifras del BCV.

Pero lo peor de todo, es que como esos salarios mínimos por decreto, son insuficientes para compensar el incremento de los precios en la calle, mecanismos complementarios de mejoras salariales y socioeconómicas, como la contratación colectiva, no obstante los deseos del gobierno, se ven desincentivados entre las empresas pequeñas y medianas del sector privado, donde la gran mayoría cumple con pagar los porcentajes de aumento salarial impuestos por el estado o apenas un mínimo porcentaje por encima.

Por eso, una política como la que  ha caracterizado a la Revolución Bolivariana, que quiere ser permanente, de protección al ingreso del  trabajador y redistribución de ese ingreso, no puede fundamentarse en un círculo vicioso, perverso, de subidas anuales de sueldos mínimos, que a su vez repercuten negativamente en la funesta inflación que los vuelve añicos, para luego intentar amortiguar el impacto de esa misma inflación con medidas regulatorias de precios.

Al final, no es buena para los patronos, ni para  los trabajadores, pues le traslada a los primeros, el costo económico de esa política, que en definitiva no es más que una estrategia para mantener créditos electorales de largo plazo, y el costo social a los segundos, que nunca estarán en situación de alcanzar un salario justo, ni por lo que hacen, ni por lo que pueden adquirir con él; debiendo, en consecuencia, seguir dependiendo de las ayudas gubernamentales para subsistir.

Mientras no haya un salario justo, con un poder de compra real, ningún precio será justo, y cualquier política o programa del gobierno, llámese misión, subsidio o ayuda social, seguirá estando en mora con los trabajadores venezolanos.

Jose Luis Mendez

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, CHAVISMO, COMUNISMO Y SOCIALISMO

Cuando se habla de la situación  de crisis del país, se  hace básicamente referencia  a  dos de sus aspectos más visibles el político y el económico. En realidad, pudiera resumirse todo en una sola variable, la política; pues cuando un gobierno se declara comunista o socialista, la política económica va implícita en el anuncio.

Aunque aquí si deberíamos establecer diferencias, pues socialismo y comunismo no son exactamente la misma cosa, y si no, pensemos tan solo en los gobiernos socialistas de las democracias europeas y  los de la Unión Soviética, la China de Mao o la Cuba de los Castro. La comparación es más que ilustrativa para mostrar las desemejanzas conceptuales y prácticas entre unos y otros, no obstante  ser considerados ambos grupos de gobiernos como de izquierda, pero sobretodo las discrepancias y contrastes entre socialismo y comunismo como ideologías afines.

El caso del gobierno venezolano se hace un poco confuso tratar de buscarle lugar en la anterior clasificación, pues a pesar de que el chavismo tiene un origen democrático, y es precisamente el calificativo democrático, el que marca una de las desemejanzas entre los gobiernos socialistas europeos y los de la antigua URSS, la China maoísta o Cuba, el tratamiento del marco democrático no ha sido precisamente democrático. Mostrar una copia de la constitución en cada acto público que hay o hacer referencia a ella a cada rato, para incumplirla más tarde, es algo más que una burla, que en la práctica se traduce en sentencias del máximo tribunal de la republica amarradas al interés político de turno del gobierno o en instituciones tan importante para el equilibrio democrático como el Consejo Nacional electoral o el propio Tribunal Supremo de Justicia copado de funcionarios designados a dedo por el gobierno y ya con su periodo vencido.

Pero las democracias auténticas son algo más que letra constitucional, son también el poder de la mayoría, lo que no significa, en modo alguno, que se pueda ejercer monopólicamente. Por eso, en aquellas democracias, cargos como el de Fiscal General o Defensor del Pueblo son ejercidos por personas ajenas al partido gobernante y  en organismos colegiados como el Poder Judicial o el Electoral, existe representación independiente, así como de los  partidos de oposición.

Si después consideramos el plano económico, tampoco encontramos claridad ideológica en los gobiernos de los últimos quince años. El socialismo del siglo XXI de Chávez, recordemos que al principio decía no ser socialista, es una mezcla de conceptos comunistas al mejor estilo estalinista, mezclados con algo de nacionalismo y populismo. La regulación de los medios privados de producción o las amenazas contra la propiedad privada tal como se conoce en el estado burgués, fueron parte protagónica de su prédica, así como del actual gobierno de Maduro; sin embargo la distribución de la producción y de la riqueza, en general, algo que es objeto de atención constante por los gobiernos socialistas europeos, aún sigue estando en Venezuela, en manos de unos pocos, aunque hayan cambiado de bando. Las mafias mandan en la comercialización de cualquier línea de productos sean o no de primera necesidad y la escasez ha sustituido la abundancia.

También los trabajadores y los sindicatos, parte esencial  en el soporte y acción de cualquier gobierno socialista, han sido en este socialismo chavista, contrariamente a lo que se podía esperar, apartados y perseguidos, y la nueva legislación laboral aprobada por Chávez, puede decirse que más que beneficiar a los trabajadores y  sindicatos que los agrupan, coloca regulaciones que en vez de fortalecer su intereses individuales y colectivos, los debilita y anula en algunos de sus derechos fundamentales, como por ejemplo, el de tener derecho a un salario justo o reconocer la autonomía sindical basada en las decisiones de sus miembros reunidos en asamblea, derechos el primero individual y el segundo colectivo, que son desconocidos todos los días. No digamos nada del irrespeto al derecho que tienen los trabajadores a la contratación colectiva por parte de este  gobierno socialista, que es, a su vez, el mayor empleador del país.

En definitiva, que ni los anteriores de Chávez, ni este de Maduro, se parecen  a  los  gobiernos socialistas europeos, ni encajan del todo, en los sistemas políticos comunistas al estilo soviético o chino. Pero entonces ¿qué son?, eso trataremos de descifrarlo en la próxima entrega.

Jose Luis Mendez

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, EN LA TRAMPA DEL DIALOGO

Estuve viendo el jueves pasado por TV, como muchos otros venezolanos, el “dialogo” que en la primera reunión  protagonizaron representantes de la oposición y del gobierno hasta altas horas de la madrugada, y debo confesar,  sin dármelas  de adivino,  que el desarrollo del evento  no trajo ninguna novedad impensada, es decir, inesperada, que estuviese fuera de mis cálculos y expectativas, como creo le ocurrió al resto de la audiencia.

Y es que conociendo a los actores, algunos de los cuales ya habían sostenido intercambios verbales en la Asamblea Nacional, en alguna que otra sesión intempestiva, no había razones para suponer que los argumentos e ideas que saldrían a la luz serian de otro calibre, ni diferente su tratamiento. Igualmente,  en las declaraciones del mismo tenor, que dieron algunos de los representantes del oficialismo con motivo de la sesión de instalación, semanas atrás, de la Comisión Política nombrada por el Ejecutivo para coordinar la Conferencia de Paz, y que eran los mismos que estaban en Miraflores, ya se dejó ver cuáles eran las verdaderas  intenciones del gobierno con todo este show mediático que se ha montado y que forma parte de su estrategia para tratar de lavarse la cara frente a  la opinión pública nacional e internacional.

Pero no hay que hilar tan fino para llegar a esa conclusión, basta con ver cuál es la posición en este tema, del propio presidente Maduro,  quien en vísperas de la instalación de la mesa de dialogo en Miraflores, al referirse a unas  declaraciones del expresidente Lula, recomendándole bajar la intensidad del debate político y gobernar más, dijo textualmente:  "No tengo nada que negociar con nadie (...) ni negociación ni pacto, aquí lo que hay es un debate, diálogo, que es diferente a una negociación y un pacto".

Un dialogo así concebido, sin reconocimientos implícitos, sin excusas,  sin llegar a acuerdos, no vendría a ser más que un monologo de dos, donde cada quien dice lo que quiere, sin compromisos de ningún tipo, sin finalidad positiva alguna, que no serviría para nada práctico, salvo demostrar que el gobierno y la revolución están por encima de todos y de todo; que desde el  Olimpo, como un Zeus criollo, se dedican a lanzan rayos a la oposición y a hablar con su palabra omnímoda para solamente unos elegidos. Algo de lo cual ya teníamos antecedentes en Chávez cuando era presidente, pues una de las críticas que precisamente se le hacían era  que no dialogaba, sino que mandaba y monologaba desde el poder, a través de su programa dominical “Alo’ Presidente”, pero siempre sin debatir y sin nadie delante que confrontara sus ideas.

Por otra parte, tampoco tenemos claro en ese “dialogo” tan particular, quien representa a quien. Si bien decimos al inicio de este artículo que esta primera reunión la  protagonizaron representantes de la oposición y del gobierno, eso que debería ser lo ideal, no fue ni siquiera lo correcto, al encontrarnos con  que en  la representación del sector oficial, por ejemplo, había un representante de los Tupamaros y que en la denominada oposición no estaban todos los que son, ni eran todos los que estaban. Mientras que en el oficialismo el mensaje pareciera ser que el gobierno es algo más que su tren ejecutivo formal y que se gobierna incluso con grupos civiles armados, más allá del ejército propiamente dicho, en la oposición no hay una relación directa de afinidad entre quienes se sentaron en la mesa del dialogo y los manifestantes de las calles de Caracas y del interior del país. ¿Representan los miembros de la Mesa de la Unidad presentes en el dialogo a los estudiantes y al resto de la sociedad civil reprimida por la fuerza bruta del estado chavista? ¿Cómo puede el presidente Maduro afirmar, como lo hizo esa noche, que los colectivos no están armados y que se dedican a labores sociales y culturales cuando precisamente tiene un representante de los Tupamaros en esa mesa de dialogo hablando en nombre del gobierno?

Con cinismo, prepotencia y refiriéndose siempre al pasado como causa de  todos los males del país, no obstante los quince años de chavismo transcurridos en el poder, es imposible establecer base alguna para un dialogo sobre el presente y ,lo más importante, sobre  el futuro del país.

Mientras una parte de la oposición venezolana cayo en la trampa del dialogo, y es que es difícil negarse a dialogar aun cuando se sepa que no hay condiciones objetivas para ello, hay otra que se mantiene firme en su posición de protesta contra el gobierno y más ahora después de lo visto en este primer dialogo. 

Habría sobradas razones para levantarse de la mesa  antes del final, si no se acuerdan condiciones elementales para proseguir y bastaría tan solo con que el oficialismo se niegue o evada su responsabilidad para tomar algunas decisiones para las que no hace falta pacto alguno. Pero cualquier cosa que haga la oposición en aquel sentido va a tener un costo político, así que será una cuestión de paciencia y de habilidad política mantener una posición firme en ese dialogo sin salirse del carril.

Los venezolanos estaremos pendientes de las próximas reuniones de la mesa de dialogo, aunque en mi caso particular, no estoy  seguro de tener estomago suficiente para  escuchar lo que viene.

Jose Luis Mendez

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, ¿DIALOGO O DEBATE EN LA ASAMBLEA NACIONAL?

Después de dos meses de manifestaciones y protestas populares, uno no acaba de entender como  la única propuesta que se le ha ocurrido al gobierno como solución a la crisis que se ha originado, y que no importa como se mire el asunto es imposible negarla, sea la de plantear primero una ”conferencia de paz”, como si  el estado venezolano estuviese en guerra con parte de su población , y luego un  dialogo  pero sin dar muestras de quererlo sinceramente, al no disminuir ni un ápice la represión brutal contra la población civil, ni atacar ninguna de las causas que en buena parte, han motivado el descontento de la población.

Da la impresión de que al gobierno no le interesara solucionar la situación actual que vive el país sin importarle el costo político que pueda tener, ni su impacto en la opinión publica, que ya lo ha habido en todo el mundo. Un escenario que posiblemente ya fue analizado por el gobierno y sobre el que no alberga mayores temores dado el alto grado de confianza que tiene en sus aliados vecinales  a la hora de votar en la OEA y de necesitar apoyos regionales e internacionales en momento de apuro. Como por ejemplo, el que le pude brindar UNASUR con una mediación que insiste en mantener el dialogo en su agenda como punto de encuentro y refrendar así la iniciativa del gobierno venezolano.  Una iniciativa que como ya dijimos antes, no va acompañada en modo alguno de muestras ni signos de buena voluntad en la práctica, como lo serían la liberación de los presos políticos, así como de los estudiantes detenidos, la descriminalización de la protesta y la aceptación del disenso como parte de la dinámica política de una sociedad democrática, que demuestren que, en efecto, el dialogo puede ser un instrumento efectivo de salida al atolladero en el que está sumergido el país.

Pero ningún diálogo para buscarle una solución a esta crisis puede tener sentido si se reduce tan solo a una mera conversación sobre la violencia ocurrida en todo este tiempo, como ya  trató de hacerse en el seno de la comisión coordinadora para la Conferencia de Paz, designada por cierto, de una manera  bastante sesgada por el gobierno, hace unas tres semanas atrás, y no se abarca el problema en general, esto es, sin entrar a reconocer ninguno de los representantes del oficialismo que había y aún hay causas en el desabastecimiento de artículos de primera necesidad, el alto costo de la vida en general, producto de las políticas financieras y devaluativas del bolívar, y en la inseguridad campante por todas las calles y ciudades de Venezuela de las que se ha hecho dueña la delincuencia, más que suficientes para la disconformidad y la crítica a las políticas socioeconómicas del gobierno.

Un dialogo así concebido con estas premisas, solo puede realizarse entre sus interlocutores naturales, como los son los representantes de los partidos políticos y de la sociedad en general electos por el pueblo en la Asamblea Nacional, que es la arena política donde precisamente deben discutirse los grandes temas nacionales de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela. Un asunto que obviamente requiere sinceridad y humildad desde el gobierno; rasgos que lamentablemente, hasta ahora, no han podido o no han sabido  demostrar en nuestro parlamento ninguno de los diputados del partido de gobierno, quienes por el contrario, han hecho ostentación de todo lo opuesto, con base en el uso de una mayoría que actúa de manera arbitraria y fascistoide.

Pensar en otra forma de dialogo, con otros actores y en otro escenario nos parece realmente fuera de lugar, pues no sería ni institucional, ni legítimo.

José Luís Méndez La Fuente

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, LAS APARIENCIAS YA NO ENGAÑAN A NADIE

Uno de los argumentos más utilizados por el gobierno,  durante todos estos años, para acallar las críticas que lo acusan de  ilegitimidad, totalitarismo, monopolio de las instituciones del Estado y ser, en definitiva,  un régimen dictatorial con apariencia democrática, de más contundencia  y mayor  impacto en la opinión pública, que deja a muchos sin respuesta ,  es el del origen electoral de  los cuatro gobiernos chavistas habidos hasta hora, además de todos los otros procesos comiciales municipales, legislativos y referéndums en general, ganados  hasta ahora, unos veinte en total.  

Es un hecho conocido y más que comprobado  que  el fenómeno de la globalización a que nos ha llevado el desarrollo la tecnología en la comunicación de masas,  puede convertir  una simple imagen o una  frase cualquiera en un mensaje que toca el subconsciente o impacta directamente a millones de personas,  y  hacer que una opinión, una creencia, o  lo que se consideraba una verdad indiscutible,  se transforme en algo radicalmente distinto.

 Durante las protestas estudiantiles y manifestaciones populares de estos dos últimos meses en Venezuela, no obstante la autocensura imperante en muchos medios de comunicación, miles de fotografías y videos tomados por la propia ciudadanía, que recogen la desproporcionada y salvaje violencia  empleada  por la fuerza  pública principalmente contra estudiantes  y mujeres, que no estaban  ni encapuchados, ni armados, ni  ejerciendo alguna acción violenta contra otras personas, policías o bienes, le han dado la vuelta al mundo. Son testimonios que dejan huella  profunda  en el receptor, sin importar su ideología o posición política, venga de UNASUR o de la China, sea de izquierda o de derecha y que de alguna manera, aunque no tengan una repercusión política inmediata, motivan una opinión interior y remueven la conciencia en la mayoría de los casos. Esta conciencia individual, aunque parezca insignificante, puede mover montañas cuando se une una con otra, en cosa de instantes, para conformar sin proponérselo, una enorme, inconmensurable conciencia colectiva de dimensión internacional.

Pero cuando esto ocurre, y es un hecho que en el mundo exterior la imagen del gobierno de Maduro como la del chavismo que arrastra con él, han quedado marcadas con el estigma del autoritarismo arbitrario y represivo, el resto de la policromía democrática que se desprendía del mero suceso electoral como sinónimo de legitimidad y autenticidad, se empieza igualmente a resquebrajar. Ya no hay una variedad de colores en el espectro  democrático, por el contrario, ahora el régimen de Maduro se puede ver en blanco y negro, tal como es.

Si se tiene ahora como cierto, en la opinión pública, que este gobierno ha cometido abusos y violación de derechos contra parte de la sociedad civil por simplemente mostrar su descontento y desaprobación a sus políticas socioeconómicas, entonces poner en tela de juicio otras actuaciones gubernamentales que han llevado a la cárcel a buena parte de la dirigencia  de los partidos políticos de la oposición, que en el sector económico han conducido al desabastecimiento de la población o que en plano electoral han permitido al gobierno ganar todas la elecciones presidenciales, es igualmente posible y valido. Es una especie de reacción en cadena de la opinión pública, que apunta no solo a  la presidencia de Maduro en el último año, sino a todos los gobiernos de los catorce anteriores. Las apariencias de gobierno democrático ya no engañan a nadie.

El gobierno puede seguir haciendo todo tan mal como hasta ahora, puede incluso repetir las mismas estrategias y acentuar sus controles sobre los diferentes sectores de la población con fine electorales. Puede incluso seguir hablando de imperialismo, burguesía, infiltrados, saboteadores, golpes de estado, magnicidios, acaparamiento y guerra mediática para justificar sus errores y mala praxis, aunque ya hoy en día dicho lenguaje no tenga  ningún sentido; sobre todo ahora, que la atención internacional está puesta sobre Venezuela.

Cada día que transcurre, alguien en algún lado se voltea para mirar hacia Venezuela. Hasta los congresistas norteamericanos, tan ocupados en los problemas de otras latitudes están empezando a reaccionar, como ya lo han hecho otros de la  Unión Europea, ante lo que ya califican de dictadura.

Eso no significa que vayan a darse rectificaciones o cambios políticos de inmediato.  Pero algo es seguro, cualquier cosa que hagan en el gobierno de Maduro ya no pasará desapercibida como hasta ahora.

José Luis Méndez La Fuente

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, HOMELAND

La realidad social de nuestros países latinoamericanos se presenta a través de un lente tan poderoso como lo es cine, la más  de las veces de forma cruda, incluso de  manera exagerada para algunos. Sin prostitución, drogas, torturados políticos y sicariatos, un lenguaje tosco y vulgar, ningún film iberoamericano puede jactarse de serlo.  

Quitarse aquella etiqueta de encima es difícil, pues así es como  nos perciben afuera. Por eso películas como “Pelo Malo”, recién ganadora del festival de San Sebastián, son auténticas excepciones.

Una percepción aquella, magníficamente recogida en “Carta poco corta para un largo”, del libro “Los amigos míos se viven muriendo, (y otros relatos)” del colombiano Luís Miguel Riva. Allí, Eusebio y José, dos cineastas, en  correspondencia dirigida al gerente del Centro Financiero Nacional, cuentan lo siguiente: 

“Le hablamos del proyecto y nos preguntó si la película tenía torturados políticos. Con toda sinceridad le dije que no. Permaneció en silencio un momento y dijo que no importaba, que de todas maneras la realidad de los jóvenes sicarios en las ciudades colombianas era un tema de mucho impacto. Hablando lentamente en español le aclaré que en nuestra historia no había sicarios. 

“¿Entonces de qué trata?” preguntó con menos entusiasmo y yo le dije que era una historia sobre la infancia, las aventuras de tres niños de un barrio popular. ” 

¿Y cómo van a tratar el tema del hambre?, volvió a preguntar, ahora sin tanta amabilidad y yo le volví a hablar en un lento español diciéndole que en la película no había hambre. “Entonces no es una película latinoamericana”. “Sí lo es”, dije en lento español. “No lo es”, dijo el noruego, sin ninguna amabilidad ni entusiasmo, “es una película europea y de esas hacemos muchas aquí todos los años.”

Una muestra de la visión externa sobre la Venezuela actual, nos la dio en días pasados la premiada serie de televisión Homeland de la que el propio Barack Obama se ha declarado fanático, tal vez movido por la realidad de su trama, la que muy bien pudiera explotarle en sus propias narices sin darse cuenta. 

En ella, un oficial de la marina norteamericana, prisionero durante varios años en Irak, regresa a su país como héroe de guerra, sin que nadie sospeche, salvo una agente de la CIA, la coprotagonista, a quien algo no le cuadra en esa repentina reaparición. Brody, el pelirrojo marine convertido al Islam durante su cautiverio, deviene en el desenvolvimiento de la serie en un agente de Al-Qaeda, organización que por medio de una célula activa en los EEUU ejecuta un atentado contra la CIA, como resultado del cual ésta queda diezmada, al ser asesinada la mayor parte de su tren ejecutivo y más de doscientas personas en total. Así termina la segunda temporada.

En la tercera, que se acaba de estrenar, Brody el terrorista más buscado, ha salido huyendo de su país, aunque la agente de la CIA Carrie, sobreviviente al atentado, lo cree inocente. Pero su destino, como cualquiera esperaría, no es un lugar del Medio Oriente, sino  uno mucho más próximo, las costas de  Catia la Mar, Venezuela, donde los caraqueños acostumbraban disfrutar los fines de semana entre playa y pescado frito. Específicamente, Brody es conducido a la Torre de David, esa barriada vertical en que se transformó lo que iba a ser el segundo edifico más alto de Venezuela, y el símbolo de CONFINANZAS, convertida ahora en los escasos sesenta minutos que dura el tercer capítulo de la serie, en el icono de nuestro país, desplazando así a las emblemáticas Torres del Silencio y a las pirueticas autopistas del Ciempiés o de la Araña, tema de las postales turísticas de antaño.

Quienes vieron, en todo el mundo, ese capítulo donde además aparece una mezquita formando parte, quizás por primera vez, de nuestro paisaje urbano, así como el anterior, en el cual un agente federal viene a Caracas a asesinar a un banquero, quien junto a otros cinco líderes terroristas conforman la red internacional responsable del ataque a la CIA, se quedaron con una imagen de Venezuela que tal vez desconocían o que incluso, les desentona. Al menos así lo cree el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información que terminó catalogando el resultado de la recreación escenográfica realizada en una construcción abandonada de Puerto Rico, como una distorsión de la realidad venezolana.

Antes de aparecer en Homeland, la Torre de David,  ya fue objeto de análisis y estudios sociológicos de urbanistas y artistas, como Urban Think Tank en alguna bienal de arquitectura, o  Ángela Bonadies en una exposición fotográfica, resultando ciertamente la expresión social de una Venezuela donde todos aquellos elementos del cine latinoamericano están  presentes.

 Homeland significa patria, y quien duda que  la Torre de David no es la patria de las más de mil familias que aún viven en ella, después de la invasión del 2007. Quien siembra vientos recoge tempestades, y lamentablemente esa es la postal de nuestro país que, después de quince años de chavismo, se recibe en el exterior,  nos guste  o no.

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, ¿NOTICIERO DE LA VERDAD?

La última ocurrencia del señor Maduro de decretar un espacio radial y televisivo donde, dos veces al día,  el gobierno dispondrá de un noticiero que diga la verdad, puede resultar para algunos una idea más de esas que no tienen ni pies ni cabeza, que busca llamar la atención, al mismo tiempo que mantener otro frente de lucha contra  las supuestas mentiras que propalan los medios de comunicación privados de la oposición. Para otros, la medida debe ser vista con mucha seriedad, como un mecanismo electoral y de control de largo alcance, más allá de las próximas elecciones municipales, como un verdadero instrumento de hegemonía informativa y propagandística que tiene como único propósito imponer la información del gobierno como la única verdad posible.

Como quiera que se vea y sin entrar a ahondar en sus objetivos políticos, lo cierto es que hay aspectos de la medida que crean dudas a priori y los cuales requieren una  explicación. Uno de ellos tiene que ver con los destinatarios de ese noticiero, ¿a quién va dirigido realmente?  Si es a los votantes de la oposición, no creemos que  nadie le vaya a prestar atención; si por el contrario va destinado a fortalecer la opinión de los electores que votaron por Maduro en las pasadas elecciones presidenciales de abril, o a  recuperar los votos que el chavismo perdió en dichos comicios, pensamos que el problema a resolver seria a quien que creerle, lo que nos lleva  a la segunda cuestión a aclarar. En efecto, si el gobierno en estos momentos posee al menos una media docena de canales de televisión y un  sinnúmero de emisoras de radio  entre comunitarias, alternativas y propias dentro de la red del Estado, así como varios medios de divulgación impresa y digital, que han venido diciendo lo que el gobierno quiere, entonces ¿para qué hace falta un noticiero distinto?, ¿es que acaso las noticias que se venían divulgando por esos informativos oficiales no eran ciertas? O será  cosa de que quienes informan ahora en esos medios oficialistas no son veraces y  por eso a Maduro, con un nuevo noticiario, si le van a creer. Si eso fuese así, como quedan, entonces, las constantes y cansonas cadenas de radio y de televisión con que el propio Maduro, copiando a Chávez, ha venido informando a la opinión pública semanalmente, casi a diario; o resulta ahora que tampoco  él  ha sabido explicarse. No será que al oficialismo le hace falta aquel  “Aló Presidente” de los domingos,  a través  del cual Chávez anunciaba  a la opinión pública lo que iba  a hacer y este “Noticiero de la Verdad” buscaría  suplir su ausencia,  explicando no lo que piensa hacer sino lo que ya hizo. De ser así, hay que recordar que la verosimilitud del  programa “Aló Presidente” venia de su conductor y que tanto para decir verdades o mentiras de manera creíble quien las transmite debe  ser  igualmente creíble.

Otro aspecto a considerar, de gran sensibilidad social y política, es el que encierra el nombre del espacio informativo anunciado por Maduro, que según dijo es el de “Noticiero de la Verdad”, por todo lo que se desprende de allí. 

Y es que si de un noticiario del gobierno, que debe tener carácter de oficial se afirma que lo difundido en él es la verdad, pues esa “verdad” se convierta en la verdad oficial, ante lo que cualquier otra “verdad” queda convertida en mentira. 

Y que pasará, cabe preguntarse, cuando la misma noticia no sea comunicada o explicada por un medio de los catalogados hasta ahora, como opositores, de la misma manera que lo hace ese “Noticiero de la Verdad”; ¿habrá que rectificarla, o se impondrán sanciones? pudiera seguirse preguntando uno mismo, ¿O simplemente seguirán coexistiendo ambas en el ambiente como puntos de vista diferentes, dentro de es eterna lucha  de la verdad contra la mentira?, ¿Hasta qué punto algunos medios no se quedaran a esperar la versión  de ese “Noticiero de la Verdad” antes de emitir la suya propia, en una especie nueva de autocensura rutinaria?

Lo que sí parece incuestionable, es que un espacio informativo del Estado en cadena nacional de radio y televisión,  forzando a la población a que lo escuche o lo vea, ya levanta, por si solo, sospechas de todo tipo, incluso dudas de si  será la verdad, toda la verdad y solamente la verdad la que se transmita. Y es que por más que lo intente el señor Maduro, la verdad no se puede imponer como una camisa de fuerza; no al menos, mientras los seres humanos se esfuercen en buscarla, no obstante y aun en contra de sus distintos  puntos de vista.       

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, EL PLAN CAYAPA Y LA SOCIEDAD DEL FUTURO

Las  recientes declaraciones  de la Ministra para el Servicio Penitenciario,  Iris Varela,  en relación a que los presos que quieran ser atendidos  dentro del Plan Cayapa, deben revocar el nombramiento de sus abogados privados para garantizarles justicia a través de los defensores públicos, pues sino se le estaría haciendo el trabajo a los abogados privados y eso “sería corrupción”, han levantado una gran polémica en la opinión pública. 

Entre las múltiples manifestaciones de rechazo se encuentra la del Colegio de Abogados de Caracas que acaba de sacar un comunicado recordándole a la ministra Varela,  algunos de los derechos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le confiere a quienes se encuentran privados de su libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, como por ejemplo, el de nombrar un abogado de su confianza para que los defienda.

Es decir, que el reo que requiera evaluación psicológica o médica para gozar de algún beneficio de los que ofrece el sistema penitenciario, como por ejemplo, rebaja de la pena por buena conducta,  libertad condicional, régimen abierto, casa por cárcel, medida cautelar y cumplimiento de pena, entre otros, y lo que es más grave aún, ser llevado con la celeridad del caso a un tribunal para ser oído y juzgado en una audiencia sería, en vez de un derecho, una especie de  “favor”  que  solo recibirían aquellos presos que tengan un defensor público. Pareciera que los otros, los que tienen dinero para contratar un abogado privado, son capitalistas, ricos que por serlo deben renunciar a ese  “privilegio” y ponerse al mismo nivel de aquellos que son más pobres y no pueden pagarlo. Una discriminación por chantaje, que atenta contra cualquier principio básico de justicia y de sentido común. Cualquiera pensaría que la ministra Varela quiere evitar que los presos con defensor privado, que están pasados de tiempo dentro de las cárceles, algunos con la condena ya cumplida, por el consabido retraso procesal que hay en los tribunales penales, se puedan llevar el crédito que ponerlos en libertad conllevaría.

Pero pese a sus beneficios, esta Operación Cayapa,  en la que participan cerca de 150 profesionales de diferentes disciplinas y a la que hay que reconocerle su buen propósito, es al final del día, egoísta y mezquina, como todas la otras políticas sociales o económicas, que el gobierno nacional ha venido implementando en otras áreas, pues no busca beneficiar a todo el que lo requiere sino más bien hacer proselitismo político-partidista, es decir, enfrentando a los empresarios por ser capitalistas, a quienes se manifiestan abiertamente en contra del gobierno o contra los abogados que ejercen su profesión y cobren por ello. La vieja táctica militar de divide y vencerás, que aplicada a la política, se vuelve una agresión contra la sociedad civil.

Beneficios y medidas procesales, por otra parte, que otorga la ley, pero que no se han venido cumpliendo por la ineficiencia del sistema (falta de recursos y políticas, corrupción, entre otras causas) y que ahora, a través de operativos como este de la Operación Cayapa, buscan desahogar la situación de hacinamiento que hay en los penales y evitar tragedias carcelarias como las del Rodeo, Yare o La Planta, pero que lamentablemente, no van a resolver por si solos, la profunda crisis judicial y penitenciaria del país, que es estructural y no coyuntural, por lo que los paños calientes ayudan pero no resuelven el problema definitivamente.

Como se sabe, el papel de los abogados en un Estado comunista es prácticamente nulo, habida cuenta de que al no haber disposición de la propiedad, sino solamente uso personal, carece de sentido la mayor parte del derecho privado y también del público. Eso sin contar, que en una sociedad así, del futuro, donde se conformaría el “hombre nuevo”, los delitos prácticamente desaparecerían.

Quizás la ministra Varela esté adelantada a su tiempo y nosotros seamos incapaces de comprenderla.

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JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, RELECCION EN LATINOAMERICA, Y ¿POR QUÉ NO?

Dos noticias que por su contenido de similar naturaleza, no obstante referirse a dos eventos diferentes, no pueden ser pasadas por alto en el acontecer político latinoamericano, son las que se produjeron hace apenas unos días en Bolivia y Ecuador, ambos países junto con Venezuela, integrantes del denominado “eje bolivariano”.

La primera  ocurrió en Bolivia  donde la Cámara del Senado, aprobó a comienzos de Mayo, la  Ley de Aplicación Normativa que permite a Evo Morales concurrir a los comicios de diciembre de 2014, para buscar un mandato, el cuarto, que le permita gobernar Bolivia hasta el año 2020, con lo cual se convertiría, de ganar esa tercera relección, en el presidente que más tiempo ha gobernado el país andino y en uno de los mandatarios de Suramérica con  mayor permanencia continua en el poder. Solamente superado por  Chávez, de no haber fallecido, quien ya había sido electo para un tercer periodo dentro de la Constitución del año 99, pero que en realidad era el cuarto, si se toma en cuenta que fue electo por vez primera en el año 98, dentro del marco de la carta magna del año 1961.

La otra noticia aún caliente, es la toma de posesión el pasado viernes 24, del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de un nuevo mandato, el tercero, para el periodo 2013-2017, luego de haber sido reelecto por segunda vez, en los comicios del 17 de febrero.

El denominador común de ambos sucesos de evidente trascendencia política, es el “Absolutismo Presidencialista” que esconden, corriente que se ha venido imponiendo primero como un estilo personal, bajo la figura de Hugo Chávez, para luego convertirse en una especie de manual,  que si se cuenta con los elementos básicos, puede asegurar buenos resultados para quien lo aplica. Decíamos en un artículo anterior que era una receta para alcanzar el poder; pero la verdad completa es que también lo es para mantenerse en él. La historia político-constitucional de Bolivia y del Ecuador de los últimos seis años, es más que ilustrativa al respecto. Con apenas diferencias circunstanciales, se puede decir que son casi idénticas y una copia al carbón, las dos, de la fórmula que inventó y puso en práctica Chávez, durante el año 1999, en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando Morales y Correa, que a la postre resultaron buenos discípulos, la aplicaron, ya el líder venezolano la había venido  experimentado con todo éxito durante siete años, por lo que sus consejos y directrices para adaptarla a las particularidades del Ecuador o de la altiplanicie boliviana fueron casi mágicas y  de resultados franquíciables.

Aunque en la etapa prelectoral se necesitan ayudas y asesorías de todo tipo, la promesa de una “asamblea constituyente” o de la “refundación del Estado”, como parte de la campaña electoral, resulta un requisito insustituible para alcanzar la presidencia la primera vez por la vía del sufragio. Luego, lo que sigue, es la aplicación del resto del manual al dedillo. Primero, una reforma constitucional, por medio de una Constituyente, para alargar el periodo presidencial o bien para permitir la reelección inmediata; estando en la cresta de  la ola, es casi imposible no ganar la nueva elección dentro de la égida de la nueva Constitución con absoluta mayoría para reafirmarse en la presidencia y dominar todos los poderes del Estado, para después repartir una buen dosis de populismo mezclado con autoritarismo, ambos favoritos de nuestros pueblos latinoamericanos, pues es casi genético. Seguidamente, consolidados en la Presidencia, ya con por lo menos dos periodos, habrá que ver si las encuestas permiten una tercera o cuarta presidencia, para lo cual  las limitaciones o barreras de la propia Constitución redactada por el Poder Constituyente, no son obstáculos jurídicamente insalvables; para eso están las instituciones como el Poder Judicial o el Legislativo únicos capaces de interpretar el verdadero espíritu de la ley y, sobretodo, la voluntad del Constituyente. Que fue precisamente lo que hicieron por ejemplo, en Venezuela en el 2009 y en  Bolivia hace un par de semanas, para permitir una segunda reelección a Hugo Chávez y a Evo Morales. En ambos casos, bajo la  retorcida cara de la diosa Justicia.

Pero este “absolutismo o continuismo presidencialista”, ha dejado igualmente algunas tentaciones en el aire, como por ejemplo, la del presidente Uribe quien después de agotar los dos periodos constitucionales que le daba la reforma constitucional del 2004, coqueteó con la idea de un tercer periodo que no estaba previsto en aquella,  o la de la señora Fernández de Kirchner, que aunque tiene la popularidad baja y ha asomado que no irá a una nueva reelección, prohibida por lo demás, por la constitución argentina, ya ha dejado entrever que sigue desojando la margarita, a través del gobernador de la provincia de Chaco, quien lanzó al aire la pregunta “¿Por qué no consultar al pueblo argentino para que pueda elegir la oportunidad de que Cristina pueda protagonizar otro mandato?” Y ¿por qué no?,  si al final, el pueblo lo puede todo.

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