Los partidos Acción Democrática, Social
Cristiano Copei y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada
consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica
nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de
orientar la opinión pública para la consolidación de los principios
democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las
bases y mediante las consideraciones siguientes:
1a Como es del conocimiento público, durante
varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las
acciones unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido
conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y
cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad
y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa
y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en
el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por
los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es
favorable, toda vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan
distintas de unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de
pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar.
El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las
perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de los
intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los
centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de
amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida
nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la
República como elemento institucional del Estado sometido al control de las
autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de
todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la
Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes
fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que
asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la
preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la
Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia
de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones
han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.
2a Las minuciosas y largas conversaciones han
servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política
nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así: a) seguridad de
que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir
respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b)
garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente
unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua
política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia
interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del
Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente
a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de
la República como sistema popular de Gobierno.
3a Establecidos esos principios de carácter
general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los
términos siguientes:
a. Defensa
de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado
electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de
los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención
de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra
la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en
defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse
un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las
circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan
podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al
Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia
permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho
subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.
b. Gobierno
de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia
legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la
estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad
popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como
perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de
enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías
partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento
democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones
signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual
deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores
independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.
c. Programa
mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas
durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional
los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un
programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una
administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como
sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales,
ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este
programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros
puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente:
ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a
los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los
puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del
mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de
la tregua política.
4a El ideal de la unidad como instrumento de
lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para
auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato
presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los
cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa
integral de Gobierno.
En la práctica se ha evidenciado que diversos
factores reales contradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente,
hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente,
lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales
contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la
actividad democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus
distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes
autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:
1. Los
requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas
candidaturas y planchas legislativas.
2. Para
que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas
legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la
tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común
interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias,
base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas
democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la
anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.
3. Para
garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones
democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de
vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de
orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan
contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campana electoral y de
diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la
morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia
democrática.
5a Para garantizar que varias postulaciones
presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones
de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan
en fortalecimiento de la democracia, se proclama:
I. Cada
organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y
sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del concepto de unidad
aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante
la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta
declaración cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor
número de votos.
II. Todos
los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán
considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos
colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen
constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.
III. La
postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es
de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a
quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación.
IV. Los
partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios
y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la
República.
V. Los
partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación
de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando
planteamientos y discusiones que pueden precipitar la pugna interpartidista, la
desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran
comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.
VI. Después
de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un
gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:
a. Pública
adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de
las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.
b. Ratificación
por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de
respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática
colaboración.
Consideran las organizaciones signatarias que
la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en
esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral
democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos
profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades
independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia
nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga
en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad
administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad
patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición
contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su
leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de
cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades
perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin
perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de
la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de
Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.
Caracas,
31 de octubre de 1958
Por
Unión Republicana Democrática, Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel
López Rivas. (Firmado)
Por
el Partido Social Cristiano Copei, Rafael Caldera.
Pedro
del Corral, Lorenzo Fernández. (Firmado)
Por
Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios. (Firmado)
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