Por iniciativa ciudadana se comenzó en todo
el país, el domingo 28 de septiembre, la recolección de las firmas necesarias
para impulsar un proceso constituyente con el objetivo de relegitimar las
instituciones públicas fundamentales, recuperar
la democracia y normalizar la vida del país. Esta iniciativa consagrada
en la Constitución Bolivariana, en su artículo 347, establece que el pueblo
venezolano “es el depositario del poder constituyente originario” y por tanto,
“en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Constituyente, crear
un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
A la cívica y democrática tarea se sumaron
diversos sectores entre los cuales se encuentra Voluntad Popular (VP),
Venezuela Constituyente, el Movimiento Ecológico, Ciudadano Común, militantes y
dirigentes de distintos partidos pertencientes a la Mesa de la Unidad, así como
numerosos grupos regionales, municipales, vecinales, profesionales, laborales y
estudiantiles.
La propuesta planteada intenta canalizar el
creciente malestar colectivo y dar una respuesta cierta y creíble a la grave
crisis que atraviesa Venezuela. Es una respuesta apegada estrictamente al
ordenamiento jurídico establecido en la misma carta magna aprobada por la
Asamblea Constituyente que en 1999 convocó el entonces recién electo Presidente
Hugo Chávez. Aquella convocatoria se
sustentó en la necesidad de superar el colapso del sistema político que nos
gobernó democráticamente a partir del 23 de enero de 1958, para crear mediante
la consulta al pueblo un nuevo modelo de
democracia participativa y protagónica. En ese entonces el país venía de
una angustiosa inestabilidad originada en la pérdida de credibilidad hacia la
misma dirigencia que décadas atrás había consolidado un modelo democrático,
pluralista y alternativo, visto durante mucho tiempo como ejemplar para el
resto de América Latina. La crisis económica que se desata en los inicios del
gobierno de Carlos Andrés Pérez y los
ajustes implementados por éste, produjeron un cruento estallido social
en febrero de 1989 y estimularon la conspiración militar materializada en los
violentos alzamientos del 4 de febrero y el 22 de noviembre de 1992.
La década que comprende a los segundos
gobiernos de Pérez y Caldera marcan el final de una etapa histórica en la que
se agota el modelo político democrático de partidos. La Asamblea Constituyente de 1999 se presentó
en aquella oportunidad como un canal para transformar, mediante el ejercicio
del poder soberano, el modelo político económico y social y solucionar la crisis que el país venía
sufriendo de manera cada vez más intensa. Su convocatoria fue la bandera
fundamental del candidato Chávez quien la ofreció como un medio para abrir
nuevos caminos de participación. Es de recordar que esta propuesta era compartida y auspiciada por
sectores democráticos que habían visto fracasar el intento de reforma de la
Constitución de 1961, tarea emprendida y coordinada en el entonces Congreso de la República por
el senador vitalicio Rafael Caldera.
Si en 1999 se invocó la soberanía popular
para redefinir el modelo de país, y para impulsar transformaciones capaces de
superar la crisis, esa invocación adquiere aún mayor vigencia en los tiempos
presentes. Hoy la conflictividad social y política se ha incrementado en unos
niveles que erosionan peligrosa y progresivamente la paz de la república y la sumergen en un caos
inmanejable. Los altos jerarcas del régimen, responsables de la corrupción más
gigantesca en la historia de nuestra nación y de nuestro continente, no pueden
explicar y mucho menos enderezar los graves entuertos productos de la
incapacidad, el latrocinio y la
intoxicación ideológica. Colocada Venezuela en una de las encrucijadas más
peligrosas de su historia, necesita tomar en sus manos la única y legítima
opción pacífica posible: La convocatoria a una Asamblea Constituyente por
iniciativa popular.
Todas las encuestas de opinión publicadas en
los últimos meses evidencian el gigantesco repudio al mandato de Nicolás
Maduro. Los cuestionamientos a la legitimidad de origen del actual gobierno,
expresados luego de las elecciones presidenciales por el candidato opositor,
por los jefes de Comando Simón Bolívar y por el entonces Secretario General de
la MUD, han adquirido mayor consistencia y han sido comprendidos cabalmente por
la población al ilegitimarse el desempeño de una gestión, realizada en contra
del ordenamiento constitucional y en abierta violación de los derechos
ciudadanos.
El régimen, suprimiendo la propiedad privada,
destruye impunemente el capital productivo y el empleo de centenares de miles
de trabajadores; negando las libertades públicas fundamentales silencia la
información y la opinión, impide la
adquisición del papel a los diarios independientes, establece la censura y
regresa a los tiempos del exilio, la
tortura y la prisión política. En abierta violación de la libertad de
enseñanza, a través del Ministerio de Educación desarrolla un plan de
ideologización totalitaria, impone
textos y programas en función del mito socialista y del culto a la
personalidad de Hugo Chávez y acosa a la
educación no oficial con el objetivo de eliminarla progresivamente. Entregando
la soberanía nacional se subordinan las decisiones de gobierno a las de la
dictadura cubana a la que se le permiten inaceptables injerencias en la
seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas. Mientras tanto nuestras extensas
fronteras son controladas por las narco-guerrillas colombianas; la histórica
reclamación sobre el Territorio Esequibo se congela en el secretismo más
absoluto, Guyana consolida su posesión en
ese territorio y amenaza con
extenderse sobre nuestro mar
territorial. La política económica ha
sido, igualmente, un factor esencial en la pérdida de soberanía. La
alimentación de nuestra población y la
adquisición de la casi totalidad de los
productos que consumimos dependen del mercado externo. Nuestro petróleo,
convertido en la única gran fuente de ingresos, es groseramente hipotecado en
manos de potencias extranjeras. PDVSA se encuentra en la ruina total, en medio
de una gigantesca deuda, de corrupción y negociados. Las deudas públicas interna
y externa del país son las más grandes de nuestra historia, a pesar de ser
estos 15 años de chavismo los de mayores ingresos en nuestra vida republicana.
Otros países latinoamericanos, con menores recursos, se encuentran en mejores
condiciones de desarrollo político económico y social, han superado la
inflación y la escasez, compiten con sus productos en los mercados
internacionales y viven en la plenitud de la vida democrática.
El país es gobernado por un partido cuyo
poder se sustenta en el discrecional manejo de la administración pública y en el respaldo de
una cúpula militar que, en abierta violación de la constitución, amarra el
destino de la institución armada a los objetivos políticos de una dictadura de
carácter totalitario. La represión se ha convertida en práctica permanente
contra la disidencia. El parlamento, la contraloría, y los tribunales dejaron
de ser las instituciones para dirimir civilizadamente las controversias,
garantizar el pulcro manejo de los recursos del Estado y aplicar las leyes con
sentido de justicia para todos. Estos y muchos otros atropellos impunemente
cometidos, han liquidado el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y el
espíritu solidario que caracterizó a la sociedad venezolana. Ese espíritu solidario que distinguió a
Venezuela en nuestro continente y en el mundo fue sustituido por el odio, la
intolerancia y la división radical de clases y credos. La violencia, la
delincuencia común y la delincuencia política pasaron a ser, gracias a esa
realidad creada por el gobierno, los instrumentos destinados a paralizar, a
través del miedo y el terror, las respuestas y los reclamos de la sociedad
democrática.
La terrible situación que vivimos justifica,
como nunca antes, la convocatoria del pueblo soberano a la decisión de su
propio destino. Permitir la continuación del proceso de destrucción nacional
sin activar el mecanismo constitucional para lograr el cambio democrático,
pacífico, urgente, profundo e incluyente, sería una grave equivocación
histórica de la oposición venezolana.
La opinión pública expresa a través de todas
las encuestas su deseo de relevar a los gobernantes y sustituir al régimen. El
gobierno lo sabe, y por eso al iniciarse el proceso destinado a juntar las
firmas requeridas para activar la Asamblea Constituyente, el CNE califica como
ilegal la iniciativa, mientras dicte las normas que a su juicio “garanticen
principios de certeza, seguridad, exactitud y pulcritud en el ejercicio de este
derecho constitucional”. Es decir, un derecho de los ciudadanos, consagrado en
la suprema ley de la república, se suspende indefinidamente hasta tanto el
gobierno imponga unilateral y abusivamente sus reglas de juego. Ya el CNE hizo
algo parecido, al establecer un arbitrario reglamento del revocatorio
presidencial y de los demás funcionarios electos popularmente. Según este
reglamento, la recolección de adhesiones queda bajo su control exclusivo,
estableciendo “un plazo máximo de 3
días” para lograr la firmas requeridas, constituidas por el 20 % de electores,
con el uso de capta huellas y solamente en los sitios que el organismo
electoral decida previamente.
Ante su dramático desplome, pretende el
régimen impedir la expresión democrática de la voluntad ciudadana. Frente a tal
pretensión el reto opositor es lograr un CNE imparcial y la conquista de limpias condiciones en el
ejercicio del sufragio, como requisito irrenunciable y previo a cualquier acto
de votación.
Julio
Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon@yahoo.es
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