JOSÉ MACHILLANDA, MADURO Y LA GUERRA CIVIL

Nicolás Maduro el 19F en un acto impulsivo e incontrolado, se atrevió a amenazar a los venezolanos con la toma militar del Táchira, mediante el uso y empleo del componente Aéreo, Ejército y Guardia Nacional para Liberar al Táchira del Fascismo Político. 

Poco antes, el Gobernador Ameliach había anunciado un “Ataque Fulminante” en la población de Valencia. 

Ambas actuaciones muestran una máxima irresponsabilidad e inconsciencia de estos dos actores políticos que, debido a su primitivo estilo y desconocimiento sobre el uso del elemento armado, criminalizan la protesta social y la elevan casi hasta declarar una hipotética Guerra Civil. Maduro y Ameliach, junto a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, se han convertido en bufos referentes del uso de la violencia armada a partir del 18 de febrero, para intentar amedrentar, contener y neutralizar la nueva protesta social que crece como consecuencia de su torpeza, de sus limitaciones y su desconocimiento de los Derechos Constitucionales, los cuales amparan a los ciudadanos venezolanos. Gravísima y equívoca conducta, porque estos actores políticos del postchavismo, no terminan de entender sobre la etiología y efectos de un conflicto social, que de forma irresponsable y con ligereza, se permiten hasta llamar públicamente a una Guerra Civil. 

Nicolás Maduro, Ameliach y Cabello son incapaces de aceptar que los venezolanos, después de quince años, están hartos y, en consecuencia, dispuestos a contener el primitivismo político y la herencia política de Chávez y sus ideas anacrónicas, sin sentido y lógica con respecto a la política y al sistema político venezolano. Por ignaros e indolentes, estos postchavistas no pueden comprender el vigor, la vitalidad y la responsabilidad de numerosos venezolanos que ya han expresado su convicción para producir un cambio por la vía constitucional, empleando, esta vez, el instrumento legítimo y político de la protesta social.

Los tres gobernantes, atormentados y llenos de pavor, emplean entonces la violencia política instrumentando al elemento militar y se asustan porque los demócratas reclaman un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno porque lo que ha ocurrido durante los últimos 10 meses es un franco desgobierno. 

Franco desgobierno en el cual se ha privilegiado la propaganda y la guerra psicológica, porque no entienden de acciones políticas, ni políticas públicas, ni soluciones propias de gobernantes. Tampoco pueden admitir que la sociedad venezolana agotó su paciencia para tolerar a un grupo de militares y militaristas que como gobierno, son incapaces para resolver los nudos de angustia que vive la República, razón por la cual ha crecido y continuará creciendo la protesta social en Venezuela. La protesta social –sépanlo- es el recurso civilizado de los venezolanos para decirle “ya basta” al socialismo del siglo XXI. 

La protesta social constituye el instrumento idóneo para que el gobierno sepa, se entere y termine de comprender que sus acciones han sido permanentemente equivocadas y son contrarias y distantes a los intereses del venezolano. Los venezolanos no aceptan, no toleran y no quieren ni pueden entender que el recurso petrolero, o sea la renta petrolera, sea orientado en la región a diferentes gobiernos con déficit democrático, cercanos al postmarxismo, en vez de que los mismos sean orientados a las soluciones de los múltiples problemas que padecen los venezolanos. 

La protesta social igualmente rechaza el recurso de la militarización de la política y la militarización de la sociedad por ser contrario a la democracia, a la libertad y a la decencia; la protesta social es contraria al engaño y a la conducta irresponsable de un gobierno que habla de diálogo sin comprender que el mismo debe resolver las desigualdades políticas vinculantes. La protesta social definitivamente constituye el instrumento civilizado por excelencia para enfrentar la ideología del comunismo y el comportamiento populista y arbitrario que pretende desarrollar Nicolás Maduro excluyendo a más de la mitad de los venezolanos que rechazan su comunismo disfrazado de Socialismo del siglo XXI.

Por lo tanto, Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach no pueden pretender, frente a la protesta social, llamar a la Guerra Civil. Guerra Civil que a ellos les es cercana por su condición de golpistas como militares y radicales como comunistas en el ejercicio de la vida política. Para ellos el uso de la guerra civil es un pretexto ante su grave ineptitud, la usan para tapar su incapacidad por cuanto no han podido resolver el conflicto social venezolano. La Guerra Civil para ellos es un maridaje entre la violencia criminal organizada de sus colectivos armados como fuerzas paramilitares y el postchavismo; fuerzas paramilitares nacidas y fomentadas durante el gobierno de Chávez con la intención de emplearlas a futuro en esta Guerra Civil. Una Guerra Civil que como conflicto violento, se propone aislar y neutralizar las organizaciones políticas legítimas y naturales del Sistema Político Venezolano creando un campo para una situación de excepción en el sistema que sería apoyada por el Tutelaje Militar y la Cúpula Militar Sometida. 

Esa Guerra Civil supuesta daría pie para que recayera sobre todo el elemento militar la culpabilidad, insensatez e ineptitud de una pandilla de gobernantes que no tienen sentido de la Historia. La historia de la sociedad venezolana y también del sistema regional que como parte de la historia pasada y presente, están atentos y prestos para impugnar la absurda e incongruente intención política de gobernantes venezolanos representantes del postchavismo que pudiera generar un evento de características impredecibles en la ecuación política venezolana. 

El postchavismo y la Guerra Civil que anuncia Maduro y sus adláteres lo que enuncia es la incapacidad de ellos como gobernantes que siguen convencidos de una revolución y, por lo tanto, están sumamente cercanos creer en una Guerra Civil. Una Guerra Civil que no termina de comprender la visión, interés y propósito de la protesta social de la oposición. La oposición política venezolana, por el contrario, cree en la protesta social y está convencida de que no puede ni debe tolerar la tiranía de Maduro y su militarismo obsecuente, oposición política que además está convencida de que su protesta social y la Constitución son los pasos apropiados para la redemocratización de la República y su propuesta para hacerlo orillando la absurda invocación o engendro colosal de actores atormentados por la protesta categórica de los venezolanos.

La oposición política en protesta social está consciente de que la Constitución, así como ampara la protesta por legítima, facilita que la presión ciudadana conduzca a que Nicolás Maduro entienda que su falta de facultad para gobernar lo debe conducir a su renuncia. 

Ese es un panorama de reclamo que comienza a vislumbrarse en el Sistema Político Venezolano a partir de la dolorosa circunstancia iniciada el 18F y que se vive en todo el territorio nacional, con la generalización de la protesta social. Este gobierno ha decidido enfrentar con una brutal represión militar a la oposición política dando muestras de intolerancia, cobardía y falta de sentido de la historia a tal extremo que anuncia una Guerra Civil. Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach tienen que estar conscientes y contestes de que los repúblicos de Venezuela – más del 50% de los venezolanos – han decidido ejercer la protesta social quiéranlo o no ellos como gobernantes, y esto es así, debido a que los venezolanos y su clase dirigente en especial, están contestes de que hay una pérdida grave de legitimidad en el sistema político y en las funciones que cumplen estos actores políticos. A partir de esta pérdida de legitimidad, cualquier análisis del Sistema muestra un punto de fractura y un posible desmoronamiento del Estado, entonces no es la Guerra Civil la solución, ni mucho menos el uso del elemento militar contra la protesta social. 

Este grave momento irreversible del desmoronamiento del Estado no le queda otra alternativa que renunciar o negociar con la oposición política representada por la protesta social y entiéndase no se trata de que el gobierno de Maduro lo quiera, lo que ocurre es algo muy simple que se le olvido a Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach, y eso es que quienes son y representan el poder comitente o poder natural – más del 50% de los venezolanos- están reclamando un cambio de actores políticos en las funciones de gobierno y el mismo ocurrirá legítima y constitucionalmente por medio de la protesta social.

José Machillanda

jmachillanda@ceppro.org

@JMachillandaP

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HÉCTOR DE LIMA, LOS FASCISTAS.

A los chavistas les voltearon el cerebro. Le dicen que los yanquis son fascistas. En realidad los yanquis combatieron a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial y los derrotaron conjuntamente con el ejercito ruso, el ocho de Mayo de 1945.

Los fascistas alemanes pertenecían al partido Nacional SOCIALISTA de Hitler, dirigido por militares. El partido Nazi era tan socialista como el PSUV y este, igual que el partido Nazi, era dirigido y entrenado por elementos del ejército. Los tupamaros son el componente armado equivalente a los SS alemanes.

El partido Nazi era socialista, se conocía con el nombre de Partido Socialista de los Trabajadores de Alemania y le gustaba exaltar los valores patrios. Organizaba desfiles todos los años en las avenidas donde estaban las estatuas de sus próceres y el águila con las esvásticas en las alas. Las tropas marchaban haciendo sonar sus botas sobre el asfalto mientras el Jefe eterno, observaba con la mirada extraviada desde el estrado. La estructura fascista del partido Nacional SOCIALISTA era una estructura vertical: LIDER-EJERCITO-PARTIDO-MASAS, muy parecido a la estructura adoptada por el PSUV. Las decisiones del líder eran inapelables y el  país se dividìa en dos. Los que estaban con el. Los que disentían, eran detenidos, puestos presos y acusados de subversivos. Los encerraban en celdas militares como las de Ramo Verde.

El partido fascista Nacional SOCIALISTA Nazi eliminó todos los programas de radio que le fueran adversos y negó el papel a todos los periódicos opositores de sus ideas. No eliminó las estaciones de televisión porque no existía la TV, pero las habrían aplastado de todos modos.

La Noche de los vidrios rotos, escuadrones motorizados de la SS con capuchas en los rostros, arrasaron con el parlamento y le echaron la culpa a todos los partidos de oposición. Eso permitió declarar el Estado de Excepción, y gobernar mediante una habilitante de decretos desde un parlamento inexistente.  Desde ese momento, Hitler logró gobernar mediante decretos y la Corte Suprema de Justicia, La Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y todos los jueces de la Quinta República, (el Tercer Reich) se inclinaron a sus pies. Algo parecido a esto hicieron con el Consulado Venezolano de Curazao. Rompieron vidrios y destruyeron esa sede con el fin de acusar a los opositores del odio que ellos mismos sentían y cerrar una via de escape para los venezolanos que querían fugarse. La diáspora venezolana alcanza a ciento cincuenta y tres ciudades en el mundo. Los venezolanos, expulsados por la política Nacional Socialista del PSUV, están en ciudades tan remotas como Berlín, Frankfurt, Madrid, Sidney (Australia), amén de muchísimas ciudades en USA y Cánada. La diáspora ya alcanza el millón de venezolanos en el exterior.

Los judíos se refugiaron en sus urbanizaciones y no se aventuraban a visitar los sitios donde abundaban los Nacional SOCIALISTAS Nazis. Vivian en guetos parecidos a los guetos que ahora aparecieron en Caracas: las Mercedes , Altamira y los Palos Grandes. El gobierno fascista nacional SOCIALISTA Nazi, ocupó por ordenes del Jefe todos los espacios, eliminó los servicios de transporte de los guetos judíos y cerró las estaciones del metro de Berlín, del mismo modo como ahora cierran Altamira.

De vez en cuando los fascistas SS salían de noche en sus motos a sembrar el terror en los guetos judíos, llegaban de noche y destruían comercios y propiedades, mataban a muchachas inocentes, algunas tan bellas como la Miss Turismo de Venezuela.

Yo comprendo que es mi deber educar a mis hermanos chavistas porque el Estado los explota, los utiliza y los engaña, a nombre de una revolución corrupta. Cuando hayan destruido totalmente a Venezuela, se encerraran en su bunker, se pegaran un tiro y los abandonaran a todos. Además no les explicaran a nadie, quienes eran realmente los fascistas.

Hector De Lima

hectordelima@gmail.com

@venecolombo

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MARGARITA BELANDRIA, PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LÓGICA Y FILOSOFÍA / A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1. En estos momentos en que Venezuela se halla sumida en la zozobra y se debate en una inconmensurable crisis política, económica, cultural y moral, pedimos a todos los universitarios del mundo su apoyo y solidaridad para con la universidad autónoma venezolana, sus estudiantes, sus profesores y demás trabajadores, y la ciudadanía en general, que sin escatimar sacrificios luchamos por nuestras libertades, por la autonomía universitaria y la pervivencia misma de la Universidad, para que nuestras generaciones tengan cómo y dónde educarse en libertad, ser humanamente libres, y puedan defenderse del adoctrinamiento político al que hoy se nos quiere someter.

2. En Venezuela se violan de manera continua y flagrante todos los derechos humanos. Los venezolanos no tenemos acceso a la información oportuna y veraz como lo establece nuestra Constitución. Los medios radiales y televisivos independientes han sido suprimidos u obligados bajo amenaza de cierre a cambiar la programación. Sólo nos queda la Internet, de pésima calidad y manipulada también por el Gobierno.

3. Las protestas públicas están siendo reprimidas con ensañamiento. Varios estudiantes han sido asesinados, muchos otros están presos y hay denuncias de que han sido torturados y violados.  El régimen de Nicolás Maduro ha desatado  una violenta persecución contra la dirigencia estudiantil, las organizaciones de Derechos Humanos, los periodistas y contra toda la dirigencia opositora, incluidas órdenes de captura y encarcelamiento, por el simple motivo de protestar contra el hampa y la violencia institucional, la inseguridad, la escasez de alimentos y  demás bienes y servicios básicos para la existencia.

4. En Venezuela no hay Estado de Derecho porque no hay “Estado”. El régimen imperante  destruyó todas las instituciones, incluyendo las fuerzas armadas a las que convirtió en “milicias revolucionarias”. Éstas y los Poderes Públicos son sólo rótulos bajo los que se agrupan “colectivos” violentos (integrados por nacionales y extranjeros de diversos países) dirigidos desde Cuba por los hermanos Castro con el solo propósito de garantizar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. El Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y demás instituciones son ahora simples oficinas al servicio del  Gobierno, cuyo poder  es ejercido, además, de manera autoritaria, tiránica y despótica, vil y soez, en flagrante contradicción con los preceptos establecidos en la Constitución Nacional y el debido respeto a la población disidente, que es la gran mayoría, si se toman en consideración las últimas elecciones presidenciales donde, mediante un estruendoso abuso de poder, trampas y gasto milmillonario, el candidato Nicolás Maduro apenas pudo obtener, según las cuentas artificiosas del ente electoral (CNE) —al que el Gobierno maneja a su capricho y antojo—, una mínima diferencia de aproximadamente 200 mil votos. Existe un cúmulo de evidencias objetivas, suficientes y cuantificables que permiten razonablemente presumir la consumación de un fraude electoral; y en la población, la certeza de que el CNE participó deliberadamente en el fraude.

5. Las universidades autónomas venezolanas, a pesar del acoso gubernamental y la progresiva reducción de su presupuesto, aún mantienen abiertas sus puertas gracias al tesonero esfuerzo de su personal académico y técnico-administrativo que, pese a nuestros exiguos salarios y al estado de zozobra e inseguridad reinantes, continuamos sosteniéndola, muchas veces debiendo cubrir algunos de sus gastos con nuestro propio dinero, y exponiendo al peligro nuestras vidas.

6. Frecuentemente en las universidades vivimos asediados por grupos armados que entran encapuchados violenta e impunemente a los recintos, incluso hasta las aulas, y aterrorizan con su presencia, sus motos ensordecedoras, sus procacidades,  disparos y explosiones de pólvora y bombas lacrimógenas. Son reiteradas las veces que muchas Facultades, para proteger la integridad física y mental de sus miembros, se han visto en la obligación de suspender todas las actividades y cerrar los portones como única defensa ante la violencia desatada,  promovida por dichos grupos, amparados y armados por los propios organismos del Gobierno.

7. Venezuela ha sido un país privilegiado con una gran riqueza petrolera, gasífera, hidráulica, tierras para la agricultura y la ganadería, entre otros muchos bienes. Hasta finales del siglo pasado, era un país con los problemas socio-políticos típicos de la mayoría de los países del mundo, pero era también un país en desarrollo económico, político y social ascendente. La universidad autónoma venezolana, con su educación gratuita e infraestructura creciente, residencias, comedor, trasporte y demás servicios estudiantiles, siempre fue una de las fuentes más importantes de movilidad social, económica y cultural. Millones de venezolanos —incluso algunos de los que hoy medran en el aparato burocrático gubernamental— han salido de la pobreza gracias a nuestra Universidad. Pero, debido al acoso financiero del Gobierno, hoy nuestros estudiantes no solo ven disminuidos estos servicios y carecen de bibliotecas actualizadas sino que están siendo criminalizados y asesinados.

8. La mentira, la calumnia, la persecución, el atropello, la corrupción y la vulgaridad se han ‘institucionalizado’ en el país. Por vías de hecho o mediante leyes espurias se ha venido implantando un ‘comunismo’ que no está previsto en nuestra Constitución democrática y que es ajeno a nuestros valores e idiosincrasia. De ese modo se ha convertido a Venezuela en una empobrecida colonia de la ya empobrecida Cuba, pues son los Castro y sus vasallos sumisos de nuestro país quienes toman las decisiones para regir todos los ámbitos de la vida nacional. Entre otros males incontables, con nuestros propios recursos monetarios vienen impulsando un proceso de rencorosa ideologización con la que han distorsionado nuestra historia y nuestra cultura, han llenado de ripios nuestra lengua  y la han vaciado  de sus genuinos significados.

9. Al empobrecimiento de nuestra cultura lo acompaña como consecuencia una descomposición de nuestro sistema de salud y  nuestro sistema educativo. Con esa corrosiva ideología, la artimaña, las armas y el dinero arrancado del Tesoro Nacional, se han venido apropiando de los sectores más débiles de la población —dentro y fuera del país—, engañándolos con precarios servicios médicos y educativos y falsas estadísticas propagandísticamente infladas. Con tales fines improvisan universidades paralelas de bajo presupuesto y calidad, que no cumplen los requisitos académicos establecidos en la Ley de Universidades vigente; asimismo, sindicatos de su misma línea ideológica, constituidos por personal no académico, que se arrogan la representación de todo el sector universitario para negociar y suscribir acuerdos de aparentes mejoras salariales pero que lesionan la esencia misma de las universidades autónomas e intentan convertirlas en simples agencias dependientes de la voluntad del Gobierno.

10. Como consecuencia de tan abusivas y deplorables políticas gubernamentales, iniciadas desde hace más de una década, que no respetan la autonomía universitaria y el derecho a la educación en los términos consagrados en la Constitución Nacional, las universidades autónomas han venido sufriendo un considerable deterioro en su infraestructura, bibliotecas, laboratorios y otras dependencias, al negársele el presupuesto necesario para su funcionamiento y el salario justo a su personal académico y técnico-administrativo.

11. El nivel de vida de los universitarios, y de la ciudadanía en general que no está en funciones de gobierno ni obediente a los gobernantes actuales, ha descendido a extremos intolerables, como, por ejemplo, no poder mantener en buenas condiciones el vehículo que se ha tenido, no poder reponer los equipos domésticos que se dañan, o realizar las reparaciones menores de la casa, y verse en la humillante obligación de tener que hacer gigantescas colas multitudinarias, durante horas, para comprar alimentos imprescindibles para la dieta diaria y productos de la higiene personal. Con frecuencia ocurre que después de varias horas en la cola se agota el producto, y hay que regresar al hogar con las manos vacías y el enorme peso del cansancio. Eso, cuando se corre con suerte y no se forma una confrontación violenta donde muchos terminan en el hospital o en la cárcel como consecuencia de la desesperación.

12. La comunidad universitaria es una de las más vilipendiadas y escarnecidas del país. Desde el Presidente hacia abajo, en alocuciones públicas  a través de los medios televisivos del Gobierno,  se profieren insultos, epítetos despectivos, y hasta obscenos, contra toda persona que no milite activamente dentro de sus filas, tildándoseles de fascistas, oligarcas, burgueses, apátridas, vende-patria, pitiyanquis, y otras expresiones que en nuestro hablar popular son sumamente ofensivas.

13. En sus gastos excesivos, el Gobierno privilegia el armamentismo, las funciones militares, el adoctrinamiento ideológico de la población y la propaganda para promover su inhumana ideología —dentro y fuera del país— por encima de la educación, la salud y la alimentación. Asimismo, privilegia la solución de problemas de vivienda, hospitales, escuelas, carreteras, electricidad, etc., en Cuba y otros países antes que en el nuestro, donde, para completar el cuadro de calamidades,  a cada rato falla el servicio eléctrico, de agua, de telefonía, de Internet, entre otros. Muchos hospitales carecen de los insumos necesarios para funcionar y es común ver a los heridos y enfermos tendidos sobre cartones en el piso. Hasta las morgues son insuficientes ante la enorme cantidad de cadáveres que ingresan como consecuencia de los asesinatos.

14. Finalmente, los venezolanos estamos en el más lamentable estado de indefensión. Por una parte, no hay organismos autónomos e independientes ante los cuales acudir con nuestros reclamos y, por otra, los organismos internacionales y gran parte de la comunidad internacional parecen no entender esta situación y optan por creer lo que este régimen castro-comunista de Maduro quiere hacerles creer, como la falacia infame de que en Venezuela hay una ‘revolución bonita’, ‘humanista’ que incluye a todos por igual.  Recién el año pasado, por ejemplo, en un acto que nos llenó de consternación, por ser una burla cruel, la FAO le otorgó a Nicolás Maduro un reconocimiento “por sus logros en materia alimentaria”. Con razón y justicia la ciudadanía se imagina entonces que el dinero de nuestro Tesoro Nacional es el que sirve para taparle los ojos y los oídos a quienes deberían defendernos.

Mérida-Venezuela, 23/02/2014.

Por la Junta Directiva de la Sociedad de Lógica y Filosofía,

Prof. Andrés Suzzarini B.                                        

Presidente                                                                

Prof. Margarita Belandria

Secretaria

Margarita Belandria

belandria@gmail.com

@belanro

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HUMBERTO SEIJAS PITTALUGA, FEBRERO 1989 Y FEBRERO 2014, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS, SESQUIPEDALIA

La semana que viene, está previsto que comience el juicio por el cual se van a establecer, supuestamente, responsabilidades por lo acontecido durante el “Caracazo”.  Habría que ser bien estulto, entonces, para no intentar un paragón entre lo acontecido hace veinticinco años y lo que recientemente ha sucedido en media Venezuela en razón de las manifestaciones estudiantiles y de la vesania con la que respondieron la gente con armas —Fuerza Armada, cuerpos policiales y brigadas irregulares de choque— enviada por el régimen a acabar con aquellas.

Por razones políticas, el régimen y sus cómplices en el Ministerio Público y el Poder Judicial se aprestan para, una vez más, atropellar al Estado de Derecho que preconiza nuestra Constitución.  Es que necesitan mantenerse en el poder sin importar los medios empleados.  Sobre todo, en estos días en que la calle se calienta con la energía rebelde de nuestros estudiantes.  Pero ese mismo intento les va a resultar a contramano porque nos permite contrastar eso con lo sucedido hace más de dos décadas. 

Primero que todo, y fundamentados en las leyes vigentes en el momento del Caracazo, los delitos que pudieron haberse cometido ya están prescritos.  No importa cuánto se desgañite Luisa Ortega alegando “¡lesa humanidad!”; ella sabe bien que el Estatuto de Roma, la norma internacional que crea ese tipo de crímenes, fue promulgado en 1998, nueve años después de los hechos; y que la nacional los menciona solamente a partir de 1999. Por el contrario, los cometidos en la actualidad por los mandados por el régimen para acabar violentamente con la protesta estudiantil si caen bajo la tipología del Estatuto de Roma y son de los catalogados como imprescriptibles.

Otra cosa es la tecnología existente hace veinticinco años y la que está disponible actualmente.  Hoy, todo el mundo anda con un teléfono que es capaz de —además de permitir conversaciones— tomar fotos y filmar videos.  Las caras de los ejecutantes y las vesanias que cometieron están bien archivadas y tienen una diafanidad muy alta.  Por lo que es más fácil poder imputar y responsabilizar a los vándalos con uniforme.  Durante el Caracazo, la tecnología no era mucha.  Con decir que ni celulares tipo ladrillo había.  Quizás, por eso, porque les va a ser imposible enjuiciar a los autores materiales de los asesinatos, es por lo que los sayones disfrazados de fiscales y jueces intentan encausar a unos supuestos “autores intelectuales”.  Algo así como lo que lograron con Simonovis y la fulana “complicidad necesaria”.  Dicen, entonces: “ya que no podemos encarcelar a los que dispararon, enjaulemos a quienes no lo hicieron”.  Con un agravante, en 2002 sí existía la tecnología que nos permitió ver a quienes disparaban desde Llaguno contra manifestantes desarmados.  Pero a esos no se los toca, más bien son condecorados.

Luego está lo de la licitud del empleo de las fuerzas armadas durante las protestas ciudadanas.  Eso, que estaba aceptado en 1989 en razón de lo que tipificaba la Constitución de 1961, a partir de la de 1999 no es posible.  La Fuerza Armada, según el texto actual puede colaborar en el mantenimiento del “orden interno"; que no es lo mismo que el "orden público", según explica alguien que de eso sabe mucho: el general y doctor en derecho Enrique Prieto Silva —mi querido compañero y compadre.  De hecho, la Constitución, en su Exposición de Motivos, precisó el término "orden interno", y lo definió como: “el estado en el cual se administra la justicia, se consolidan los valores de libertad, democracia, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia e imperio de la Constitución y la ley. Todo ello armonizado en un escenario donde predominan y practican los principios constitucionales (…) en un clima de absoluta participación democrática”  ¿Será que eso es tan difícil de entender para el nortesantandereano, su gabinete y sus altos mandos?

Y para que nos quede más claro lo anterior, el Art 332 tipifica que para el mantenimiento del orden público —nótese bien, el “público”— se crea una organización específica de carácter civil.  Dice: “El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará: 1. Un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil…” Y recalca, más abajo: “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.  De manera que los desmanes cometidos por los uniformados durante los acontecimientos recientes son —por esta razón también— otra violación de la Constitución vigente.  Y como aquellos actuaron por órdenes del Ejecutivo Nacional, este también la pisotea.  Una vez más…

Conozco y soy amigo de los generales a los que se les abre un juicio —Ítalo Alliegro, León Orsoni, Maya Cardona y Fuentes Serra—; me consta que son personas ilustradas, pundonorosas, de un alto nivel moral, que tienen muy claro el concepto de lo que es debido y a quienes, si estuviéramos en un Estado de Derecho, no se les pudiera imputar por delitos cometidos por otros, que estaban a kilómetros de ellos y que no actuaban bajo sus órdenes directas.  Si así fuera, y por aquello de “lo que es bueno para la pava…”, con más razón habría que abrírselo a la actual MinPoPoDef y demás altos mandos. Y a quien les dio las órdenes…

hacheseijaspe@gmail.com

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JOSE MARTINEZ, 27 DE FEBRERO DE 1989, EL CARACAZO

LOS HECHOS

     El día 26 de febrero de 1989, el Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, recién tomado posesión del ejecutivo nacional el 2 de febrero, implementa aumento de la gasolina e independientemente del análisis sobre las causas económicas y políticas que adujo el gobierno comenzó un malestar de la población y protestas de pueblo y estudiantes en la plaza “Tres Gracias” por la entrada norte de la Universidad Central de Venezuela. Los ánimos se fueron caldeando y el 27 de febrero se recrudeció las protestas con saqueos de abastos, supermercados y tiendas en general, las cuales fueron rebasando a las autoridades policiales civiles con quemas de cauchos y vehículos.

    Dadas tales hechos incontrorables  por la policía metropolitana y dada la gravedad de los mismos que indudablemente rompía con el orden público y la seguridad ciudadana, el Presidente de la República, ordena la movilización de la Guardia Nacional para coadyuvar en restablecer la paz y tranquilidad por medios disuasivos.

   La situación  del país y especialmente en la ciudad de Caracas y en Guarenas como Guatire del Estado Miranda, arreciaba en el saqueo, el tumulto y la estampida sin líderes conductores, es decir, en estado de total anarquía ocasionando atropellos, lesiones y muerte a  comerciantes y empleados víctimas de los desafueros, así como pugnas y rivalidades  entre las mismas personas que saqueaban y quemaban vehículos y establecimientos comerciales, así como a ciudadanos ajenos a los acontecimientos.

    El 28 de febrero de 1989, el Presidente Carlos Andrés Pérez, en Consejo de Ministros conforme lo establecía la Constitución de la República de Venezuela ( 1961), dicta el Decreto No. 49, en la cual suspende las siguientes garantías: libertad individual; inviolabilidad de domicilio; libertad de tránsito; libertad de expresión; derecho a reunión y derecho a la manifestación pacífica.

  Estos lamentables hechos se produjeron los días 27 y 28 de febrero y 01 y 02 de marzo de 1989. El 22 de marzo fueron reestablecidas las garantías y derechos constitucionales suspendidos.

  Como consecuencia y en ejecución del Decreto 49 del 28 de febrero de 1989, el Presidente de la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, ordenó el toque de queda y la ejecución llamado “Plan Avila”.

PLAN  AVILA

      En el mundo castrense se denomina  “Plan Avila”  como una estructura orgánica militar integrado por soldados del Ejército fundamentalmente con el fin de restablecer el orden público en situaciones muy difíciles y apremiantes en la que manifestaciones anárquicas y en estampidas de ciudadanos sin conductores o líderes están ocasionando daños materiales y personales  con saqueos, quemas de vehículos, riñas, atracos a mano armada, lesiones y muertes entre los mismos actuantes y a sus víctimas, rebasaron la autoridad civil.

   El Plan Avila es una consecuencia de la suspensión de las garantías y derechos constitucionales, es decir, el Presidente de la República no puede activar el “Plan Avila” sin que previamente haya dictado en Consejo de Ministros la suspensión de las garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional.

   De tal modo, el Presidente de la República, sino cumple con la convocatoria del Consejo de Ministro, no podrá ordenar la ejecución del “Plan Avila”; en este sentido, la responsabilidad directa y personal es indubitable que le atañe exclusivamente al jefe del gobierno avalado por todos los integrantes del Consejo de Ministros.

  Ahora bien, el Plan Avila, tiene dos (2) fases: disuasivo y represivo, pero en ninguna de estas fases llevan los soldados y oficiales que los comanda en su ejecución una “orden expresa o tácita de matar, de asesinar o de fusilar”. Nadie puede imaginar en sus cabales que tanto el Presidente de la República, como los Ministros que suscribieron el Decreto 49 y los Oficiales y soldados, dirigían, llevaban o ejecutaban sus acciones bajo el esquema jurídico-penal de “iter criminis”, es decir, “licencia para matar”.

     Los lamentables hechos tanto de las personas en sus conductas anárquicas como de los militares en cumplimiento del deber para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana, no se percataron del factor multiplicador de delitos y de sangre sin no se detiene a la mayor brevedad la estampida. En estos casos, es factible que se comentan excesos de una parte o de la otra, porque tanto unos como los otros son del mismo pueblo, son los mismos ciudadanos de un mismo país y con guerra civil o guerrilla ya tenemos historia del dolor entre hermanos con la de los cinco años fraticida de la Federación.

   Nadie podrá aplaudir lo ocurrido en esos días comenzando con el 27 de febrero ni nadie, aún el Presidente de la República y sus inmediatos colaboradores pueden festejar lo dolores y las angustias que vivió la Nación.

EL DERECHO

    Habiendo sido suspendidas las garantías y derechos constitucionales mediante el referido Decreto 49, dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministro, es indudable que el jefe del gobierno actuó conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, ello sin entrar en consideraciones sobre si fue prudente o no la toma de decisión y por ende, ordenar el toque de queda y el llamado “Plan Avila”.

    Ahora bien, analizando la responsabilidad de la ejecución de las referidas medidas, debemos observar que si bien los Ministros que suscribieron el Decreto 49, no ejecutaron las acciones derivadas del mismo y por ende, no puede responsabilizarse e imputárseles a todos las consecuencias de los hechos con la ejecución del “Plan Avila”, por cuanto evidentemente no fueron “ejecutores” sin el hecho cierto de avalar el Decreto, no podrían considerarse como cómplices necesarios en homicidio calificado y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales. Aún, en el mas alto estrato del gobierno, no cabría la imputabilidad al Presidente de la República, si bien, las medidas económicas pudieron ser la causa de la “estampida”, no es menos cierto, que en el intelecto del jefe de gobierno, no fraguó la intencionalidad de que ésta se produjera para “matar”, en todo caso, se debería solicitar sea practicada un test mental y examen psiquiátrico para comprobar su pranoia o esquizofrenia.

EL MINISTRO DE LA DEFENSA.

        El General de División Italo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa para el momento de tan tristes hechos, suscribió como los demás Ministros el Decreto 49, por lo tanto en primera fase, no le es imputable como a los demás miembros del Consejo de Ministros la autoría en la ejecución de las muertes y heridos ocurridas como consecuencias de la suspensión de garantías y derechos constitucionales.

      Pero asimismo, es determinante a la luz meridiana, que el Ministro de la Defensa ni en la Constitución de 1961 ni la vigente de 1999, tiene facultades y atribuciones operativas, es decir, no comanda tropas ni ejecuta procedimientos bélicos ni contra soldados extranjeros en resguardo de nuestra soberanía ni contra civiles en situaciones como las vividas en el 27 de febrero y siguientes del 1989, su competencia, es de interlocutor del Presidente de la República quien es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el funcionario administrativo del despacho castrense.

    Siendo la responsabilidad penal objetiva y personalísima, no puede subsumirse al Ministro de la Defensa imputable en la comisión de homicidio calificado en grado de complicidad necesaria y además, en quebrantamientos de pactos y convenios internacionales.

   El delito de homicidio impone la comprobación en primer lugar del cuerpo del delito en forma precisa, indubitable y determinante, lo que conlleva inexorablemente, las probanzas necesarias del “iter criminis”, es decir, como ya se expuso, la maquinación intencional de cometer el delito, por ello, la complicidad es coadyuvar en la perpetración del crimen, y en ese caso, se deberá demostrar como condición “sine quanon”, quién es el autor para que exista la complicidad, de lo contrario caeríamos en la sentencia del eximio jurista Carnelutti sobre “Las Miserias del Proceso Penal y la aseveración del profesor Joaquín Costa “La ignorancia del Derecho”.

    Lo ocurrido en esos días de febrero y marzo de 1989, no puede verse como “actos políticos”, si así se considerase no tendría razón alguna para consignar alegatos jurídicos en un Estado que se precie de Derecho Justo, de lo contrario, la administración de justicia estaría escapando por los ventanales del templo de la ley. Sería la razón de la sin razón para inculpar a un inocente del hecho cuestionado.

   El Plan República, el Plan Soberanía y el Plan Avila, no son instrumentos y organizaciones militares para matar con alevosía y ensañamiento; su naturaleza castrense es defensiva y persuasiva con las circunstancias de repeler agresiones o ataques si hubiere lugar a ello.

Definitivamente, el Ministro de la Defensa para ese entonces, el General de División Italo del Valle Alliegro, jurídicamente, en real y verdadero estado de Derecho Justo, no podrá ser imputado de ningún delito, de ese lamentable hecho, como se ha expuesto, salvo que sea por una justicia de retaliación política. Hechos que en su exhaustivo examen fue causa de una estampida sin ninguna conducción política; estampida donde algunas personas sin escrúpulos se valieron de la situación para provocar asaltos a negocios utilizando armas de fuego y ocasionando muertes entre ellos mismos, como así, fue captado en videos y fotos. El objeto de esa estampida fue aprovechada para el pillaje y el robo con violencia.

   El Ministro de la Defensa nunca dio órdenes para matar por cuanto sus atribuciones no eran militarmente operativas, en todo caso, el Presidente de la República y todos sus  Ministros debería ser imputados en las mismas condiciones del Ministro de la Defensa.

  En ninguna legislación penal puede ser sometido a juicio el Ministro de la Defensa, por causa de lo ocurrido en esos hechos.

@josemartinez

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ENRIQUE GUILLERMO AVOGADRO, ARGEN/ZUELA Y VENE/TINA, DESDE ARGENTINA

"Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en un deber” Thomas Jefferson

El Pajarico Chitico, despreciando toda institucionalidad y a contramano de lo que dispone la propia Constitución sancionada por Hugo Chávez, mantuvo su cargo como Vicepresidente después de la muerte de aquél, fue a Cuba a firmar un trascendental acuerdo con la dictadura castrista y, finalmente, se consagró Presidente en una fraudulenta elección. A partir de allí, se hizo de los poderes judicial y legislativo, de la mayoría de los cargos en los distintos estados y alcaidías, y comenzó una exitosa campaña para silenciar a la oposición y a la prensa libre.

Pero la torpeza del régimen y su gigantesca corrupción desplomó la producción de petróleo y gas y hoy sus aún monumentales ventas a los Estados Unidos no le permiten importar los alimentos y los medicamentos necesarios para satisfacer las más elementales necesidades de su pueblo; con la inflación más alta del mundo, Venezuela soporta una diferencia cambiaria sideral entre sus mercados oficial y blue. Ante la protesta social, encabezada por los estudiantes, militarizó totalmente a la administración pública y creó distintas organizaciones armadas que asuelan los barrios y comunas atemorizando y hasta matando a los opositores.

Así, el régimen no parece tener otro destino que parecerse, cada vez más a Cuba, cuyos vetustos líderes necesitan, como de la sangre misma, del enorme oleoducto virtual mediante el cual Caracas le suministra gas y petróleo por más de US$ 10.000 millones anuales. Sin ese masivo apoyo, los Castro verían naufragar definitivamente su “paraíso”; es por ello que, en defensa propia, contribuyen con más de sesenta mil “asesores” armados a sostener a esta tristísima Venezuela actual, muchos de los cuales integran las fuerzas armadas y los grupos parapoliciales que asesinan a mansalva.

El pueblo venezolano, mucho más aguerrido y comprometido que el argentino, está poniendo toda su carne, literalmente, al asador del chavismo, y ya la luctuosa cuenta llega a los once muertos y más de setecientos heridos; a la violencia y a la inseguridad cotidianas –en Caracas se producen más homicidios que en Bagdad-, ahora se suma la represión a la protesta que, con seguridad, seguirá engrosando ese penoso balance.

El otro aspecto que, pese a esperable, no deja de llamar la atención es el silencio en que se han sumido los organismos de falsos derechos humanos argentinos frente a la masacre de la población civil, sobre todo de estudiantes, y a los dichos del pandillero D’Elía. Demuestran así, una vez más, cuán sesgada es su posición, dependiendo de su afinidad o lejanía del régimen que los viola.

Pese a la preocupación que embarga a los argentinos por una eventual réplica local de esa forma terrible de chavismo, y a los ingentes esfuerzos que hace el kirchnerismo duro para lograrlo, debemos recordar por qué no resulta posible transpolar aquí algo similar. En primer término, porque la ciudadanía argentina no está dispuesta a ocupar diaria y masivamente las calles, sea a favor o en contra del Gobierno; segundo, porque la crisis económica aún no reviste punto de comparación y, finalmente, por esa organización militar y paramilitar que allí respalda al régimen. Debemos agradecer que, cuando disponía de poder para hacerlo, don Néstor prefirió enriquecerse y ahora su viuda, rodeada de incapaces y de ladrones, carece de los medios para triunfar.

Y aquí es donde entra una necesaria mirada sobre el Ejército y el rol de su jefe, el Espión Milani. Quien ha tenido la paciencia de seguir estas notas, sabe cuántos parecidos encuentro entre el jefe actual y Massera, ese degradado y criminal almirante que, en pos de un proyecto político personal, hizo cuanto consideró necesario –el asesinato para robar, inclusive- para crecer y concretarlo. Doña Cristina, por defender su ascenso al grado de Tte. General, ha pagado en meses recientes un costo sideral al ignorar las graves acusaciones de enriquecimiento ilícito y de violador de los derechos humanos que, en el caso de otros militares contemporáneos a éste, los han llevado a la cárcel y a la muerte.

Sin embargo, parece no percibir que ella misma es un escalón más en la elevación del Espión a la cúspide a la cual cree ser llamado por su destino, otro de los que antes fueron Garré, Puricelli, el Perro Verbitsky y hasta la propia Madre Bonafini. Debiera la Presidente recordar qué papel jugó Massera en las postrimerías de la presidencia de Isabelita Perón y, sobre todo, una de las últimas frases de Salvador Chicho Allende, poco antes del golpe de 1973 en Chile: “Llámenlo a Arturito (por Pinochet), que es un leal amigo nuestro”.

Volviendo, en especial, a la muerte de otro bombero víctima del incendio del depósito de Iron Mountain, la ciudadanía debe exigir el rápido e inobjetable esclarecimiento de las circunstancias que rodearon su inicio. Debemos saber ya mismo cómo comenzó y, sobre todo, qué se quemó. No debemos permitir que la Justicia, como sucede con el crimen de Once, cuyo segundo aniversario fue conmemorado ayer con críticas gravísimas a la propia Cristina, permita que los responsables, si los hubo en el caso de Barracas, sigan libres y disfrutando de sus fortunas tan manchadas de sangre.

Como seguramente recordará, hace meses que denuncio que el Gobierno, sobre la base de las mentirosas estadísticas del INDEC, pagará a los tenedores de bonos atados al crecimiento del PBI, entre US$ 3 y 4.000 millones; si todos los bancos internacionales, los analistas independientes y las agencias que la Argentina no crecería, ¿qué otros pudieron comprar esos bonos que no fueran aquéllos que sabían que podían manipular los datos oficiales? Para mi absoluta consternación, ese pago fue confirmado el jueves, por lo cual se transformará en el último saqueo a lo que, alguna vez, fue una nación.

El llamado a la movilización cívica del 13 de marzo (#13M, en Twitter) continúa con fuerza, pero aún no se ha logrado la esencial unificación de las consignas; si no consiguiéramos tal cosa, sólo será una manifestación más, que doña Cristina (cliquear: http://vimeo.com/10675039) mirará por televisión, que no producirá efecto alguno y agudizará la frustración. Por ello, renuevo mi pedido en ese sentido a los distintos convocantes, pues ya queda muy poco tiempo para la fecha señalada. Para sostener mis dichos, basta con ver qué sucedió en Ucrania, donde las manifestaciones populares obligaron al Parlamento a destituir al Presidente y llamar a elecciones.

Esta semana nos dirá mucho acerca de qué pasará en las negociaciones paritarias. Sus resultados serán determinantes para el futuro inmediato, ya que las aisladas medidas adoptadas por el Banco Central para detener la sangría de reservas, sólo podrán extender sus efectos hasta junio y si, para entonces, el Gobierno no hubiera explicitado un plan antiinflacionario creíble (que, necesariamente, deberá incluir el reemplazo de quienes tienen a su cargo la economía), el temporal regresará con más fuerza aún.

ega1@avogadro.com.ar

@egavogadro

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SAÚL GODOY GÓMEZ, LAS DESAPARICIONES BAJO EL CHAVISMO

Debo empezar esta serie de artículos destacando una estrategia de poder del socialismo en Latinoamérica, de carácter común, tanto en Cuba como en Venezuela, y que asume su carácter de “practica” o excusa que le permite a esos regímenes, bajo la pretensión de un Estado de Excepción, declarado o no, que el gobierno practique una serie de delitos de lesa humanidad contra la población, amparado en un supuesto “golpe de estado”, en desarrollo o continuado, entendiendo esta modalidad de golpe de estado sin la participación de las fuerzas armadas del país.

Creando la ilusión de que se trata de un estado que preserva su existencia, el gobierno que activa ese novedoso recurso se cree en el derecho y con la libertad de practicar cualquier medio a su alcance para evitar la supuesta pérdida de poder; debido a la urgencia con la que debe actuar, se cree excusado de acatar los principios básicos de protección a los derechos humanos y de salvaguardar las garantías que protegen a los ciudadanos.

Esta práctica ha sido obvia, por lo seguido que se ha utilizado, en los gobiernos socialistas totalitarios de Cuba y Venezuela; a la menor manifestación de protesta o de malestar social público, sean estas las Damas de Blanco en la Habana o los estudiantes universitarios venezolanos en San Cristóbal, las fuerzas de seguridad del estado arremeten, inmediatamente y con desmedida fuerza, contra estos focos de protesta pública, violando flagrantemente los derechos de los manifestantes.

Uno de los delitos de lesa humanidad más comunes, en el caso del gobierno socialista bolivariano de Venezuela, ha sido el de las desapariciones forzadas; los funcionarios de seguridad del estado secuestran a las personas en la calle y las desaparecen por un tiempo determinado, fuera de toda jurisdicción legal y asistencia humanitaria, incomunican al rehén y lo someten a interrogatorios, tortura y vejámenes, para luego soltarlos bajo amenaza de muerte.

Como se puede apreciar, esta práctica está totalmente al margen del ordenamiento legal, no hay la intervención de la fiscalía, ni de tribunales, los funcionarios no cumplen con los extremos legales para la detención de los ciudadanos, actúan como secuestradores comunes amparados en su autoridad, no hay ley sino la de la fuerza bruta, no hay otra instancia sino la de la voluntad de los esbirros que golpean, insultan y amenazan al abducido.

Y cuando el ciudadano acude a los órganos institucionales para hacer su denuncia, ésta queda en simple declaración, ya que no existen pruebas y las autoridades no hacen el menor esfuerzo para iniciar una investigación; esa desaparición queda sin castigo.

En la reforma que se le hizo al Código Penal Venezolano el 20 de Octubre del 2000, en el artículo 181-A, dice: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años...   El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada. La acción penal derivada de este delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía…”

Todos sabemos que si algo sale mal durante esta desaparición forzada, si por mala suerte la victima muriese, bien sea por un accidente o por los malos tratos, la desaparición se convierte en permanente, el cuerpo de la víctima simplemente se esfuma, o lo dejan tirado en el puesto de emergencia de algún hospital.

Es un delito terrible pero muy popular dentro de los cuerpos de seguridad de estado de este gobierno del Presidente Maduro, quien sabe de estas prácticas y las apoya con su silencio; es practicado con deleite por el llamado “Carnicero de Valencia”, el gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach, militar exgolpista y cabecilla del PSUV, quien se ha distinguido por propiciar y apoyar tales procedimientos inhumanos, e incluso, los anunció públicamente en la amenaza contra los estudiantes que protestan en la entidad bajo su cargo.

Venezuela ratificó el llamado Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000 que corresponden al reconocimiento de los crímenes de derecho penal internacional, y aunque mucho de esos delitos no están aun tipificados en nuestra legislación, abre los caminos para poder determinar responsabilidades internacionales a quienes cometan actos contra la humanidad en ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil.

Es absolutamente inaceptable que un gobierno, que se dice humanitario, lleno de amor, se dedique a solventar la paz social a fuerza de violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo incomunicando a las víctimas, a sus familiares, a quienes podrían prestarles asistencia médica o jurídica, a la opinión pública, al país todo en un infame bloqueo comunicacional, para que no se conozcan sus desafueros.

Esta lección que el país nacional está recibiendo en carne viva, sobre la salvaje naturaleza del socialismo radical, no debe ser olvidada. Maduro y sus cohortes de torturadores y violadores de derechos humanos tienen que responder a la justicia nacional e internacional; sus colaboradores y simpatizantes tienen que responsabilizarse y aceptar el repudio de la sociedad venezolana porque una situación parecida no puede permitirse jamás.

Me da coraje el silencio cómplice de países amigos, vecinos que presencian estos episodios de horror y no levantan sus voces de protesta por conveniencia e intereses, que ven la dignidad humana pisoteada en nuestro continente, de nuevo, siendo naciones que pasaron por esta ordalía y se recuperan todavía con mucho esfuerzo del daño causado, ellos mejor que nadie deberían levantar sus voces de protesta… pero los venezolanos estamos aprendiendo, por la hosca vía de la realidad real, que la solidaridad latinoamericana se reduce a expresiones retóricas, a sentimientos edulcorados con canciones sobre desparecidos, pero que al momento de la defensa de la libertad y los derechos del hombre, voltean la vista a un lado y callan, mantenerse indiferentes paga más que denunciar, porque quieren estar bien con los “camaradas” socialistas, así éstos torturen y desaparezcan, igual o peor que los odiosos regímenes de derecha que se parecen mucho a éste, que ahora subyuga a Venezuela; eso siempre da mayores dividendos y se evitan problemas diplomáticos. – 

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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HENRY RAMOS ALLUP, LOS FASCISMOS,

Mientras en la misérrima Cuba castrista el propio Fidel admite que el modelo que ha tratado de imponer con su tiranía no funciona, y por eso su régimen se baja los pantalones ante el capitalismo occidental en busca de los dólares que su destartalada economía no produce, en Venezuela los hijos lerdos del ilustre muerto que nos arruinó perseveran con sus estupideces manteniendo los anaqueles vacíos. Si en materia económica estos chambones han metido la pata descomunalmente, si antes lo económico era disimulado con efectismos políticos, el gobierno ha llegado a un punto en que también está metiendo la pata políticamente a más no poder.

El gobierno está cayéndose sólo y Maduro lo sabe. Cuando habla de golpe de Estado simplemente emplea un eufemismo tratando de disimular lo que sabe, es decir, que es tal el nerviosismo entre los militares que por ahora se dicen chavistas, que si se estuviera fraguando un golpe lo darían esos militares para salvarse del arrastre que se vislumbra, resueltos a acompañar al chivo expiatorio sólo hasta la boca de la sepultura, máxime cuando no podrán invocar como eximente de responsabilidad por los derechos humanos que vienen violando sistemáticamente, el Internacionalmente derogado principio de «obediencia legalmente debida a órdenes superiores». Sabido es que los militares latinoamericanos son siempre leales hasta la víspera. Que lo diga el incauto Allende desde el más allá.

Entre los daños que Chávez le hizo a nuestro pobre país, quizás el peor fue acabar con la separación de poderes para concentrarlo todo en sus propias manos y constituir un sistema de dominio unipersonal del tamaño de su megalomanía, hecho para existir sólo mientras él estuviera vivo. Semejante barbaridad, hay que admitirlo, tenía como sustrato su carisma y liderazgo, su poder de convocatoria en los sectores populares y la utilización permanente de la demagogia ante masas fanatizadas empleadas como elemento permanente de intimidación, es decir, fascismo puro. El problema deviene porque una misma herramienta en diferentes manos no es la misma herramienta: Maduro no es Chávez.

Así como no albergo la menor duda de que Stalin era tan fascista como Mussolini o Hitler, tampoco la tengo cuando afirmo que en Venezuela desde el advenimiento de Chávez actúan ostensiblemente un tipo de fascismo que se autocalifica de izquierda promovido desde y por el gobierno y otro catalogado como de derecha que pretende ser la verdadera y única oposición sustituyendo a cualquier otra que no comparta sus puntos de vista. La primera actuación de ambos fascismos la presenciamos durante los sucesos de abril del 2002 y en hechos posteriores como la feria militar-cívica de la Plaza Altamira y el paro petrolero 2002-2003, promovidos desde una supuesta opinión pública y los medios de comunicación que la formaban e imponían a su capricho y conveniencia, para después desentenderse de tales hechos e incluso condenarlos, así como de quienes los lideraron, con las consecuencias que la memoria colectiva no debe haber olvidado.

Cada uno de los fascismos atribuye su existencia y conducta a la presencia y procedimientos del otro, cuando en verdad ambos son causa y consecuencia de una misma atrocidad. El fascismo oficialista se manifiesta ya en el aprovechamiento de las instituciones gubernamentales que controla completamente, incluyendo la fiscalía y los tribunales con sus autos de detención intimidatorios, las policías, las fuerzas militares, los colectivos armados, la violación sistemática de los derechos humanos, etcétera, y el fascismo opuesto se expresa en las guarimbas y cierre de vías públicas que afectan al ciudadano común, el destrozo de locales públicos y privados, la quema de basura, de patrullas y unidades de transporte público, hechos casi todos circunscritos a municipios donde habitan sectores de clase media y alta. Ambos, como dijera el eminente historiador Eric Hobsbawm, comparten «la concepción de la política como violencia callejera», y en medio de ambos una inmensa cantidad de ciudadanos de todas las tendencias y preferencias que se sienten intimidados y acorralados por ambos fascismos, constreñidos en rabia silenciosa a aceptar los desmanes perpetrados por los gamberros de la calle.

El derecho a manifestar pacíficamente ha sido pervertido por la represión del gobierno so pretexto de la preservación del orden público, pero también por grupos anárquicos que se han trenzado en excesos contra la propia ciudadanía. Preocupante que por ganar un aplauso efímero de alguno de los fascismos, pasáramos agachados acusando al uno y excusando al otro, cuando ambas caras de la misma moneda son y representan lo mismo.

@hramosallup

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DOUGLAS JÁTEM VILLA, VICTORIA ESTUDIANTIL, ALICIA DE LA ROSA, CAPRILES: NO VOY AL CONSEJO FEDERAL CUANDO MADURO ESTÁ REPRIMIENDO

Se sigue hablando de diálogo. El gobierno y los estudiantes chavecistas invitan encarecidamente a dialogar.

Maduro invita a  Capriles, quien debe asistir, pero sin pisar los cables que él nos ha recomendado que no pisemos. No se sienta el único vocero de la oposición democrática, en la cual hoy también pesan Ledezma, López y Machado, en orden alfabético, y con quienes debe conversar antes de hacerlo con Maduro.

El SSXXI puede equivocarse y pensar que puede “acaramelar” a Capriles para excluir a los oposicionistas “golpistas”. La sensatez y la responsabilidad social y moral obligan a entablar un diálogo que produzca resultados beneficiosos. Pero es imprescindible precisar el propósito del diálogo, el cual debe perseguir la pacificación que todo el mundo dice querer, pero también la convivencia en la diversidad. No puede ser para que todo siga igual, para que sigamos siendo atropellados porque no comulgamos con el SSXXI y no  estamos con la revolución, como si esto fuera obligación para todo el mundo; para que se siga aceptando la humillante intervención cubana, para que se sigan violando derechos esenciales, como la vida y el acceso a los alimentos y a lo vital para la salud, el empleo, la propiedad, la expresión, la iniciativa individual, la accesibilidad a la divisa extranjera; para que se acepte el inconstitucional Plan de la Patria, para que depongamos la posición de lucha pacífica y legítima. El diálogo hoy se hace para restablecer la paz, pero también  para que restablecer el rigor de la Constitución, para designar legítimamente el TSJ, el CNE, la FGR, la CGR; para que todos los poderes públicos sean autónomos; para que impere la justicia, para se designe una Comisión de la Verdad sea base para el imperio de la justicia que se debe aplicar a todo aquel que haya incurrido en delito, tanto los incalificables asesinatos, como la igualmente incalificable violación y vejamen del joven Juan Manuel Carrasco por un guardia nacional; para que se acometa inmediatamente la reconstrucción y recuperación de la economía nacional. No se trata de nada del otro mundo, de un golpe de estado, de una revolución. Para la Venezuela democrática, se trata de mantener la protesta, cumpliendo el compromiso con la  responsabilidad de unos con otros, con el sentido de pertenencia a Venezuela, para que el gobierno rectifique y aporte su cuota para acercar el país a la institucionalidad y al transcurso del período constitucional. Es importante el interés que está mostrado la comunidad internacional, pero se debe esperar que al lado del llamado al diálogo y la paz, se pida el esclarecimiento y regularización de la realidad institucional y de la vigencia de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Douglas Jatem

djatem@gmail.com

@djatemv

ALICIA DE LA ROSA |  EL UNIVERSAL, EN RUEDA DE PRENSA CAPRILES: NO VOY AL CONSEJO FEDERAL CUANDO MADURO ESTÁ REPRIMIENDO

"Yo no voy a ser el que va a lavarle la cara a Nicolás Maduro al Palacio Blanco. Eso es lo que quieren hoy, que yo vaya, nos demos las manos como que el país estuviera en una absoluta normalidad", enfatizó el gobernador Henrique 

Caracas.- Mostrando las fotos y un informe sobre la situación actual de lo que está sucediendo en el país sobre la violación a los derechos humanos, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, dijo que no asistirá a la reunión del Consejo Federal de Gobierno "a lavarle la cara a (Nicolás) Maduro" cuando a esta hora "están reprimiendo al pueblo en distintas partes del país".

"Yo no voy a ser el que va a lavarle la cara a Nicolás Maduro al Palacio Blanco. Eso es lo que quieren hoy, que yo vaya, nos demos las manos como que el país estuviera en una absoluta normalidad, como si no estuviera pasando nada (...) Nicolás, tu a mí no me vas a utilizar", enfatizó el gobernador mirandino en rueda de prensa.

Presentó un balance "extraoficial" del número de detenidos en todo el país por las protestas en contra del Gobierno. "La información que tenemos extraoficial es de 649 personas detenidas en todo el país, de las cuales 376 fueron liberados, 242 siguen detenidos, 19 privados de libertad, seis están bajo arresto domiciliario, cinco esperan fianza y una va a ser deportada".

Dijo que en la jornada de manifestaciones este lunes, "tenemos 219 personas que aún no han sido ni liberadas ni presentadas en los tribunales y la información que tenemos es que en la madrugada 34 fueron detenidas".

El líder opositor criticó al Jefe de Estado porque ayer en cadena de radio y televisión estuvo "bailando y apurado porque llegue el Rey Momo", cuando en las protestas estaban "reprimiendo y golpeando a los jóvenes y enterrando a Geraldine Moreno Orozco" en Valencia, estado Carabobo. "Como voy yo (a Miraflores) en una situación de represión, de violación de derechos humanos (...)  A esta hora están reprimiendo a las personas en distintas zonas de nuestro país. Dos personas han perdido la vida hoy", precisó.

Denunció que el Ejecutivo nacional ha amenazado con no entregar los recursos para los proyectos de las comunidades que ya fueron aprobados si no asiste al Consejo Federal. "¡Chantaje! Usted no va a un Consejo Federal con una pistola en la cabeza. Nosotros no trabajamos sobre la base del chantaje (...) Yo ahorita no voy a una sesión del Consejo con un gobierno moribundo".

Maduro genocida

Henrique Capriles aseveró que el mundo está calificando a Nicolás Maduro de "genocida" y enfatizó que el Palacio de Miraflores no es el escenario para un proceso de pacificación. "Este es un gobierno moribundo y ahora en el exterior, genocida (...) Nicolás es un error en la historia de este país y nosotros tenemos que salir de ese error y hemos planteado un camino que está en la Constitución".

"Hay gente que tiene derecho a pedirle la renuncia (a Maduro). A mí me lo han pedido y ¿están presos los que me la han pedido? y ¿por eso la gente es fascista? Ser opositor no es ser criminal en este país (...) Miraflores jamás será la sede para convocar un dialogo en el país".

Recordó que el Gobierno "está interesado en que el conflicto y la violencia continúe en determinados zonas de la ciudad de Caracas y del país, eso significa que en la zonas donde no hay enfrentamiento, movidas además por el propio Estado, no quiere decir que no haya descontento".

"¿Quién está reprimiendo? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las actuaciones de la Fiscalía y los tribunales? ¿Dónde están los responsables? Ya han pasado muchos días", se preguntó Capriles.

Se refirió a la decisión del Gobierno de regular las compras en PDVAL. "¿Qué es esto, una libreta de racionamiento? Nos están metiendo el modelo castro-comunista disfrazado, aprovechando la coyuntura que vive el país y esto es sumamente grave".

Gobierno vuelve leña a la GNB

Reiteró su rechazó a los focos de violencia que se han presentado durante las manifestaciones pacíficas del pueblo. "El gobierno ha centrado toda su fuerza comunicacional en hacernos creer a los venezolanos que está un golpe de Estado en marcha ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están las pruebas?  Nos están haciendo creer que hay un plan orquestado desde intereses externos para salir del gobierno".

"Hay una protesta en el país donde hay focos de violencia que nosotros rechazamos y los condenamos desde el primer momento pero pretender que esto es un problema en un sitio y que todas las cosas marchan bien, eso no es así", añadió.

Aseveró que él no va a sacar a la Policía de Miranda para reprimir ni a los opositores ni a los oficialistas y dijo que Maduro "está volviendo leña el sentimiento del pueblo venezolano hacia la Guardia Nacional".

"El gobierno moribundo se quiere arrastrar a las Fuerzas Armadas. Cómo se sienten miembros de la FANB viendo algunos de esos videos. Allí no se ve un tema de control publico sino se ve algo totalmente distinto, violaciones a los derechos humanos", recalcó.

Agenda para dialogar

Henrique Capriles reiteró la agenda para acceder a un diálogo con el Gobierno nacional. "Es importante que se tomen medidas en beneficio de los lideres opositores encarcelados. Hemos dicho que aquí tiene que haber una agenda, no estamos planteando cosas que sean imposibles alcanzar".

"Solicitamos la libertad de todos los estudiantes detenidos, libertad para los presos políticos, libertad para Leopoldo López y de todas las personas privadas de libertad. Hoy hasta un gobernador (Vielma Mora), afecto al oficialismo, pidió una medida humanitaria para Iván Simonovis que lleva casi 10 años preso y todo el país sabe que es inocente", destacó.

Exigió el desarme y desmantelamiento de los grupos armados. "Cuándo le van a poner fecha y hora para desarmar a los grupos paramilitares, que se trasmita en cadena de radio y televisión y de quienes salen en la noche a matar instruidos por el propio Nicolás Maduro".

Dijo, además, que el llamado a la paz tiene que ir acompañado de otras cosas. "El cese de la represión y la tortura de forma inmediata. Hay que detener la violación de los derechos humanos, eso no puede pasar por debajo de la mesa. Detener por parte del gobierno la criminalización de la protesta, el pueblo tiene derecho a protestar". Planteó "sentar al sector productivo y a los trabajadores. Seleccionar un árbitro que represente al país entero". Para ello propuso a la Iglesia "porque tiene la capacidad de convocatoria".

"Elegir a la tercera parte del TSJ que tiene el período vencido y al contralor. Publicar la lista de las empresas que se le asignaron dólares preferenciales, caiga quien caiga. Abrir a todos los venezolanos los medios del sistema público y dejar la presión a los medios privados. Dejar de regalar nuestro petróleo a otros países y sacar la política y al gobierno cubano de la FANB".

López no le debe nada a la justicia 

Capriles Radonski se refirió al líder de Voluntad Popular y dijo que Leopoldo se entregó porque no le debe nada a la justicia. "Hay compañeros que tienen una visión, hay otros que tenemos otra visión pero eso no significa que los planteamiento que hagan otros compañeros en este país no estén con la Constitución y las leyes".

"Puro veneno. Cada vez que el gobierno habla son cadenas para descalificar e insultar, cada vez que abre la boca en rueda de prensa con medios internacionales es para decir que yo soy drogadicto. Venga y hágame una prueba de sangre (...) Lo reto a debatir".

Reiteró que es un error que la comunidad haga barricadas para encerrarse así mismos. "Debemos sumar a las causas, no restar".

En Twitter @aliciadelarosa

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