BIENVENIDOS AMIGOS PUES OTRA VENEZUELA ES POSIBLE. LUCHEMOS POR LA DEMOCRACIA LIBERAL

LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS; CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRAN LA TIERRA Y EL MAR: POR LA LIBERTAD, ASÍ COMO POR LA HONRA, SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA. (MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) ¡VENEZUELA SOMOS TODOS! NO DEFENDEMOS POSICIONES PARTIDISTAS. ESTAMOS CON LA AUTENTICA UNIDAD DE LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA
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viernes, 22 de mayo de 2015

PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA RESPECTO A LA VULNERACIÓN DE NUESTRA SOBERANÍA SOBRE LA GUAYANA ESEQUIBA, LA FACHADA ATLÁNTICA Y EL DELTA DEL ORINOCO

La Academia de Historia del estado Zulia, consciente de su responsabilidad como corporación de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía académica, organizativa y funcional (Artículo 1 de su Ley vigente), y de su objeto fundamental que es contribuir al desarrollo de los estudios históricos en el ámbito nacional y especialmente en el ámbito del estado Zulia (Artículo 3 de su Ley vigente), que le confiere, entre otras, la facultad de investigar, estudiar y divulgar los conocimientos históricos que son basamento de la zulianidad y la venezolanidad (Artículo 4, literal a de su Ley vigente), los cuales incluyen todo lo relacionado con las disputas territoriales acontecidas durante más de un siglo, y en las cuales nuestra Nación ha sufrido amputaciones territoriales que han vulnerado sus derechos soberanos consagrados primordialmente por el principio jurídico del uti possidetis iuris itapossideatis y secundados por las constituciones de la república promulgadas desde 1830 hasta la actualidad, ante las recurrentes agresiones de la República Cooperativa de Guyana contra la soberanía territorial y marítima de Venezuela mediante declaraciones y acciones ilegítimas y contrarias al derecho internacional público, acontecidas desde 2014 e intensificadas en el transcurso de 2015, y ampliamente conocidas y difundidas mediante la prensa nacional e internacional, emite el presente pronunciamiento en los siguientes términos:

1. Rechazamos las agresiones de la República Cooperativa de Guyana que, violando flagrantemente el Acuerdo de Ginebra vigente desde 1966 y demás acuerdos bilaterales vigentes y jurisprudencias de tribunales internacionales, en complicidad con empresas transnacionales, está irrumpiendo en espacios geográficos territoriales y marítimos incuestionablemente venezolanos.

2. Exigimos al Gobierno Nacional una actitud firme, enérgica, coherente y nacionalista ante las agresiones de la República Cooperativa de Guyana, ejerciendo el irrenunciable derecho a la soberanía e integridad territorial en nuestros espacios continentales (suelo y subsuelo), marítimos (aguas interiores, históricas y vitales), aéreos y sus recursos; rechazar las concesiones unilateralmente otorgadas por el Gobierno Guyanés a empresas multinacionales en áreas marinas venezolanas del Delta del Orinoco, totalmente ajenas al diferendo territorial vigente, y en las áreas marinas de la Guayana Esequiba, la cual es territorio venezolano en recuperación; reivindicar el estricto cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, vigente desde 1966 y regulador de nuestra reivindicación territorial; y continuar e incrementar la vigilancia naval y aérea a través de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, en cumplimiento del Decreto Nº 1.152 sobre Línea de Base Recta en el Delta del Orinoco, vigente desde 1968. Todo ello en cumplimiento de los Artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 15 de la Constitución de la República y en resguardo de la integridad territorial y marítima de Venezuela, cuya soberanía sobre la Guayana Esequiba, la Fachada Atlántica y el Delta del Orinoco corre peligro actualmente.

3. Hacemos un llamado a los venezolanos y venezolanas, así como a las personas jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado, a asumir una actitud definida de defensa de la integridad territorial y la seguridad de la Nación en este caso. Tarea fundamental corresponde también a la Fuerza Armada Nacional, obligada a garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, dado su carácter de institución organizada por el Estado y al servicio exclusivo de la Nación. Todo ello de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República en los Artículos 322 y 328.

4. Exigimos a nuestros conciudadanos, incluyendo a los esequibanos, estar atentos ante esta gravísima circunstancia y asumir, en actitud auténticamente patriótica y nacionalista, nuestro deber de honrar y defender a la patria, y resguardar y proteger la soberanía e integridad territorial de la Nación, de acuerdo con el Artículo 130 de la Constitución de la República, no debiendo permanecer indiferentes ni apáticos ante la actual situación provocada por la República Cooperativa de Guyana, renuente a la solución pacífica y práctica del diferendo territorial, por cuanto hoy está amenazada, además de nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba, nuestra libre salida al Atlántico y la posesión del Delta del Orinoco y, con todo ello, nuestra integridad territorial y marítima y los proyectos estratégicos y económicos del futuro de nuestra Nación.
Dado en Maracaibo, estado Zulia a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2015, año 103º de la Independencia y 155º de la Federación.

DIOS, PATRIA Y ZULIANIDAD
Dr. Jorge Sánchez Meleán Presidente
Lda. Marlene Nava Secretaria

Parágrafo final: El presente pronunciamiento fue aprobado mayoritariamente por los Individuos de Número de la Academia de Historia del estado Zulia, con el voto salvado del Dr. Noé Peña Márquez (Individuo de Número, Sillón XVI).

Enviado a nuestros correos por
Iván José Salazar Zaíd
ivasalza48@hotmail.com

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viernes, 3 de abril de 2015

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE APOYO PSICOLÓGICO (RAP-UCV / UCAB / USB / UNIMET) Y LA FEDERACIÓN DE PSICÓLOGOS DE VENEZUELA, ANTE EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA ACTUAL CRISIS SOCIO-ECONÓMICA Y POLÍTICA VENEZOLANA.

La Red De Apoyo Psicológico —RAP-UCV / UCAB / USB / UNIMET— y la Federación de Psicólogos de Venezuela —FPV— expresan su profunda preocupación por los riesgos psicosociales asociados con la actual situación económica, política y social que confronta el país, producto de diversas circunstancias que impactan la cotidianidad del ciudadano, tales
     como:

—  La alarmante disminución del poder adquisitivo del salario, derivado de la incontrolada inflación.

— El desabastecimiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad, aunado a la excesiva cantidad de horas dedicadas a hacer colas para intentar conseguirlos.

— El deterioro del sistema de salud y la grave escasez de medicinas e insumos médicos necesarios para atender las enfermedades y sus emergencias.

— La agudización de la polarización y el daño a la convivencia.

— El aumento de la criminalidad, la violencia social, judicial y policial; la corrupción y la impunidad;

— El ambiente de constante crispación en la confrontación política y la escalada de los discursos violentos, y

— La censura en sus diferentes expresiones, la delación, la persecución y criminalización de ciudadanos y organizaciones cuando, apegados a la Constitución, ejercen su derecho a la protesta pacífica.

Todo ello incide en la salud física y psicológica de los ciudadanos, generando angustia, miedo, ansiedad, depresión, indignación, enfermedades psicosomáticas, inseguridad ante el futuro, agresividad, desesperanza, apatía, repliegue individual y reducción de actividades en espacios compartidos. Estas son algunas de las expresiones individuales, familiares y colectivas de la población venezolana ante la incertidumbre y anomia generadas por una crisis socio-económica y política que sigue agravándose, en un ambiente de inestabilidad y conflictividad crecientes.

La frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo cambios en el comportamiento del venezolano, donde la integridad del otro o la propia está siendo afectada.

Dos hechos convocan y alertan adicionalmente nuestra atención:

1. La autorización del uso de armas letales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en el control de las protestas ciudadanas, con lamentables consecuencias en víctimas.

2. Por una parte, las diversas denuncias relacionadas con el empleo intencional y planificado de una “guerra psicológica” contra el gobierno y el pueblo venezolano; y por la otra, las acusaciones de “torturas psicológicas” a detenidos políticos denunciadas por sus familiares y diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. En este complejo y agudo contexto, los miembros de la Red de Apoyo Psicológico y la Federación de Psicólogos de Venezuela, respondiendo a nuestra responsabilidad profesional y ética, declaramos a la opinión pública lo siguiente:

1. Expresamos nuestra profunda preocupación y alerta por los trastornos de salud mental que se están manifestando en la población venezolana —hoy convertidos en un asunto de salud pública— debido a la exposición prolongada al ambiente de aguda polarización y conflictividad socio-política que provoca dolor, angustia, rabia, miedo, impotencia y desesperanza, entre otras afecciones. En tal sentido, nos solidarizamos con los profesionales de la salud, y en especial de la Psicología, que están apoyando a las víctimas directas e indirectas de esta situación, e invitamos a toda la comunidad de psicólogos a abrir espacios para dialogar, reflexionar, compartir y buscar alternativas que favorezcan la convivencia pacífica y democrática entre los venezolanos.

2. Alertamos sobre el uso indebido de categorías y nociones psicológicas para justificar o legitimar políticas gubernamentales o acciones políticopartidistas, dirigidas a exacerbar la división y confrontación entre los venezolanos. Demandamos a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, investigar las denuncias sobre “torturas psicológicas” y físicas a ciudadanos presos por participar en actividades de protesta y se determinen las responsabilidades a que hubiese lugar.

3. Exigimos al Gobierno Bolivariano de Venezuela y a todos los líderes políticos que toman parte de la contienda política, que eviten utilizar un lenguaje de guerra, de confrontación constante, de deshumanización del adversario y criminalización de la protesta ciudadana. Exigimos que se eviten acusaciones y pronunciamientos que no se acompañen con las pruebas correspondientes, porque ello incrementa los temores y la zozobra de la población.

4. Repudiamos el uso indiscriminado de la fuerza y de toda acción policial, militar y civil que atente contra la vida. Ninguna diferencia política o social justifica el irrespeto a la vida, mucho menos de personas inocentes, especialmente a niños y jóvenes, expuestos tempranamente al impacto de la violencia socio-política.

5. Abogamos por la defensa de la vida, la paz social y el respeto a los derechos humanos de toda la población venezolana y quienes con ella conviven. Rechazamos la violencia social y política como medio para resolver diferencias históricas y políticas entre los pueblos, recordando sus innumerables costos sociales, económicos, políticos en términos de muertes, pobreza y violaciones de los derechos humanos; escenarios estos que cíclicamente han sacudido a naciones hermanas de América Latina y a países de otras regiones.

6. Conociendo las capacidades creativas y fortalezas del venezolano para salir adelante en medio de las adversidades, y sabiendo que lo que está en juego no es el triunfo de una u otra opción sino la convivencia democrática y la paz de Venezuela, hacemos un llamado a todos los ciudadanos, a las organizaciones públicas y privadas, en especial a los funcionarios gubernamentales y actores de todas las tendencias políticas, a quienes corresponde la mayor responsabilidad, a unir esfuerzos para encontrar, de forma pacífica, democrática y consensuada —desde el reconocimiento de nuestra diversidad socio-política—, las respuestas y soluciones que nos conduzcan a retomar el camino de la paz y la convivencia en democracia.

Caracas, 18 de marzo de 2015

Federación de Psicólogos de Venezuela
Av. Naiguatá con Av. La Guaira, Urb. Macaracuay, Caracas – Tel +58-212-2564277/3253
www.fpv.org.ve – info@fpv.org.ve – Twitter: @fpv_ve

Red de Apoyo Psicológico-UCV
Ciudad Universitaria de Caracas. Patrimonio de la Humanidad
Sitio web: www.ucv.ve/RAP Correo electrónico: rap.ucv@gmail.com Twitter: @RAP_UCV

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sábado, 1 de noviembre de 2014

ALFREDO ANGULO, PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE LOS BECARIOS EN EL EXTERIOR, ULA,

ALFREDO ANGULO,
El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, con ocasión de la exigencia del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) de migrar, a los profesores universitarios becarios en el exterior, al nuevo sistema de adquisición de divisas establecido en la Resolución número 116, exigiendo que nombren un apoderado en el país para que realice los trámites de financiamiento ante esta instancia, expresa su total desacuerdo con esta medida y manifiesta su profunda y sincera preocupación por la situación que están sufriendo nuestros becarios,  debido a que no han recibido los aportes en divisas necesarios para su manutención, desde el mes de agosto.

Considera este Consejo que una medida de esta naturaleza conculca el ejercicio real, igualitario y digno del derecho a la educación en las condiciones establecidas en la normativa vigente. Por ello, reiteramos nuestro desacuerdo  con que la Universidad  desatienda, dejando en manos de los becarios y de un apoderado, el trámite de becas ante el CENCOEX, en virtud de que ello representa el resquebrajamiento de la autonomía universitaria, así como también constituye un acto de abandono a su suerte a profesores que se están formando, a quienes con tal migración se les está perjudicando en su propio desarrollo.

En virtud de lo señalado, se ha acordado: elevar nuestra voz de protesta ante el Consejo Nacional de Universidades, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y ante el CENCOEX; y, exigir respuesta justa y oportuna a los reclamos de nuestros profesores becarios en el exterior,  por el gran daño material, moral y espiritual que, con la aplicación de la Providencia 116, se genera tanto al profesorado en sus derechos individuales, como al patrimonio académico de nuestra Universidad.

Alfredo Angulo
alfredo.angulo@gmail.com

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martes, 2 de septiembre de 2014

PRONUNCIAMIENTO DE GENTE DEL DEPORTE EXIGIENDO LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE CONCIENCIA, POLITICOS Y PROCESADOS DE VENEZUELA

Nosotros, la organización Gente del Deporte, la cual agrupa a atletas, entrenadores, obreros, personal administrativo, profesores de educación física, periodistas, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, miembros del salón de la Fama del Deporte Nacional, nos dirigimos a la opinión pública nacional y en especial a todos los poderes públicos delestado venezolano a los fines de exigir la libertad plena de todos los presos políticos y procesados de Venezuela.

Consideramos que los presos de conciencia constituyen una aberración y por lo tanto una violación a los derechos consagrados en La Carta Internacional de los Derechos Humanos. No se explica y mucho menos se justifica que en un país, en cuya constitución se expresa el carácter democrático y el respeto por los derechos inalienables del ciudadano, hoy se violan las disposiciones constitucionales de miles de ciudadanos donde se incluyen por supuesto a jóvenes universitarios. Nosotros, los deportistas, acostumbrados a respetar las normas y reglamentos que nos demanda la práctica deportiva, vemos con asombro e indignación como son violadas las normas mínimas de consideración y respeto por los derechos ciudadanos. Por todo esto es que, de nuevo, exigimos la libertad de los detenidos políticos y rogamos porque en este país se repitan estos hechos que degradan la convivencia democrática.

Por Gente del Deporte

John Muñoz Robert Rodríguez Alberto Centeno
Jesús Elorza José Antonio Rodríguez Héctor López

Listado de detenidos

Sairam Rivas Manuel
Cotiz Cristian Villanueva
Abril Tovar Dioris Albarrán
Gerardo Carrrero
Gerardo Resplandor
Anderson Briceño Nixon Leal
Ángel Contreras
Ronny Navarro
Renzo Prieto
Douglas Morillo
Yeimi Valera Jeremías Silva
Raúl Emilio Baduel
Rosmit Mantilla
Cristian Holdack
José Miguel Aguilera
Jaquelin Muñoz
Leopoldo López
Daniel Ceballos
Eduardo García
José Dávila
Joel Moreno
Leswin Pérez
Eduardo Colmenares
Raúl Lopez
Pablo Escobar
Rosa Rivas
Carlos Jaimes
Alex Lima
Jimmy Torres
Richard Carvajal
Daniela Vásquez
José Herrera
José Gutiérrez
Alexander Tirado
Rodolfo Gonzalez
Marcos Guillén
Jordy Ruiz
Andrés León
Eduardo García
Miguel Nieto
Ramsés Rodriguez
Marcelo Crovato
Jesus Pérez
Yoand Liscano
José Parra
Ignacio Porras
Marling Márquez
Balvina Muñoz
Jose Fernandez
Javier Martínez
Alexander Tirado
Pedro Guerra
Enzo Scarano
Salvatore Lucchesse
Richard Chona
Denis Ortega
Jhoanger Urdaneta
Manuel Castaño
Iván Martel
George Khoury
Nelson Quiñonez
Victor Almeida
Erasmo Bolívar
Arube Pérez
Hector Rovain
Luis Molina
Marcos Hurtado
Rolando Otoniel Guevara
Juan Guevara
Iván Simonovis

Jesus Elorza Garrido
jesuselorza@hotmail.com
@jesuselorza


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sábado, 23 de agosto de 2014

RAFAEL MUCI-MENDOZA, ANTE LA CATASTRÓFICA CRISIS HUMANTARIA EN SALUD, LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA SE PRONUNCIA

La Academia Nacional de Medicina de Venezuela, corporación oficial, científica y doctrinaria que representa la ciencia médica nacional, así consagrado en el Artículo 1º de su Ley Orgánica, se dirige al país y a las autoridad competente, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y al Gobierno Nacional, en particular a los ministerios de Salud y de Finanzas para expresar su profunda preocupación por la aguda crisis humanitaria en salud que vive el pueble venezolano.

CONSIDERANDO: Que es inadmisible desde el punto de vista ético y moral que la red hospitalaria y la red primaria de salud se encuentren en precarias condiciones de funcionamiento sin que se haya hecho nada en concreto para remediarla; como consecuencia del proceso de abandono, se ha profundizado la crisis que ha alcanzado también a la red asistencial privada. En razón de la falta de medicamentos e insumos para la salud, del deterioro de las condiciones laborales y de seguridad en los ambientes de trabajo, de la carencia de personal médico calificado y de otros profesionales de la salud que han emigrado, buscando mayor seguridad personal y trabajo digno. Ni en los peores momentos de la historia republicana se había presenciado el efecto de la indiferencia e incompetencia gubernamental sobre la población toda, sin distingos de capacidad económica. 

CONSIDERANDO Que contrariando todas las advertencias realizadas en los últimos meses, la adjudicación y liquidación de divisas ha sido insuficiente y tardía, o ausente, para remediar la crítica situación de escasez de insumos, equipos y otros materiales que no son producidos en Venezuela, indispensables para el mantenimiento de la salud, la curación de enfermedades y la preservación de la vida. Ya nos encontramos en falta total o ausencia de muchos medicamentos e insumos esenciales. Como consecuencia, se ha llegado al hecho inverosímil e inédito en nuestro país de la suspensión de las intervenciones electivas en la mayoría de los hospitales y clínicas privadas, con el objeto de asignar las existencias sólo para pacientes en situación de emergencia.

CONSIDERANDO Que la deuda con proveedores extranjeros que suministran el 90% de materiales e insumos médicos es cercana a los 363 millones de dólares y, en el área de fármacos, (materias primas y productos terminados), la deuda asciende a unos 970 millones de dólares, así, que la totalidad de la deuda sobrepasa los 1.300 millones de dólares. Que el monto de aprobación de divisas para el sector salud en el año 2014 es menor que el correspondiente al año 2011, cuando las necesidades de la población han aumentado, lo que amenaza en perpetuar la carencia de estos bienes.

CONSIDERANDO: Que existen cerca de seis mil pacientes que esperan ser operados de condiciones tales como cáncer, enfermedad coronaria y otras serias enfermedades.

POR TANTO EXIGIMOS: 1. Que el Gobierno Nacional declare la emergencia sanitaria a fin de poder tomar decisiones de alto gobierno que permitan la fluidez de las divisas, la reanudación de los créditos y la reaparición de los insumos y materiales quirúrgicos, y que asigne recursos económicos suficientes, con prioridad hacia el área de salud. Que los Órganos del Poder Moral apoyen las acciones de amparo introducidas por particulares ante el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar y proteger el derecho de los ciudadanos al acceso de medicamentos y a los servicios asistenciales, como parte del derecho a la salud y a la vida, inalienables e imprescriptibles.

La Academia Nacional de Medicina ofrece y ratifica sus buenos oficios destinados a mejorar y solucionar la grave situación sanitaria que aqueja al pueblo venezolano.

Rafael Muci-Mendoza
rafaelmuci@gmail.com
@MuciMendoza

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sábado, 7 de junio de 2014

MARTA LUCIA RAMIREZ, SOLICITA A SANTOS QUE SE PRONUNCIE SOBRE EL CASO DE MARIA CORINA MACHADO Y LEOPOLDO LOPEZ

sábado, 7 de junio de 2014


Marta Lucia Ramírez solicita a Santos que se pronuncie sobre el caso de @MariaCorinaYa



La ex candidata a la presidencia y también ex ministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, emitió carta al actual presidente Juan Manuel Santos en fecha 5 de Junio, exhortándolo a que se pronuncie sobre acusaciones a María Corina Machado y la situación jurídica de Leopoldo López.

En la carta, con fecha del 5 de junio, Ramírez considera que el Gobierno colombiano que ha liderado la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, debe contribuir a que la diputada y los miembros de la oposición del hermano país cuenten con todas las garantías necesarias para el libre ejercicio de sus derechos políticos.
Solicita a Santos que su Gobierno haga un pronunciamiento que brinde garantías a la oposición venezolana. De lo contario, quedará ante la comunidad internacional y para la indignidad de nuestra historia común, que su gobierno se prestó a darle apariencia de mesa de dialogo Gobierno Oposición, a algo que solo tuvo por objeto apaciguar a la comunidad internacional y acallar a la misma oposición de Venezuela ante la grave represión desatada contra las marchas estudiantiles.

LA CARTA:



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.ntn24.com/noticias/marta-lucia-ramirez-emitio-carta-al-presidente-santos-para-que-se-pronuncie-ante-los-casos-de-135040



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jueves, 1 de mayo de 2014

ELINOR MONTES, PRONUNCIAMIENTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS SOBRE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE INTERPRETA EL DERECHO A MANIFESTAR

En esta decisión, la Sala Constitucional creó, fabricó en forma inconstitucional e ilegal una prohibición que impide ejercer el derecho a la manifestación sin autorización. Además, advirtió que obviar esa autorización implica un delito penal, lo cual a su vez es inconstitucional, por cuanto viola la reserva legal para los delitos al crear un delito que no existe en la legislación venezolana vigente. Es decir: los ciudadanos pueden ir presos por manifestar sin autorización de la Primera Autoridad Civil del Municipio.
En este sentido, es necesario afirmar y recalcar con firmeza,  que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, no exige autorización para ejercer el derecho a manifestar. Además, esta decisión de la Sala Constitucional debemos denunciarla como absolutamente contraria a los estándares internacionales de Derechos Humanos y de funcionamiento de la Democracia suscritos en  Convenios Internacionales, los cuales son constitucionalmente vinculantes para el Poder Público Venezolano, inclusive obviamente el Judicial.

SOBRE LA FALSA APLICACIÓN DEL DERECHO REALIZADA POR LA SALA CONSTITUCIONAL.
La Sala Constitucional afirma que dictó su sentencia para “interpretar” el derecho constitucional a la  manifestación.
Sin embargo en forma radicalmente inconstitucional, no interpretó nada, sino que terminó rescribiendo la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que es precisamente la norma que debía hacer cumplir y cuyo contenido y significado era clarísimo e indubitable.
En efecto, para la Sala Constitucional, tal y como se lee en su decisión, en esa Ley supuestamente se exige previa autorización para manifestar; y luego de ello  la autorización puede ser otorgada o negada, e incluso, puede la Administración cambiar el contenido de la solicitud formulada por quienes quieren manifestar, y lo que es más grave aún si cabe,  toda manifestación sin autorización es una desobediencia a la autoridad y por ende, un delito penal.
Como vemos, la Sala Constitucional deroga la Constitución y las Leyes, y so pretexto de interpretarla, de hecho desaplica el artículo 68 constitucional y condiciona los derechos políticos de manifestación de los ciudadanos de este país, llegando al extremo de consagrar un delito que no existe en el Derecho penal venezolano. Es una decisión gravísima, no solo por su abierta y manifiesta inconstitucionalidad, sino porque además tergiversa la ley en vez de interpretarla e incluso llega al extremo de crear un delito político mediante sentencia, lo cual retrotrae a nuestro país a la época de los totalitarismos jurídicos estadales, de tan nefasto recuerdo para la Historia de la Humanidad.
En este sentido, veamos la radical diferencia entre lo que expresa la Sala Constitucional y lo que dice la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, en los artículos citados por la propia sentencia.
El artículo 43 de esa Ley señala que quienes quieran ejercer el derecho constitucional a la manifestación “deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos”.




Por lo tanto, la Ley claramente establece que quienes deseen manifestar deberán dar un anuncio o noticia a los Alcaldes, como primera autoridad civil. Y anunciar una manifestación no es lo mismo que pedir autorización para hacer una manifestación.
Es por eso que denunciamos que la Sala Constitucional inconstitucionalmente creó un trámite que no existe en la Ley para limitar el derecho a la participación: donde la Ley establece una participación, la Sala Constitucional impone ahora una autorización.
La derogatoria al Texto Constitucional no se detiene en lo comentado, sino que declara que “cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización” podrá “dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público (…) actúen dispersando dichas concentraciones con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico”.
Esa conclusión viola todos los estándares internacionales de protección de derechos humanos, que son vinculantes en Venezuela, por tener incluso jerarquía superior a la propia Constitución.
Para rematar es claro el intento derogatorio de la Constitución por parte de la Sala Constitucional, la sentencia afirma que los cuerpos de policía deben dispersar las manifestaciones no autorizadas, por cuanto las policías municipales “detentan una competencia compartida en materia del control del orden público”. Esto es falso, la policía municipal que disperse manifestaciones estará ejerciendo ilegítimamente su poder, pues la policía municipal tiene prohibido usar equipos para atender a manifestaciones.
En consecuencia, estamos en presencia de una sentencia radicalmente nula por mandato de los artículos 25 y 350 constitucionales, ya que entre otros graves vicios: a) conculca de hecho el derecho a la protesta cívica pacífica, b) suspende garantías constitucionales ad infinitum y viola convenios internacionales vinculantes c) crea un delito penal que no existe, d) somete a la libre voluntad del funcionario competente no solo el ejercicio del derecho a la protesta, sino también el lugar y tiempo para su realización,  además, e) ordena a las policías municipales a violar la propia constitución al imponerles el deber de disolver manifestaciones sin poder legalmente tener los equipos necesarios para ellos.
Sólo en regímenes totalitarios los jueces se atreven a derogar  y a violentar derechos humanos, desaplicar artículos de la Constitución y de los convenios y tratados de Derechos Humanos, tergiversar la Ley, legislar sin competencia para ello, crear delitos penales en contra del principio de la reserva legal- los delitos sólo pueden ser establecidos mediante leyes-, ordenar a órganos del poder público que ejecuten acciones contrarias a la Ley, como la orden a las policías municipales para que disuelvan las manifestaciones sin que legalmente puedan acceder a los equipos necesarios para ello, en fin, corromper el sistema de justicia para mantener al régimen en el poder.
 Caracas, a los 26 días del mes de abril de 2014
        La Junta Directiva      

Aviado a nuestros correos por
Elinor Montes
elmon35@gmail.com       
@Elinormontes

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jueves, 17 de abril de 2014

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, PRONUNCIAMIENTO ANTE LAS RECIENTES DECISIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se dirige a la comunidad jurídica nacional y mundial, así como a la opinión pública en todos sus estratos, niveles y orientaciones para, una vez más pero ésta con mayor urgencia, denunciar que las últimas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en lo referente a los ciudadanos Enzo Scarano y Daniel Ceballos, Alcaldes de los municipios San Diego y San Cristóbal respectivamente, y a la diputada María Corina Machado, han revelado claramente que Venezuela ha dejado de ser un Estado Constitucional. Los criterios que orientan la forma jurídico-política, que
así se ha engendrado, o en la que la Constitución venezolana ha mutado, podrán tener diversos nombres y calificativos, pero han dejado de ser los del Estado de Derecho. Esto es algo que debe tener claro la opinión internacional, que a menudo se muestra confundida por la existencia de una Constitución que si bien no ha sido formalmente derogada en la realidad sí lo ha sido, así como por la celebración de actos electorales que han devenido en un puro ritual donde no hay ocasión para una verdadera competencia democrática en igualdad de condiciones. En efecto, los actos electorales, de los cuales reclama el régimen su legitimidad de origen, han sido actos que la oposición ha calificado siempre de fraudulentos, por la ausencia de imparcialidad del árbitro, por el uso indebido de los recursos públicos y por las ventajas impropias del contendor oficial.
A partir de las decisiones mencionadas cabe esperar, en Venezuela, cualquier actuación que avance aún más en la extirpación del contendor político y no esperar nada en cuanto a la reconstrucción de las instituciones en forma tal que permita la convivencia entre todos los ciudadanos cualquiera sea su concepción ideológica. Independientemente del contenido de las recientes sentencias de la Sala Constitucional, y si ese contenido sea o no discutible, tiene que
llamar la atención aun al observador más desprevenido como son expresión de un sistema implacable y contundente de sincronización de acciones y decisiones por parte de autoridades que se supone deberían ser independientes unas de otras, de conformidad con el principio constitucional de separación de poderes y funciones. Así, por ejemplo, con celeridad inaudita y con fundamentación deleznable, el Consejo Nacional Electoral una vez cesados los alcaldes por la Sala Constitucional, sin el debido proceso, ya anunció el cronograma electoral y convocó nuevos comicios para Alcaldes en dichos municipios

Son decisiones y procedimientos sumarios, incluso anunciados anticipadamente en cuanto a su sentido y resultado favorable al Poder Ejecutivo o a un Legislativo donde la oposición ha sido reducida a la impotencia. En efecto, la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia un día antes de la sentencia que despojó de investidura parlamentaria a la diputada Machado “asomó” que se estudiaban las eventuales consecuencias jurídicas del caso. Tales consecuencias jurídicas no
podían ser otras que las ya aplicadas arbitrariamente por el Presidente de la Asamblea Nacional de “retirarle la inmunidad parlamentaria a la diputada opositora María Corina Machado” por supuesta violación de los artículos 191 y 149 de la Constitución, con flagrante atropello de las garantías del debido proceso, como son del derecho a ser juzgado por el Juez natural y el derecho de defensa, así como los derechos de sufragio activo y pasivo y la inmunidad parlamentaria.
Cabe resaltar, que José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la diputada Machado actuó según una práctica usual de dicha institución, tal como ocurrió en 2009 cuando la excanciller hondureña Patricia Rodas se dirigió al Consejo Permanente como representante de Venezuela

En nuestro país los poderes públicos actúan en una colusión que evidencia un desconocimiento sistemático del derecho como instrumento de libertad y pluralismo. Las decisiones de la Sala Constitucional no sólo son previsibles en su sentido favorable al proyecto político que proclama el Presidente de la República, sino que para lograr dicho objetivo usurpan atribuciones penales que no le corresponden (casos Scarano y Ceballos) o inventan procedimientos insólitos para desechar un recurso por inadmisible y al mismo tiempo dar respuesta extraproceso, expedita y de fondo al Presidente de la Asamblea Nacional (caso Machado).

En las actuales circunstancias venezolanas la defensa de la Constitución queda abandonada a la sociedad pues ya no puede esperarse lamentablemente de los entes jurídicos concebidos institucionalmente para tal fin.
En la realización del designio político al cual sirve la Sala Constitucional no importa la violación del debido proceso, no importa no dar ocasión imparcial a los argumentos de la parte enjuiciada, no
importa convertirse en juez y parte y en instancia única de decisión, no importa criminalizar la disidencia, no importa anular la voluntad popular o impedir la presentación en instancias internacionales de visiones divergentes. Por el contrario, todo está permitido si asegura los propósitos y la continuación indefinida e ilimitada en el poder del grupo gobernante. En los casos de los alcaldes Scarano y Ceballos se ha aplicado de manera arbitraria que se asemeja a vías de hecho, sanciones penales e inhabilitaciones políticas, con la amenaza de extenderlas a los demás alcaldes de orientación opositora. Sobre la diputada Machado, además se cierne la amenaza de una causa por traición a la patria, carente de todo fundamento jurídico. En todo caso, observamos, que el Poder Judicial en Venezuela no es la víctima, a pesar suyo, de la influencia indebida del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, junto con el Poder Legislativo, actúa en deliberado y consciente acuerdo con el Poder Ejecutivo, como miembro y participe de la misma ideología inconstitucional rechazada en el referéndum del 2 de diciembre de 2007. Esa actuación concertada es incompatible con la esencia de la separación y autonomía de los poderes públicos, garantía de la libertad de los ciudadanos y elemento esencial de toda democracia constitucional.

Alertamos a la comunidad nacional y llamamos la atención a los pueblos del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela, a fin de que comprendan que no se trata de hechos aislados o excéntricos sino desarrollo y aplicación de toda una metodología perversa para manipular las instituciones jurídicas y crear falsas apariencias de juridicidad. Invitamos a las comunidades jurídicas del mundo a que se acerquen y estudien los abusos jurídicos de los que somos víctimas. A que observen que no hay tal democracia participativa y protagónica sino una contraposición que puede tener consecuencias trágicas entre organismos que deciden en nombre del pueblo y un pueblo al que se
le impide decidir libremente. Podrán así prevenirse de lo que hoy lamentamos los venezolanos que no es sólo un mal nuestro sino el desarrollo de una estrategia que está destinada a subyugar a las sociedades que se esfuerzan a realizar, así sea accidentadamente, y en medio de toda suerte de tropiezos, los ideales del Estado de Derecho y de la genuina democracia

Por último, consideramos que toda posibilidad de diálogo para superar la crisis debe iniciar por el compromiso sincero de todos los actores nacionales de restablecer la Constitución y el Estado de Derecho vulnerado.

Acordado en sesión extraordinaria de esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en Caracas el 10 de abril de 2014.
Luis Cova Arria
Presidente

Gabriel Ruan Santos
Secretario Accidental

Eviado a nuestros correos por
Antonio Camilli
tonycamillis@gmail.com
@antoniocamilli


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martes, 11 de marzo de 2014

ASDRÚBAL ROMERO MUJICA, ¿QUÉ ESPERA RAJOY?, DESDE ESPAÑA

Ya tengo doce días efectivos en Madrid. Con todo el que puedo, hablo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. He encontrado que la gente común está bien informada al respecto. No es para menos: todos los días Venezuela se hace presente en los noticieros televisivos; las páginas internacionales de los principales periódicos españoles siempre incluyen al menos una dedicada en su totalidad a cubrir la situación de nuestro país. 

Es verdad que lo de Ucrania tiene mayor cobertura, lo cual es comprensible, no sólo por su cercanía con Europa,  sino por el enfrentamiento entre Putin y Occidente que se deriva de ese conflicto. De producirse la invasión rusa a Crimea, la Humanidad podría retroceder a los tiempos de la Guerra Fría y su latente amenaza de devastación total a causa de una guerra nuclear. Así de grave es el asunto ucraniano y, a pesar de ello, Venezuela se mantiene en el foco noticioso como el otro punto del globo terráqueo sobre el cual los medios internacionales mantienen su mirada de alerta.

Pero, más allá del conocimiento que tiene el español de a pie sobre la crisis venezolana, lo importante a resaltar es cómo ha cambiado su valoración con respecto al régimen chavista. De Maduro dicen que es un “impresentable”, un duro calificativo que se utiliza mucho aquí para transmitir la pésima imagen que se tiene de una persona. Lo de los colectivos armados le ha generado un daño irrecuperable a la imagen internacional del gobierno madurista. 
Ahora bien, ese consenso casi total que se siente de parte de los ciudadanos españoles, con respecto a la adjudicación de responsabilidades sobre la execrable represión con la que se ha respondido a las justas protestas de los venezolanos, no ha servido lo suficiente como para generar una actitud más proactiva del Gobierno Español con relación a nuestra problemática. ¿Qué más tiene que ocurrir en Venezuela para que el gobierno de Rajoy emita un pronunciamiento que esté en correspondencia con lo que sienten los ciudadanos de este país?
No puedo dejar de lado el reconocimiento a varios  integrantes españoles del Parlamento Europeo (Jaime Mayor Oreja del PP; Luis Yañez-Barnuevo García del PSOE; Izaskun Bilbao Barandica del PNV vasco; Ramón Tremosa i Ballcel del CiU catalán y algún otro que se me pudiera escapar. Como se puede apreciar: un grupo bien representativo del amplio espectro legislativo español) que formaron parte del grupo proponente de la contundente resolución que dicho parlamento aprobara el 27 de febrero de 2014  sobre la situación en Venezuela. Les invito a leerla (http://bit.ly/1hJ9ruW), porque sus considerandos reflejan un conocimiento tal sobre nuestra convulsionada realidad, que lo menos que puede uno preguntarse es por qué el gobierno de nuestra madre patria se comporta como el testigo de un inminente asesinato que prefiere desviar su mirada hacia otro lado,  a fin de evadir su responsabilidad ciudadana y evitarse problemas. Y traigo a colación lo de “Madre Patria” para enfatizar, por un lado la relación histórica que une a los dos pueblos y por el otro: la cantidad de descendientes de españoles que viven en nuestro país como consecuencia de esa generosidad que tuvimos para albergar a miles de emigrados de la Guerra Civil. 
Mi estadía actual en Madrid se debe en alguna forma a esa historia, al ser mis dos hijos varones que viven aquí: nietos de un matrimonio entre un médico madrileño, que había participado en la guerra del lado republicano, y su esposa asturiana. Ambos llegaron a Venezuela en condición de desamparo total y a él le fue asignada la medicatura rural de Betijoque dentro de un plan de ayuda gestionado en niveles altos del gobierno. Mucha agua ha transitado por debajo de los puentes, habría que ver si queda aunque sea pizca de aquella generosidad, pero considerando esa conducta de desentendimiento que protagoniza el gobierno que preside Rajoy me luce que no.
Cuando he hablado con miembros de la comunidad de venezolanos residentes en Madrid, muchos de los cuales poseen la doble nacionalidad como consecuencia de esa  histórica vinculación, he  podido percibir un sentimiento de queja y decepción con relación a la actitud del gobierno español. Sin embargo, esto no se refleja en las jornadas de protesta que se organizan acá. He asistido a dos, con entusiasta participación y realmente muy emotivas, pero carentes de contenido político. ¿Para qué nos reunimos en una plaza? ¿Para simplemente manifestar un apoyo a nuestros compatriotas que tan mal lo están pasando? ¿O para pedir, respaldados en esa historia común que nos cobija, un apoyo efectivo a nuestra lucha? Debemos expresar un relato político que exalte la relación histórica entre los dos pueblos: mientras un madrileño pasea plácidamente por El Retiro, es posible que un pariente suyo esté siendo masacrado en Venezuela-de hecho: ya hay víctimas de origen español-.  Debemos convertir esa muy favorable opinión ciudadana en presión para que el gobierno de Rajoy asuma una responsabilidad que le corresponde por historia.
@asdromero

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martes, 25 de febrero de 2014

MARGARITA BELANDRIA, PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LÓGICA Y FILOSOFÍA / A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1. En estos momentos en que Venezuela se halla sumida en la zozobra y se debate en una inconmensurable crisis política, económica, cultural y moral, pedimos a todos los universitarios del mundo su apoyo y solidaridad para con la universidad autónoma venezolana, sus estudiantes, sus profesores y demás trabajadores, y la ciudadanía en general, que sin escatimar sacrificios luchamos por nuestras libertades, por la autonomía universitaria y la pervivencia misma de la Universidad, para que nuestras generaciones tengan cómo y dónde educarse en libertad, ser humanamente libres, y puedan defenderse del adoctrinamiento político al que hoy se nos quiere someter.

2. En Venezuela se violan de manera continua y flagrante todos los derechos humanos. Los venezolanos no tenemos acceso a la información oportuna y veraz como lo establece nuestra Constitución. Los medios radiales y televisivos independientes han sido suprimidos u obligados bajo amenaza de cierre a cambiar la programación. Sólo nos queda la Internet, de pésima calidad y manipulada también por el Gobierno.

3. Las protestas públicas están siendo reprimidas con ensañamiento. Varios estudiantes han sido asesinados, muchos otros están presos y hay denuncias de que han sido torturados y violados.  El régimen de Nicolás Maduro ha desatado  una violenta persecución contra la dirigencia estudiantil, las organizaciones de Derechos Humanos, los periodistas y contra toda la dirigencia opositora, incluidas órdenes de captura y encarcelamiento, por el simple motivo de protestar contra el hampa y la violencia institucional, la inseguridad, la escasez de alimentos y  demás bienes y servicios básicos para la existencia.

4. En Venezuela no hay Estado de Derecho porque no hay “Estado”. El régimen imperante  destruyó todas las instituciones, incluyendo las fuerzas armadas a las que convirtió en “milicias revolucionarias”. Éstas y los Poderes Públicos son sólo rótulos bajo los que se agrupan “colectivos” violentos (integrados por nacionales y extranjeros de diversos países) dirigidos desde Cuba por los hermanos Castro con el solo propósito de garantizar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. El Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y demás instituciones son ahora simples oficinas al servicio del  Gobierno, cuyo poder  es ejercido, además, de manera autoritaria, tiránica y despótica, vil y soez, en flagrante contradicción con los preceptos establecidos en la Constitución Nacional y el debido respeto a la población disidente, que es la gran mayoría, si se toman en consideración las últimas elecciones presidenciales donde, mediante un estruendoso abuso de poder, trampas y gasto milmillonario, el candidato Nicolás Maduro apenas pudo obtener, según las cuentas artificiosas del ente electoral (CNE) —al que el Gobierno maneja a su capricho y antojo—, una mínima diferencia de aproximadamente 200 mil votos. Existe un cúmulo de evidencias objetivas, suficientes y cuantificables que permiten razonablemente presumir la consumación de un fraude electoral; y en la población, la certeza de que el CNE participó deliberadamente en el fraude.

5. Las universidades autónomas venezolanas, a pesar del acoso gubernamental y la progresiva reducción de su presupuesto, aún mantienen abiertas sus puertas gracias al tesonero esfuerzo de su personal académico y técnico-administrativo que, pese a nuestros exiguos salarios y al estado de zozobra e inseguridad reinantes, continuamos sosteniéndola, muchas veces debiendo cubrir algunos de sus gastos con nuestro propio dinero, y exponiendo al peligro nuestras vidas.

6. Frecuentemente en las universidades vivimos asediados por grupos armados que entran encapuchados violenta e impunemente a los recintos, incluso hasta las aulas, y aterrorizan con su presencia, sus motos ensordecedoras, sus procacidades,  disparos y explosiones de pólvora y bombas lacrimógenas. Son reiteradas las veces que muchas Facultades, para proteger la integridad física y mental de sus miembros, se han visto en la obligación de suspender todas las actividades y cerrar los portones como única defensa ante la violencia desatada,  promovida por dichos grupos, amparados y armados por los propios organismos del Gobierno.

7. Venezuela ha sido un país privilegiado con una gran riqueza petrolera, gasífera, hidráulica, tierras para la agricultura y la ganadería, entre otros muchos bienes. Hasta finales del siglo pasado, era un país con los problemas socio-políticos típicos de la mayoría de los países del mundo, pero era también un país en desarrollo económico, político y social ascendente. La universidad autónoma venezolana, con su educación gratuita e infraestructura creciente, residencias, comedor, trasporte y demás servicios estudiantiles, siempre fue una de las fuentes más importantes de movilidad social, económica y cultural. Millones de venezolanos —incluso algunos de los que hoy medran en el aparato burocrático gubernamental— han salido de la pobreza gracias a nuestra Universidad. Pero, debido al acoso financiero del Gobierno, hoy nuestros estudiantes no solo ven disminuidos estos servicios y carecen de bibliotecas actualizadas sino que están siendo criminalizados y asesinados.

8. La mentira, la calumnia, la persecución, el atropello, la corrupción y la vulgaridad se han ‘institucionalizado’ en el país. Por vías de hecho o mediante leyes espurias se ha venido implantando un ‘comunismo’ que no está previsto en nuestra Constitución democrática y que es ajeno a nuestros valores e idiosincrasia. De ese modo se ha convertido a Venezuela en una empobrecida colonia de la ya empobrecida Cuba, pues son los Castro y sus vasallos sumisos de nuestro país quienes toman las decisiones para regir todos los ámbitos de la vida nacional. Entre otros males incontables, con nuestros propios recursos monetarios vienen impulsando un proceso de rencorosa ideologización con la que han distorsionado nuestra historia y nuestra cultura, han llenado de ripios nuestra lengua  y la han vaciado  de sus genuinos significados.

9. Al empobrecimiento de nuestra cultura lo acompaña como consecuencia una descomposición de nuestro sistema de salud y  nuestro sistema educativo. Con esa corrosiva ideología, la artimaña, las armas y el dinero arrancado del Tesoro Nacional, se han venido apropiando de los sectores más débiles de la población —dentro y fuera del país—, engañándolos con precarios servicios médicos y educativos y falsas estadísticas propagandísticamente infladas. Con tales fines improvisan universidades paralelas de bajo presupuesto y calidad, que no cumplen los requisitos académicos establecidos en la Ley de Universidades vigente; asimismo, sindicatos de su misma línea ideológica, constituidos por personal no académico, que se arrogan la representación de todo el sector universitario para negociar y suscribir acuerdos de aparentes mejoras salariales pero que lesionan la esencia misma de las universidades autónomas e intentan convertirlas en simples agencias dependientes de la voluntad del Gobierno.

10. Como consecuencia de tan abusivas y deplorables políticas gubernamentales, iniciadas desde hace más de una década, que no respetan la autonomía universitaria y el derecho a la educación en los términos consagrados en la Constitución Nacional, las universidades autónomas han venido sufriendo un considerable deterioro en su infraestructura, bibliotecas, laboratorios y otras dependencias, al negársele el presupuesto necesario para su funcionamiento y el salario justo a su personal académico y técnico-administrativo.

11. El nivel de vida de los universitarios, y de la ciudadanía en general que no está en funciones de gobierno ni obediente a los gobernantes actuales, ha descendido a extremos intolerables, como, por ejemplo, no poder mantener en buenas condiciones el vehículo que se ha tenido, no poder reponer los equipos domésticos que se dañan, o realizar las reparaciones menores de la casa, y verse en la humillante obligación de tener que hacer gigantescas colas multitudinarias, durante horas, para comprar alimentos imprescindibles para la dieta diaria y productos de la higiene personal. Con frecuencia ocurre que después de varias horas en la cola se agota el producto, y hay que regresar al hogar con las manos vacías y el enorme peso del cansancio. Eso, cuando se corre con suerte y no se forma una confrontación violenta donde muchos terminan en el hospital o en la cárcel como consecuencia de la desesperación.

12. La comunidad universitaria es una de las más vilipendiadas y escarnecidas del país. Desde el Presidente hacia abajo, en alocuciones públicas  a través de los medios televisivos del Gobierno,  se profieren insultos, epítetos despectivos, y hasta obscenos, contra toda persona que no milite activamente dentro de sus filas, tildándoseles de fascistas, oligarcas, burgueses, apátridas, vende-patria, pitiyanquis, y otras expresiones que en nuestro hablar popular son sumamente ofensivas.

13. En sus gastos excesivos, el Gobierno privilegia el armamentismo, las funciones militares, el adoctrinamiento ideológico de la población y la propaganda para promover su inhumana ideología —dentro y fuera del país— por encima de la educación, la salud y la alimentación. Asimismo, privilegia la solución de problemas de vivienda, hospitales, escuelas, carreteras, electricidad, etc., en Cuba y otros países antes que en el nuestro, donde, para completar el cuadro de calamidades,  a cada rato falla el servicio eléctrico, de agua, de telefonía, de Internet, entre otros. Muchos hospitales carecen de los insumos necesarios para funcionar y es común ver a los heridos y enfermos tendidos sobre cartones en el piso. Hasta las morgues son insuficientes ante la enorme cantidad de cadáveres que ingresan como consecuencia de los asesinatos.

14. Finalmente, los venezolanos estamos en el más lamentable estado de indefensión. Por una parte, no hay organismos autónomos e independientes ante los cuales acudir con nuestros reclamos y, por otra, los organismos internacionales y gran parte de la comunidad internacional parecen no entender esta situación y optan por creer lo que este régimen castro-comunista de Maduro quiere hacerles creer, como la falacia infame de que en Venezuela hay una ‘revolución bonita’, ‘humanista’ que incluye a todos por igual.  Recién el año pasado, por ejemplo, en un acto que nos llenó de consternación, por ser una burla cruel, la FAO le otorgó a Nicolás Maduro un reconocimiento “por sus logros en materia alimentaria”. Con razón y justicia la ciudadanía se imagina entonces que el dinero de nuestro Tesoro Nacional es el que sirve para taparle los ojos y los oídos a quienes deberían defendernos.

Mérida-Venezuela, 23/02/2014.

Por la Junta Directiva de la Sociedad de Lógica y Filosofía,

Prof. Andrés Suzzarini B.                                        
Presidente                                                                

Prof. Margarita Belandria
Secretaria

Margarita Belandria
belandria@gmail.com
@belanro

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