La economía es una
ciencia que estudia las relaciones entre fines y medios escasos, susceptibles
de usos alternativos; es decir se ocupa de los problemas derivados de la
escasez (alimentos de la dieta básica a efectos de este artículo) entendida
como el deseo de adquirir cierta cantidad de bienes superior a lo disponible.
Es claro, dentro de un marco de obviedad, que en materia de alimentación no
existe el costo de oportunidad (dejar de comprar alimentos para dedicar los
ingresos a otros usos) ya que renunciar (voluntariamente) a ellos implica
hambre, y desnutrición.
Resulta pertinente
destacar, que en la Venezuela de los últimos años se ha construido un referente
ideológico contra el sistema de mercado (confundiéndolo con capitalismo), cuya
evidencia de origen podemos ubicarla en el año 2003 cuando el Gobierno Nacional
fijó precio a ¡120 artículos! en
vanidoso alarde de planificación centralizada, que a la postre propició un
rumbo inflacionario que nos llevó hasta el liderazgo mundial. En el mismo 2003,
bajo los lineamientos del Plan de la Patria 2003-2007, se estableció el control
de cambio, se creó Cadivi y se
intensificó el control de precios que en expresión del Presidente de la Republica
eran ¡controles políticos! Posteriormente en 2004, se crea la Misión Che
Guevara reorientada en 2007 (Decreto 5.545) con la finalidad, indicaron, de
transformar el sistema socio-económico capitalista por un modelo económico
socialista comunal (léase, “modelo” económico como una representación
simplificada de algún aspecto de la realidad económica que pretende estudiar);
en íntima vinculación con la Misión Alimentación (redes de distribución de
alimentos) y con la Gran Misión Agro
Venezuela a efectos de impulsar la soberanía agroalimentaria apoyándose en el
Sistema Socialista de Producción, Almacenamiento, Distribución y Consumo de
Alimentos a la luz de un “modelo económico” que impulsaría, sostuvieron, la
producción con la participación de las Comunas bajo la figura de Unidades de
Producción Social.
La horizontalidad del
intervencionismo gubernamental en el ámbito alimentario, se amplía con el Plan
Integral de Desarrollo Agrícola 2008-2009
bajo la premisa de un Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria
2006-2015 teniendo como objetivo impulsar un “modelo” de producción agrícola
socialista, consagrando en los objetivos específicos incrementar la producción
de los rubros prioritarios en torno al funcionamiento de los Polos Agrarios
Socialistas bajo la órbita de los Fundos Zamoranos; al tiempo de rescatar y
regularizar tierras a nivel nacional para la construcción del socialismo
agrario, teniendo como eslogan: Todas las manos a la siembra rumbo a la
soberanía alimentaria. En la misma orientación se inscribe el Programa de la
Patria 2013-2019, al establecer en su objetivo nacional: “propulsar la
transformación del sistema económico, para la transición al socialismo
bolivariano, trascendiendo el modelo
rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista”
(¿?); para lo cual, sostienen, ha de fortalecerse el sistema de distribución
directa de los insumos mediante cadenas de distribución Estatales, comunales y
mixtos. Hacemos un alto para formularnos una interrogante: ¿cuenta el sector
público con una flota vehicular para hacer frente a una “Misión Transporte
Nacional de Alimentos”? A todo evento, tal “Misión” ha de armonizar funciones
con el sector privado (como pauta la sana economía) bajo niveles de eficiencia
como el alcanzado, p.ej, por una empresa que en la actualidad trabajando al
100% de su capacidad instalada (49% del total nacional) genera cerca del 50% de
la producción nacional de harina precocida, al tiempo de atender 38.000
establecimientos y movilizar 78.000 TM de alimentos con 520 gandolas y 250
viajes diarios; correspondiéndole al Gobierno atender 22.000 Centros de
Abastecimiento adscritos a Mercal, para lo cual se han reservado cerca del 60%
de los canales de distribución e importa la mayoría de los alimentos (ante la baja
producción de las empresas socialistas) para luego colocarlos a “precios
subsidiados”; todo lo cual repercute en un maltrato del aparato productivo
nacional a la par de estimular el tráfico ilegal de alimentos.
Continuemos. La
escasez persistente y sistemática, que según algunos voceros del oficialismo es
consecuencia de la presencia de “empresas privadas parasitarias no
productivas”, del “acaparamiento doméstico” y de una “guerra económica” (¿?),
se convierte irreversiblemente en un racionamiento (característico de un
conflicto bélico) impulsado como una política gubernamental (¿distribución de
lo poco?), tal como lo refleja la instrumentación de variadas estrategias:
tarjeta electrónica para consumo, captahuellas, registro biométrico, atención
al consumidor de acuerdo a su cedula de identidad, humillantes colas, entre
otros operativos. La perversa relación escasez-inflación, provoca múltiples
distorsiones desde la pérdida de los precios relativos al igual que un
desabastecimiento de alimentos que supera en promedio el 30% (hasta más del 92%
para algunos rubros), una elevación en el costo de la canasta alimentaria que
para marzo 2015 se ubicó en Bs 20.920 (¡equivalente a 3 salarios mínimos!); así
como la aparición del denominado “bachaquero” que actúa en gran medida en
intima correspondencia con la “buhonería” en aras de revender en la calle o
casa por casa los alimentos por un precio hasta 19 veces superior al regulado.
Es de Perogrullo señalar, que la escasez de alimentos básicos motoriza tal
“forma de distribución” habida cuenta del desequilibrio entre los deseos de la
población y la presencia de alimentos para satisfacerlos, con el agravante que
según las “recientes” estadísticas del BCV el incremento en los precios de los
alimentos entre mayo 2013 a mayo 2014 fue de un 76,2% (estimamos que para mayo
2015 superará el 160%).
Desde otro ángulo
complementario, resulta de trascendencia acotar que ante la reducción de las
importaciones como consecuencia de la disminución del ingreso de divisas en más
de un 50% para el 2015 (mercado petrolero), el exceso de controles (cambio y
precios), la expansión de la liquidez monetaria, las nacionalizaciones y
expropiaciones, el elevado gasto público clientelar, la dictadura
inflacionaria, el atroz régimen cambiario, entre otros hechos, se ha originado
una desaceleración de nuestra economía desde el IV trimestre 2012, al extremo
que según el Fondo Monetario Internacional con base al tamaño del PIB 2014 en
América Latina, Venezuela fue desplazada
del quinto lugar por Chile y apenas superamos a Perú por US$ 2.900 millones, ¡y
viene en ascenso!.
Reviste carácter de
urgencia, que el Gobierno Nacional inicie el desmontaje progresivo de los
controles (divisas y precios) al tiempo de establecer, en conjunto con el
sector privado, un clima de confianza hacia el sistema de mercado (véase China
y la Federación de Rusia) sustentado en la libre iniciativa y en la seguridad
jurídica a la luz de un Estado Democrático y de Justicia. Por otra parte, los
ciudadanos debemos superar el “efecto resignación” (¡al menos conseguí esto!) y
enarbolar las exigencias para el cumplimiento gubernamental del mandato
constitucional referido a la soberanía alimentaria.
Jesús Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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