Por toda Venezuela se propaga el hambre y la
muerte a causa de un proyecto político que dijo que sería la panacea de los pobres,
y terminó siendo una fábrica de pobreza, miseria y marginalidad.
Una manera de medir cómo está la situación es
poner atención a las voces de especialistas en materia agroalimentaria, que
claman porque se decrete una emergencia en el sector; o escuchar a voceros
oficiales, como el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos
Osorio, reconociendo que se tiene apenas dos meses y medio de reserva de
alimentos, una afirmación en extremo grave cuando es evidente que no se tiene
ninguna garantía de que exista producción suficiente para reponer los productos
alimenticios en los anaqueles, ni divisas para importarlas.
La magnitud del problema de desinversión en
el sistema productivo nacional, y por ende de su agotamiento y dependencia en
las importaciones, es que hoy los inventarios de equipos y materiales
médico-quirúrgicos que surten a la red de salud pública y privada sin
inventarios, están agotados, tal como afirma esta semana, María Yánez,
presidente de la Red de Sociedades Científicas y Médicas de Venezuela.
Pero, la debacle del sector productivo,
ocasionada por la toma sostenida por 16 años de tierras, propiedades y empresas
de todo tipo y sector, así como por las violaciones al Estado de Derecho y a
las libertades económicas, no se circunscribe a la parte alimentaria y
farmacéutica.
Hoy ya se sabe el costo que ha tenido echar
al foso el empeño que desde los años 20 se tuvo para incentivar la producción
no petrolera en Venezuela, y que tuvo su auge en el desarrollo de empresas de
siderúrgica, aluminio, automotriz, de la construcción, telecomunicaciones y de
ingeniería, entre otras.
Hoy casi en su totalidad, estas están echadas
al abandono, inactivas o con exigua producción, por falta de insumos y de
divisas para importarlos.
Por si fuese poco, la política anti
empresarial del gobierno también pone en tres y dos a las empresas extranjeras
que arriesgan inversión en el país, dramatizado en tres noticias que llegan
esta semana:
Una, de planta de Firestone de Valencia, la
cual se paralizó el lunes de esta semana por falta de insumos, debido a que no
le han sido liquidados más de $13 millones adjudicados en la subasta 26 del
SICAD del pasado 3 de octubre. La planta registra en los últimos 12 meses una
caída de 68,42% en su producción.
La segunda de la empresa Kimberly Clark Corp.
de Estados Unidos que informó que había tenido que pasar a pérdida $462
millones debido a “dificultades” para conseguir dólares para pagar por los
materiales empleados en la producción de papel sanitario y pañales desechables
debido a que el gobierno de Venezuela no le estaba dando acceso a las divisas
para el pago de la materia prima importada.
La tercera, es que la casa matriz de la Ford
Motor Co. en los Estados Unidos informó que, ante la imposibilidad de obtener
las divisas para pagar deudas y nuevas compras de autopartes, se había visto
obligado a pasar a pérdida el 100% de su inversión en Venezuela, lo que implicó
un cargo de $800 millones a sus utilidades de 2014.
La solución a este estado de precariedad del
país para cubrir necesidades básicas de la población no se encontrarán ni en un
Estado Mayor cívico-militar para “enfrentar la escasez”, ni en los captahuellas
ni en la tarjeta de abastecimiento seguro por los que clama Nicolás Maduro.
La solución es restablecer el Estado de
Derecho, garantizar la seguridad jurídica a los inversores y restituir las
libertades económicas y civiles. Es decir, retornar a Venezuela a la
democracia.
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